El proyecto de ley de seguridad alimentaria de Vietnam enfrenta demandas de mayor rendición de cuentas, alertas más rápidas e inspecciones más rigurosas

32 de los 74 artículos dejan detalles para normas posteriores

La propuesta de revisión de la Ley de Seguridad Alimentaria de Vietnam dejaría 32 de sus 74 artículos sujetos a normas posteriores del Gobierno o de los ministerios, lo que llevó al presidente de la Asamblea Nacional, Trần Thanh Mẫn, a exigir que las reformas centrales, los plazos y las responsabilidades queden escritos directamente en la ley.

Durante los debates de los grupos parlamentarios del 24 de octubre de 2026, Mẫn también propuso exigir que se emitan alertas entre dos y seis horas después de detectar una intoxicación alimentaria masiva. Cuestionó los recursos previstos para un sistema de datos sobre seguridad alimentaria cuyo costo se estima en unos 1,6 billones de VND y pidió que haya un organismo regulador principal con autoridad suficiente para responder por las fallas.

El debate coloca en el centro de la revisión dos cuestiones prácticas: quién debe actuar cuando aparece un alimento no seguro y con qué rapidez pueden los inspectores localizarlo y retirarlo. Para las familias, las propuestas afectan a las comidas escolares, los alimentos hospitalarios, los productos lácteos y las compras mediante aplicaciones de reparto. Para las empresas, se refieren a los costos de registro, los calendarios de inspección y la responsabilidad cuando algo sale mal.

La ministra de Salud, Đào Hồng Lan, presentó el proyecto de ley el sábado por la mañana. Describió cinco cambios principales: gestionar los alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro, reducir los trámites administrativos, digitalizar la información, regular el comercio de alimentos en plataformas electrónicas y establecer una autoridad única de coordinación.

Mẫn elogió al Gobierno y al Ministerio de Salud por incorporar cerca del 70% de las observaciones de la revisión preliminar. Sin embargo, criticó la presentación tardía del expediente legislativo y que los proyectos de reglamento adjuntos estuvieran desactualizados o faltaran.

Su preocupación abarca casi el 43% del proyecto de ley, cifra que se obtiene de los 32 artículos que requieren normas adicionales sobre un total de 74. Quiere que la ley y sus reglamentos de aplicación entren en vigor al mismo tiempo, en lugar de dejar a empresas e inspectores a la espera de instrucciones después de que el Parlamento apruebe la legislación principal. En el debate no se especificaron la distribución definitiva de responsabilidades, las fechas de aplicación ni el calendario de votación legislativa.

Un ministerio coordinador, pero ¿quién responde por cada tarea?

El Ministerio de Salud se convertiría en la autoridad coordinadora a escala nacional, en sustitución de un sistema en el que los ministerios de Salud, de Agricultura y Medio Ambiente, y de Industria y Comercio se reparten la supervisión según las categorías de alimentos y las etapas de producción o distribución.

Las responsabilidades especializadas seguirían distribuidas entre otros seis ministerios. Mẫn advirtió que nombrar a un coordinador y mantener límites poco claros podría permitir que las agencias se trasladen la responsabilidad, en particular cuando los productos pasan de la producción al procesamiento, las importaciones y la venta minorista.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyễn Hồng Diên señaló una tensión concreta en el proyecto. El apartado 2 del artículo 63 designa al Ministerio de Salud como organismo principal, pero mantiene la gestión especializada a cargo de otros ministerios. El artículo 64 permite que el Ministerio de Salud inspeccione alimentos bajo la competencia de esos ministerios cuando sea necesario.

Diên pidió que se definan explícitamente las responsabilidades en los puntos donde confluyen las competencias, como la producción primaria, el procesamiento inicial, el sacrificio de animales, los mercados mayoristas, las importaciones y la circulación de productos. Mẫn propuso asignar cada tarea y establecimiento regulado a una agencia responsable, otorgar facultades efectivas al organismo coordinador y exigir informes anuales del Gobierno a la Asamblea Nacional.

El primer ministro Lê Minh Hưng respaldó una estructura encabezada por el Ministerio de Salud, con los departamentos provinciales de salud a cargo de las responsabilidades locales. A nivel comunal, las oficinas de Cultura y Asuntos Sociales recibirían personal especializado adicional. Lan explicó que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente seguiría supervisando la producción primaria, incluidos los cultivos, la ganadería y los productos químicos agrícolas, mientras que el Ministerio de Salud controlaría los límites de contaminación que afectan a la salud humana.

Por qué los legisladores quieren que las reglas principales figuren en la ley

Mẫn quiere que el Parlamento defina el contenido de las reformas principales en lugar de delegarlo. Señaló que no están claros los calendarios para las buenas prácticas de higiene, los sistemas avanzados de gestión, el análisis de riesgos y las inspecciones de alimentos importados.

Los decretos y las circulares ministeriales contienen instrucciones detalladas para aplicar una ley. Mẫn exige que la propia ley establezca quién debe cumplir, cuáles son los requisitos básicos y cuál es el plazo para cada cambio. Citó la suspensión del Decreto 46/2026/NĐ-CP como una lección y se refirió a la Directiva 17-CT/TW de la Secretaría, que pide una gestión unificada de la seguridad alimentaria desde el Gobierno central hasta las autoridades locales.

Hưng también pidió que se dejen menos asuntos para las normas gubernamentales. Dijo que los derechos y obligaciones de las empresas, así como las condiciones de seguridad aplicables a los establecimientos de alimentos, deben especificarse directamente en la legislación. Instó a revisar las leyes relacionadas con la calidad de los productos, la sanidad animal, los cultivos, la pesca, la publicidad, el comercio electrónico y la protección de los consumidores para evitar requisitos duplicados.

Las inspecciones deben responder a los riesgos, no solo a los trámites

El cambio propuesto hacia inspecciones posteriores a la comercialización permitiría que muchos alimentos circulen mediante procedimientos de declaración, mientras que los reguladores usarían el muestreo, los análisis y los registros de cumplimiento de las empresas para decidir dónde hace falta un control más riguroso.

El análisis de riesgos consiste en evaluar la probabilidad de que un alimento cause daños y la gravedad que estos podrían tener. Los ingredientes de un producto, sus consumidores previstos, las condiciones de producción y las infracciones anteriores pueden ayudar a determinar con qué frecuencia deben examinarlo los inspectores.

Hưng pidió que se definan claramente la frecuencia de las inspecciones y la toma de muestras. Phạm Thu Xanh, diputada por Hải Phòng, propuso revisar el artículo 57 para exigir la toma de muestras programada según el grupo de riesgo, inspecciones sin previo aviso tras alertas o indicios de irregularidades, plazos para actuar y la publicación de las conclusiones.

Trần Thị Nhị Hà, diputada por Hanoi, señaló un posible obstáculo en el apartado 2 del artículo 51. Dijo que este excluye los resultados del análisis de riesgos como criterio para decidir qué productos deben seguir procedimientos de declaración y qué establecimientos necesitan certificados de seguridad alimentaria. Propuso utilizar esos resultados junto con las características del producto, el uso previsto, los grupos de consumidores, el tamaño de la empresa y su historial de cumplimiento.

El Comité de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, presidido por Nguyễn Thanh Hải, respaldó reducir las inspecciones de productos que presentan poco riesgo y de establecimientos con buenos antecedentes. Xanh subrayó que una menor frecuencia de inspección no eximiría a las empresas de la supervisión.

Las frutas y verduras frescas podrían quedar exentas de la declaración de productos porque su corta vida útil dificulta la aplicación de procedimientos estandarizados. Las categorías más sensibles seguirían sujetas a controles más estrictos. Xanh pidió un registro controlado de los productos de nutrición médica, los alimentos para niños pequeños y los productos con recomendaciones de salud, así como mecanismos que permitan a los hospitales utilizar productos nutricionales declarados bajo supervisión médica sin repetir trámites.

Las propuestas de renovación revelan la magnitud de la carga de trabajo

Lan dijo que el proyecto establece una vigencia de cinco años para los certificados de registro de declaración de productos. La renovación se realizaría automáticamente a través del sistema de información sobre seguridad alimentaria y las empresas podrían continuar la producción y las ventas mientras presenten sus expedientes por vía electrónica.

Phạm Khánh Phong Lan, diputada por Ciudad Ho Chi Minh, expresó otra preocupación sobre la repetición de los trámites cada 24 meses. Dijo que la ciudad ha registrado más de 300.000 productos mediante declaración propia desde la entrada en vigor del Decreto 15/2018/NĐ-CP, por lo que cualquier obligación general de volver a presentar los documentos supondría una carga de trabajo considerable.

Mẫn propuso la renovación automática en línea de los registros que cumplan los requisitos, sin una nueva solicitud ni una tasa de recepción cuando no haya cambios que deban evaluarse. También quiere que la recepción de una presentación sirva como registro para inspecciones posteriores, en lugar de ser un requisito para que el producto pueda comercializarse. Según dijo, el registro obligatorio debería limitarse a los productos que realmente presentan un riesgo alto, con medidas para evitar conflictos de intereses en la concesión de licencias y certificados.

Las comidas escolares y hospitalarias necesitan responsables identificados

Nguyễn Thị Thu Dung, diputada por Hanoi, propuso incorporar en la ley las responsabilidades de los directivos de escuelas y hospitales, en particular sus obligaciones al elegir y supervisar a los proveedores de comidas. Una sola cocina puede atender a muchas personas a la vez, por lo que una falla del proveedor exige actuar con especial urgencia cuando dependen de sus comidas niños, pacientes o adultos mayores.

Dung quiere que los contratos de suministro especifiquen las obligaciones de rastrear los ingredientes, conservar muestras de los alimentos, realizar controles, notificar incidentes, cooperar con las investigaciones y pagar indemnizaciones. Las muestras conservadas proporcionan a los investigadores alimentos de la comida para analizarlos cuando se producen casos de enfermedad.

Mẫn dijo que algunas investigaciones sobre intoxicaciones alimentarias en escuelas habían tardado demasiado en identificar las causas, con la consiguiente pérdida de un tiempo valioso para responder. Su propuesta exigiría una alerta del sistema entre dos y seis horas después de detectar un incidente de intoxicación masiva. Esa alerta activaría la respuesta mientras los investigadores determinan la causa.

La capacidad de los laboratorios y la dotación de personal local son fundamentales para que ese plazo resulte útil. Mẫn cuestionó si se habían evaluado debidamente los recursos para realizar análisis y si las comunas disponían de suficiente personal y experiencia. También pidió un plan claro de financiamiento e inversión para el sistema de datos propuesto, cuyo costo se estima en unos 1,6 billones de VND.

Lan dijo que los preparativos incluían reorganizar los organismos responsables y asignar personal especializado a nivel comunal. No obstante, la evaluación del comité pidió que los requisitos de aplicación tengan en cuenta las diferencias locales en cuanto a personal, equipos y capacidad de análisis.

Los vendedores en línea, las aplicaciones de reparto y los anunciantes tendrán nuevas obligaciones

Los vendedores de alimentos en línea tendrían que publicar información sobre los productos y aportar los documentos correspondientes, incluidos los certificados de registro o los expedientes de declaración. Cuando corresponda, también se exigiría una confirmación de que el contenido publicitario ha sido aprobado.

Los mercados electrónicos y los servicios de redes sociales que facilitan el comercio de alimentos necesitarían mecanismos de revisión de contenidos y tendrían que solicitar a los vendedores los documentos exigidos por ley antes de publicar productos individuales. Estas obligaciones permitirían realizar controles en el momento en que los consumidores ven anuncios y páginas de venta de alimentos.

Dung propuso requisitos adicionales para las aplicaciones de reparto: mostrar la identidad y el estado de cumplimiento del establecimiento de alimentos, conservar los registros de pedidos, aceptar alertas y suspender los anuncios de establecimientos sujetos a medidas de ejecución. También pidió normas sobre higiene, tiempos de entrega y temperaturas de transporte adecuadas.

Xanh citó el caso publicitario de los caramelos de verdura Kera en 2025, relacionado con afirmaciones exageradas difundidas en transmisiones en directo de celebridades. Pidió obligaciones específicas para anunciantes, personas influyentes y plataformas, entre ellas conservar los registros de vendedores y anuncios, retirar u ocultar contenidos cuando haya motivos y preservar pruebas para las medidas de ejecución.

Mẫn propuso aclarar las responsabilidades de indemnización en todo el comercio de alimentos en línea, incluida la responsabilidad conjunta cuando se cumplan las condiciones legales. Esa norma permitiría que más de una parte responsable compartiera la obligación de indemnizar a quienes resulten perjudicados por productos no seguros.

Rastrear un producto desde los ingredientes hasta su retirada

Lan dijo que la base de datos propuesta registraría el historial de cumplimiento e infracciones de las empresas, lo que ayudaría a los reguladores a ajustar la frecuencia de las inspecciones, emitir alertas y retirar alimentos no seguros. Dung propuso el principio de declarar la información una sola vez para que la utilicen varias agencias, con identificadores para establecimientos y productos.

Xanh pidió que también se asignen identificadores a cada lote. Un lote identifica productos fabricados conjuntamente y permite a los investigadores rastrear los productos afectados a través de fabricantes, importadores, distribuidores y tiendas. Propuso un calendario para implantar la trazabilidad electrónica obligatoria de los productos de mayor riesgo, con responsabilidades y plazos claros para actualizar los registros.

Dung también pidió que se diferencien la información pública, los registros regulatorios, los datos personales y los secretos comerciales. El comité propuso reconocer el derecho de los consumidores a obtener información sobre el origen de los alimentos, junto con requisitos más claros para el etiquetado, el reenvasado de alimentos para la venta minorista, la conservación de los registros de trazabilidad y la retirada de productos.

Las propuestas para la cadena de suministro se remontan a los ingredientes. Incluyen controles de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes después de la cosecha, la pesca, la recolección y el sacrificio de animales. Hà dijo que el proyecto aún necesitaba disposiciones más estrictas sobre los cultivos y la producción ganadera. El comité también pidió una evaluación cuidadosa del alcance y los efectos para la salud del enriquecimiento obligatorio con micronutrientes, es decir, la adición de determinadas vitaminas o minerales a los alimentos.

Sanciones más estrictas, con garantías para las empresas que cumplen la ley

Mẫn citó grandes operaciones de falsificación de leche y suplementos dietéticos como ejemplos de productos que pasan por vacíos en la supervisión. Xanh se refirió a un caso de leche en polvo que involucró 573 etiquetas de productos y que ilustra la magnitud de la tarea de rastreo y control.

El comité propuso considerar la divulgación pública de las infracciones y la revocación temporal o permanente de licencias. Mẫn pidió prohibiciones temporales o permanentes para las personas responsables de infracciones intencionales especialmente graves y sostuvo que infringir las normas debe costar más que cumplirlas.

La diputada Nguyễn Thị Mai Thoa pidió que se definan con precisión los fundamentos jurídicos para precintar alimentos o suspender su venta y publicidad. Propuso aplicar esas medidas cuando los análisis indiquen la presencia de sustancias prohibidas o una contaminación peligrosa, o cuando las pruebas vinculen directamente a un establecimiento con una intoxicación alimentaria aguda. También pidió indemnizaciones conforme a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado cuando una medida preventiva ilegal cause daños.

Algunos acontecimientos anteriores enmarcan el debate de octubre:

• 2018: El Decreto 15/2018/NĐ-CP introdujo procedimientos de declaración propia para muchos alimentos de consumo habitual.
• 2025: El caso publicitario de los caramelos de verdura Kera se convirtió en un ejemplo citado en las demandas de controles más estrictos sobre promociones y personas influyentes.
• 24 de octubre de 2026, por la mañana: Lan presentó el proyecto de ley revisado y Nguyễn Thanh Hải presentó la evaluación del comité.
• 24 de octubre de 2026, por la tarde: Los grupos parlamentarios examinaron las responsabilidades, los registros, las inspecciones, las cocinas colectivas y las ventas de alimentos en línea.

La decisión de fondo que atraviesa estas propuestas es cómo reducir la repetición de trámites y, al mismo tiempo, dedicar más esfuerzos a los análisis, la trazabilidad y la intervención rápida. Los legisladores buscan un sistema en el que las empresas que cumplen afronten menos trámites innecesarios, los productos no seguros provoquen una actuación rápida y una agencia identificada deba responder por cada paso.

Puntos clave

• Mẫn quiere que las reformas principales y los plazos de aplicación queden escritos en la ley; 32 de los 74 artículos del proyecto requieren normas adicionales.
• El Ministerio de Salud encabezaría la gestión de la seguridad alimentaria, mientras que los legisladores piden que se definan con mayor claridad las obligaciones entre ministerios, provincias y comunas.
• Las propuestas incluyen alertas entre dos y seis horas después de detectar una intoxicación alimentaria masiva y responsabilidades explícitas para los directivos de escuelas y hospitales.
• Los planes de inspección tendrían en cuenta los riesgos de los productos, los resultados de los análisis y el historial de cumplimiento de las empresas para determinar el nivel de control.
• Las plataformas en línea, los anunciantes y los servicios de reparto podrían afrontar requisitos más estrictos de documentación, trazabilidad y respuesta.
• El financiamiento, los laboratorios, el personal especializado y las sanciones aplicables son cuestiones centrales para que funcione el sistema revisado.