La reforma de la ley ambiental de Vietnam pone a prueba la evaluación de riesgos, la recolección de residuos y la rendición de cuentas local

Una reducción propuesta del 90% sitúa la aplicación de la ley en el centro del debate

La Asamblea Nacional de Vietnam estudia una reforma de la regulación ambiental que eximiría de la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental u obtener permisos ambientales a aproximadamente el 90% de las entidades que actualmente deben cumplir esos requisitos, según su Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En los debates celebrados en Hanói el 24 de octubre de 2026, durante el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, los legisladores pidieron garantías sobre las aguas residuales industriales, los residuos domésticos, la vigilancia de la contaminación y el comercio de carbono. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también pidió una explicación sobre los 887.000 millones de dong que las empresas pagaron al Fondo de Protección Ambiental de Vietnam para apoyar el reciclaje y que aún no se habían desembolsado.

La decisión central es práctica: Vietnam quiere que las empresas dediquen menos tiempo a obtener autorizaciones y que las autoridades públicas mejoren su capacidad para detectar y detener la contaminación durante las operaciones. Esto trasladaría buena parte del trabajo de la revisión de solicitudes antes del inicio de los proyectos a la inspección de instalaciones, el examen de registros de vigilancia y la respuesta a alertas posteriores.

El ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, presentó la propuesta como una reforma de 78 de los 171 artículos de la ley vigente y la incorporación de otros dos; también se atribuyeron a su exposición las cifras de 79 artículos reformados y tres añadidos. La propuesta reduciría de cuatro a tres las categorías de proyectos ambientales y de tres a dos los grupos de criterios para la evaluación ambiental.

Man pidió simplificar los procedimientos sin reducir las responsabilidades, en especial cuando está en juego la salud pública. Los diputados relacionaron ese principio con decisiones concretas: cuándo deben evaluarse los riesgos de una fábrica, quién debe mantener separados los residuos clasificados, cómo obtienen pruebas los inspectores y quién responde cuando la contaminación cruza las fronteras provinciales.

Los cambios siguen siendo propuestas sometidas a consideración de la legislatura. No se especificó una fecha para la aprobación definitiva, la entrada en vigor ni un plazo nacional para los sistemas propuestos de clasificación de residuos.

Identificar los riesgos antes de que las decisiones de inversión resulten costosas

Le Hoang Hai, diputado por Dong Nai, cuestionó un proyecto de disposición que situaría la evaluación de impacto ambiental después de la aprobación de la política de inversión para los proyectos que requieren esa autorización. La aprobación de la política de inversión es una decisión inicial que permite que un proyecto propuesto avance hacia una preparación más detallada.

Una evaluación de impacto ambiental, conocida habitualmente como EIA, predice cómo podría afectar un proyecto a su entorno e identifica medidas para prevenir o reducir los daños. Hai sostuvo que los principales riesgos ambientales deben reconocerse mientras aún se prepara la decisión de inversión, en coordinación con las leyes de inversión y construcción.

Un problema que solo se descubre durante un estudio de viabilidad puede obligar a un inversionista a cambiar la ubicación, el tamaño o la tecnología de un proyecto, o a abandonarlo. Hai dijo que eso supondría un desperdicio de tiempo y recursos tanto para las empresas como para los organismos públicos.

Vu Hong Luyen, representante de Hung Yen, señaló otro problema de secuencia: la planificación detallada de la construcción necesita información ambiental, pero una solicitud de evaluación puede tener que esperar a que se apruebe esa planificación. Pidió establecer un orden claro que vincule la evaluación de la EIA, la planificación detallada, el permiso de construcción y la aprobación del proyecto.

Lo Thi Luyen, representante de Dien Bien, preguntó qué documento debe modificarse cuando las disposiciones sobre aguas residuales o residuos de los planes detallados de construcción entran en conflicto con la evaluación de la EIA. Resolver esa secuencia ofrecería a empresas y funcionarios una ruta más clara para cumplir ambos conjuntos de requisitos.

Las exenciones para parques industriales exigirían sistemas de tratamiento operativos

Los proyectos ubicados dentro de parques o agrupaciones industriales son uno de los principales focos de las exenciones propuestas. La evaluación de la infraestructura del parque puede abarcar instalaciones compartidas, pero cada fábrica puede generar emisiones, residuos o vertidos en distintos lugares.

Man dijo que las exenciones solo deberían aplicarse cuando la infraestructura de tratamiento ambiental esté completamente construida. Quería que quedaran excluidos de la exención los proyectos que generen grandes emisiones o residuos peligrosos, o que importen chatarra.

Dang Bich Ngoc, representante de Phu Tho, propuso evaluar la elegibilidad según el sector, la tecnología, las características de los residuos y la capacidad real de tratamiento. También pidió una evaluación adicional cuando surjan nuevos riesgos. Lo Thi Luyen pidió aclaraciones para los proyectos que no utilizan sistemas compartidos de tratamiento de aguas residuales, incluidos los casos con flujos de aguas residuales industriales inferiores a 100 metros cúbicos diarios.

Nguyen Minh Tam, representante de Quang Tri, se refirió a las zonas industriales que ya funcionan con una infraestructura de gestión de residuos incompleta. Propuso fijar plazos para completarla y establecer obligaciones explícitas para los inversionistas en infraestructura, a fin de que construyan, operen y mantengan las instalaciones de tratamiento, además de informar sobre su estado. También pidió normas de coordinación para los casos en que las aguas residuales superen los límites establecidos.

Las fábricas pequeñas también pueden poner en riesgo a las comunidades

Nguyen Phi Hung, representante de Da Nang, se opuso a excluir las zonas residenciales densamente pobladas y las fuentes de agua potable de los factores de sensibilidad ambiental considerados en el artículo 28. Quería que ambos se mantuvieran, con umbrales cuantificables definidos por el Gobierno.

Phan Thi Thuy Linh, representante de Thanh Hoa, sostuvo que el área afectada y el riesgo de contaminación deberían pesar más que la superficie del terreno por sí sola. Una fábrica pequeña que amenace una fuente de agua puede requerir un examen más riguroso que un proyecto de mayor tamaño con efectos ambientales limitados.

Do Thi Thu Thao, representante de Dong Thap, pidió incluir los efectos acumulativos en la evaluación. Varias instalaciones pueden cumplir por separado los requisitos y, aun así, sus vertidos combinados superar la capacidad del mismo río o del entorno. Propuso considerar conjuntamente la tecnología del proyecto, su ubicación, la sensibilidad ambiental y la capacidad del medio receptor.

La comisión parlamentaria recomendó controlar las aguas residuales tanto mediante la concentración de contaminantes como por su carga total. La concentración mide cuánto contaminante hay en una cantidad determinada de agua; la carga mide la cantidad total vertida. También pidió publicar periódicamente la capacidad de carga de las cuencas fluviales, es decir, cuánta contaminación puede recibir un sistema hídrico sin dejar de cumplir los requisitos ambientales.

En el caso de proyectos que afecten a provincias vecinas, Ngoc propuso consultar a las autoridades afectadas, fijar plazos de respuesta y establecer un mecanismo para resolver desacuerdos. Un río compartido también necesitaría una autoridad coordinadora y datos comunes, aunque los permisos individuales se expidan a nivel local.

La clasificación de residuos debe mantenerse hasta el camión recolector

Tran Manh Huy, representante de Da Nang, propuso vincular la conservación de los residuos ya clasificados con las evaluaciones de la calidad del servicio, la aceptación de los trabajos realizados y los pagos previstos en el artículo 77. Así, mantener los residuos separados formaría parte de las obligaciones contractuales de quienes los recolectan.

Sus propuestas para los artículos 75, 77 y 78 exigirían que las disposiciones locales identifiquen los grupos de residuos, los métodos de almacenamiento, las organizaciones receptoras y los destinos de tratamiento. Los hogares también recibirían información clara sobre cómo se mide el peso o el volumen de los residuos y cómo se calculan las tarifas.

Le Nu Thuy Duong, representante de Dong Nai, pidió vehículos, horarios y rutas de recolección separados y adaptados a cada tipo de residuo. Si quien recolecta rechaza los residuos, debería explicar el motivo, indicar al hogar cómo corregir el problema e informar a la autoridad competente.

Huy sostuvo que el rechazo solo debería permitirse si los residentes han recibido orientación adecuada y tienen acceso a un servicio de recolección apropiado. Duong propuso reducir las tarifas de recolección cuando los residuos se clasifiquen correctamente y aplicar sanciones cuando no se haga; Nguyen Binh Tan, de Ca Mau, también pidió incentivos en las tarifas.

Le Thi Ngoc Linh, representante de Ca Mau, propuso permitir dos o tres grupos de residuos según la infraestructura local, con un modelo de transición que separe los materiales reciclables de los demás residuos. Nguyen Thanh Hai, presidente de la comisión parlamentaria, respaldó la posibilidad de comenzar con un sistema de dos grupos mientras se desarrolla la capacidad de recolección y tratamiento.

Los restos de alimentos ponen de manifiesto las carencias de tratamiento

Nguyen Thi Thuy Ngan, representante de Hung Yen, dijo que los residuos alimentarios representan más del 50% de los residuos sólidos domésticos, mientras que la capacidad para convertirlos en fertilizante orgánico cubre casi el 13%. Sostuvo que la clasificación de residuos debe ir acompañada de instalaciones capaces de aprovechar el material separado.

Estas cifras sitúan los restos de alimentos en el centro de las decisiones de inversión: más de la mitad de los residuos domésticos está formada por materiales que necesitan una vía adecuada de recolección y tratamiento. Ngan propuso comenzar con la recolección separada de residuos alimentarios en las zonas que ya cuentan con medios para procesarlos.

Huy y Phan Thi Thuy Linh propusieron instalaciones de tratamiento locales o agrupadas en torno a mercados, escuelas, cocinas comunitarias y empresas de alojamiento. Sus recomendaciones incluían equipos de almacenamiento separados, instrucciones de funcionamiento, tecnología adecuada y disposiciones para el uso agrícola seguro del fertilizante resultante.

Ngoc Linh advirtió que la humedad de los residuos alimentarios, su rápida descomposición, el mal olor y los líquidos contaminados exigen una gestión adecuada. La flexibilidad que propuso permitiría a las autoridades locales elegir un modelo de clasificación compatible con su tecnología de tratamiento y mejorarlo a medida que avance la infraestructura.

Duong también pidió separar las baterías, las bombillas, los medicamentos, la pintura y los envases que contienen esas sustancias por los riesgos que representan para la salud y el medio ambiente. Pham Van Hoa, representante de Dong Thap, pidió aclarar quién es responsable de los residuos electrónicos, incluidas las baterías y los equipos utilizados en sistemas de energía solar.

El reciclaje y la recuperación de energía necesitan un orden claro

Duong propuso dar prioridad a la recuperación de energía a partir de los residuos que quedan después de la reutilización y el reciclaje, incluida la generación de electricidad mediante incineración cuando se cumplan los requisitos ambientales. También pidió poner fin gradualmente al enterramiento directo de residuos sin tratar, en sustitución del objetivo menos específico de limitarlo.

Su propuesta exigiría que los comités populares provinciales preparen planes de inversión para sustituir los métodos de tratamiento y presenten informes anuales al Gobierno. Las grandes ciudades y las zonas que generan muchos residuos contarían con instalaciones integradas para clasificarlos y reciclarlos, tratar los residuos peligrosos con licencia y recuperar energía de los materiales restantes.

Los inversionistas deberían ser evaluados en función de la tecnología, los resultados del tratamiento, la reducción del uso de vertederos y el cumplimiento de las normas ambientales, dijo Duong. La capacidad, el costo inicial de construcción y la oferta más baja serían solo una parte de la decisión. Los contratos de servicio especificarían las cantidades de residuos, las normas ambientales, la gestión de cenizas, los procedimientos de aceptación y los ajustes de precios.

Hoa propuso permitir que las provincias compartan grandes instalaciones de tratamiento; citó Dong Thap y Vinh Long como posibles socias. Pidió apoyo presupuestario y para la disponibilidad de terrenos e infraestructura en las zonas montañosas y en los lugares con ingresos públicos escasos, donde resulta más difícil atraer inversión privada.

Los fondos para el reciclaje y el gasto público, bajo escrutinio

El artículo 72a propuesto regularía los materiales reciclados recuperados de los residuos y autorizaría al Gobierno a establecer una hoja de ruta para los porcentajes de reciclaje de productos y bienes. El proyecto también promueve la reutilización de residuos como materiales o combustibles y ofrece incentivos para utilizar insumos reciclados.

Los cambios en las responsabilidades de productores e importadores eliminarían la opción vigente de realizar aportes financieros a través del Fondo de Protección Ambiental de Vietnam y la sustituirían por otros mecanismos destinados a garantizar la recolección y el reciclaje efectivos. La pregunta de Man sobre los 887.000 millones de dong aún no desembolsados pone la gestión de los pagos existentes junto al diseño del sistema que los reemplazaría.

La comisión parlamentaria pidió un período de transición o la posibilidad de compensar las obligaciones entre productos del mismo grupo mientras se desarrolla la infraestructura de reciclaje. Nguyen Thanh Hai también pidió que las obligaciones tengan en cuenta la capacidad de las empresas para cumplirlas.

La comisión propuso destinar al menos el 2% del gasto anual del presupuesto estatal a la protección ambiental. Nguyen Thi Kim Thoa, representante de Vinh Long, respaldó esa asignación, pero pidió que el gasto sea público, se dirija a problemas identificados y se evalúe según sus resultados, especialmente en la recolección y el tratamiento de residuos y la remediación de la contaminación.

Do Thi Thu Thao pidió aclarar la responsabilidad cuando los residuos se transfieran ilegalmente o se traten de forma inadecuada. Según su propuesta, firmar un contrato de recolección o tratamiento no eximiría al generador de residuos de cumplir sus obligaciones legales, además de las que corresponden al operador receptor.

Los inspectores necesitan equipos, pruebas y criterios claros para intervenir

Lo Thi Luyen describió las dificultades para hacer cumplir la normativa en zonas montañosas, donde las fábricas están dispersas y llegar a una instalación lleva tiempo. Los vertidos nocturnos, el depósito ocasional de residuos o su quema pueden ocurrir rápidamente, lo que deja a los inspectores poco tiempo para reunir pruebas.

Propuso aumentar el número de especialistas y los fondos disponibles, y proporcionar equipos de medición rápida, herramientas móviles de muestreo y acceso a bases de datos de vigilancia. Las nuevas responsabilidades de las autoridades locales irían acompañadas de personal técnico e instrucciones operativas.

Ngoc propuso que el artículo 48 establezca qué instalaciones inspeccionar según el riesgo, el historial de cumplimiento, los resultados de vigilancia y las denuncias públicas fundamentadas. Las alertas por superar los umbrales permitidos, la interrupción de los equipos de tratamiento o los indicios de un incidente darían lugar a controles oportunos. Los planes de inspección se coordinarían para reducir la duplicación de controles a las empresas que cumplen las normas.

Nguyen Ngoc Son, diputado que integra la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Relaciones Exteriores, propuso tres niveles de riesgo para las inspecciones: alto, medio y bajo. Nguyen Dinh Xuan, de Tay Ninh, pidió una vigilancia periódica en lugar de depender principalmente de sanciones después de que se produzcan daños.

Man respaldó vincular las responsabilidades de los titulares de los organismos a indicadores cuantificables de calidad ambiental, publicados y revisados periódicamente. Nguyen Vu Trung, representante de Ciudad Ho Chi Minh, propuso responsabilizar a los presidentes de los comités populares provinciales, divulgar cada año el gasto ambiental y los avances en las zonas críticas de contaminación, y exigir que quienes contaminan asuman los costos de prevención, tratamiento, restauración e indemnización.

Los registros digitales deben facilitar el escrutinio público

El proyecto conectaría las bases de datos nacionales sobre medio ambiente y clima con el Centro Nacional de Datos y el Portal Nacional de Servicios Públicos. Los registros electrónicos abarcarían la generación, recolección, transporte, reciclaje y tratamiento de residuos, así como su entrega a otras entidades, junto con los procedimientos de evaluación y autorización en línea.

La comisión parlamentaria propuso utilizar códigos de identificación, marcas de tiempo y registros electrónicos en toda la cadena de datos de vigilancia. Pidió establecer sanciones específicas por la manipulación, eliminación o falsificación ilegal de datos, incluida la suspensión o retirada de las autorizaciones profesionales. También quería que se divulguen las capacidades de los proveedores de vigilancia y que los datos fiables puedan utilizarse como pruebas legales.

Nguyen Lan Hieu, diputado y director del Hospital de la Universidad de Medicina de Hanói, propuso vincular los registros ambientales con datos de salud, incluidos los ingresos hospitalarios por afecciones respiratorias y cardiovasculares. Quería que los avisos sobre la calidad del aire incluyeran recomendaciones prácticas de salud para los grupos vulnerables.

Hieu también pidió límites estrictos de tiempo y alcance, vigilancia continua, publicación de los resultados y depósitos financieros para las pruebas de nuevas tecnologías ambientales. Para las instalaciones de radioterapia y medicina nuclear que ya han sido evaluadas en materia de seguridad radiológica, propuso eximirlas de la EIA o combinar los procedimientos para reducir los retrasos en la ampliación de los tratamientos contra el cáncer.

Tam pidió que la información ambiental pública sea fácil de consultar y que no se exijan solicitudes adicionales para acceder a datos que ya están disponibles. Hung propuso fijar un plazo máximo de 30 días para responder a las recomendaciones de supervisión comunitaria previstas en el artículo 157, mientras que Thu Thao pidió que se explique públicamente cómo se gestionan los comentarios de las consultas y las denuncias sobre contaminación.

El comercio de carbono exige derechos claros y mediciones fiables

Lo Thi Luyen propuso establecer métodos comunes para elaborar inventarios de emisiones, normas para crear créditos y un sistema de registro y verificación. Las provincias montañosas cuentan con recursos forestales, pero a menudo carecen del personal y los fondos necesarios para medir las reservas de carbono y verificar las reducciones.

Un crédito de carbono representa una cantidad verificada de emisiones de gases de efecto invernadero reducidas o eliminadas de la atmósfera. Luyen pidió aclarar la titularidad, el reparto de beneficios y los derechos de venta, con garantías para evitar que una misma reducción se contabilice dos veces. También propuso ayudar a los proyectos pequeños a cubrir los costos de medición y verificación, establecer precios transparentes para las transacciones y controlar las transferencias internacionales para proteger los objetivos de emisiones de Vietnam.

Thoa pidió normas coherentes en los artículos 3, 39, 139 y 159 sobre si las reducciones de emisiones pueden comercializarse directamente o deben reconocerse como créditos, y qué organismos se encargan de verificarlas o aprobarlas. La comisión propuso inventarios anuales para los grandes emisores o aquellos cuyas emisiones cambien bruscamente, un ciclo de dos años para las instalaciones estables e informes cuando cambien las condiciones.

Los debates del 24 de octubre también incluyeron el proyecto de ley sobre recursos marinos e insulares. Nguyen Thanh Hai pidió una gestión unificada del espacio marítimo, mientras que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Hong Dien, reclamó una división clara entre la coordinación integrada del espacio y las actividades reguladas por leyes sectoriales. Ambos debates sitúan la coordinación en el centro de la gestión de efectos ambientales que trascienden un solo proyecto o localidad.

Puntos clave

• La comisión parlamentaria calcula que, según la propuesta, alrededor de un 90% menos de entidades tendría que realizar evaluaciones de impacto ambiental u obtener permisos ambientales.
• Los diputados piden una evaluación de riesgos más temprana y condiciones estrictas para las exenciones en parques industriales.
• Las propuestas para clasificar residuos vinculan las obligaciones de los hogares con la recolección separada, un tratamiento adecuado y tarifas transparentes.
• Los legisladores preguntaron por los 887.000 millones de dong en aportes para el reciclaje aún no desembolsados y propusieron asignar al menos el 2% del presupuesto a cuestiones ambientales.
• El fortalecimiento de las inspecciones exigiría personal, equipos de muestreo, registros de vigilancia fiables y responsabilidades claras para los dirigentes locales.
• Las propuestas sobre el mercado de carbono abordan la titularidad, la verificación, los beneficios para las comunidades y las transferencias internacionales.
• La legislación sigue en fase de examen y todavía deben definirse los plazos de aplicación.