Nueve puntos sobre 100, con vidas atrapadas en el apagón
Myanmar obtuvo 9 puntos sobre 100 en libertad en internet en 2026 y compartió el último puesto con China e Irán por tercer año consecutivo. Detrás de esa puntuación hay servicios informativos bloqueados, detenciones por publicaciones en redes sociales y cortes de las comunicaciones que dificultan que las personas en zonas de conflicto reciban alertas sobre ataques aéreos o contacten a sus familiares.
Contenido
- Nueve puntos sobre 100, con vidas atrapadas en el apagón
- Qué mide la clasificación
- Las restricciones electorales fueron más allá de los centros de votación
- Una cronología del acceso cada vez más limitado
- Los apagones afectan la supervivencia diaria
- El registro de teléfonos añade otra capa de vigilancia
- Expresarse en internet conlleva el riesgo de ser detenido
- El acceso por satélite enfrenta controles desde varios frentes
- Periodistas y usuarios se enfrentan a las mismas redes restringidas
- Puntos clave
El informe de país de 2026 de Freedom House señala que los militares mantuvieron el control directo e indirecto de todos los principales proveedores de telecomunicaciones, lo que permitió la censura y la vigilancia masivas. La infraestructura de telecomunicaciones también siguió sufriendo daños durante el conflicto en todo el país que comenzó tras el derrocamiento del Gobierno electo por los militares en 2021.
La evaluación abarca el período de junio de 2025 a mayo de 2026, incluidas las elecciones celebradas en diciembre y enero. Freedom House califica esos comicios de fraudulentos y afirma que durante ese período aumentó el bloqueo de sitios de noticias, redes sociales y herramientas utilizadas para eludir la censura, además de encarcelarse a personas por expresarse en internet en virtud de una nueva ley electoral.
Thit Nyan, analista de derechos digitales del Myanmar Internet Project, describió el peligro que enfrentan los civiles que dependen de las redes de comunicación para obtener información esencial:
«Es una situación muy preocupante. Para la población, es una cuestión de vida o muerte».
Las personas afectadas por el conflicto dependen de las conexiones móviles y de internet para recibir alertas sobre ataques aéreos, acceder a la atención médica y la educación y transferir dinero, afirmó. Cuando esas conexiones desaparecen, las familias pierden varios servicios esenciales a la vez, a menudo mientras los combates ya las obligan a abandonar sus hogares.
Qué mide la clasificación
Human Rights Myanmar, que colabora con Freedom House en la revisión anual, confirma el último puesto compartido en su resumen de la evaluación de 2026. Myanmar ocupa ese lugar desde 2024. Su puntuación cayó de 36 en 2019 a 17 en 2021, el año del golpe de Estado, y luego a 9 en 2024.
Esto representa un descenso de 27 puntos desde 2019. Myanmar sigue clasificado como «No libre» en una escala en la que cero representa el menor nivel de libertad y 100, el mayor. Mantener una puntuación tan baja significa que las restricciones severas persistieron durante otro período de evaluación.
El estudio utiliza 21 indicadores que abarcan los obstáculos al acceso, las restricciones de contenido y las violaciones de los derechos de los usuarios. Esas categorías examinan si las personas pueden conectarse, qué pueden leer o publicar y si su actividad en internet las expone a vigilancia, castigos o violencia.
El perfil de país de Myanmar de Freedom House presenta esas tres categorías en un marco de puntuación que asigna hasta 25 puntos al acceso, 35 al contenido y 40 a los derechos de los usuarios. El informe de país de 2026 es una edición abreviada, con un resumen más corto de los acontecimientos que los informes completos anteriores.
Las restricciones electorales fueron más allá de los centros de votación
El Myanmar Internet Project documentó el período electoral en su informe trimestral sobre el golpe digital, publicado en inglés por EngageMedia. Registró al menos 49 detenciones por expresarse en internet entre noviembre de 2025 y enero de 2026: nueve en noviembre, 27 en diciembre y 13 en enero.
El total de diciembre triplicó el de noviembre. El proyecto también registró medidas en virtud de la ley que protege las elecciones frente a actos de alteración, obstrucción o destrucción: cuatro personas en noviembre, 21 en diciembre y cuatro en enero. Estas cifras mensuales muestran cómo la legislación electoral se convirtió en una herramienta para vigilar las expresiones.
Un caso involucró a U Lwin Myint, candidato parlamentario en el municipio de Thingangyun. Fue condenado a un año de prisión con trabajos forzados por utilizar la expresión «Revolución de Primavera de 2021» en una actividad de campaña en TikTok, según el informe trimestral.
Los militares también intensificaron las inspecciones de teléfonos, los controles en puestos de control y la vigilancia digital durante el período electoral. Estas prácticas extendieron el escrutinio a las calles y los hogares, además de las conversaciones en internet, y convirtieron los mensajes almacenados o los datos de identidad de una persona en otro posible factor de exposición.
Una cronología del acceso cada vez más limitado
El deterioro se prolonga desde hace varios años, pero los meses electorales y los resultados del seguimiento de marzo de 2026 permiten observar con más detalle cómo se aplicaron las restricciones.
- 2019: Myanmar obtuvo 36 puntos sobre 100 en libertad en internet.
- 2021: Los militares derrocaron al Gobierno electo y la puntuación del país cayó a 17.
- 2024: La puntuación de Myanmar llegó a 9, lo que dio inicio a tres años consecutivos en ese nivel.
- Noviembre de 2025: El 1 de noviembre comenzaron interrupciones generalizadas de internet, que las autoridades atribuyeron a una avería en un cable submarino de fibra óptica. El Myanmar Internet Project registró nueve detenciones por expresarse en internet durante el mes.
- Diciembre de 2025: Comenzaron las elecciones y el proyecto registró 27 detenciones por expresarse en internet.
- Enero de 2026: Se celebraron nuevas fases electorales. Para el 13 de enero, las líneas telefónicas de la localidad de Katha habían quedado completamente cortadas, según el proyecto.
- Marzo de 2026: Athan registró cortes de las líneas telefónicas y de internet que afectaban a 133 municipios al cierre del mes.
El informe trimestral señala que los usuarios siguieron teniendo conexiones lentas después de que se restablecieran los servicios afectados por las interrupciones de noviembre. Muchas redes privadas virtuales de uso habitual también quedaron inaccesibles. En diciembre, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones afirmó que la restauración completa tardaría hasta finales de ese mes.
El conflicto provocó nuevas interrupciones. En Katha, en la región de Sagaing, la pérdida del servicio telefónico en enero dificultó incluso el contacto con las personas desplazadas por los combates. En otros lugares, el proyecto documentó cortes durante operaciones militares, interrupciones del servicio de internet causadas por cortes de electricidad e interferencias de inhibidores de señal utilizados durante actos militares.
Los apagones afectan la supervivencia diaria
El informe de seguimiento de marzo de Athan registró 133 municipios con las líneas telefónicas y de internet cortadas al cierre de marzo de 2026. Un recuento independiente de Athan identificó cortes de las comunicaciones en 140 de los 358 municipios supervisados, alrededor del 39 %; no se especificó la fecha de ese recuento.
En muchos de los municipios afectados había combates entre los militares y las fuerzas que se les oponen. Athan documentó cortes de las comunicaciones en aldeas del municipio de Thayetchaung, en la región de Tanintharyi, durante marzo, junto con ataques aéreos que continuaban.
Para los residentes, un apagón puede significar no poder preguntar si una carretera es segura, recibir noticias de un ataque o averiguar si un familiar desplazado llegó a un refugio. También puede interrumpir las transferencias de dinero necesarias para pagar alimentos, transporte o atención médica.
Las restricciones militares y los daños físicos ejercen una presión simultánea sobre las mismas redes. Freedom House señala tanto los controles deliberados como los daños a la infraestructura de telecomunicaciones durante el conflicto. Por eso, reparar una conexión dañada solo resuelve una parte del problema de acceso si las autoridades también pueden ordenar el bloqueo o el corte de los servicios.
El registro de teléfonos añade otra capa de vigilancia
Athan informó de un mayor control mediante el Registro Central de Identidad de Equipos (CEIR, por sus siglas en inglés) durante marzo. El sistema utiliza el número de identidad internacional de equipo móvil de un teléfono, conocido habitualmente como IMEI, para identificar el dispositivo cuando se conecta a una red móvil.
El IMEI funciona como un número de identificación del teléfono. Una base de datos CEIR puede comprobar ese número y permitir o bloquear el acceso del dispositivo. Si se vincula con el registro de tarjetas SIM y otros datos personales, el sistema puede asociar un teléfono concreto con su usuario.
Athan advirtió que la vinculación de esos registros podría permitir un seguimiento más estrecho de los usuarios, los teléfonos que llevan y sus ubicaciones. Señaló que existen sistemas similares en Tailandia e Indonesia, entre otros fines para controlar los mercados ilícitos de teléfonos, recaudar impuestos y rastrear dispositivos, pero advirtió que en Myanmar su uso probablemente se centraría más en la vigilancia.
El Myanmar Internet Project también documentó un uso más amplio del Sistema de Escrutinio y Vigilancia de Personas (PSMS, por sus siglas en inglés) en puestos de control y durante inspecciones de los registros de hogares. Su informe trimestral describió inspecciones en Yangón y otros lugares, además de nuevas revisiones de los teléfonos de peatones en Mandalay.
Estas medidas conectan los registros digitales con situaciones de la vida cotidiana. Una persona puede ser objeto de escrutinio al usar una red, pasar por un puesto de control o someterse a una inspección del hogar, y no solo al publicar un mensaje.
Expresarse en internet conlleva el riesgo de ser detenido
Data for Myanmar contabilizó 1.993 detenciones por comentarios en redes sociales entre febrero de 2022 y octubre de 2025, según el informe trimestral del Myanmar Internet Project. Facebook ha sido uno de los principales espacios en casos relacionados con críticas a los militares o apoyo a los movimientos de resistencia.
Las autoridades han recurrido al artículo 505A del Código Penal, que prohíbe la incitación, así como a las leyes antiterroristas y de telecomunicaciones contra las personas críticas en internet. Entre los objetivos ha habido artistas y celebridades. La ley de protección electoral añadió otra vía para castigar las expresiones durante el período de votación.
Acceder a plataformas bloqueadas plantea un problema relacionado. Los usuarios recurren a redes privadas virtuales, o VPN, para acceder a servicios como Facebook. Una VPN canaliza la conexión a internet a través de otro servidor y puede ayudar a eludir algunas restricciones. Los militares han criminalizado el uso de VPN y, al mismo tiempo, han obstaculizado el acceso a esas mismas herramientas.
Un residente de Yangón que utilizaba su nombre real en las redes sociales contó que conocía a personas de grandes ciudades que habían sido detenidas por expresar su apoyo a la resistencia. Explicó cómo ese temor influía en su propio comportamiento:
«Tengo que guardarme lo que siento y controlarme para no compartirlo en internet».
Su testimonio muestra que las detenciones afectan a más personas que las que quedan bajo custodia. La posibilidad de recibir un castigo puede llevar a los usuarios a callar sus opiniones, evitar las conversaciones y retirarse del debate público.
El acceso por satélite enfrenta controles desde varios frentes
Los terminales de internet por satélite Starlink han ofrecido una alternativa en lugares sin redes telefónicas y de internet convencionales. Se conectan mediante satélites en lugar de depender de la misma infraestructura móvil local, lo que los hace valiosos en zonas afectadas por apagones.
Athan informó de que el Ejército de Arakán exigió a los usuarios particulares de Starlink en el estado de Rakáin que se registraran y pagaran por adelantado 300.000 kyats. El cobro incluía una tasa de registro de 200.000 kyats por un año y un impuesto de 100.000 kyats por tres meses. El departamento técnico del grupo armado advirtió que los terminales no registrados, o aquellos cuyos impuestos no se hubieran pagado, podían ser confiscados.
El Myanmar Internet Project documentó restricciones impuestas también por otras fuerzas. Informó de restricciones a Starlink y la confiscación de equipos por parte del Ejército de Liberación Nacional Ta'ang en Namtu, así como de la incautación de 15 dispositivos Starlink por parte de las fuerzas de administración y defensa locales en la aldea de Nabar, municipio de Indaw, en enero.
Los militares también confiscaron equipos Starlink en Putao durante el período electoral. En Thayetchaung, la Unión Nacional Karen publicó el 6 de marzo un comunicado en el que describía las restricciones a las comunicaciones como necesarias para la seguridad de los residentes ante los cortes impuestos por los militares y los ataques aéreos que continuaban. Por tanto, los civiles que buscaban una conexión alternativa debían tomar decisiones teniendo en cuenta a varias autoridades que controlaban distintos territorios.
Periodistas y usuarios se enfrentan a las mismas redes restringidas
El Consejo de Prensa Independiente de Myanmar informó de que 27 periodistas, cinco de ellos mujeres, seguían detenidos, según el balance de enero del informe trimestral. Los periodistas también enfrentaron restricciones cuando intentaban cubrir las elecciones organizadas por los militares.
Las limitaciones al trabajo periodístico agravan las restricciones de acceso. Cuando los periodistas no pueden trabajar libremente, llegan al público menos informaciones independientes. Cuando se bloquean sitios de noticias y plataformas sociales, los residentes tienen menos formas de encontrar la cobertura que aún se produce.
Los grupos de derechos también emprendieron acciones contra los canales de información de los militares. El informe trimestral documentó la eliminación de cuentas de propaganda militar de varias plataformas tras las denuncias de Justice For Myanmar. Estas acciones tuvieron lugar mientras los militares seguían imponiendo restricciones a los medios independientes y a los usuarios comunes.
La evaluación mundial sitúa a Myanmar en un contexto de retroceso más amplio: la libertad en internet empeoró por decimosexto año consecutivo, con un deterioro en 16 de los 38 países evaluados y una mejora en ocho. Los países incluidos representan alrededor del 70,9 % de los usuarios de internet del mundo.
Entre las recomendaciones de Freedom House figuran reforzar las herramientas para eludir la censura, ofrecer formación en seguridad digital y facilitar el acceso a conexiones satelitales de emergencia. La organización señala la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como un foro en el que los gobiernos deberían defender el acceso satelital de emergencia. Para los residentes de Myanmar, las necesidades inmediatas siguen siendo concretas: una conexión que funcione, información fiable y la posibilidad de comunicarse sin temor a ser detenidos.
Puntos clave
- Myanmar obtuvo 9 puntos sobre 100 en 2026 y compartió con China e Irán el último puesto en libertad en internet.
- Freedom House afirma que el control militar de los principales proveedores permitió la censura, la vigilancia y los cortes localizados.
- El Myanmar Internet Project registró al menos 49 detenciones por expresarse en internet entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
- Athan registró cortes de las líneas telefónicas y de internet que afectaban a 133 municipios al cierre de marzo de 2026.
- El registro de teléfonos, las inspecciones en puestos de control y las restricciones a las VPN aumentaron la presión sobre los usuarios.
- Las autoridades militares y varios grupos armados restringieron el acceso a las conexiones satelitales Starlink.
