Indonesia explica la norma de retirada de contenidos en cuatro horas mientras sus críticos reclaman mayores garantías

Las plataformas tienen un plazo para responder antes de las órdenes urgentes de retirada

El Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia afirma que las plataformas tienen 12 horas para responder a una notificación inicial sobre contenido urgente. Si no responden, puede emitirse una orden que les exija bloquear el acceso en un plazo de cuatro horas. La explicación sitúa en el centro del debate sobre la desinformación, la seguridad pública y la libertad de expresión dos plazos distintos.

El 2 de noviembre de 2026, en Yakarta Central, Mediodecci Lustarini, secretaria de la Dirección General de Supervisión del Espacio Digital del ministerio, afirmó que el proceso se rige por las Decisiones Ministeriales n.º 127 y n.º 128 de 2026. La KM 127 establece los plazos de actuación, mientras que la KM 128 fija criterios y procedimientos para evaluar la desinformación y los discursos de odio.

Komdigi, como se conoce al ministerio, afirma que el plazo de cuatro horas se aplica al contenido urgente que entraña un riesgo elevado, una vez que la plataforma recibe una orden formal. Antes, las autoridades deben verificar la denuncia o el hallazgo, examinar su fundamento jurídico y las pruebas que lo respaldan, y dar a la plataforma la oportunidad de responder.

Para los usuarios, lo que está en juego va más allá de la rapidez con la que desaparece una publicación. Las normas también afectan a la manera en que las autoridades distinguen las falsedades peligrosas de las críticas, a la protección del periodismo y a las vías para recuperar una publicación retirada por error.

Maulina Pia Wulandari, profesora asociada de comunicación en la Universidad de Brawijaya, admite que el contenido peligroso puede requerir una respuesta rápida. Su objeción se refiere al riesgo de que unos criterios amplios y un plazo breve lleven a las plataformas a retirar expresiones legítimas, incluidas las críticas a los funcionarios públicos. La Alianza de Periodistas Independientes, conocida como AJI, también ha pedido que se derogue la KM 127.

¿Qué ocurre antes de que empiece el plazo de cuatro horas?

Komdigi describe un proceso que comienza con la verificación de una denuncia pública o de contenido detectado por las autoridades. Quienes lo examinan revisan el fundamento jurídico de la actuación, el enlace al contenido y las pruebas que lo respaldan. Si encuentran motivos para considerar que se ha cometido una infracción, el ministerio envía una notificación a la plataforma.

Las plataformas tienen entonces 12 horas para responder cuando se trata de contenido urgente y 24 horas si se clasifica como no urgente. En esta etapa pueden pedir aclaraciones o presentar una respuesta, incluida una evaluación conforme a sus propias normas comunitarias, es decir, las reglas que cada servicio establece para sus usuarios.

Si la plataforma no responde dentro del plazo correspondiente, Komdigi afirma que puede emitir una orden formal a través de su Sistema de Cumplimiento de la Moderación de Contenidos, conocido como SAMAN. Entonces, la plataforma debe bloquear el acceso en un plazo de cuatro horas si el contenido es urgente, o de 24 horas si no lo es.

Por tanto, el plazo para responder en los casos urgentes es tres veces más largo que el plazo posterior para retirar el contenido: 12 horas frente a cuatro. En los casos no urgentes, ambas etapas permiten 24 horas. La verificación y la emisión de una orden son pasos distintos, por lo que conviene entender estos plazos como límites para acciones concretas y no como una única cuenta regresiva que empieza cuando aparece una publicación.

Cómo se relacionan las tres decisiones ministeriales

La KM 127 y la KM 128 se aplican junto con la Decisión Ministerial n.º 522 de 2024, que modificó la Decisión n.º 172 de 2024. El marco anterior regula los procedimientos para imponer multas administrativas a proveedores privados de sistemas electrónicos que no cumplan sus obligaciones de bloquear el acceso a contenido prohibido.

Entre los proveedores incluidos están los servicios que alojan contenido generado por los usuarios, como publicaciones, videos, comentarios y otros materiales que estos suben. En la práctica, el proceso de cumplimiento impone obligaciones a las empresas que operan esos servicios.

SAMAN ayuda a Komdigi a rastrear y verificar contenido, enviar solicitudes para bloquear el acceso y calcular multas administrativas cuando los proveedores incumplen sus obligaciones. Farida Dewi Maharani, jefa interina de la oficina de relaciones públicas, también ha señalado que la KM 127 debe leerse junto con la KM 128, ya que los criterios y los mecanismos de actuación complementan los plazos.

¿Qué contenido puede ser objeto de medidas?

Komdigi afirma que se centra en la desinformación y los discursos de odio que cumplen los criterios de la KM 128. Mediodecci mencionó como factores de evaluación la información que no se ajusta a los hechos, los intentos de dividir a la sociedad, el daño, los posibles conflictos sociales y el temor entre la población.

En una explicación del 29 de octubre, el ministerio describió los problemas relacionados con los hechos como afirmaciones que contradicen información fiable, carecen de fuentes confiables o presentan información correcta en un contexto engañoso. El daño potencial puede afectar a las condiciones sociales y económicas, la reputación o la salud pública.

Las consideraciones de orden público incluyen la posibilidad de que se produzcan actos de violencia, daños a instalaciones públicas, interrupciones de los servicios gubernamentales u otras actividades ilegales. La explicación sobre los discursos de odio incluye ataques, insultos, provocaciones o llamados al odio y la discriminación por la identidad de una persona o un grupo.

Estos criterios exigen valorar tanto el contenido como el contexto. Quien examina una afirmación controvertida debe tener en cuenta lo que dice, las pruebas que la respaldan y el daño que señalan las autoridades. Wulandari sostiene que la exactitud de los hechos y el interés público requieren especial atención cuando se trata de presuntos casos de corrupción, deficiencias en los servicios públicos o la conducta de funcionarios.

Por qué el ministerio afirma que protege las críticas y el periodismo

Mediodecci afirma que, en el enfoque del ministerio, están protegidas las críticas legítimas, las diferencias de opinión y las expresiones de aspiraciones públicas. También señala que la gestión de contenidos de Komdigi no tiene como objetivo el periodismo de los medios de comunicación, incluido el periodismo de investigación.

Esta garantía es importante porque las investigaciones periodísticas suelen incluir acusaciones que instituciones o funcionarios rechazan. Wulandari sostiene que las autoridades deben distinguir las amenazas a la seguridad pública del daño a la reputación de quienes están en el poder. Le preocupa que la misma institución objeto de las críticas pueda influir en la decisión de restringirlas.

La Ley de Prensa de Indonesia, Ley n.º 40 de 1999, establece un marco específico para la libertad de prensa. El artículo 4 protege esa libertad y prohíbe la censura, la represión y las prohibiciones de difusión contra la prensa. La ley también reconoce los derechos de réplica y rectificación, mientras que el Consejo de Prensa tiene un papel en la resolución de asuntos relacionados con el trabajo periodístico.

Para una redacción que difunde investigaciones en las redes sociales, el acceso a una plataforma forma parte de su capacidad para llegar a los lectores. Por eso, la garantía de Komdigi sobre el periodismo convive con una exigencia práctica de quienes defienden la libertad de prensa: procedimientos claros para reconocer el trabajo periodístico y corregir rápidamente las restricciones.

La objeción de AJI se centra en una restricción concreta

El 7 de abril de 2026, AJI pidió que se derogara la KM 127 y se restableciera el acceso a la cuenta de Instagram de Magdalene.id. La organización citó una restricción aplicada el 3 de abril en relación con la cobertura de investigación sobre el ataque con ácido contra Andrie Yunus, activista de KontraS.

Según AJI, el material afectado se refería a una investigación basada en el trabajo del Equipo de Defensa por la Democracia. La organización cuestionó el uso de expresiones relacionadas con contenido que inquieta a la sociedad o altera el orden público, al sostener que una interpretación amplia podría afectar a la difusión de información periodística.

No se han confirmado los motivos de la restricción de la plataforma ni su relación con una instrucción del Gobierno. Sin embargo, la denuncia de AJI concreta el objeto de la disputa: la capacidad de una organización periodística para mantener accesibles sus investigaciones mientras las autoridades y las plataformas toman decisiones de moderación.

Qué cambios propone la especialista en comunicación

Wulandari advierte sobre el exceso de moderación, cuando las plataformas retiran material legítimo al intentar cumplir las exigencias normativas. También describe un efecto inhibidor: personas que optan por guardar silencio porque temen que expresar una opinión pueda dar lugar a la retirada de su contenido o a sanciones.

Entre sus recomendaciones figuran establecer límites más claros entre el contenido ilegal, las críticas, las opiniones y el periodismo; explicar por escrito los motivos de las restricciones; ofrecer vías eficaces para impugnarlas y recuperar el contenido; y realizar auditorías independientes de las decisiones de retirada. También considera conveniente recurrir al diálogo y a las aclaraciones cuando sean respuestas proporcionales al problema.

Wulandari sostiene que la comunicación gubernamental debe incluir la escucha de las denuncias y respuestas basadas en pruebas. Una crítica a un servicio público ampliamente difundida puede ayudar a los funcionarios a identificar problemas que requieren atención. Retirar la denuncia puede dejar sin resolver el problema de fondo.

Propone evaluar la política en función de la exactitud de las decisiones, la prevención de amenazas reales y la restitución del material restringido por error. Esos indicadores ofrecerían al público una visión más completa de cómo funciona la política que un simple recuento de las publicaciones retiradas.

¿Qué pueden hacer los usuarios si se retira contenido por error?

Komdigi afirma que quienes publican contenido pueden presentar objeciones y solicitar que se restablezca si consideran que la moderación fue equivocada. Mediodecci señaló que esto también abarca los posibles errores cometidos por iniciativa propia de una plataforma, y que esas preocupaciones pueden comunicarse a las autoridades.

La explicación del ministerio del 2 de noviembre no especificó un plazo para resolver las objeciones ni para restablecer el contenido. Para alguien cuya publicación trata de una emergencia en curso o de una controversia pública actual, la rapidez de la rectificación puede determinar si la información llega a las personas cuando todavía es útil.

Wulandari relaciona estas garantías procesales con la Constitución de Indonesia. Se refiere al artículo 28E(3), que protege la libertad de expresión; al artículo 28F, relativo al derecho a la información; y al artículo 28J(2), que establece las condiciones para restringir derechos.

También cita la sentencia n.º 311/PUU-XXIV/2026 del Tribunal Constitucional, del 29 de septiembre de 2026, que, según ella, exige una notificación digital o por escrito, con los motivos correspondientes, antes de bloquear el acceso a información ilegal. Su postura es que el proceso debe hacer accesibles esos motivos y ofrecer una vía viable para impugnar errores.

Cómo evolucionó el debate durante 2026

La controversia se ha desarrollado durante varios meses, desde la adopción de la KM 127 hasta las objeciones de periodistas y las explicaciones posteriores de Komdigi. Las fechas principales son:

• Marzo de 2026: se adoptó la KM 127. Wulandari menciona el 13 de marzo; otra cronología señala del 12 al 13 de marzo, por lo que la fecha exacta de la firma aún debe confirmarse.
• 3 de abril: según AJI, se restringió el acceso a la cuenta de Instagram de Magdalene.id en relación con la cobertura de investigación sobre Andrie Yunus.
• 7 de abril: AJI pidió que se derogara la KM 127 y se restableciera el acceso a la cuenta.
• 29 de septiembre: la sentencia del Tribunal Constitucional citada por Wulandari abordó la notificación y la exposición de motivos antes de restringir el acceso.
• 29 de octubre: Komdigi explicó los criterios aplicables al contenido y la relación entre la KM 127 y la KM 128.
• 2 de noviembre: Mediodecci detalló los plazos de notificación y retirada, las garantías para la expresión legítima y la posibilidad de solicitar la restitución del contenido.

La explicación de Komdigi describe un proceso por etapas, no una retirada inmediata tras una denuncia. El desacuerdo principal se refiere a cómo se aplica: el ministerio promete medidas específicas contra el contenido perjudicial, mientras que Wulandari y quienes defienden la libertad de prensa piden límites más claros, motivos accesibles y mecanismos eficaces de rectificación cuando las decisiones son erróneas.

Puntos clave

• En los casos urgentes hay un plazo de 12 horas para responder; si no se responde, puede emitirse una orden formal que exija bloquear el acceso en cuatro horas.
• En los casos no urgentes hay 24 horas para responder y otras 24 horas para cumplir una orden de restricción del acceso.
• La KM 127 establece los plazos, la KM 128 orienta la evaluación y SAMAN ayuda a supervisar el cumplimiento y a calcular las multas administrativas.
• Komdigi afirma que las críticas legítimas y el periodismo, incluido el de investigación, están protegidos.
• AJI ha pedido que se derogue la KM 127, mientras que Wulandari recomienda explicar por escrito los motivos, ofrecer vías eficaces de apelación y realizar auditorías independientes.
• Quienes publican contenido pueden presentar objeciones y solicitar su restitución, también cuando sospechan que las plataformas lo moderaron por error y por iniciativa propia.