Las audiencias de noviembre marcan el ritmo de un proyecto de ley esperado desde hace tiempo
La Cámara de Representantes de Indonesia se propone terminar de trabajar en el proyecto de ley de decomiso de activos antes de diciembre de 2026, adelantando la meta fijada anteriormente para el 15 de diciembre. Sin embargo, la Comisión III, encargada de los asuntos jurídicos, sigue recibiendo aportes del público y aún no ha terminado un borrador final ni ha comenzado a examinar el proyecto de ley artículo por artículo.
Contenido
- Las audiencias de noviembre marcan el ritmo de un proyecto de ley esperado desde hace tiempo
- Qué implica realmente el calendario
- ¿Quiénes han dado forma a la propuesta?
- Recuperar bienes producto del delito cuando no se puede celebrar un juicio
- Las pruebas y los derechos de propiedad siguen siendo fundamentales
- ¿Quién supervisaría a las autoridades?
- El cálculo de las pérdidas del Estado necesita una base jurídica clara
- Los barcos plantean otras cuestiones jurídicas
- Decomisar un bien es solo una parte de la recuperación de su valor
- Puntos clave
El vicepresidente de la comisión, Ahmad Sahroni, dijo que las audiencias públicas continuarían durante el receso parlamentario, con sesiones previstas hasta el 5 de noviembre y otras audiencias hasta el 11 de noviembre. La comisión evaluaría las recomendaciones antes de decidir qué disposiciones incluir, tras lo cual esperaba que las deliberaciones avanzaran más rápido.
La propuesta se refiere a bienes vinculados a delitos: cómo los encuentran las autoridades, cómo impiden que se trasladen o vendan y cómo obtienen la autorización legal para decomisarlos de forma permanente. Su objetivo central es recuperar los beneficios económicos del delito, incluidos los activos que pueden permanecer después de que un caso de corrupción haya pasado por la investigación y el juicio.
Según Sahroni, los legisladores han escuchado a 86 participantes. Sus debates han dejado atrás la pregunta de si Indonesia necesita esta legislación y se centran ahora en cuestiones prácticas sobre las pruebas, la supervisión judicial, los derechos de los propietarios legítimos y el valor de los bienes bajo custodia estatal.
Las consecuencias son concretas. Un vehículo valorado en 1.000 millones de rupias podría terminar vendiéndose por solo entre 300 y 400 millones si su valor se deteriora durante el almacenamiento y la gestión, advirtió un miembro de la comisión. Un barco vinculado a un caso relacionado con 1,16 toneladas de narcóticos también ha entrado en el debate sobre qué bienes debería abarcar la ley.
Qué implica realmente el calendario
El 26 de octubre se formó un comité de trabajo para acelerar una propuesta planteada por primera vez a principios de la década de 2000. La intención de Sahroni de terminar antes de diciembre adelantaría la conclusión respecto al plazo anunciado anteriormente, el 15 de diciembre de 2026.
Los próximos pasos previstos se refieren a las consultas y la preparación. No se ha fijado una fecha para empezar el examen artículo por artículo ni para la votación parlamentaria final.
La secuencia de los acontecimientos muestra cómo el proceso de consulta ha continuado junto con la presión para cumplir un plazo:
- 13 de julio de 2026: El presidente de la Comisión III, Habiburokhman, dijo que las consultas intensivas habían continuado durante tres períodos de sesiones parlamentarias y que el proyecto seguía incluido en el programa legislativo prioritario de 2026.
- 26 de octubre: Se formó un comité de trabajo para acelerar el proyecto de ley.
- 27 de octubre: Expertos jurídicos y abogados participaron en una audiencia sobre supervisión, facultades de ejecución y gestión de activos.
- 28 de octubre: Publicaciones parlamentarias detallaron los debates y enumeraron a otros profesionales del derecho que participaron en las audiencias.
- 5 y 11 de noviembre: El calendario de consultas indicado por Sahroni se extiende hasta estas fechas.
- Antes de diciembre: La fecha de finalización que prefiere Sahroni, anterior al plazo establecido previamente para el 15 de diciembre.
Para las personas que podrían verse afectadas por la legislación, la etapa de redacción es importante porque la comisión todavía está considerando las normas que regirían el ejercicio del poder estatal sobre sus bienes.
¿Quiénes han dado forma a la propuesta?
En una declaración parlamentaria de julio, Habiburokhman dijo que la Comisión III nunca había rechazado el proyecto ni lo había retirado del Programa Nacional de Legislación Prioritaria de 2026, conocido como Prolegnas. Describió las audiencias como una preparación para una ley que tendría efectos tanto en la prevención del delito como en los derechos constitucionales.
En su informe sobre las deliberaciones del 28 de octubre, el Parlamento recogió su estimación de que ya se habían celebrado entre 58 y 60 audiencias públicas, que se esperaban unas 23 más y que participarían alrededor de 80 sectores de la sociedad. Estas cifras cuentan las reuniones y los grupos participantes, mientras que la cifra de 86 de Sahroni corresponde a los participantes.
Una agenda parlamentaria de audiencias aparte, publicada el 28 de octubre a las 8:57 a. m., hora del oeste de Indonesia, menciona al profesor Jamin Ginting, presidente de AAI Nasional Bersatu, a Amin Fahrudin y a Ahmad Fikri Assegaf, presidente nacional de la junta directiva de la Asociación de Abogados de Indonesia, PERADI.
Habiburokhman ha sostenido que la ley debe ajustarse a las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de Indonesia. Esa postura coincide con los aportes que instan al país a reforzar la recuperación de activos de acuerdo con sus compromisos internacionales.
Recuperar bienes producto del delito cuando no se puede celebrar un juicio
Chandra M. Hamzah, exdirigente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, instó a los legisladores a centrarse en recuperar el producto del delito, en lugar de tratar el decomiso simplemente como otro castigo. Su principio de partida fue que el delito no debe dejar beneficios económicos a los responsables ni a sus redes.
Uno de los mecanismos que se debaten es el decomiso de activos sin condena penal, a menudo abreviado como NCB. Permite iniciar un proceso jurídico dirigido contra bienes vinculados a un delito sin obtener antes una condena penal contra una persona. Las pruebas exigidas y la función del tribunal son aspectos centrales para el funcionamiento de este proceso.
Chandra señaló circunstancias en las que esta vía podría ser adecuada: que un sospechoso haya muerto, haya huido o no pueda comparecer ante un tribunal. El experto jurídico Muhammad Rullyandi también pidió que se limite a circunstancias específicas y quede sujeta a una estrecha supervisión judicial.
Kurnia Ramadhana, de Indonesia Corruption Watch, dijo que los procesos penales ordinarios deberían seguir siendo la vía principal siempre que el presunto responsable aún pueda ser juzgado. También pidió que se exijan pruebas preliminares suficientes para respaldar una solicitud de decomiso de bienes.
Estas recomendaciones responden a una brecha práctica: los bienes producto del delito pueden seguir a disposición de otras personas incluso cuando quien es acusado de obtenerlos no puede ser juzgado. El mecanismo propuesto daría a las autoridades otra vía para solicitar su recuperación, con límites que establecería la ley definitiva.
Las pruebas y los derechos de propiedad siguen siendo fundamentales
Kurnia vinculó la urgencia del proyecto de ley con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Las convenciones abordan la corrupción y la delincuencia organizada, mientras que el GAFI elabora estándares internacionales contra el lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados.
Su recomendación combinó mayores facultades de recuperación con un requisito probatorio. Las autoridades que soliciten el decomiso tendrían que presentar pruebas preliminares suficientes, y no basarse únicamente en sospechas.
El profesor Hibnu Nugroho advirtió contra un enfoque que considere la riqueza en sí misma un motivo de sospecha. En sus declaraciones durante una audiencia, describió el riesgo para los derechos humanos:
Seolah-olah setiap orang yang punya kekayaan dianggap bermasalah. Ini bisa melanggar hak asasi manusia,
Advirtió que considerar problemáticas a todas las personas que poseen bienes podría vulnerar los derechos humanos. Pidió proteger a terceros que actúen de buena fe, promover la cooperación internacional y garantizar una gestión transparente y sujeta a rendición de cuentas de los activos recuperados.
Un tercero que actúa de buena fe es alguien con un interés legítimo en un bien que no participó a sabiendas en la conducta ilícita. Proteger ese interés es importante cuando un activo vinculado a una investigación también tiene un propietario inocente u otro reclamante legítimo.
La organización de estudiantes de derecho PERMAHI respaldó un cambio de enfoque hacia la recuperación de las pérdidas del Estado y la prevención del delito. También pidió rendición de cuentas, control judicial y proporcionalidad, es decir, que la respuesta del Estado se ajuste a las circunstancias, además de protección para terceros legítimos.
¿Quién supervisaría a las autoridades?
El miembro de la comisión Nasyirul Falah Amru, conocido habitualmente como Gus Falah, preguntó si sería necesaria una institución especial para supervisar a los agentes de las fuerzas del orden que ejerzan facultades de decomiso. Le preocupa que se abuse de una autoridad ampliada para perseguir injustamente a algunas personas.
Gus Falah también preguntó cómo debería regular el proyecto el rastreo, el seguimiento y el bloqueo de activos. En términos sencillos, estos pasos consisten en localizar bienes, seguir sus movimientos o cambios de titularidad e impedir que se transfieran mientras avanza el proceso legal.
Preguntó si los procedimientos detallados deberían figurar en la nueva ley o basarse en mecanismos que ya utiliza el Centro de Análisis e Información sobre Transacciones Financieras, conocido como PPATK, en casos de lavado de dinero. La decisión determinará cómo funcionaría el sistema propuesto junto con las investigaciones financieras existentes.
Sahroni advirtió por separado que el proyecto de ley no debe convertirse en un instrumento de poder político ni en una vía para perseguir a personas seleccionadas. La petición de Rullyandi de una supervisión judicial estricta responde a la misma preocupación desde una perspectiva jurídica: las facultades más amplias requieren procedimientos que permitan examinar cómo se utilizan.
Gus Falah también planteó la relación entre participar en un delito y recibir sus beneficios. Esta cuestión importa cuando los investigadores rastrean activos más allá del sospechoso inicial, hasta otras personas que podrían tenerlos o beneficiarse de ellos.
El cálculo de las pérdidas del Estado necesita una base jurídica clara
Sahroni pidió aclarar quién puede calcular las pérdidas del Estado y señaló la legislación vigente y las decisiones del Tribunal Constitucional relativas a las atribuciones de la Agencia Suprema de Auditoría, o BPK.
Mencionó casos de corrupción en los que las estimaciones iniciales de las pérdidas alcanzaron cientos de billones de rupias, mientras que las cantidades presentadas ante los tribunales fueron menores. No citó ningún caso concreto ni una comparación exacta, pero recurrió al ejemplo para defender cálculos de auditoría con fundamento jurídico.
La cuestión vincula la investigación financiera con el proceso judicial. Los investigadores pueden identificar activos, los auditores pueden calcular las pérdidas y los jueces pueden valorar las pruebas sobre el delito. El proyecto de ley necesita normas que coordinen estas responsabilidades sin superponer competencias ni generar interpretaciones contradictorias.
Sahroni también pidió mecanismos para rastrear y recuperar activos delictivos que permanezcan después de que un caso de corrupción haya pasado por la investigación y el juicio. Esta preocupación sitúa la recuperación de los bienes restantes junto al procesamiento de la persona responsable.
Los barcos plantean otras cuestiones jurídicas
El miembro de la comisión Hinca Panjaitan mencionó el barco Global 186, descrito en la audiencia como vinculado a un caso de contrabando de narcóticos en el que estaban implicadas 1,16 toneladas. Preguntó si una embarcación utilizada en un delito podría quedar comprendida en las disposiciones sobre decomiso del proyecto de ley.
Hinca también habló de barcos hundidos o abandonados que sus propietarios no han retirado. Estas embarcaciones pueden poner en peligro la navegación y el medio marino, lo que genera presión práctica para que las autoridades actúen.
El tratamiento jurídico de esas embarcaciones implicaría determinar su titularidad, cualquier vínculo con un delito y la normativa vigente sobre navegación y medio ambiente. Los legisladores tendrían que abordar estas cuestiones al decidir el alcance del proyecto de ley.
Hinca sugirió analizar si los activos submarinos podrían generar ingresos estatales no tributarios. También dijo que los posibles beneficios económicos debían sopesarse frente al costo de izarlos y gestionarlos.
Para las autoridades marítimas, ese cálculo podría ser decisivo. Un activo con un posible valor de venta también genera costos de manipulación, y la audiencia puso ambos aspectos sobre la mesa.
Decomisar un bien es solo una parte de la recuperación de su valor
El miembro de la comisión Bimantoro Wiyono se centró en lo que ocurre después de que las autoridades toman posesión de un bien. El almacenamiento, el mantenimiento y las condiciones de venta pueden determinar cuánto dinero recibe finalmente el Estado.
Su ejemplo ilustrativo partía de un vehículo valorado en 1.000 millones de rupias. Una valoración posterior podría situarlo en 700 millones, y una gestión deficiente podría dejar el precio de venta entre 300 y 400 millones. Ese último rango equivaldría a apenas entre el 30 % y el 40 % de su valor inicial, una caída de entre el 60 % y el 70 %.
Bimantoro utilizó el ejemplo para pedir una mejor gestión de los activos incautados y decomisados. También da contenido a la pregunta de Gus Falah sobre cómo debería medirse el éxito: por la cantidad de bienes decomisados, su valor o el número de personas sometidas al sistema judicial.
En conjunto, las recomendaciones apuntan a una medida más amplia de la recuperación. Las autoridades tendrían que identificar con precisión los bienes que pueden ser decomisados, preservar su valor, rendir cuentas sobre su gestión y respetar los derechos de quienes tienen derecho a ellos. El llamado de Hibnu a una gestión transparente de los activos y a la cooperación internacional amplía esta labor más allá del decomiso inicial.
La tarea inmediata de la Comisión III es convertir estas recomendaciones en un proyecto. Las audiencias previstas hasta el 11 de noviembre dejan poco tiempo antes de la fecha límite de diciembre que prefiere Sahroni, y aún deben tomarse decisiones sobre las pruebas, la supervisión, la protección de la propiedad y la gestión de los activos.
Puntos clave
- La Comisión III se propone terminar el proyecto de ley de decomiso de activos antes de diciembre de 2026, adelantando la fecha prevista anteriormente para el 15 de diciembre.
- Las audiencias públicas están programadas hasta el 11 de noviembre. Aún no han comenzado la redacción final ni el examen artículo por artículo.
- Sahroni afirma que 86 participantes han intervenido en el proceso de consulta.
- Los expertos respaldan las facultades de recuperación si se acompañan de pruebas suficientes, supervisión judicial y protección para los propietarios legítimos.
- Se estudia el decomiso sin condena penal para circunstancias limitadas, como la muerte o la fuga de un sospechoso.
- Los legisladores también examinan las atribuciones de auditoría, las embarcaciones vinculadas a delitos y la forma de preservar el valor de los activos recuperados.
