La falta de una tarjeta de identidad impide que las sobrevivientes reciban tratamiento
Geeta, una mujer de 45 años de Dang, en el oeste de Nepal, acudió a la oficina de administración de su distrito para solicitar una recomendación que le permitiera recibir tratamiento médico gratuito en el marco de un programa de la provincia de Lumbini. Los funcionarios le pidieron que demostrara que era víctima del conflicto. No tenía una tarjeta de identidad de víctima ni figuraba en la lista oficial, y regresó a casa sin el documento que necesitaba.
Contenido
- La falta de una tarjeta de identidad impide que las sobrevivientes reciban tratamiento
- Otras víctimas recibieron asistencia mientras las sobrevivientes esperaban
- La exclusión quedó documentada en 2010
- Por qué demostrar la condición de víctima se convirtió en otra carga
- Existía un registro, pero muchas sobrevivientes no figuraban en él
- El programa de tratamiento de Lumbini muestra la brecha práctica
- Silencio, lesiones y el costo de hablar
- Las decisiones internacionales describen qué debe incluir la reparación
- Un proceso largo frente a necesidades inmediatas
- Puntos clave
Geeta dice que unos policías que buscaban a su esposo, quien se había ocultado durante la insurgencia maoísta, la violaron alrededor de 2002 o 2003. Había dado a luz apenas 17 días antes. Describe lesiones permanentes en el útero y años en los que mantuvo en secreto la agresión, hasta que finalmente se lo contó a su esposo.
El apoyo de su esposo la ayudó a hablar de lo ocurrido. Aproximadamente una década después del inicio del proceso de paz, presentó su nombre ante el comité local de paz. Más tarde buscó ayuda en oficinas municipales, distritales y de barrio, con la esperanza de recibir tratamiento y reconocimiento.
Geeta describió así la respuesta a sus gestiones:
Fui a muchos lugares en busca de justicia como víctima de la guerra. Pedí tratamiento para el útero. A cambio, solo recibí humillaciones.
Su experiencia pone de manifiesto una falla en la respuesta de Nepal al conflicto armado de 1996-2006: las sobrevivientes de violencia sexual han buscado ayuda en instituciones cuyos criterios de asistencia y registros a menudo las excluían. El reconocimiento tiene consecuencias prácticas. Sin un documento aceptado que confirme su condición, las sobrevivientes pueden tener dificultades para recibir tratamiento, incluso cuando el Gobierno ha establecido un programa para las víctimas del conflicto.
Una revisión oficial documentó esta exclusión en diciembre de 2010. Un informe institucional posterior identificó el mismo problema en 2018. Los testimonios de sobrevivientes de Lumbini muestran que las consecuencias pueden prolongarse durante años y combinar lesiones sin tratar con reiteradas exigencias para demostrar que cumplen los requisitos.
Otras víctimas recibieron asistencia mientras las sobrevivientes esperaban
Harimaya, de Rukum Oriental, dice que tres policías la violaron en un bosque mientras pastoreaba cabras en 2004 o 2005. Tenía 17 años. Mantuvo la agresión en secreto y dice que tardó años en entender que ella también era víctima del conflicto y tenía derecho a solicitar ayuda.
Finalmente, Harimaya presentó una denuncia ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Otras personas de su aldea que habían resultado heridas o adquirido una discapacidad durante la guerra recibieron asistencia y tratamiento. Ella esperó y luego viajó a la comisión en Katmandú, después de que funcionarios del distrito la derivaran allí.
Harimaya dice que preguntó al personal de la comisión por qué algunas víctimas recibían ayuda y otras no. Le respondieron que no podían hacer nada y ella se marchó llorando. Dice que no ha vuelto a buscar justicia.
Nepal proporcionó asistencia por etapas a varias categorías de víctimas del conflicto. Las familias de personas asesinadas o desaparecidas recibieron finalmente un millón de rupias nepalesas, mientras que algunas personas heridas o con discapacidad recibieron tratamiento o subsidios de subsistencia. Las sobrevivientes de violencia sexual dijeron haber quedado excluidas de un apoyo comparable.
Maina Karki, exlegisladora y presidenta de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, dijo que la falla comenzó con el reconocimiento oficial:
No se las consideró víctimas oficiales de la guerra. Por eso, las sobrevivientes de violencia sexual quedaron excluidas de la ayuda provisional y del proceso de justicia. Fue un grave error del Estado.
La exclusión quedó documentada en 2010
La Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos examinaron el Programa de Ayuda Provisional y Rehabilitación de Nepal en su análisis de mapeo y deficiencias de diciembre de 2010. Determinaron que las víctimas de tortura y violencia sexual estaban excluidas de las categorías de asistencia.
El programa, en funcionamiento desde 2008 bajo la supervisión del Ministerio de Paz y Reconstrucción, había distribuido más de 28 millones de dólares estadounidenses en la fecha de la revisión. Entre sus prestaciones había pagos de 100.000 rupias nepalesas a las familias de personas asesinadas o desaparecidas, becas de entre 10.000 y 16.000 rupias nepalesas, reembolsos médicos por lesiones relacionadas con el conflicto y pagos de hasta 200.000 rupias nepalesas para personas con discapacidad.
Esas cifras corresponden a una etapa anterior de la asistencia, previa a los pagos posteriores de un millón de rupias nepalesas a las familias en duelo. En conjunto, muestran que la ayuda se amplió con el tiempo, mientras las sobrevivientes de violencia sexual seguían enfrentando la exclusión.
La revisión también halló pocos indicios de que el diseño o la aplicación del programa tuvieran en cuenta las circunstancias particulares de las mujeres. Las consultas con víctimas, mujeres y grupos vulnerables habían sido limitadas. Se distribuía dinero, pero los criterios empleados dejaban fuera del sistema algunas formas de daño sufrido durante la guerra.
Por qué demostrar la condición de víctima se convirtió en otra carga
Las oficinas de administración de distrito eran fundamentales para solicitar ayuda, pero la revisión de 2010 encontró formularios inconsistentes, requisitos de documentación poco claros y prácticas diferentes entre distritos. Las responsabilidades estaban repartidas entre comités locales, funcionarios jefes de distrito, ministerios y otras instituciones.
Los funcionarios jefes de distrito podían decidir qué organismos locales participaban en la recopilación de solicitudes. Los comités locales y los funcionarios distritales también podían determinar qué solicitudes avanzaban para su tramitación. La revisión describió un proceso muy politizado, en el que ni las directrices ni las instrucciones oficiales garantizaban la participación de las víctimas.
La documentación médica generaba más obstáculos. Las directrices exigían recibos de instituciones de salud públicas o comunitarias. Las personas atendidas en centros privados o fuera de Nepal podían quedar excluidas porque sus documentos no cumplían esos requisitos.
La revisión señaló que, en ese momento, todavía podían presentarse solicitudes individuales en las oficinas de administración de distrito o ante las agencias pertinentes. También constató que el Ministerio de Salud carecía de una base de datos adecuada sobre las personas heridas que habían recibido prestaciones, y que no estaba claro cómo se compartía esa información con el Ministerio de Paz.
La búsqueda infructuosa de una recomendación por parte de Geeta encaja con este problema administrativo: a quien busca atención se le exige reconocimiento, pero para obtenerlo debe recorrer oficinas y registros que quizá nunca la incluyeron.
Existía un registro, pero muchas sobrevivientes no figuraban en él
El Centro Internacional para la Justicia Transicional volvió a examinar estos obstáculos en su informe de febrero de 2018, En busca de verdad, justicia y reparación. Señaló que las víctimas de violencia sexual y tortura no habían podido participar en el programa de ayuda provisional y que la falta de un mecanismo gubernamental para verificar la condición de víctima impedía el acceso a la asistencia.
Un grupo de trabajo ministerial había creado un registro de ayuda entre 2008 y 2012. El Centro recomendó ampliar ese registro para incluir a las personas previamente excluidas, utilizando la información recopilada por las dos comisiones de justicia transicional y cotejándola con los registros de ayuda existentes.
Representantes de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto sostuvieron que la responsabilidad de confirmar la condición de víctima de una persona debía recaer en la agencia que presta el servicio o la ayuda. Así, el trabajo administrativo pasaría a la institución que conserva o consulta los registros, en lugar de exigir a las sobrevivientes que reúnan pruebas una y otra vez.
Las mujeres que participaron en talleres del Centro solicitaron atención médica, documentos de identificación de víctimas, educación, ayuda para conseguir empleo y reconocimiento público. El Centro también constató que los registros ya presentados para obtener ayuda no se compartían en un formato que permitiera consultarlos, lo que obligaba a las personas a volver a entregar documentación a las comisiones y las oficinas locales.
El programa de tratamiento de Lumbini muestra la brecha práctica
Lumbini ofrece a las personas que cumplen los requisitos y resultaron heridas durante el conflicto tratamiento gratuito por un valor de hasta 50.000 rupias nepalesas al año. Suresh Chandra Acharya, subsecretario del ministerio provincial responsable de asuntos internos y legislación, dijo que los pacientes con lesiones relacionadas con el conflicto habían accedido al tratamiento por medio de las oficinas de administración de distrito y el ministerio provincial.
En el caso de Geeta, el acceso se detuvo en la etapa de la recomendación. Su testimonio muestra por qué un presupuesto para atención médica no basta para cubrir las necesidades de las sobrevivientes cuando el acceso depende de una lista o un documento que no tienen.
El antiguo comité local de paz de Rolpa registró 946 muertes, 33 desapariciones y 505 personas heridas o con discapacidad. La comisión recibió alrededor de 225 denuncias de violencia sexual del distrito. El periodista Dinesh Subedi, que trabaja sobre las experiencias de sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto, dijo que más de 200 personas de Rolpa habían presentado abiertamente solicitudes.
Subedi dijo que otras categorías de víctimas habían recibido ayuda a través de la comisión y de canales provinciales o locales, mientras que las sobrevivientes de violencia sexual seguían sin recibir asistencia comparable. El total de denuncias refleja a quienes se animaron a hablar; el estigma y el miedo han mantenido en silencio a otras personas.
Man Dhakal, exintegrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dijo que la comisión había remitido algunos casos de violencia sexual al Ministerio de Finanzas para que recibieran ayuda provisional. Esas recomendaciones no se aplicaron. Su testimonio señala otro punto en que el proceso se estancó: incluso una recomendación de la comisión no necesariamente se traducía en asistencia.
Silencio, lesiones y el costo de hablar
Geeta cuenta que vivió durante años con lesiones en sus órganos reproductivos. Harimaya describe cuánto tardó en poder siquiera identificar su experiencia como victimización relacionada con el conflicto. Sus testimonios muestran por qué las denuncias pueden presentarse mucho después de la violencia.
REDRESS, en su guía para obtener reparaciones, señala la vergüenza, la exclusión social y el rechazo de familiares o comunidades como obstáculos para presentar denuncias y reclamar reparación en Nepal. La guía se basa en un estudio realizado en Nepal en 2021 por el Fondo Global para Sobrevivientes, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Nagarik Aawaz y la Red Nacional de Mujeres Víctimas del Conflicto.
El informe del Centro de 2018 describió a mujeres que sufrían graves daños físicos y psicológicos y que, en ocasiones, también eran rechazadas por sus familias y comunidades. Recomendó contar con suficientes funcionarias para que las sobrevivientes pudieran elegir hablar con una mujer, capacitar al personal de las comisiones y garantizar la participación de las mujeres en el diseño de las medidas de justicia.
Para las sobrevivientes, esas medidas influyen en que una oficina les parezca lo bastante segura como para acudir a ella. Un proceso confidencial y respetuoso puede permitir que una persona describa una agresión y solicite tratamiento sin añadir la exposición pública a una experiencia ya dolorosa.
Las decisiones internacionales describen qué debe incluir la reparación
Las reparaciones son medidas destinadas a hacer frente al daño causado por una violación de derechos. Pueden incluir indemnización, atención médica, apoyo psicológico, reconocimiento y acciones para evitar que los hechos se repitan. La ayuda provisional ofrece asistencia mientras sigue pendiente un proceso más amplio de justicia o reparación.
REDRESS describe dos casos de Nepal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que muestran la variedad de medidas involucradas. En Purna Maya c. Nepal, decidido el 23 de junio de 2017, el Comité concluyó que las fuerzas armadas de Nepal habían utilizado la violencia sexual como forma de tortura y que las autoridades no habían investigado, exigido responsabilidades a los autores ni proporcionado reparaciones.
Purna Maya había sido detenida en noviembre de 2004 y había sufrido violaciones reiteradas y otros abusos durante su reclusión militar. Se obstaculizaron sus intentos de lograr que se procesara a los responsables, incluso por el plazo límite para presentar una denuncia por violación. El Foro de Defensa de Nepal le brindó asistencia médica y psicosocial antes de que se presentara su denuncia internacional.
En RR, KR y SR c. Nepal, decidido el 20 de mayo de 2022, el Comité abordó la violación y el asesinato de una joven de 16 años en 2004. Su familia denunció los hechos a la policía al día siguiente, pero esta no investigó. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal determinó en 2005 que las fuerzas de seguridad la habían matado, y en 2009 la Corte Suprema ordenó una investigación inmediata.
El Comité pidió que se investigara y procesara a los responsables, se otorgara una indemnización adecuada, se ofreciera rehabilitación médica y psicológica gratuita, se presentara una disculpa pública y se adoptaran medidas conmemorativas para RR. También pidió reformas jurídicas, incluida la eliminación del plazo límite para denunciar violaciones. REDRESS señala que la debilidad de los mecanismos nacionales para aplicar las decisiones internacionales y la falta de voluntad política siguen siendo obstáculos.
Un proceso largo frente a necesidades inmediatas
El proceso de paz y justicia de Nepal ha producido acuerdos, leyes, registros de denuncias y decisiones internacionales a lo largo de muchos años. Entre los principales hitos pertinentes para el acceso de las sobrevivientes a la ayuda figuran:
- 1996-2006: Conflicto armado entre el Gobierno y los insurgentes maoístas.
- 21 de noviembre de 2006: El Acuerdo General de Paz puso fin al conflicto y comprometió a las partes con un proceso de paz.
- 2008: El Gobierno comenzó a proporcionar asistencia mediante el Programa de Ayuda Provisional y Rehabilitación.
- Diciembre de 2010: La OIM y el ACNUDH documentaron la exclusión de las víctimas de violencia sexual y tortura de las categorías de asistencia.
- 2014: Nepal promulgó la ley que estableció el marco para sus comisiones de la verdad y de personas desaparecidas.
- 2017 y 2022: El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió decisiones en los casos de Purna Maya y RR.
- 2018: El Centro recomendó ampliar el registro de ayuda y mejorar la verificación de la condición de víctima.
Las necesidades inmediatas de las sobrevivientes siguen siendo concretas: tratamiento para las lesiones físicas, atención psicológica, apoyo financiero y reconocimiento que les permita acceder a los servicios. Ni Geeta ni Harimaya recibieron una fecha para la llegada de la ayuda.
Las recomendaciones institucionales señalan medidas prácticas que pueden avanzar junto con las investigaciones: incluir en los registros de prestaciones a las sobrevivientes excluidas, responsabilizar a las agencias de verificar la condición de víctima, compartir información de forma segura e incluir a las mujeres en las decisiones sobre los servicios. Esos pasos responden tanto a los obstáculos descritos en las oficinas distritales como a los señalados en las revisiones nacionales.
Geeta dice que después de años buscando ayuda ya no está dispuesta a acudir a otra oficina. Para ella, el costo de la demora incluye tanto una lesión sin tratar como la pérdida de confianza en que volver a pedir ayuda vaya a producir una respuesta distinta.
Puntos clave
- Sobrevivientes de violencia sexual del oeste de Nepal cuentan que se les ha negado reconocimiento, asistencia médica y ayuda pese a haber acudido a canales oficiales.
- La OIM y el ACNUDH documentaron su exclusión de las categorías de ayuda provisional en diciembre de 2010.
- El Centro recomendó ampliar el registro de víctimas existente y responsabilizar a los proveedores de servicios de verificar la condición de víctima.
- Lumbini ofrece a pacientes que cumplen los requisitos y sufrieron lesiones relacionadas con el conflicto tratamiento por un valor de hasta 50.000 rupias nepalesas al año, pero los obstáculos de documentación pueden impedir el acceso.
- Las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU piden investigaciones, indemnización, rehabilitación y otras medidas para hacer frente a la violencia sexual durante la guerra.
