Las redadas de octubre ponen bajo escrutinio la política de entrada por 14 días
Filipinas está revisando su régimen de entrada sin visa por 14 días para ciudadanos chinos después de las redadas contra presuntas operaciones ilegales de juego en línea en Zamboanga Sibugay, el 2 de octubre, y en la ciudad de Makati, el 18 de octubre de 2026. La evaluación se lleva a cabo mientras las autoridades de turismo consideran ampliar el régimen a más aeropuertos.
Contenido
- Las redadas de octubre ponen bajo escrutinio la política de entrada por 14 días
- Qué pueden hacer actualmente los visitantes chinos
- Qué revelaron las redadas
- Cómo se desarrolló la prohibición
- Los espacios pequeños sustituyen a los complejos extensos
- La policía recurre a las autoridades locales y a controles de empresas
- Las víctimas de trata necesitan una respuesta diferente
- Por qué la investigación se extiende más allá de Filipinas
- Dos decisiones de política pública avanzan en paralelo
- Puntos clave
Claire Castro, portavoz de prensa del Palacio de Malacañang, dijo el 20 de octubre que el Departamento de Asuntos Exteriores examinaría si la política de entrada estaba siendo aprovechada para cometer delitos. Los planes de deportar a 101 extranjeros tras la operación en Zamboanga Sibugay, entre ellos 82 ciudadanos chinos, contribuyeron a que el asunto llegara al departamento. Otra cifra de arrestos situó en 81 el total de ciudadanos chinos detenidos.
Los ciudadanos chinos que enfrentan la deportación presuntamente entraron al país bajo el régimen de visitas breves. El Departamento de Justicia todavía está recopilando información sobre cómo ingresaron al país los extranjeros encontrados en presuntos centros de estafa, incluido si llegaron sin visa o excedieron el período de una visita autorizada. No se ha anunciado ninguna decisión de suspender o modificar el régimen, ni un plazo para completar la revisión.
Castro describió la tarea del Departamento de Asuntos Exteriores como un examen de los efectos de la política:
«El DFA examinará los problemas y determinará si el régimen está teniendo efectos adversos, en particular si se está aprovechando para cometer delitos en Filipinas».
La revisión reúne en un mismo debate dos prioridades del gobierno: atraer visitantes chinos y detener los negocios delictivos que siguen operando después de la prohibición nacional de los juegos de azar en línea. La pregunta inmediata para las autoridades es cómo entran estas personas, adónde van después y cómo las reclutan los operadores ilegales.
Qué pueden hacer actualmente los visitantes chinos
El régimen de entrada comenzó el 16 de enero de 2026. Los ciudadanos chinos que viajan exclusivamente por turismo o negocios pueden permanecer hasta 14 días si ingresan por el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, en Metro Manila, o el Aeropuerto Internacional Mactan-Cebu, en Cebú.
El aviso sobre la política de entrada del bufete de abogados de inmigración Erickson Immigration Group, que describe el anuncio del Departamento de Asuntos Exteriores, señala que la estancia no puede prorrogarse ni convertirse en otra categoría de visa filipina. Los viajeros deben presentar un pasaporte válido durante al menos seis meses después de la fecha prevista de salida, una reserva de alojamiento confirmada y un boleto de regreso o de continuación del viaje.
El régimen se estableció por un período mínimo de un año, con una revisión antes de su vencimiento. Su objetivo declarado era apoyar el comercio, la inversión, el turismo y los intercambios entre personas de Filipinas y China. Una visita de negocios o turismo permite al viajero permanecer en el país por un período limitado; las operaciones de juego en línea siguen prohibidas.
La secretaria de Turismo, Dita Angara-Mathay, ha planteado la posibilidad de añadir otros puntos de entrada. Entre los destinos considerados están Clark, Caticlan, Bohol y Palawan. El Departamento de Turismo apoya la ampliación para atraer a más visitantes y fomentar vuelos chárter adicionales desde China.
Para los viajeros y las empresas turísticas, el régimen actual de dos aeropuertos sigue siendo el punto de partida. La ampliación propuesta y la revisión de seguridad están en discusión, por lo que las decisiones sobre el acceso al país coinciden con un examen más riguroso de los registros migratorios.
Qué revelaron las redadas
Zamboanga Sibugay, en Mindanao, registró la cifra más alta de detenciones reportada en las operaciones recientes: 244 extranjeros a principios de octubre. El plan de deportación se refería a 101 extranjeros. Las autoridades no han proporcionado un desglose completo que vincule a ese grupo con todas las personas detenidas en la operación más amplia.
Los ciudadanos chinos representaban 82 de las 101 personas incluidas en la lista de deportación, cerca del 81 por ciento. Esa proporción ayuda a explicar la atención centrada en el régimen de entrada para ciudadanos chinos, mientras que el trabajo en curso del Departamento de Justicia sobre los registros de llegada y permanencia más allá del plazo autorizado servirá de base para su recomendación.
Quezon City también fue escenario de la campaña de aplicación de la ley: a mediados de octubre fueron detenidos allí 76 extranjeros durante una operación contra presuntas actividades POGO. En Makati, la policía dijo que cinco personas fueron detenidas y que otras tres seguían prófugas.
Los investigadores están examinando computadoras, laptops, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y otros equipos incautados en Makati para determinar si están vinculados con otros operadores. La informática forense consiste en examinar pruebas electrónicas para rastrear comunicaciones, cuentas y actividades. El jefe de la policía, el general Jose Melencio Nartatez Jr., ordenó a los investigadores seguir los procedimientos de órdenes de registro y análisis forense.
En la operación de Makati participaron el Grupo de Investigación y Detección Criminal, la policía de Makati, la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado, la Fuerza Aérea de Filipinas, las Fuerzas Armadas de Filipinas y el Grupo Anticiberdelincuencia de la Policía.
Cómo se desarrolló la prohibición
Los Operadores de Juegos de Azar en Línea de Filipinas, conocidos comúnmente como POGO, eran empresas que atendían a jugadores fuera de Filipinas dentro de una categoría que antes autorizaba la Corporación Filipina de Diversiones y Juegos de Azar. El gobierno abolió esa categoría después de vincular la actividad con delitos graves y amenazas al orden público.
La prohibición se estableció mediante una directiva presidencial, una orden ejecutiva y una ley. Las fechas principales son:
- Julio de 2024: el presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó el cierre de todas las operaciones POGO durante su tercer discurso sobre el Estado de la Nación.
- Noviembre de 2024: Marcos firmó una orden que prohibía las operaciones de juegos de azar en línea, citando preocupaciones de seguridad nacional y orden público.
- Diciembre de 2024: se implementó la prohibición ejecutiva.
- 23 de octubre de 2025: Marcos firmó la Ley de la República 12312, la Ley contra los POGO de 2025, que convirtió la prohibición en ley.
- 16 de enero de 2026: comenzó el régimen de entrada sin visa por 14 días para turistas y visitantes de negocios chinos.
- 2 y 18 de octubre de 2026: las autoridades allanaron presuntas operaciones en Zamboanga Sibugay y Makati, respectivamente.
- 20 de octubre de 2026: Castro informó que la política de entrada se había remitido al Departamento de Asuntos Exteriores.
La Ley contra los POGO penaliza la gestión de centros de juegos de azar en línea, la prestación de servicios de juego prohibidos y el uso de propiedades para esas operaciones. Después de la directiva inicial de cierre, la Oficina de Inmigración dio a los trabajadores extranjeros del sector 60 días para salir del país y dejó de aceptar solicitudes de visa nuevas o pendientes para ellos.
Los espacios pequeños sustituyen a los complejos extensos
El subsecretario de Justicia Nicholas Felix Ty dijo que las redadas recientes suelen haber descubierto operaciones más pequeñas que los grandes complejos encontrados antes de la prohibición. Algunas funcionaban en una sola habitación. Los lugares registrados anteriormente ocupaban edificios enteros y alojaban a personas de muchos más países.
Ty dijo que en los casos recientes había principalmente ciudadanos chinos, a diferencia de redadas anteriores en las que se encontraron trabajadores vietnamitas, indonesios, de Myanmar, nepaleses y africanos, además de chinos. Reconoció que la actividad ilegal podría volver a crecer y que el problema persistía pese al menor tamaño de cada establecimiento.
Winston Casio, ex portavoz de la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado, describió un traslado similar a espacios más pequeños, incluidas unidades de condominios. Calculó que miles de personas vinculadas con las operaciones podrían seguir en Metro Manila y las provincias cercanas. Esa estimación corresponde a Casio, mientras que el Departamento de Justicia sigue recopilando sus propias cifras.
El secretario del Interior, Jonvic Remulla, describió otra modalidad de operación pequeña: casas que alojaban entre 10 y 20 personas cada una. Informó que tres presuntas operaciones seguían activas y que aún no se habían determinado sus ubicaciones.
El jefe de la Oficina de Policía de la Región de la Capital Nacional, el general de brigada Christopher Abrahano, dijo que los investigadores estaban buscando esos presuntos centros y a las personas que los respaldaban, incluidos organizadores, reclutadores y financiadores. El objetivo va más allá de encontrar una habitación llena de computadoras: también consiste en identificar quién la financia, proporciona trabajadores y dirige sus actividades.
La policía recurre a las autoridades locales y a controles de empresas
Nartatez ordenó a los comandantes de las comisarías coordinarse con las unidades de gobierno local, incluidos los funcionarios de los barangays, para identificar establecimientos sospechosos. Las operaciones pequeñas en viviendas o locales comerciales comunes hacen que la información y las inspecciones locales cobren más importancia.
El jefe de la policía advirtió que los operadores podrían reanudar actividades prohibidas bajo la apariencia de negocios legítimos. Pidió inspecciones y vigilancia más rigurosas, así como un mayor intercambio de información entre la policía y las autoridades locales.
Casio afirmó que algunas operaciones se habían presentado como empresas de externalización de procesos empresariales, compañías tecnológicas o entidades de préstamo. También sostuvo que la corrupción había contribuido a que siguieran operando y pidió examinar a los funcionarios locales de las zonas donde se habían encontrado establecimientos sospechosos.
Casio planteó otra preocupación relacionada con la identidad: dijo que antes de dejar la comisión se habían confirmado como cuestionables alrededor de 1.500 registros de certificados de nacimiento y que miles más seguían bajo revisión. Esos registros son importantes porque la identidad que declara una persona puede influir en la manera en que las autoridades verifican su nacionalidad y situación migratoria. Sus afirmaciones amplían el debate sobre la aplicación de la ley, que ya no se limita a las llegadas a los aeropuertos, sino que abarca también la documentación y la supervisión local.
Castro dijo que la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional de Filipinas, incluido el Grupo de Investigación y Detección Criminal, seguirían persiguiendo las operaciones ilegales restantes. La evaluación del régimen de visas se lleva a cabo en paralelo con esas acciones.
Las víctimas de trata necesitan una respuesta diferente
El Departamento de Justicia afirma que la trata de personas sigue siendo parte del problema en torno a los centros de estafa. Algunas personas pueden ser reclutadas para empleos aparentemente legítimos y luego obligadas a cometer fraudes en línea. La explotación con fines de criminalidad forzada ocurre cuando se obliga a alguien a cometer delitos en beneficio de otra persona.
Casio afirmó que se había reclutado de esta manera a ciudadanos extranjeros. Ty también describió complejos anteriores donde se obligaba a las víctimas de trata a cometer estafas. Por tanto, las autoridades deben identificar tanto a quienes dirigen las operaciones como a las personas que podrían necesitar rescate y protección.
El Consejo Interinstitucional contra la Trata puede coordinar redadas con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y gestionar la derivación de las víctimas rescatadas al Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. Cuando corresponda, la Oficina de Inmigración puede encargarse de la repatriación o la deportación.
Ty dijo que Filipinas había registrado un 11.º año consecutivo en el Nivel 1 del informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Al explicar esa clasificación, el subsecretario de Justicia dijo:
«Evalúa cómo responde el país».
Para las personas encontradas dentro de un presunto centro, esa respuesta puede incluir varios procesos distintos: una investigación penal, una evaluación de posible explotación, asistencia social y un proceso migratorio. Determinar el papel de cada persona es fundamental para decidir qué medidas se deben tomar.
Por qué la investigación se extiende más allá de Filipinas
Según Ty, se sigue rescatando a filipinos de operaciones de estafa en Myanmar, Laos y Camboya. El reclutamiento y la explotación pueden ocurrir en distintos países, mientras que los organizadores y financiadores pueden operar desde otros lugares.
El Departamento de Justicia ha pedido cooperación con gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley de otros países para investigar las redes, rescatar a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables. Los ministros de la ASEAN reunidos en Manila también trabajaban para coordinar la respuesta a la ciberdelincuencia y los centros de estafa.
Este patrón transfronterizo ayuda a explicar por qué la revisión de la política de entrada es solo una parte de la respuesta del gobierno. Los registros migratorios permiten saber cómo llegaron las personas y cuánto tiempo permanecieron. Las investigaciones sobre el reclutamiento, la financiación, las comunicaciones electrónicas y el uso de propiedades permiten entender cómo funciona el negocio delictivo.
Ty dijo que los operadores de estafas parecían estar apuntando a ciudadanos chinos que ya se encontraban en Filipinas, incluidos quienes habían entrado sin visa o se habían quedado más allá del plazo autorizado. Determinar esas vías ayudará a las autoridades a decidir si hacen falta cambios en los puntos de entrada, durante la estancia de los visitantes o en la investigación de las redes de reclutamiento.
Dos decisiones de política pública avanzan en paralelo
El Departamento de Asuntos Exteriores debe evaluar las preocupaciones de seguridad planteadas por las redadas, mientras que el Departamento de Turismo aboga por ampliar el acceso. Extender el régimen a Clark, Caticlan, Bohol o Palawan ofrecería más opciones de llegada a los visitantes que reúnen los requisitos y podría respaldar servicios de vuelos chárter más allá de Manila y Cebú.
Los datos del Departamento de Justicia serán fundamentales para esa evaluación. Las autoridades examinan el uso de la entrada sin visa, las llegadas con visa y las estancias más allá del plazo autorizado, mientras que la policía investiga cómo obtienen los espacios, los equipos y los trabajadores las operaciones de menor tamaño.
La respuesta actual incluye, por tanto, varias medidas concretas: revisar el régimen de entrada por 14 días, buscar a los sospechosos que siguen prófugos, examinar los dispositivos incautados, localizar presuntos centros pequeños e identificar a las víctimas de trata. La prohibición nacional de los juegos de azar sigue vigente durante todos estos procesos.
Puntos clave
- El Departamento de Asuntos Exteriores está revisando el régimen de entrada sin visa por 14 días para ciudadanos chinos tras las redadas en Zamboanga Sibugay y Makati.
- No se ha anunciado la suspensión ni la modificación del régimen de entrada.
- Actualmente, los visitantes elegibles por turismo o negocios ingresan por Manila o Mactan-Cebu y no pueden prorrogar su estancia ni convertirla en otra categoría de visa.
- El Departamento de Justicia todavía recopila cifras sobre las llegadas sin visa y las estancias más allá del plazo autorizado de extranjeros encontrados en presuntos centros.
- La policía describe un cambio hacia espacios más pequeños, como habitaciones, unidades de condominios y casas.
- La Ley contra los POGO de 2025 prohíbe las operaciones de juegos de azar en línea y el uso de propiedades para esas actividades.
- Las autoridades buscan a los operadores y las redes financieras, al tiempo que coordinan la protección y la asistencia a las víctimas de trata.
