Las redadas de octubre ponen de manifiesto la persistencia de las operaciones de estafa
Una redada realizada el 2 de octubre de 2026 en presuntos centros de estafa de Alicia y Siay, en Zamboanga Sibugay, dio lugar a la presentación de cargos penales contra nueve personas y mostró que las operaciones de trata y fraude en línea continúan en Filipinas, dos años después de que el presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenara el cierre de los operadores de juegos en línea con sede en el extranjero.
Contenido
- Las redadas de octubre ponen de manifiesto la persistencia de las operaciones de estafa
- Lo que encontraron los investigadores en Zamboanga Sibugay
- De los grandes complejos a las casas alquiladas
- La Policía cambia la forma de buscar los centros
- Denuncias de protección por parte de antiguos agentes
- Los trabajadores también pueden ser víctimas de trata
- Se revisan los trámites de entrada para ciudadanos chinos
- Cómo se desarrolló la prohibición
- Un problema regional con víctimas a ambos lados de las fronteras
- Puntos clave
La Oficina Nacional de Investigación (NBI, por sus siglas en inglés) informó que fueron detenidas 259 personas y rescatadas 53 presuntas víctimas de trata. La Oficina de Inmigración contabilizó 244 ciudadanos extranjeros detenidos en dos lugares, mientras que declaraciones del Departamento de Justicia se refirieron a más de 230 trabajadores rescatados en la operación de principios de octubre. Estas cifras corresponden a distintas categorías de personas; las autoridades no han publicado un desglose que permita conciliar los totales y las evaluaciones de las posibles víctimas.
El subsecretario de Justicia Nicholas Felix Ty, responsable del Consejo Interinstitucional contra la Trata (IACAT, por sus siglas en inglés), advirtió en una rueda de prensa el 22 de octubre que los centros de estafa podrían estar resurgiendo. Según señaló, las operaciones recientes suelen ser más pequeñas que los grandes complejos desmantelados en años anteriores; algunos ocupan una sola habitación.
La preocupación ya no se limita a los antiguos complejos de juego. El secretario del Interior, Jonvic Remulla, dijo que las autoridades seguían la pista de tres presuntos centros de estafa en la región metropolitana de Manila, mientras que recientes operaciones de las fuerzas de seguridad también han llegado a Ciudad Quezón y Ciudad Makati.
Para las personas atrapadas en estas operaciones, el cambio de escala no altera el peligro principal: ser obligadas a participar en estafas en línea. Los investigadores persiguen a los presuntos organizadores y, al mismo tiempo, identifican a los trabajadores que podrían necesitar protección, asistencia y ayuda para regresar a sus hogares.
Lo que encontraron los investigadores en Zamboanga Sibugay
La operación del 2 de octubre se dirigió contra dos lugares de Mindanao, la isla meridional de Filipinas. Según la Oficina de Inmigración, en uno de ellos había 110 ciudadanos chinos, dos camboyanos y un residente de Hong Kong. En el segundo había 131 ciudadanos extranjeros, en su mayoría chinos, además de ciudadanos de Malasia, Indonesia y Myanmar.
Las autoridades incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles, computadoras portátiles y tarjetas SIM. Los investigadores indagan posibles estafas en línea, trabajo forzado y trata de personas en esos lugares. Estos equipos permiten gestionar desde un mismo sitio numerosas cuentas y comunicaciones.
El director de la NBI, Melvin Matibag, dijo que entre los cargos penales presentados contra nueve personas figuraba el delito de trata de personas con circunstancias agravantes, contemplado en la Ley de la República 9208, modificada por la Ley de la República 10364. También se incluyeron presuntas infracciones de la Ley Integral de Regulación de Armas de Fuego y Municiones, tras el hallazgo de armas. La trata con circunstancias agravantes constituye una categoría más grave de este delito según la legislación filipina.
Matibag también anunció que se pediría información a las autoridades locales mientras los investigadores preparan los casos:
«También enviaremos citaciones a funcionarios de los gobiernos locales de Alicia y zonas cercanas para avanzar en la preparación del caso», dijo Matibag.
Una citación exige formalmente que una persona aporte testimonio o documentos. La NBI busca información sobre las operaciones y sobre la posible participación de otras personas. Los nueve individuos afrontan acusaciones penales; su culpabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial.
De los grandes complejos a las casas alquiladas
Bamban, en Tarlac; Porac, en Pampanga; y Ciudad Pasay fueron algunos de los lugares donde las autoridades desmantelaron anteriormente grandes complejos de operadores de juegos en línea filipinos (POGO, por sus siglas en inglés). Ty describió las instalaciones anteriores como edificios enteros, incluidos complejos de Pasay que funcionaban como comunidades cerradas donde presuntamente se explotaba a las víctimas.
Los hallazgos recientes son distintos. Ty describió algunas operaciones como pequeños negocios familiares, incluidos establecimientos que utilizan una sola habitación. Según se informa, otros centros sospechosos ocupan casas alquiladas donde viven entre 10 y 20 personas.
Remulla, el secretario del Interior responsable del departamento que supervisa a la Policía Nacional, describió el cambio en la escala física:
«Antes, la industria tenía a 5.000 personas en un solo edificio. Ahora alquilan casas pequeñas y vamos tras ellos», dijo.
Su comparación ilustra el cambio al que se enfrentan los investigadores: localizar una casa con unas pocas decenas de ocupantes exige una búsqueda distinta de la que se necesita para encontrar un complejo que alberga a miles. Remulla describió las operaciones actuales como localizadas y menos extendidas que las antiguas instalaciones de gran tamaño.
La Policía cambia la forma de buscar los centros
El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, el general Jose Melencio Nartatez Jr., dijo que la Policía estaba pasando de las redadas amplias a operaciones guiadas por información de inteligencia. Entre los métodos figuran la vigilancia de la actividad en línea, el uso inusualmente elevado de internet y los datos recabados en las comunidades.
Remulla dijo que las autoridades también examinaban el consumo de electricidad y banda ancha, así como los movimientos de personas sospechosas. Cuando habló de las búsquedas, todavía se estaban determinando las ubicaciones exactas de los tres presuntos centros de la región metropolitana de Manila.
Estos métodos buscan ayudar a los investigadores a localizar operaciones ocultas entre viviendas y negocios corrientes. Un gran complejo puede tener servicios de seguridad, alojamiento y transporte visibles. Una casa alquilada con entre 10 y 20 ocupantes ofrece menos indicios físicos evidentes para orientar la búsqueda.
El jefe de la Policía dijo que continuaría la cooperación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley mientras los operadores intentaban reanudar sus actividades pese a la prohibición nacional. Este cambio da más importancia a recabar información antes de una redada, incluido identificar a las personas que dirigen un lugar y a los trabajadores que podrían estar bajo su control.
Denuncias de protección por parte de antiguos agentes
Remulla dijo que los grupos de estafa dependían de socios filipinos y recurrían a antiguos miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas como matones. Planteó el asunto al hablar sobre el crimen transnacional en la 20.ª Reunión Ministerial de la ASEAN sobre Delincuencia Transnacional, celebrada en Ciudad Makati.
El secretario del Interior describió el presunto apoyo local a estas operaciones:
«No se puede operar aquí sin tener un socio filipino. Nuestro problema es que, mientras hacemos el seguimiento, los matones que utilizan son policías y militares despedidos», dijo Remulla.
Remulla no identificó a los antiguos agentes ni describió las funciones que desempeñaba cada uno. Nartatez dijo que los miembros activos o antiguos de la Policía que fueran descubiertos facilitando o protegiendo operaciones de estafa afrontarían procesos penales.
Estas denuncias añaden otra tarea a las investigaciones. Las autoridades indagan tanto lo ocurrido dentro de los presuntos centros como quién pudo haberles ayudado a conseguir locales, operar en el país o eludir los controles. El interrogatorio previsto por la NBI a funcionarios locales de Zamboanga Sibugay forma parte de su investigación en curso para esclarecer las circunstancias relacionadas con esos lugares.
Los trabajadores también pueden ser víctimas de trata
Ty dijo que muchos ciudadanos extranjeros encontrados en centros de estafa eran también víctimas de trata de personas. La trata puede implicar reclutar o trasladar a personas mediante engaños, amenazas o coacción para que alguien más explote su trabajo. En las operaciones de estafa, esa explotación puede consistir en obligarlas a engañar a víctimas por internet.
Por eso, una redada genera varias responsabilidades distintas. Los investigadores deben identificar a los presuntos organizadores, examinar posibles delitos y determinar si los trabajadores fueron obligados a participar. El IACAT y otros organismos pueden coordinar operaciones y remitir a las personas rescatadas al Departamento de Bienestar Social y Desarrollo para que reciban asistencia.
La Oficina de Inmigración se ocupa de los asuntos migratorios, incluida la repatriación o deportación cuando corresponda. Las autoridades dijeron que investigaban posibles delitos de trata relacionados con algunas personas detenidas en las redadas de Mindanao, mientras que otras serían deportadas.
El comisionado de Inmigración, Joel Viado, expuso la posición de control de la institución en un comunicado:
«Seguiremos aplicando nuestras leyes migratorias a los ciudadanos extranjeros que incumplan las condiciones de su estancia y nos aseguraremos de que Filipinas no se utilice como base para actividades ilegales», dijo Viado.
En el caso de los trabajadores rescatados, el proceso inmediato puede incluir verificar su identidad, evaluar sus necesidades de protección y organizar la asistencia. Para los investigadores, los testimonios de esos trabajadores pueden ayudar a explicar cómo funcionaban el reclutamiento, el confinamiento y el control dentro de un centro.
Se revisan los trámites de entrada para ciudadanos chinos
Según Ty, los ciudadanos chinos constituyen la mayoría de las personas encontradas en los centros recientes. En rescates anteriores había ciudadanos chinos, vietnamitas, indonesios, de Myanmar y nepalíes, así como personas procedentes de países africanos.
El Departamento de Justicia está examinando cómo entraron en Filipinas los ciudadanos extranjeros y si permanecieron en el país más allá del plazo permitido. Ty dijo que algunas personas encontradas en los centros habían utilizado un mecanismo que permite entrar sin visado, mientras que otras se habían quedado más tiempo del autorizado.
El departamento aún estaba consolidando las cifras de esas categorías y comparándolas con las llegadas legítimas de turistas. Ty dijo que las autoridades estaban considerando varias posibles razones para la composición actual por nacionalidades, a medida que recababan esos datos.
El IACAT y el Departamento de Justicia aún no habían emitido una recomendación sobre el mecanismo de entrada para los turistas chinos. La portavoz del Palacio Presidencial, Claire Castro, remitió el asunto al Departamento de Asuntos Exteriores. La cuestión inmediata de política pública es si la revisión del Gobierno llevará a cambios en las normas de entrada o en su aplicación.
Cómo se desarrolló la prohibición
En julio de 2024, Marcos ordenó el cierre de todos los operadores de juegos en línea filipinos, o POGO. Estas empresas ofrecían servicios de apuestas a clientes fuera de Filipinas. El presidente citó delitos relacionados con la industria, como secuestros, asesinatos, trata de personas, estafas financieras, blanqueo de dinero y prostitución.
Posteriormente, el Gobierno pasó de una orden de cierre a una prohibición establecida por ley. Las principales etapas fueron:
- Julio de 2024: Marcos ordenó el cierre de todas las operaciones de los POGO.
- Tras la orden: La Oficina de Inmigración dio 60 días para salir del país a los trabajadores extranjeros afectados de los POGO y de los titulares de licencias de juego por internet, y dejó de aceptar solicitudes de visado nuevas o pendientes de esos trabajadores.
- 23 de octubre de 2025: Marcos firmó la Ley contra los POGO de 2025, que incorporó a la legislación la prohibición de los juegos en línea con sede en el extranjero.
- 2 de octubre de 2026: Las autoridades realizaron redadas en presuntas operaciones de estafa en Alicia y Siay, Zamboanga Sibugay.
- 22 de octubre de 2026: Ty habló del posible resurgimiento de centros de estafa más pequeños y de la revisión en curso de los datos migratorios.
La Ley contra los POGO tipificó como delitos actividades como gestionar centros prohibidos, ofrecer servicios de juego y permitir que se usen propiedades para operaciones vetadas. Esto amplía la posible responsabilidad legal más allá de quienes operan directamente las computadoras e incluye a quienes gestionan o ceden espacios para negocios prohibidos.
El Gobierno también ha reforzado los mecanismos de aplicación de la ley y los esfuerzos para recuperar activos vinculados con el juego ilegal en línea desde el extranjero. Los casos recientes muestran cómo pueden aplicarse varias áreas del derecho al mismo tiempo: la prohibición de los juegos, los delitos de trata, las infracciones migratorias y los delitos relacionados con armas abarcan conductas distintas.
Un problema regional con víctimas a ambos lados de las fronteras
Según Ty, se ha rescatado a filipinos de centros de estafa en Myanmar, Laos y Camboya. En Filipinas se encuentran ciudadanos extranjeros en operaciones de este tipo, mientras que ciudadanos filipinos pueden ser reclutados y explotados en el extranjero. Por ello, el rescate y la investigación pueden requerir la intervención de más de un Gobierno.
Ty destacó la cooperación con homólogos extranjeros, ya que el reclutamiento, los viajes y la explotación pueden producirse en distintos países. Los organismos filipinos pueden necesitar ayuda para localizar a sus ciudadanos en el extranjero, mientras que los gobiernos de otros países pueden tener que colaborar en la identificación y repatriación de sus nacionales encontrados en centros filipinos.
Un informe de las Naciones Unidas publicado en 2023 calculó que al menos 120.000 personas en Myanmar y unas 100.000 en Camboya podrían estar atrapadas en operaciones de estafa. En conjunto, las estimaciones sumaban alrededor de 220.000 personas en ambos países, una muestra de la escala regional que tenía entonces la participación forzada en fraudes en línea.
El asunto también se debatió en la reunión ministerial de la ASEAN en Makati, donde los Estados miembros analizaron las amenazas de redes delictivas que operan a través de las fronteras. Remulla dijo que estaban apareciendo operaciones de estafa similares en otras zonas del Sudeste Asiático.
Ty celebró que Filipinas mantuviera la categoría 1 en el Informe sobre la Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, su undécimo año consecutivo en ese nivel. La clasificación evalúa las medidas gubernamentales contra la trata y el cumplimiento de las normas mínimas. Las labores de rescate, las investigaciones y los procesos penales siguen siendo responsabilidades permanentes de los organismos filipinos.
Puntos clave
- El Departamento de Justicia advirtió sobre el posible resurgimiento de centros de estafa, por lo general más pequeños que los complejos desmantelados antes de la prohibición de los POGO.
- La NBI presentó cargos penales contra nueve personas tras la operación del 2 de octubre de 2026 en Zamboanga Sibugay.
- La NBI identificó a 53 presuntas víctimas de trata entre las 259 personas detenidas; las autoridades migratorias contabilizaron a 244 ciudadanos extranjeros en dos lugares.
- Las autoridades seguían la pista de tres presuntos centros en la región metropolitana de Manila y utilizaban información de inteligencia, datos sobre actividad en internet e información comunitaria para localizar operaciones más pequeñas.
- El Departamento de Justicia aún recopilaba datos sobre entradas y permanencias más allá del plazo autorizado antes de recomendar cambios relacionados con los turistas chinos.
- La Ley contra los POGO entró en vigor el 23 de octubre de 2025, mientras continúan las investigaciones sobre trata y la cooperación con los países vecinos.
