Tres casos remitidos a la fiscalía en el primer mes
La nueva Agencia de Investigación de Delitos Graves de Corea del Sur remitió a la fiscalía solo tres casos y realizó cinco detenciones en todo el país hasta el 30 de octubre de 2026, tras iniciar sus operaciones con unos 1.900 empleados para cubrir 2.874 puestos autorizados. La agencia, encargada de investigar siete categorías de delitos graves, todavía estaba habilitando oficinas, contratando investigadores y trasladando expedientes en papel en vehículos y carritos.
Contenido
- Tres casos remitidos a la fiscalía en el primer mes
- Faltan investigadores, salas y funciones informáticas
- Un caso de piratería informática pone a prueba la división del trabajo
- Más investigadores policiales, menos experiencia promedio
- Por qué los fiscales siguen devolviendo casos
- Más solicitudes de órdenes judiciales no llegan a los tribunales
- Víctimas y sospechosos tienen dificultades para presentar pruebas
- Los jueces afrontan presiones para ayudar a obtener pruebas
- Contratación, independencia y próximos plazos
- Puntos clave
Las cifras reflejan el difícil comienzo de una amplia reforma de la justicia penal. Las enmiendas a la Ley de Procedimiento Penal entraron en vigor el 2 de octubre, pusieron fin a 78 años de servicio de la fiscalía y separaron la facultad de investigar delitos de la de presentar cargos y defender casos ante los tribunales.
Mientras tanto, la policía recibió 12.465 solicitudes de investigaciones complementarias hasta el 29 de octubre, según datos de la Agencia Nacional de Policía presentados al legislador Kim Ye-ji, del Partido del Poder Popular. Esto equivale a 445 solicitudes al día para revisar pruebas, entrevistar a testigos o aclarar hechos en casos remitidos a la fiscalía.
Para las víctimas y los sospechosos, las consecuencias son prácticas: más trámites, esperas más largas e incertidumbre sobre dónde presentar pruebas. Abogados han descrito dificultades para aportar tanto material que respalde la inocencia de un sospechoso como pruebas adicionales de las víctimas una vez iniciado el juicio.
El nuevo sistema distribuye el trabajo entre varios organismos. La Fiscalía decide si presenta cargos y lleva adelante las acusaciones. La Agencia de Investigación de Delitos Graves se ocupa de delitos graves específicos, mientras que la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios se encarga de delitos que involucran a altos cargos. La policía judicial especial investiga ámbitos como los impuestos, el trabajo, la salud, el medio ambiente y la alimentación. La policía ordinaria se ocupa de los demás casos.
Faltan investigadores, salas y funciones informáticas
La Agencia de Investigación de Delitos Graves comenzó a operar con aproximadamente el 66% de la plantilla autorizada, por lo que quedaron vacantes unos 974 puestos. La cobertura de personal iba del 58% del número autorizado en Gwangju al 74% en Busan. Las mayores carencias estaban entre el personal operativo de los grados 4 a 8, con déficits de alrededor de 100 a 200 puestos, mientras que los rangos superiores estaban cubiertos o superaban las cifras autorizadas.
Seúl concentró las tres remisiones de casos a la fiscalía y cuatro de las cinco detenciones de la agencia durante su primer mes. Suwon registró la otra detención. Daejeon, Gwangju, Daegu y Busan no registraron remisiones ni detenciones hasta el 30 de octubre.
Los investigadores también carecían de espacios básicos para trabajar, como salas donde los abogados pudieran reunirse con sus clientes y zonas de espera para las personas interrogadas. Seguían las obras y la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración. Se habían creado recientemente instalaciones forenses regionales, pero algunas todavía no podían aprovechar eficazmente los equipos voluminosos.
La capacidad de detención era otra limitación. La oficina de Seúl acordó utilizar celdas de varias comisarías y planeó habilitar una instalación adicional en Incheon. También se necesitaba más capacidad en Gangwon.
El Sistema de Información de Justicia Penal de la agencia podía recibir, registrar y asignar los casos transferidos, pero las funciones más amplias de tramitación estaban programadas para comenzar en diciembre. Se esperaba que un sistema propio completo tardara unos tres años. Hasta entonces, la policía y las fiscalías enviaban expedientes en papel, y el personal llevaba solicitudes de órdenes judiciales en papel a los tribunales.
Un caso de piratería informática pone a prueba la división del trabajo
Una serie de ataques informáticos con inteligencia artificial puso de manifiesto la dificultad de decidir qué organismo debía hacerse cargo de una investigación compleja. La policía abrió una investigación formal el 5 de octubre y reunió a 28 agentes de cuatro unidades de investigación de ciberterrorismo. Para el 14 de octubre, había identificado a 16 entidades financieras como víctimas, entre ellas KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Hana Bank y Hyundai Capital.
La policía solicitó una interpretación formal a la Comisión de Servicios Financieros porque la condición jurídica de los sistemas informáticos afectados ayudaba a determinar si el caso correspondía a la agencia de delitos graves. Alrededor del 20 de octubre, la comisión señaló que los sistemas podían considerarse infraestructura financiera electrónica según la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. La policía añadió una presunta infracción de esa ley y remitió el caso.
La agencia rechazó abrir una investigación el 23 de octubre, tres días después de recibir la remisión. Señaló que la policía ya había realizado una parte sustancial del trabajo, incluida la obtención y el análisis de registros de acceso y la solicitud de cooperación de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos. Concluyó que era más eficiente que el equipo existente continuara con el caso.
El puesto de jefe de la división de ciberdelincuencia de la agencia en Seúl estaba vacante, y los equipos forenses aún no se habían transferido porque la fiscalía seguía utilizándolos para concluir casos en curso. Estas carencias aumentaron la preocupación de la policía sobre la preparación de la agencia para hacerse cargo de investigaciones exigentes.
La policía conservó el caso de piratería informática y afirmó que su investigación continuó durante todo el proceso de remisión. En términos más generales, había notificado a la agencia 2.002 casos identificados hasta el 20 de octubre, pero esta solo había solicitado la transferencia de uno.
Hong Seok-gi, jefe de la Oficina Nacional de Investigación, explicó en una rueda de prensa el 27 de octubre que la notificación era un trámite y que la labor policial continuaba:
Notificar a la agencia sobre un caso no significa que dejemos de investigarlo
Por lo general, la policía debe cumplir cuando la agencia solicita una transferencia conforme a los criterios pertinentes, aunque puede oponerse por un motivo legítimo, como que la investigación esté a punto de concluir. El nuevo consejo de coordinación de las facultades de investigación, previsto para resolver disputas entre organismos, no entraría en vigor hasta febrero de 2027. Mientras tanto, los organismos coordinaban los casos por líneas telefónicas directas.
Más investigadores policiales, menos experiencia promedio
La policía aumentó su plantilla de investigadores a 40.563 en septiembre de 2026, es decir, 3.740 más, un incremento del 10,2% respecto a los 36.823 del segundo semestre de 2025. Se trasladó a agentes de las unidades de patrulla y móviles para apoyar el aumento de la carga de trabajo.
Los datos de la Agencia Nacional de Policía presentados al legislador Lee Sang-sik, del Partido Democrático, mostraron que 3.739 investigadores, o el 9,2%, no tenían experiencia previa en investigación. La experiencia promedio bajó de 8,5 a 7,9 años. Los nuevos investigadores estaban aprendiendo a determinar qué leyes se aplican, reunir pruebas y preparar expedientes mientras ya gestionaban casos.
Sus colegas con experiencia también debían revisar ese trabajo y orientarlos. Los delitos empresariales, las infracciones fiscales y la manipulación de acciones planteaban dificultades particulares porque los investigadores deben conocer normas jurídicas detalladas y transacciones financieras complejas.
La policía tenía 416.203 casos pendientes a finales de septiembre. Las horas extraordinarias mensuales promedio del personal de los departamentos de investigación alcanzaron las 73,1 horas en agosto, frente a las 71,7 de 2025 y las 60,7 de 2021. Para septiembre, 633 agentes habían renunciado voluntariamente a su habilitación para investigar, una cifra que ya superaba los 565 que lo hicieron durante todo 2025.
La tramitación de casos se había ralentizado antes de la reforma de octubre. El tiempo promedio desde la recepción de un caso hasta la decisión de remitirlo a la fiscalía aumentó de 54,5 días en 2025 a 56,4 días en el primer semestre de 2026. Ahora los investigadores deben ocuparse del trabajo adicional en casos remitidos anteriormente, además de sus nuevas asignaciones.
Por qué los fiscales siguen devolviendo casos
Los fiscales ya no pueden realizar por sí mismos investigaciones complementarias. Cuando detectan que faltan pruebas o que hay preguntas sin respuesta, deben pedir a un organismo investigador que realice el trabajo. Tareas que antes se completaban dentro de una fiscalía ahora requieren otro intercambio de expedientes e instrucciones.
En la rueda de prensa del 27 de octubre, Hong cifró en 8.995 las solicitudes de investigaciones complementarias hasta el 26 de octubre, frente a las 5.615 del mismo período del año anterior, un aumento de alrededor del 60%. El recuento policial posterior llegó a 12.465 hasta el 29 de octubre.
Agentes de policía se quejaron de que las solicitudes incluían cada vez más errores ortográficos y de formato de documentos, además de cuestiones sustantivas sobre las pruebas. A los fiscales les preocupaba que incluso cambiar la redacción de los documentos de investigación pudiera dar lugar a disputas sobre si habían cruzado el nuevo límite legal.
Un caso de incendios provocados en serie en Yeoksam ilustró los pasos procesales adicionales. Tras recibir el expediente policial, la fiscalía pidió a la policía que obtuviera y compartiera un análisis psicológico de un perfilador adscrito a la propia fiscalía. Antes, un fiscal podría haber encargado directamente ese trabajo para examinar los motivos y la fiabilidad de las declaraciones.
La Agencia Nacional de Policía afirmó que el aumento seguía siendo manejable. Explicó que los casos que antes investigaban directamente los fiscales también se estaban devolviendo mediante el proceso de investigación complementaria, lo que incrementaba el total.
Las medidas de apoyo también estaban incompletas. Las nuevas unidades de cooperación, responsables de gestionar las solicitudes y respuestas entre la policía y la fiscalía, recibieron 130 empleados frente a los 144 previstos. Se programó cubrir los puestos restantes durante el primer semestre de 2027. Un grupo de trabajo de apoyo policial recibió unas 480 consultas procesales y jurídicas entre el 29 de septiembre y el 30 de octubre.
Más solicitudes de órdenes judiciales no llegan a los tribunales
Los datos policiales presentados al legislador Park Sang-woong, del Partido del Poder Popular, mostraron un fuerte aumento en la proporción de solicitudes de órdenes judiciales que los fiscales se negaron a presentar ante un juez entre el 2 y el 24 de octubre. Los fiscales son el canal por el que la policía solicita autorización judicial para estas medidas.
La tasa de rechazo de solicitudes de órdenes de detención llegó al 36,2%, frente al 22,2% entre enero y septiembre de 2026, el 17,9% en 2025 y el 11,7% en 2024. En el caso de las órdenes de arresto, las cifras correspondientes fueron del 21,0%, el 8,4%, el 7,4% y el 6,9%.
La tasa correspondiente a las órdenes de registro e incautación llegó al 11,7%, frente al 2,8% de los primeros nueve meses de 2026, el 2,0% de 2025 y el 1,8% de 2024. La tasa de octubre fue más de cuatro veces superior al promedio registrado a comienzos de ese año.
Los investigadores afirmaron que los intercambios adicionales sobre las solicitudes de órdenes judiciales podían ralentizar las gestiones urgentes para obtener pruebas. Como los fiscales ya no podían subsanar directamente las deficiencias de las investigaciones, exigían a la policía completar el trabajo necesario antes de que una solicitud siguiera adelante.
Víctimas y sospechosos tienen dificultades para presentar pruebas
El abogado Choi Seung-hwan, del bufete Barun, se encontró con las nuevas restricciones cuando intentó entregar a un fiscal mensajes de redes sociales que respaldaban la inocencia de un cliente. El fiscal se negó a aceptarlos por la preocupación sobre su uso como prueba en el juicio. La fiscalía solicitó una investigación policial complementaria, y Choi presentó los mensajes a la policía.
La ley enmendada permite a los fiscales escuchar a las personas involucradas en un caso y recibir opiniones por escrito u otro material para aclarar los hechos cuando deciden si presentan cargos. Sin embargo, las declaraciones y el material obtenidos mediante ese proceso no pueden utilizarse como pruebas en un juicio. Por lo tanto, las pruebas destinadas a los tribunales deben obtenerse mediante un procedimiento autorizado de recopilación.
Las víctimas afrontan una incertidumbre similar. En un juicio por una estafa telefónica a mediados de octubre, una víctima compareció ante el tribunal para pedir una pena severa y ofrecer pruebas adicionales. El juez indicó que podía admitir el material si la defensa estaba de acuerdo, pero el fiscal expresó preocupación por aceptarlo directamente.
El abogado defensor Kim Byeong-guk afirmó que la audiencia continuó sin que se decidiera el procedimiento para tramitar el material de la víctima. La abogada Lee Eun-eui, que representa a víctimas de delitos sexuales, también señaló que no hay normas claras sobre si la policía debe revisar las pruebas adicionales antes de remitirlas al tribunal.
La incertidumbre procesal también afecta a casos anteriores. Una disposición transitoria permite a las fiscalías concluir determinadas investigaciones pendientes hasta el 30 de diciembre, incluidos casos próximos al vencimiento del plazo legal para procesar o casos en los que la investigación sea inevitable por otros motivos. Aún no están claros los límites de esas excepciones ni los procedimientos para presentar pruebas adicionales durante los juicios.
Los jueces afrontan presiones para ayudar a obtener pruebas
Los fiscales estudian recurrir más a los procedimientos judiciales para obtener pruebas una vez iniciados los juicios. Entre ellos figuran solicitar a los jueces órdenes de registro, consultas sobre hechos y órdenes para exigir la presentación de documentos. Los artículos 494 y 115 de la Ley de Procedimiento Penal permiten a los fiscales dar instrucciones al personal de la fiscalía para ejecutar órdenes de registro emitidas por un tribunal durante un juicio.
Un caso anterior sobre las ganancias de apuestas muestra cómo puede funcionar esa vía. En diciembre de 2025, un hombre de unos 30 años fue acusado de retirar y entregar 1.500 millones de wones en ganancias delictivas. Después de admitir los hechos durante la investigación, negó las acusaciones en el juicio.
El fiscal solicitó al tribunal una orden para obtener los registros de búsqueda de una aplicación de mapas y una orden para acceder a información sobre transacciones financieras, lo que ayudó a establecer los movimientos y las transacciones del acusado. La policía realizó verificaciones complementarias sobre denuncias de fraude vinculadas a las cuentas. En septiembre de 2026, el tribunal de primera instancia lo declaró culpable de todos los cargos y lo condenó a cuatro años de prisión.
Las solicitudes de asistencia judicial dependen de la decisión del juez del proceso. Los jueces afrontan un difícil equilibrio: obtener pruebas pertinentes puede ayudar a resolver un caso, pero participar activamente en su recopilación puede llevar a los acusados a cuestionar la imparcialidad del tribunal. Los fiscales siguen siendo responsables de probar los cargos, y los acusados se presumen inocentes.
Contratación, independencia y próximos plazos
La Agencia de Investigación de Delitos Graves ha creado grupos de trabajo sobre personal, instalaciones, división de funciones y sistemas de información. Está consultando a la Fiscalía y al Ministerio de Gestión de Personal sobre la contratación. La ley permite incorporar de forma especial a empleados de la fiscalía hasta el 30 de abril de 2027.
También se prevé contratar a agentes de policía con experiencia, abogados, contadores y abogados especializados en patentes. El jefe de la agencia ha dicho que los especialistas representarán alrededor del 15% de las nuevas contrataciones y que se espera completar la dotación de personal y la infraestructura física en 2027.
Los principales hitos abarcan varios meses:
- 2 de octubre de 2026: Entra en vigor la Ley de Procedimiento Penal enmendada y comienzan a operar los nuevos organismos.
- Diciembre de 2026: Está previsto que se habiliten funciones adicionales de tramitación de casos en el sistema de información de la agencia.
- 30 de diciembre de 2026: Concluye el período transitorio para finalizar determinadas investigaciones de la antigua fiscalía.
- Febrero de 2027: Está previsto que entre en vigor el consejo de coordinación de las facultades de investigación.
- 30 de abril de 2027: Se cierra el período especial de contratación de empleados de la fiscalía.
- 2028: La policía espera completar la ampliación de su instituto de formación para investigadores.
La independencia política es otra preocupación inmediata. El jefe de la agencia asistió a reuniones consecutivas del Consejo de Ministros presididas por el presidente Lee Jae-myung. En la segunda reunión, celebrada el 27 de octubre, Lee sugirió que asistiera aproximadamente una vez al mes, lo que alivió la preocupación por una presencia semanal.
Hong respaldó la participación en las deliberaciones del Consejo de Ministros con la condición de que se protegiera la neutralidad de las investigaciones, y citó el valor de la cooperación en la prevención del delito y la recuperación de las víctimas. Afirmó que una intervención del presidente en una investigación concreta debería dar lugar a medidas de protección, incluida una objeción formal. La nueva agencia debe establecer mecanismos de trabajo que permitan la cooperación con el Gobierno y, al mismo tiempo, mantengan independientes las decisiones sobre casos individuales.
Puntos clave
- La Agencia de Investigación de Delitos Graves comenzó a operar con unos 1.900 empleados para cubrir 2.874 puestos autorizados y registró tres remisiones a la fiscalía y cinco detenciones hasta el 30 de octubre.
- La policía recibió 12.465 solicitudes de investigaciones complementarias hasta el 29 de octubre, mientras los fiscales se adaptaban a la pérdida de sus facultades de investigación.
- La policía amplió su plantilla de investigadores, pero el 9,2% no tenía experiencia previa en investigación y la experiencia promedio disminuyó.
- La investigación de un ataque informático que afectó a 16 entidades financieras siguió en manos de la policía después de que la agencia de delitos graves rechazara hacerse cargo.
- Abogados y tribunales afrontan procedimientos aún sin resolver para admitir pruebas adicionales de víctimas y sospechosos.
- Las mejoras informáticas, la contratación y la creación de un consejo para coordinar las facultades de investigación están previstas para diciembre de 2026 y 2027.
