Dos casos de drogas dan lugar a un cuestionamiento sobre la rendición de cuentas de la Policía
El magistrado de Gampaha Bandula Gunaratne remitió al presidente del Tribunal de Apelación de Sri Lanka un expediente relacionado con el inspector general de Policía, Priyantha Weerasooriya, tras concluir que el jefe policial no cumplió una orden destinada a proteger a las personas de procesos judiciales infundados.
Contenido
- Dos casos de drogas dan lugar a un cuestionamiento sobre la rendición de cuentas de la Policía
- ¿Qué ocurrió cuando se presentaron los dos casos?
- La Policía pidió retirar uno de los procesos
- Indemnización para Marasinghe y responsabilidad dentro de la Policía
- Por qué se rechazaron las directrices regionales
- Casi cinco meses para actuar
- El magistrado cuestionó la presión para aumentar el número de casos
- Qué implica ahora la remisión
- Puntos clave
La remisión, ordenada el 21 de octubre de 2026, surgió de los casos de posesión de drogas números 1743 y 1744 contra Chamara Chathuranga Marasinghe, residente de Makandana, en la zona de Gampaha. El magistrado había concluido que los procesos carecían de fundamento y ordenó a tres agentes de Policía y al Departamento de Policía que le pagaran una indemnización total de 200.000 rupias.
Gunaratne también ordenó al inspector general que emitiera una circular dirigida a todos los agentes de Policía de Sri Lanka, con instrucciones para que no presentaran casos injustificados contra personas inocentes. En la audiencia de octubre, los representantes de la Policía presentaron, en cambio, directrices emitidas por un jefe regional para solo tres divisiones policiales.
El magistrado concluyó que el incumplimiento de su orden constituía desacato al tribunal e instruyó al secretario judicial para que enviara los documentos pertinentes, incluidos los expedientes de los dos casos de drogas, al presidente del Tribunal de Apelación, a fin de que se iniciaran actuaciones contra el inspector general. El desacato se refiere a conductas que desobedecen a un tribunal u obstaculizan su autoridad. Ahora, el Tribunal de Apelación examinará el asunto para determinar si procede iniciar actuaciones formales.
¿Qué ocurrió cuando se presentaron los dos casos?
Marasinghe se declaró inicialmente culpable cuando se presentó uno de los casos de posesión de drogas, y el tribunal le impuso una multa. Poco después, un segundo caso de posesión de drogas en su contra llegó ante el mismo magistrado.
Gunaratne advirtió que el mismo hombre afrontaba dos casos presentados el mismo día. Su examen de los procesos planteó interrogantes sobre cómo se habían preparado los cargos y si la Policía había sometido a Marasinghe a procedimientos injustificados.
Las acusaciones se referían a hechos ocurridos el 6 de mayo de 2026 o en fechas cercanas. En un caso se alegó que tenía en su poder 130 miligramos de ice, nombre común de la metanfetamina cristalina, y 500 miligramos de heroína en el cruce de Asgiriya. En el otro, se alegó que tenía 130 miligramos de ice en Gampaha. Esas cantidades equivalen, respectivamente, a 0,13 gramos y 0,5 gramos.
El inspector de Policía Thennakoon, identificado como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía de Gampaha, presentó ambos casos. Entre los testigos mencionados estaban el sargento Seneviratne, número de servicio 12614; el agente Dilshan, número de servicio 24728; y el inspector Bandaranayake. Dilshan figuraba en ambos casos.
La Policía pidió retirar uno de los procesos
El sargento de Policía Gayan, número de servicio 30533, dijo al tribunal que los agentes habían detenido a otras 16 personas junto con Marasinghe durante el operativo. Afirmó que los cargos contra Marasinghe se habían presentado por error y pidió retirar el caso 1743 y continuar con el caso 1744.
Gunaratne rechazó la solicitud. Dijo que los operativos policiales debían tener una base sólida para que los agentes pudieran aportar pruebas ante el tribunal que respaldaran una condena. También señaló la identificación de los testigos policiales en los casos al examinar cómo se habían preparado los procesos.
El magistrado citó a los testigos pertinentes y a altos mandos para que explicaran por qué no se debían tomar medidas en virtud del artículo 17(1) del Código de Procedimiento Penal por los casos infundados. Los agentes citados con ese fin no comparecieron, lo que motivó nuevas críticas del tribunal.
Por tanto, el procedimiento de indemnización abordó algo más que un error en el número de un caso. Gunaratne examinó la preparación de los cargos, los agentes señalados para respaldarlos y las explicaciones ofrecidas cuando salió a la luz la duplicación.
Indemnización para Marasinghe y responsabilidad dentro de la Policía
El tribunal ordenó que tres agentes de Policía y el Departamento de Policía pagaran una indemnización total de 200.000 rupias. Las instrucciones detalladas incluyeron pagos de 25.000 rupias por parte de los agentes señalados como testigos en relación con los casos, además de un pago de 50.000 rupias del Departamento por cada caso, es decir, 100.000 rupias en total.
Gunaratne vinculó el pago del Departamento al Fondo de Recompensas de la Policía y señaló que una parte considerable del dinero recaudado mediante multas con arreglo a la ley que regula los venenos, el opio y las drogas peligrosas se destinaba a ese fondo. Dijo que el fondo también debía utilizarse cuando la Policía presentara procesos infundados de este tipo.
El magistrado dijo que su orden pretendía llamar la atención sobre prácticas policiales indebidas. También advirtió que la responsabilidad no debía limitarse a los agentes directamente implicados. Si se tomaban medidas disciplinarias contra ellos, dijo, también debían responder los altos mandos que les habían ordenado realizar operativos de esa manera.
La indemnización a Marasinghe abordó el trato recibido por un acusado. La orden separada dirigida al inspector general buscaba cambiar las instrucciones en todo el Departamento de Policía, para que el problema también se abordara fuera de Gampaha.
Por qué se rechazaron las directrices regionales
En la audiencia del 21 de octubre comparecieron los representantes de la División Jurídica de la Policía, el inspector Kaushika Perera y el inspector jefe Praneeth Jayawardena. Presentaron directrices fechadas el 19 de octubre de 2026 y emitidas por el subinspector general responsable de la zona norte de la provincia Occidental.
El documento abarcaba a los agentes de las divisiones policiales de Gampaha, Kelaniya y Negombo. Gunaratne había ordenado al inspector general que emitiera una circular dirigida a todos los agentes de Policía de Sri Lanka. Una circular es una instrucción formal por escrito que se distribuye dentro de una organización; su alcance depende de a quién se dirige y qué agentes la reciben.
Gunaratne preguntó a los representantes de la Policía quién había recibido la orden. Confirmaron que estaba dirigida al inspector general. Cuando les preguntó quién había emitido el documento presentado ante el tribunal, señalaron al subinspector general regional.
El magistrado Gunaratne, al explicar su objeción al documento presentado en respuesta a su orden, dijo:
«Esto es un intento de engañarme».
La objeción del magistrado se refería tanto a la autoridad como al alcance. La instrucción procedía de un jefe regional, no del jefe de la Policía, y se aplicaba a tres divisiones, no a todo el cuerpo policial. Los agentes de otras zonas de Sri Lanka quedaban fuera del documento presentado ante el tribunal.
Casi cinco meses para actuar
Gunaratne dijo que la Policía había tenido casi cinco meses para llevar a cabo la acción requerida. El asunto se había presentado anteriormente en dos ocasiones, cuando la Policía obtuvo nuevas fechas tras explicar que no había podido completar la tarea por diversos motivos.
La secuencia muestra cómo un proceso contra una persona se convirtió en una disputa sobre el cumplimiento de una orden por parte del jefe del Departamento de Policía:
- El 6 de mayo de 2026 o en fechas cercanas: ocurrieron los presuntos casos de posesión de drogas que dieron lugar a los dos procesos.
- En audiencias anteriores: el magistrado examinó los dos procesos, ordenó una indemnización y dispuso que el inspector general emitiera instrucciones dirigidas a todos los agentes de Policía.
- El 19 de octubre de 2026: el subinspector general de la zona norte de la provincia Occidental emitió directrices para Gampaha, Kelaniya y Negombo.
- El 21 de octubre de 2026: la Policía presentó esas directrices, y el magistrado ordenó remitir al presidente del Tribunal de Apelación el asunto por desacato y los expedientes de los dos casos de drogas.
Las directrices estaban fechadas dos días antes de la audiencia. Las críticas de Gunaratne se centraron en que no se hubiera presentado la instrucción de alcance nacional pese al tiempo concedido, y no simplemente en la fecha en que se había redactado el documento regional.
El magistrado cuestionó la presión para aumentar el número de casos
Gunaratne también criticó un método para evaluar el desempeño policial que exige a los agentes presentar cada mes más casos que el mes anterior. Sostuvo que el aumento del número de procesos era un indicador deficiente del éxito en la prevención del delito.
El magistrado dijo que un control eficaz de la delincuencia debía reducir los delitos, en lugar de fomentar un aumento interminable de los casos. Sus comentarios relacionaron la tramitación de los cargos contra Marasinghe con la presión ejercida sobre los agentes para que presentaran más procesos.
Gunaratne también se refirió a los informes del analista del Gobierno en casos de drogas. Dijo que los análisis de laboratorio a veces detectaban cantidades de drogas muy inferiores a las que había indicado la Policía, mientras que algunas muestras contenían solo rastros o ninguna droga. El analista del Gobierno examina el material entregado para determinar qué sustancias contiene.
El magistrado también manifestó preocupación por el hecho de que la Policía utilizara a veces el artículo 54 de la legislación sobre drogas peligrosas para restringir la discrecionalidad del tribunal, es decir, su capacidad para tomar decisiones dentro del marco legal. Dijo que esas prácticas dañaban la confianza de la judicatura en los agentes de Policía.
Sus críticas también se extendieron a la incomparecencia del superintendente superior de Policía de Gampaha cuando fue citado para abordar estas prácticas. Gunaratne dijo que los altos mandos policiales debían cambiar el enfoque y que la responsabilidad por los criterios para presentar procesos debía ir más allá de los agentes que efectuaban las detenciones.
Qué implica ahora la remisión
El presidente del Tribunal de Apelación recibirá el expediente sobre el incumplimiento del inspector general, junto con los casos 1743 y 1744. El envío de los expedientes originales permitirá al tribunal superior conocer los antecedentes de los procesos que dieron lugar a la orden de indemnización y a la exigencia de emitir instrucciones a nivel nacional.
No se ha anunciado una fecha para una audiencia del Tribunal de Apelación ni una resolución posterior relacionada con la remisión. El siguiente paso procesal dependerá del examen del asunto por parte de ese tribunal.
En el caso de Marasinghe, el procedimiento se refiere tanto a la indemnización como a las decisiones policiales que lo llevaron dos veces ante un tribunal penal. Para el Departamento de Policía, queda pendiente una exigencia más amplia: que su jefe emita una instrucción dirigida a los agentes de todo el país, en lugar de directrices limitadas a las divisiones donde comenzó la disputa.
La remisión de Gunaratne somete el cumplimiento de esa exigencia al examen de un tribunal superior. La cuestión central es concreta: si el inspector general cumplió la orden de instruir a todos los agentes de Policía para prevenir procesos infundados.
Puntos clave
- El magistrado de Gampaha Bandula Gunaratne remitió al presidente del Tribunal de Apelación un asunto por desacato relacionado con el inspector general de Policía Priyantha Weerasooriya el 21 de octubre de 2026.
- La disputa comenzó con los casos de posesión de drogas 1743 y 1744 contra Chamara Chathuranga Marasinghe.
- El tribunal concluyó que los procesos carecían de fundamento y ordenó a tres agentes y al Departamento de Policía pagar una indemnización total de 200.000 rupias.
- Se ordenó al inspector general que emitiera una circular dirigida a todos los agentes de Policía de Sri Lanka.
- En cambio, la Policía presentó directrices regionales, fechadas el 19 de octubre, para Gampaha, Kelaniya y Negombo.
- El magistrado dijo que la Policía había tenido casi cinco meses para cumplir la orden y dispuso que ambos expedientes se enviaran al Tribunal de Apelación.
