Una nueva agencia afronta una primera prueba de independencia
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó el 22 de octubre de 2026 que dejar de supervisar la Agencia de Investigación de Delitos Graves violaría la Constitución y la Ley de Organización del Gobierno, lo que podría justificar un juicio político y un castigo penal por incumplimiento del deber. Sus declaraciones intensificaron una disputa sobre si el jefe de la agencia debe asistir periódicamente a las reuniones del gabinete presididas por el presidente.
Contenido
- Una nueva agencia afronta una primera prueba de independencia
- Qué sostiene Lee sobre la supervisión presidencial
- Qué permiten las disposiciones legales
- Cómo cambió la práctica de asistencia
- Por qué los críticos ven presión aunque no haya órdenes directas
- Coordinación de políticas y límites a las instrucciones sobre casos
- Los legisladores discrepan sobre los casos relacionados con el presidente
- Gemini se suma al debate político
- También surgen voces cautelosas dentro del partido de Lee
- Puntos clave
Kim Ji-yong, primer jefe de la agencia, asistió a su primera reunión del gabinete el 20 de octubre, apenas 18 días después de que la entidad comenzara a operar en el marco de una reforma del sistema de justicia penal que eliminó las facultades de investigación independientes de los fiscales. Su antecesor interino, Jeon Jong-min, había asistido el 6 y el 13 de octubre, con lo que la dirección de la agencia estuvo presente en tres reuniones consecutivas.
La oficina presidencial afirma que las reuniones permiten a los organismos gubernamentales coordinar políticas y que no se hablará de investigaciones concretas ni se darán instrucciones sobre acusaciones. Sin embargo, académicos del derecho, organizaciones civiles y algunos miembros del propio partido de Lee sostienen que el contacto periódico con el presidente podría presionar a funcionarios que quizá deban investigar a personas de su administración.
El desacuerdo se centra en cómo conciliar dos responsabilidades: exigir que los organismos de investigación rindan cuentas ante el gobierno elegido y permitirles tomar decisiones sin presión política. Lee sostiene que las reuniones públicas hacen transparente la supervisión. Sus críticos prefieren que el jefe de la agencia asista solo cuando un asunto concreto requiera su participación.
La controversia también llegó a una auditoría parlamentaria, donde legisladores de la oposición alegaron que la asistencia a las reuniones del gabinete podría alentar a los fiscales a retirar cargos relacionados con Lee. El fiscal general interino, Lee Jung-hyun, rechazó esa afirmación y dijo que nunca se habían mencionado casos concretos en las reuniones a las que asistió.
Qué sostiene Lee sobre la supervisión presidencial
Lee presentó la supervisión presidencial como un deber y también como una facultad. En una publicación del 22 de octubre en X, argumentó que la agencia de investigación forma parte de la misma estructura gubernamental que organismos como la Administración Meteorológica de Corea y la Agencia Nacional de Bomberos.
El presidente Lee explicó su postura con estas palabras:
«El mando y la supervisión del presidente sobre los asuntos de Estado son, al mismo tiempo, una facultad y una responsabilidad».
Lee dijo que excluir a los jefes de investigación de las reuniones públicas dejaría dos opciones: abandonar la supervisión o ejercerla en privado. También preguntó por qué se acepta la asistencia de los responsables del Servicio Forestal de Corea, la agencia de bomberos y la Guardia Costera de Corea, mientras se trata de manera distinta a los organismos de investigación.
Lee prometió que la supervisión no llegaría a dirigir investigaciones concretas. Comparó ese límite con su relación con los ministros y dijo que tampoco les da instrucciones sobre decisiones específicas en materia de licencias.
La oficina presidencial también puso en duda el valor de la práctica anterior. Sus funcionarios preguntaron si los fiscales habían sido realmente independientes de la política cuando el fiscal general no asistía a las reuniones del gabinete. Según su argumento, importa más cómo se ejerce el poder que si el jefe de una agencia está presente en la sala.
Qué permiten las disposiciones legales
El artículo 66 de la Constitución de Corea del Sur atribuye el poder ejecutivo al gobierno encabezado por el presidente. El artículo 11 de la Ley de Organización del Gobierno faculta al presidente para dirigir y supervisar, de conformidad con la ley, a los jefes de los organismos administrativos centrales. El artículo 18 describe la función de supervisión del primer ministro bajo las órdenes del presidente.
La asistencia a las reuniones del gabinete se aborda por separado. El artículo 88 de la Constitución establece la composición del gabinete, mientras que el artículo 8 del Reglamento de las Reuniones del Gabinete permite a quien las preside invitar a jefes de organismos y otros altos funcionarios cuando considere necesaria su presencia. Por lo tanto, los funcionarios pueden asistir sin convertirse en miembros del gabinete.
Kim Seung-dae, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pusan, dijo que la estructura del gobierno no exige legalmente la asistencia del jefe de investigación. Consideró inadecuada la asistencia habitual dada la necesidad de que las investigaciones sean independientes e imparciales.
La decisión práctica consiste en elegir entre invitaciones ocasionales cuando el orden del día sea pertinente y una expectativa permanente de asistencia. La facultad presidencial de supervisión se mantiene en ambos casos. La advertencia de Lee sobre un posible juicio político refleja su interpretación del deber de supervisar; no se identificó ningún fallo judicial sobre esta disputa por la asistencia.
Cómo cambió la práctica de asistencia
Datos gubernamentales proporcionados por el Ministerio del Interior y Seguridad al legislador del Partido del Poder Popular Shin Dong-wook mostraron que ningún fiscal general asistió a reuniones del gabinete entre 2000 y 2025. Durante ese período, solo asistieron tres comisionados de la Agencia Nacional de Policía.
Lee amplió la participación a los jefes de organismos a comienzos de 2026. Los jefes interinos de la fiscalía y la policía empezaron a asistir, ampliando las conversaciones del gabinete más allá de los ministros y funcionarios que tradicionalmente participaban. También ha asistido Kim Jong-chul, comisionado interino de la policía.
La nueva agencia de investigación heredó esa política de asistencia más amplia al comenzar a operar en octubre. Kim recibió su nombramiento el 19 de octubre y asistió a la reunión a la mañana siguiente, antes de la ceremonia de toma de posesión prevista para esa tarde. Antes de asumir el cargo, había dicho que revisaría las leyes pertinentes y consultaría con los organismos implicados antes de decidir si asistiría.
Los principales acontecimientos de la disputa fueron:
- Comienzos de 2026: Lee amplió la participación en las reuniones del gabinete para incluir a jefes de organismos, entre ellos los responsables interinos de la fiscalía y la policía.
- 29 de septiembre: Lee Jung-hyun, fiscal general interino, comenzó a asistir tras asumir el cargo el 23 de septiembre.
- 2 de octubre: La Agencia de Investigación de Delitos Graves comenzó a operar como parte de la reforma del sistema de justicia penal.
- 6 y 13 de octubre: Jeon Jong-min, jefe interino de la agencia, asistió a reuniones del gabinete.
- 15 de octubre: Solidaridad Popular para la Democracia Participativa se opuso públicamente a la asistencia habitual de los jefes de investigación y fiscalía.
- 20 de octubre: Kim Ji-yong asistió a su primera reunión del gabinete.
- 21 y 22 de octubre: El presidente Lee defendió la práctica en X y la disputa llegó a una auditoría parlamentaria.
Por qué los críticos ven presión aunque no haya órdenes directas
Los organismos de investigación y fiscalía pueden tener que tomar decisiones sobre los mismos altos funcionarios con quienes se reúnen en el gabinete. Los investigadores reúnen pruebas; los fiscales deciden si presentan cargos penales y los defienden ante los tribunales. La neutralidad política implica tomar esas decisiones de acuerdo con las pruebas y la ley, independientemente de quién resulte beneficiado.
Lee Hwang-hee, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Sungkyunkwan, reconoció que asistir a las reuniones del gabinete podría ayudar al jefe de una agencia a entender los asuntos nacionales. Sin embargo, advirtió que esa práctica podría perjudicar la percepción pública de imparcialidad de las investigaciones, que los gobiernos anteriores habían intentado proteger al mantener al fiscal general alejado de esas reuniones.
Lee Chang-hyun, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk, se refirió a las leyes especiales que regulan los nuevos organismos de investigación y fiscalía. Sostuvo que sus marcos legales diferenciados deberían orientar la manera de respetar su independencia. Kim Sung-soo, profesor de la Universidad de Hanyang, se centró en la convención política que mantuvieron tanto los gobiernos conservadores como los progresistas.
La propia agencia de investigación también ha expresado inquietudes. Un funcionario de la entidad dijo que estas preocupaciones sobre la asistencia habitual se habían comunicado a la oficina presidencial. El funcionario describió un problema concreto: si los investigadores decidieran correctamente no remitir a la fiscalía un caso relacionado con el gobierno, el público aún podría sospechar que las reuniones reiteradas con el presidente habían influido en ellos.
Coordinación de políticas y límites a las instrucciones sobre casos
La oficina presidencial ha establecido como límite declarado los casos concretos. Seong Ghi-hong, secretario principal de prensa de Lee, dijo que las reuniones del gabinete tratarían sobre la orientación de las políticas gubernamentales y asuntos administrativos de actualidad, no sobre decisiones de investigación.
Seong describió así el compromiso del gobierno con la neutralidad:
«El gobierno trabaja intensamente para mantener la imparcialidad y la neutralidad política en las investigaciones, así como la independencia en la presentación de acusaciones. Este principio se mantendrá firme en adelante».
Algunos abogados respaldan la facultad del presidente para invitar a los jefes de los organismos a explicar asuntos que corresponden a sus responsabilidades. Otros sostienen que la asistencia habitual podría debilitar la cadena de mando establecida, en la que los ministros de Justicia y del Interior tienen funciones específicas de comunicación con los responsables de la fiscalía y la investigación.
Les preocupa que un jefe de agencia pueda interpretar incluso un comentario general del presidente como una instrucción, dado que el presidente tiene la facultad de nombrarlo. Una observación sobre la conveniencia de abordar un asunto con firmeza o cautela podría tener peso aunque no haya una orden explícita sobre un caso concreto.
Solidaridad Popular para la Democracia Participativa planteó esa preocupación en su comunicado del 15 de octubre. La organización afirmó que la promesa de no hablar de casos concretos no bastaba y pidió al presidente que solicitara la asistencia solo cuando fuera necesaria. Yoo Seung-ik, director de su centro de seguimiento judicial, también pidió moderación al cursar invitaciones y protección de la imparcialidad y la neutralidad política.
Los legisladores discrepan sobre los casos relacionados con el presidente
La auditoría parlamentaria del 22 de octubre acercó la disputa a los propios problemas legales de Lee. Legisladores del Partido del Poder Popular sostuvieron que las reuniones reiteradas podrían presionar a los funcionarios de la fiscalía para que retiraran cargos relacionados con el presidente. Retirar cargos significa poner fin a la acción de la fiscalía en un caso que ya se ha presentado ante un tribunal.
El legislador del Partido del Poder Popular Kwak Gyu-taek citó una reunión del gabinete de junio y alegó que un comentario presidencial sobre disculparse y retirar asuntos había ejercido presión sobre los fiscales. El fiscal general interino, Lee Jung-hyun, dijo que nunca se habían debatido casos concretos en las reuniones a las que asistió y se comprometió a poner su cargo en juego para defender la neutralidad política.
Cuando el legislador del Partido Demócrata Kim Han-kyu le preguntó si había ordenado o debatido revisar la retirada de cargos, el fiscal general interino respondió:
«Nunca he pronunciado ni siquiera la primera sílaba de “retirar cargos”».
La auditoría también retomó la disculpa que ofreció en abril por los métodos de investigación en el caso de las remesas de Ssangbangwool a Corea del Norte. Legisladores de la oposición cuestionaron su neutralidad, mientras que él defendió la disculpa como una crítica a las investigaciones que humillan a los sospechosos o buscan indicios de delitos de manera indiscriminada, sin una base claramente definida.
Lee Jung-hyun también acusó al exfiscal general Yoon Suk Yeol de haber defendido la presentación de cargos contra personas en casos ambiguos y de someterlas a juicios prolongados. Esa acusación añadió otra controversia sobre la conducta de la fiscalía a una audiencia ya marcada por las diferencias sobre la relación entre el gobierno y los organismos de justicia penal.
Gemini se suma al debate político
El presidente Lee abrió otra polémica el 21 de octubre al publicar una defensa de la asistencia bajo el título «Le pregunté a Gemini». Citó una respuesta del asistente de inteligencia artificial de Google que respaldaba su argumento sobre la supervisión presidencial y la estructura de mando del gobierno.
La legisladora del Partido del Poder Popular Na Kyung-won lo acusó de formular preguntas tendenciosas para obtener una respuesta favorable. También dijo que había pedido a Gemini que ayudara a presentar el argumento contrario, centrándose en la neutralidad política y las responsabilidades judiciales de los organismos de investigación.
El legislador independiente Han Dong-hoon sostuvo que las facultades presidenciales no se extienden a dirigir investigaciones ni procesos penales. La disputa sobre Gemini pasó entonces a formar parte de una crítica más amplia de la oposición a la manera en que Lee explicó su postura constitucional.
Lee respondió el 22 de octubre que ya entendía el asunto y que había compartido la respuesta para ilustrar lo que consideraba fallas del argumento contrario. La oficina presidencial rechazó las sugerencias de que el presidente se estuviera apoyando en la inteligencia artificial para gobernar.
La decisión de fondo sigue siendo cómo utiliza el gobierno sus facultades legales: quién asiste, con qué frecuencia, qué se debate y cómo los responsables de los organismos mantienen el control de las decisiones sobre los casos.
También surgen voces cautelosas dentro del partido de Lee
Kim Yong-nam, vicepresidente permanente del comité de políticas del Partido Demócrata, propuso un enfoque más limitado. Dijo que el nuevo jefe de investigación podría asistir razonablemente a una o dos reuniones para presentarse, pero que probablemente debería evitar acudir a todas las reuniones del gabinete.
Jung Ji-woong, presidente del comité legislativo ciudadano de la Coalición de Ciudadanos por la Justicia Económica, relacionó el asunto con el objetivo de la reforma del sistema de justicia penal. Separar la investigación de la fiscalía buscaba distribuir el poder y establecer controles entre las instituciones. Instó a actuar con cautela antes de convertir la asistencia en una práctica semanal.
El contexto político hace que este argumento sea especialmente delicado. Lee ganó la presidencia después del fallido intento de Yoon de imponer la ley marcial y de su destitución, con el mandato de restablecer el gobierno democrático. Su victoria en las elecciones anticipadas también lo dejó ante casos judiciales pendientes y un entorno político profundamente dividido.
La oficina presidencial afirma que la asistencia sigue siendo el principio general, aunque la participación de cada funcionario puede evaluarse según las circunstancias. No se ha aclarado públicamente si el nuevo jefe de la agencia asistirá todas las semanas o solo a determinadas reuniones.
Para la agencia, el desafío inmediato es concreto: establecer relaciones de trabajo en todo el gobierno y, al mismo tiempo, convencer a denunciantes, sospechosos y al público en general de que las decisiones sobre las investigaciones se basarán en las pruebas, incluso cuando afecten a la administración.
Puntos clave
- Kim Ji-yong asistió a su primera reunión del gabinete el 20 de octubre, después de dos participaciones del jefe interino de la agencia de investigación.
- El presidente Lee sostiene que la supervisión es un deber constitucional y afirma que abandonarla podría justificar un juicio político y un castigo penal.
- El reglamento del gabinete permite cursar invitaciones cuando quien preside considera necesaria la asistencia; no exige que el jefe de investigación asista habitualmente.
- La oficina presidencial promete que las investigaciones concretas y las instrucciones sobre acusaciones quedarán fuera de las conversaciones del gabinete.
- Académicos del derecho, organizaciones civiles y algunas figuras del partido gobernante prefieren limitar la asistencia por el riesgo de presión política y las dudas sobre la confianza pública.
- Legisladores de la oposición alegaron que hubo presión para retirar cargos relacionados con Lee. El fiscal general interino dijo que nunca se habían debatido casos concretos en las reuniones a las que asistió.
- La oficina presidencial mantiene la asistencia como política general, con margen para evaluar la participación según las circunstancias.
