Un borrador de moción pone bajo presión al Partido Demócrata
El Partido de Reconstrucción de Corea del Sur presentó el 19 de octubre un borrador de moción para destituir al presidente de la Corte Suprema, Jo Hee-de, a quien acusa de vulnerar la neutralidad política, obstaculizar nombramientos judiciales y utilizar indebidamente fondos públicos. El Partido Demócrata, que cuenta con 161 escaños en la Asamblea Nacional, empezó a recabar la opinión de sus legisladores, pero no había adoptado la destitución como postura oficial.
Contenido
- Un borrador de moción pone bajo presión al Partido Demócrata
- Cómo se desarrolló la campaña
- Por qué el caso electoral de Lee es central
- Una disputa sobre quién propone a los magistrados de la Corte Suprema
- Qué revelaron los auditores sobre el gasto público
- ¿Quién autorizó los pagos?
- Dos organismos investigan las denuncias
- Qué cambiaría con una votación en la Asamblea
- Desacuerdo jurídico y riesgo político
- Puntos clave
Los 12 legisladores del partido minoritario no pueden presentar la moción por sí solos. En una Asamblea de 300 miembros, necesitan al menos 100 firmas para presentarla y 151 votos para aprobarla. Por tanto, la participación del Partido Demócrata convertiría una demanda de renuncia de Jo en una medida capaz de suspender de inmediato al máximo responsable del poder judicial.
La confrontación se amplió ese mismo día, cuando la oficina regional de Seúl de la Agencia de Investigación de Delitos Graves remitió a su unidad anticorrupción, para su evaluación, una denuncia sobre los gastos oficiales de Jo. Las acusaciones sobre gastos forman ahora parte tanto de la campaña política a favor de la destitución como de las denuncias presentadas ante organismos de investigación.
El Partido de Reconstrucción de Corea propuso crear un grupo de trabajo conjunto y celebrar una reunión de emergencia de legisladores con los demócratas. Su líder, Shin Jang-sik, presentó la campaña como una cuestión de hacer cumplir la ley:
"El presidente de la Corte Suprema, Cho Hee-dae, no es más que un símbolo de la ilegalidad y los trucos jurídicos. Si lo dejamos como está, no podremos decirle a la ciudadanía que respete la ley".
El Partido del Poder Popular rechazó ese argumento y acusó al bloque gobernante de intentar impedir que se reanude el juicio contra el presidente Lee Jae-myung por la ley electoral. La disputa combina ahora cuestiones sobre la conducta judicial, el control de los nombramientos en los tribunales y las consecuencias de apartar de sus funciones al presidente de la Corte Suprema.
Cómo se desarrolló la campaña
El líder del Partido Demócrata, Kim Min-seok, incluyó la destitución en las conversaciones de la dirección el 16 de octubre. Hasta entonces, las demandas habían procedido principalmente de legisladores a título individual y de quienes pedían que Jo renunciara voluntariamente.
La siguiente secuencia muestra la rapidez con que la iniciativa pasó de las conversaciones a un borrador publicado:
- 13 de octubre: Oh Dong-woon, director de la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios, dijo en una auditoría parlamentaria que su organismo había recibido al menos seis denuncias relacionadas con Jo.
- 16 de octubre: Kim afirmó que el Partido Demócrata había empezado a debatir métodos y vías para responder a Jo, incluida la destitución. Ese día, denunciantes de la sociedad civil también presentaron ante la Agencia de Investigación de Delitos Graves una denuncia sobre los gastos.
- 18 de octubre: Lee Yong-woo, portavoz del Partido Demócrata, dijo que el partido estudiaba varias opciones, incluida la destitución, y que mantenía su exigencia de que Jo renunciara.
- 19 de octubre: El Partido de Reconstrucción de Corea presentó su borrador de moción y propuso una acción conjunta. La Agencia de Investigación de Delitos Graves remitió la denuncia sobre los gastos para su evaluación.
Cho Gye-won, portavoz del Partido Demócrata, dijo que el partido se centraría en recabar la opinión de sus legisladores. Su postura declarada era decidir cómo responder tras reunir opiniones, una vez concluida la auditoría parlamentaria. No se anunció una fecha para presentar la moción ni para someterla a votación en sesión plenaria.
Por qué el caso electoral de Lee es central
El borrador de moción cuestiona la decisión de la Corte Suprema de anular y devolver a un tribunal inferior una sentencia en el caso de Lee relacionado con la Ley de Elecciones de Cargos Públicos. El pleno de la Corte Suprema tomó esa decisión en mayo del año anterior, al considerar que el caso debía volver a un tribunal inferior con una conclusión que apuntaba a la culpabilidad.
Una devolución remite un caso para que se tramite de nuevo conforme al razonamiento jurídico del tribunal superior. En este caso, las consecuencias políticas son especialmente directas porque el acusado se convirtió posteriormente en presidente, mientras que el modo en que el presidente de la Corte Suprema gestionó el proceso se cita ahora como motivo para destituirlo.
El Partido de Reconstrucción de Corea acusa a Jo de vulnerar el deber de neutralidad política y el derecho de Lee a un juicio justo. Lee Yong-woo también planteó que se pidió a los magistrados examinar el caso antes de que se asignara formalmente, poco antes de las elecciones presidenciales.
El Partido del Poder Popular sostiene que el verdadero propósito de la campaña de destitución es evitar que Lee vuelva a ser procesado. Su líder, Jang Dong-hyeok, dijo que el bloque gobernante quería suspender a Jo antes de los nombramientos judiciales ordinarios de febrero del año siguiente. Esa afirmación se refiere a las motivaciones del bloque gobernante y es cuestionada por los partidos que buscan la destitución.
Una disputa sobre quién propone a los magistrados de la Corte Suprema
El borrador también invoca el artículo 104, párrafo 2, de la Constitución al cuestionar que Jo se negara de nuevo a proponer un candidato a magistrado de la Corte Suprema tras una solicitud presidencial. Los nombramientos para la Corte Suprema implican tanto la propuesta del presidente de la Corte como la facultad de nombramiento del presidente del país, por lo que la disputa gira en torno a cómo se articulan esas competencias.
Los partidos gobernantes sostienen que la negativa de Jo interfirió en las atribuciones constitucionales de Lee y dejó vacantes que afectaron el derecho de la ciudadanía a audiencias sin demoras. Lee Yong-woo calificó la negativa de incumplimiento de un deber oficial.
Lee también acusó a Jo de desestimar el consejo de la Oficina de Administración Judicial sobre la posibilidad de presentar otra propuesta y de rechazar las solicitudes parlamentarias de documentos relacionados con la disputa. Otros motivos planteados por figuras del Partido Demócrata incluyen su respuesta a las solicitudes parlamentarias de comparecencia como testigo y su presunta negativa a prestar juramento como testigo durante una auditoría.
El Partido de Reconstrucción de Corea prevé entregar el borrador y cartas firmadas por sus 12 legisladores a los diputados del Partido Demócrata, y después celebrar consultas entre los líderes parlamentarios de ambos partidos. La campaña conjunta más amplia propuesta por Shin también incluía abolir el Ministerio de Legislación Gubernamental, aunque la destitución del presidente de la Corte Suprema requeriría sus propios procedimientos parlamentarios y constitucionales.
Qué revelaron los auditores sobre el gasto público
Las conclusiones de la Junta de Auditoría e Inspección precisan los montos y las fechas de la controversia sobre los gastos. En una auditoría ordinaria cuyos resultados anunció en agosto, la Junta determinó que 12 magistrados de la Corte Suprema recibieron pagos de incentivo en efectivo, por un promedio de 2 millones de wones por persona al mes, entre 2022 y abril de 2024, sin fundamento legal.
La auditoría también identificó compras de vino por valor de 108,92 millones de wones entre 2022 y 2025, con documentación de respaldo insuficiente. Los documentos de compra describían el propósito simplemente como suministros para actos de la Corte Suprema, sin aclarar detalles como la fecha de uso, el lugar y los destinatarios.
La Junta dijo que 99,5 millones de wones de esas compras de vino se gastaron después de las 23:00, durante fines de semana o en días festivos. Esto equivale a alrededor del 91% del total de 108,92 millones de wones. Los registros de gastos se han convertido en un elemento central de la exigencia de los partidos gobernantes de que se explique cómo se utilizaron los fondos oficiales.
Según la respuesta escrita de la Junta a Kim Eui-kyeom, legislador del Partido Demócrata, la Oficina de Administración Judicial no proporcionó los registros solicitados sobre los actos en cuestión y explicó que no conservaba esos documentos. La auditoría también identificó unos 16,25 millones de wones gastados en establecimientos de bebidas sin el procedimiento de justificación requerido.
¿Quién autorizó los pagos?
La participación personal de Jo es motivo de disputa. La Oficina de Administración Judicial ha dicho que no intervino en los asuntos objeto de la denuncia y que las cifras incorrectas sobre el número de comensales se debieron a errores del personal. Legisladores de los partidos gobernantes sostienen que se inflaron las cifras de asistentes cuando se utilizaron fondos oficiales para pagar comidas.
Los pagos de incentivo dieron lugar a un enfrentamiento más concreto durante el escrutinio parlamentario. En la auditoría del 6 de octubre, Jo dijo que un responsable independiente de gastos se ocupaba de esos pagos y que el presidente de la Corte Suprema no había participado en ellos.
Posteriormente, Noh Kyung-pil, ministro de Administración Judicial, rectificó esa explicación y afirmó que el presidente de la Corte Suprema toma la decisión final sobre los pagos de incentivo. En una respuesta escrita divulgada el 12 de octubre por la oficina de Kim Eui-kyeom, la Junta de Auditoría e Inspección dijo que los documentos contables y una confirmación de la oficina financiera mostraban que el presidente de la Corte Suprema había entregado dinero de incentivo a magistrados y al ministro de Administración Judicial.
Los investigadores tendrán que examinar los registros de autorización, el propósito de cada gasto y la función de Jo en su aprobación. Estas preguntas sitúan el rastro contable en el centro del caso, junto con el debate político sobre si la conducta justifica la destitución.
Dos organismos investigan las denuncias
La remisión del caso por parte de la Agencia de Investigación de Delitos Graves el 19 de octubre se produjo tras una denuncia presentada el 16 de octubre por el grupo cívico Acción Ciudadana por la Justicia Judicial. La denuncia menciona a Jo, Noh y otras personas, y alega delitos como abuso de autoridad, incumplimiento del deber de lealtad y perjuicio a los fondos públicos.
La Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios se ocupa por separado de denuncias relacionadas con las propuestas de nombramientos judiciales, los pagos de incentivo y los gastos oficiales. Remitió el asunto de las propuestas a su primera división de investigación.
Oh Dong-woon dijo a los legisladores el 13 de octubre que se habían recibido al menos seis denuncias relacionadas con Jo. Al preguntarle si su oficina había solicitado documentos a la Corte Suprema sobre las demoras en las propuestas de nombramientos judiciales, respondió que no había hecho ninguna solicitud específica. Más tarde, la oficina se negó a confirmar si había solicitado documentos sobre los gastos, alegando que la investigación estaba en curso.
Kang Sung-shin, abogado director de Haenae Law Office, dijo que los investigadores primero debían determinar si los gastos respondían a fines privados o a un propósito laboral legítimo. Kim Seung-hyun, abogado director de JR, afirmó que para establecer la responsabilidad penal personal de Jo se necesitarían pruebas de su intención y participación, incluido un examen de si el personal gestionó las transacciones de forma independiente.
Qué cambiaría con una votación en la Asamblea
Si la Asamblea Nacional aprobara la moción, las facultades de Jo quedarían suspendidas de inmediato mientras el Tribunal Constitucional examina si debe destituirlo. Durante ese periodo se mantendría un sistema de dirección interina.
Los 161 escaños del Partido Demócrata superan en 10 los 151 votos necesarios en una Asamblea de 300 miembros. Si sus legisladores votaran en bloque, el partido podría aprobar la moción sin el respaldo del Partido de Reconstrucción de Corea ni de la oposición. Por tanto, la tarea inmediata del partido minoritario es convencer a la dirección demócrata de que comprometa sus votos.
Tras la aprobación, el presidente de la Comisión de Legislación y Justicia de la Asamblea presentaría la resolución de destitución ante el Tribunal Constitucional en calidad de representante parlamentario encargado de impulsar el caso. El tribunal asignaría a un magistrado para dirigir el examen y celebraría audiencias orales públicas.
La ley establece un plazo de 180 días para resolver, contado desde la recepción del caso. La destitución requiere el apoyo de al menos seis de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional. Estos examinarían si Jo vulneró la Constitución o la ley y si la infracción fue lo bastante grave como para justificar el fin de su mandato.
Lee Chang-hyun, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk, advirtió que los principales procedimientos ante el pleno podrían retrasarse durante la suspensión. Para quienes esperan una decisión, la preocupación práctica es cómo afectaría a la labor del tribunal una ausencia prolongada de su máximo responsable.
Desacuerdo jurídico y riesgo político
Especialistas en derecho constitucional citados por sus nombres discrepan sobre la solidez del caso propuesto. Lee Chang-hyun dijo que le resultaba difícil identificar vulneraciones constitucionales o legales en la negativa a proponer de nuevo a un magistrado o en la devolución del caso electoral de Lee. Kim Dae-hwan, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seúl, también cuestionó que las acusaciones alcanzaran el umbral jurídico requerido.
Lim Ji-bong, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Sogang, sostuvo una postura diferente sobre las vacantes y afirmó que vulneraban el derecho a un juicio sin demoras. No obstante, consideró muy probable que se rechazara la destitución porque la conducta conocida quizá no alcanzara el nivel de gravedad necesario. Kim Sun-taek, profesor emérito de la Universidad de Corea, consideró que la negativa declarada a presentar otra propuesta constituía una vulneración constitucional que podía cumplir ese criterio.
El Tribunal Constitucional formuló por primera vez su criterio de infracción grave en el caso de destitución del presidente Roh Moo-hyun, en 2004. En el caso de los jueces también es relevante la confianza en la independencia y la imparcialidad de los procesos: tres magistrados que respaldaron la destitución en el caso de 2021 contra el exjuez Lim Seong-geun hablaron de un grave daño a esa confianza. El caso concluyó sin una decisión de destitución porque el mandato de Lim había expirado.
Los legisladores del Partido Demócrata están divididos sobre el costo político. Kim Gi-pyo, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, ha sostenido que los motivos son suficientes y que la destitución debe avanzar ahora. Otros legisladores del partido han advertido que una iniciativa destinada a movilizar a sus partidarios podría alejar a votantes preocupados por la separación de poderes.
Una encuesta telefónica de Gallup Korea realizada entre el 13 y el 15 de octubre reveló que el 47% quería que los candidatos de la oposición obtuvieran más escaños en las elecciones generales de 2028, frente al 34% que prefería a los candidatos de los partidos gobernantes, una diferencia de 13 puntos porcentuales. La pregunta medía las preferencias para unas elecciones futuras, no el apoyo a la destitución de Jo, pero ayuda a entender la preocupación de la dirección por una posible reacción política adversa.
También hay tensiones internas en torno a la candidatura de Kim Ji-yong para dirigir la Agencia de Investigación de Delitos Graves. Mientras tanto, el periodo de detención de la ex primera dama Kim Keon-hee vence el 31 de octubre y los fiscales especiales han solicitado una orden de detención adicional. Algunos integrantes del bloque gobernante prevén que, si queda en libertad, aumentarán las demandas de actuar contra Jo.
El Partido de Reconstrucción de Corea exige un calendario concreto. Cho Kuk, director de su instituto de políticas, ha reclamado una fecha para la votación en sesión plenaria, mientras que Hwang Hyun-seon, un alto cargo del partido, sostiene que no actuar decepcionaría a sus partidarios. Jeong Jeom-sik, líder parlamentario del Partido del Poder Popular, ha prometido utilizar todos los medios disponibles para oponerse a la destitución. El siguiente paso decisivo depende de las consultas del Partido Demócrata y de que su dirección convierta el debate en una moción formal.
Puntos clave
- El Partido de Reconstrucción de Corea presentó el 19 de octubre un borrador de moción para destituir al presidente de la Corte Suprema, Jo Hee-de.
- El Partido Demócrata consulta a sus legisladores y no ha adoptado la destitución como postura oficial.
- Los motivos propuestos se refieren al caso electoral de Lee Jae-myung, las propuestas de nombramientos judiciales, los pagos de incentivo y los gastos oficiales.
- Los auditores identificaron compras de vino por valor de 108,92 millones de wones con documentación de respaldo insuficiente.
- La votación en la Asamblea requeriría 151 votos en una cámara de 300 miembros y suspendería de inmediato las facultades de Jo.
- La destitución definitiva requeriría el respaldo de al menos seis magistrados del Tribunal Constitucional.
- Organismos de investigación tramitan denuncias relacionadas con los nombramientos y los gastos, mientras que la Oficina de Administración Judicial niega que Jo participara en las presuntas irregularidades contables.
