Una apelación por violación lleva ante el pleno la interpretación de la fuerza
La Corte Suprema de Corea del Sur examinará si debe cambiar un criterio jurídico vigente desde febrero de 1979, que exige que la violencia o la intimidación en un caso de violación imposibilite o dificulte considerablemente la resistencia. El caso se ha remitido al pleno del tribunal, cuya primera deliberación está prevista para el día 22. No se especificaron el mes ni la fecha de una decisión definitiva.
Contenido
- Una apelación por violación lleva ante el pleno la interpretación de la fuerza
- Qué debe demostrar la fiscalía
- Fallos anteriores muestran cómo se aplica el umbral
- Por qué importa la decisión de 2023
- Cómo evolucionó el debate jurídico
- Por qué el consentimiento sigue siendo central en la campaña
- La presión que rodea una denuncia por violación
- Qué revelan las cifras históricas
- Puntos clave
El acusado, identificado solo como A, fue condenado en el juicio, pero absuelto en apelación. El tribunal de apelación concluyó que no había motivos suficientes para determinar que A hubiera actuado con intención de cometer una violación y empleado violencia o amenazas con la gravedad necesaria para alcanzar ese umbral. La fiscalía recurrió la decisión y llevó el caso a la Corte Suprema en febrero del año anterior.
La cuestión central es cuánta fuerza o intimidación debe probar la fiscalía para obtener una condena por violación. Durante 47 años, el tribunal ha mantenido el requisito básico de que la conducta imposibilite o dificulte considerablemente la resistencia de la víctima, y ha indicado a los jueces que tengan en cuenta las circunstancias del caso.
Un cambio podría afectar la manera en que los tribunales evalúan los encuentros sexuales en los que se emplean fuerza o amenazas no deseadas que no alcanzan ese exigente umbral. También acercaría la interpretación de la violación a un cambio que la Corte Suprema introdujo en septiembre de 2023 para el delito distinto de agresión sexual mediante fuerza o intimidación.
La revisión tiene lugar en medio de una larga campaña para que la falta de consentimiento sea el elemento central de la legislación sobre violación. El Parlamento no ha aprobado esas propuestas, por lo que corresponde a la Corte Suprema considerar el significado del requisito de violencia e intimidación de la ley vigente.
Qué debe demostrar la fiscalía
El artículo 297 del Código Penal de Corea del Sur define la violación como una relación sexual consumada mediante violencia o intimidación. Establece una pena de prisión de al menos tres años.
La Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Sungkyunkwan presentó esa formulación en su respuesta al cuestionario de 2020, enviada el 20 de agosto a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres. La clínica respondió que la definición se basaba en la fuerza o las amenazas, y no en la falta de consentimiento.
La ley y la interpretación del tribunal cumplen funciones distintas. El artículo 297 establece la violencia y la intimidación como elementos del delito. La jurisprudencia de la Corte Suprema indica a los jueces qué gravedad deben alcanzar esos actos.
Según la interpretación establecida, los jueces evalúan si la fuerza o las amenazas imposibilitaron o dificultaron considerablemente la resistencia. Deben tener en cuenta la naturaleza y el grado de la conducta, cómo se produjo, la relación entre las personas involucradas y las circunstancias durante y después de la relación sexual.
Por tanto, la fiscalía debe superar tanto un umbral jurídico como un requisito probatorio. Debe demostrar que la conducta denunciada se ajusta a la definición de violación y probar la acusación más allá de toda duda razonable. En términos sencillos, las pruebas deben convencer a los jueces de la culpabilidad sin que tengan dudas razonables sobre los hechos esenciales.
Fallos anteriores muestran cómo se aplica el umbral
El fallo de abril de 2001 de la Corte Suprema, en el caso 2001Do230, muestra cómo el criterio de resistencia ha influido en las apelaciones. El 27 de abril de 2001, el tribunal anuló una condena por violación con resultado de lesiones y devolvió el caso al Tribunal Superior de Seúl para que lo examinara de nuevo.
Los magistrados reiteraron que la violencia o la intimidación deben imposibilitar o dificultar considerablemente la resistencia. También señalaron deficiencias en el examen de las pruebas, entre ellas las declaraciones de la denunciante, los testimonios de otras personas y las pruebas médicas. Antes de determinar si se había probado la acusación, el tribunal inferior debía examinar las circunstancias con mayor detenimiento.
Casi una década después, la Corte Suprema volvió a aplicar el mismo criterio en su fallo de noviembre de 2010, en el caso 2010Do9633. El tribunal concluyó que la fiscalía no había probado más allá de toda duda razonable las acusaciones de violación relacionadas con el 28 y el 29 de octubre de 2009, y devolvió el caso al Tribunal Superior de Seúl.
La sentencia de 2010 abordó tanto la fiabilidad de las pruebas como la gravedad de la violencia o las amenazas denunciadas. Tras considerar la relación entre las partes y las circunstancias que rodearon la relación sexual, cuestionó si la conducta había alcanzado el nivel requerido. La sentencia también confirmó las conclusiones del tribunal inferior sobre cargos distintos de agresión e intimidación.
Por qué importa la decisión de 2023
La Corte Suprema ya ha cambiado un criterio similar para el delito de agresión sexual mediante fuerza o intimidación. En septiembre de 2023, su pleno revisó una interpretación vigente desde hacía unos 40 años.
En relación con ese delito, el tribunal dictaminó que la violencia podía consistir en aplicar ilegalmente fuerza física sobre el cuerpo de otra persona. La intimidación podía consistir en comunicar una amenaza de daño capaz de provocar miedo. El criterio revisado dejó de exigir que la fuerza o las amenazas fueran tan graves que dificultaran considerablemente la resistencia.
La actual apelación por violación plantea una cuestión relacionada ante el pleno: si el tribunal debe seguir exigiendo ese alto nivel de fuerza o intimidación para la violación, mientras aplica una interpretación más amplia a la agresión sexual.
Las consecuencias prácticas se refieren a qué conductas pueden considerar los tribunales que cumplen el elemento de violencia o intimidación. Si la Corte Suprema reduce el umbral, los jueces evaluarían las denuncias de violación con una interpretación más amplia de esos términos. La fiscalía seguiría teniendo que probar todos los elementos que exija el criterio jurídico resultante.
Chae Da-eun, abogada especializada en delitos sexuales, dijo que las disposiciones vigentes y su interpretación habían sido criticadas por dar por sentado que la violencia o las amenazas debían ser tan graves que la resistencia fuera prácticamente imposible. También señaló que algunos tribunales inferiores habían interpretado la violencia y la intimidación de manera más amplia que la jurisprudencia establecida.
Chae consideró que la revisión del pleno es una oportunidad para resolver esas diferencias de interpretación y responder a la tendencia internacional a dar más peso al consentimiento. Esa es su valoración sobre la posible orientación del tribunal; los magistrados aún no han anunciado su decisión.
Cómo evolucionó el debate jurídico
La controversia se ha desarrollado a lo largo de décadas de fallos, activismo y propuestas legislativas. Varias fechas ayudan a entender cómo encaja la revisión actual en esa historia:
- Febrero de 1979: La Corte Suprema estableció por primera vez que, en los casos de violación, la violencia o la intimidación debían dificultar considerablemente la resistencia.
- 27 de abril de 2001: El caso 2001Do230 reiteró el criterio y exigió un examen más minucioso de las pruebas para mantener una condena.
- 11 de noviembre de 2010: El caso 2010Do9633 confirmó el umbral y la obligación de la fiscalía de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.
- Julio de 2018: El debate público puso de relieve el requisito de resistencia y la presión que algunas denunciantes enfrentaban por denuncias legales de represalia.
- 20 de agosto de 2020: La Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Sungkyunkwan presentó a una relatora especial de la ONU un análisis de la legislación surcoreana sobre violación y de los obstáculos para denunciar.
- Septiembre de 2023: La Corte Suprema redujo el umbral de fuerza e intimidación para el delito de agresión sexual.
- La apelación actual: Está previsto que el pleno comience a deliberar el día 22 sobre una posible revisión del criterio aplicable a la violación.
La secuencia muestra dos vías para cambiar la aplicación de la ley. El Parlamento puede reformular el delito, mientras que la Corte Suprema puede cambiar la manera en que los jueces interpretan la legislación vigente. El caso pendiente se refiere a esta segunda vía.
Por qué el consentimiento sigue siendo central en la campaña
Las organizaciones de mujeres han pedido reiteradamente que la violación se defina en función de la falta de consentimiento. Los organismos de derechos humanos de la ONU también han instado a Corea del Sur a revisar la definición en ese sentido.
Una ley centrada en el consentimiento pregunta si una persona aceptó libremente la actividad sexual. El enfoque vigente en Corea del Sur sitúa la violencia o la intimidación en el centro del artículo 297, y la jurisprudencia determina la gravedad necesaria.
La distinción importa cuando una persona no consiente la relación sexual, pero resulta difícil demostrar que la fuerza o las amenazas alcanzaron el nivel exigido por la interpretación actual. Quienes impulsan la reforma quieren que la definición jurídica se centre directamente en el consentimiento, en lugar de en el grado de dificultad de la resistencia.
En su presentación de 2020, la Clínica Jurídica de Interés Público identificó este problema como un obstáculo para denunciar y procesar estos casos. También describió prejuicios según los cuales la violencia sexual es menos grave si la mujer tiene experiencia sexual previa, ha mantenido una relación con el agresor o había aceptado antes tener relaciones sexuales con esa persona. Según la clínica, en ocasiones esos prejuicios podían contribuir a reducir las penas.
Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá y algunos estados de Estados Unidos han adoptado enfoques jurídicos que otorgan un papel central al consentimiento, aunque sus criterios legales varían. Los legisladores surcoreanos han presentado proyectos relacionados en varias ocasiones, pero las propuestas no se aprobaron antes de que concluyeran los respectivos períodos parlamentarios.
La Corte Suprema puede reconsiderar el umbral de fuerza previsto en el artículo 297. Para sustituir esa disposición por un delito definido expresamente en torno a la falta de consentimiento, sería necesaria una medida del Parlamento.
La presión que rodea una denuncia por violación
Los debates jurídicos sobre el umbral de resistencia coinciden con otro problema documentado en 2018: denunciantes que se enfrentaban a procesos penales después de denunciar violencia sexual o hablar públicamente de ella.
Una empleada de oficina de Seúl, identificada como D, describió varias denuncias en su contra por delitos como difamación, falso testimonio e intimidación. El hombre al que acusó acabó condenado por violación y recibió una pena de dos años de prisión, mientras que las acusaciones contra ella fueron desestimadas. Él siguió persiguiéndola tras salir de prisión, hasta que una condena en 2014 por acoso e intimidación puso fin a la situación descrita en su relato.
Seo Hye-Jin, de la Asociación Coreana de Abogadas, describió el efecto que esto tiene en las mujeres que se plantean presentar una denuncia:
Todo el sistema tiene un efecto disuasorio sobre las mujeres
Las normas penales de Corea del Sur sobre difamación pueden dar lugar a una denuncia por acusaciones hechas en público, incluso cuando son ciertas, según las circunstancias jurídicas. Denunciar un hecho ante la policía y hacerlo público conlleva riesgos legales distintos. Los procesos por denuncia falsa pueden convertirse en otra fuente de presión durante un caso de violencia sexual.
En julio de 2018, el Ministerio de Justicia ordenó a los fiscales esperar a que se resolviera el caso de abuso sexual subyacente antes de investigar a la denunciante por denuncia falsa. Esa medida abordó el momento de las investigaciones, mientras que la campaña para reformar la ley sobre violación se centró en la definición del delito.
Qué revelan las cifras históricas
La Línea de Ayuda a las Mujeres de Corea afirmó en 2018 que, en aquel momento, solo alrededor del 10 % de las denuncias por violación que recibía podían calificarse legalmente como violación. La cifra se refería a las denuncias recibidas por la organización, cuyo contacto con las sobrevivientes le permitía observar directamente la brecha entre las experiencias denunciadas y el umbral jurídico.
Las cifras atribuidas al Instituto de Justicia mostraron que los fiscales archivaron el 55 % de los casos de delitos sexuales en 2016, frente al 22 % de los casos de homicidio y el 26 % de los casos de robo con allanamiento o robo. El porcentaje de los delitos sexuales superó en 33 puntos porcentuales al de los homicidios y en 29 puntos al de los robos con allanamiento o robos.
Esas cifras describen el contexto de la actuación de la fiscalía en 2016. La actual revisión del pleno se refiere a un aspecto de ese contexto: el significado jurídico de la violencia y la intimidación en los casos de violación.
En el caso de A, la cuestión inmediata es si la absolución se mantiene tras el recurso de la fiscalía. En casos futuros, la consecuencia más amplia sería un cambio en el criterio jurídico que los jueces aplican para evaluar la fuerza y las amenazas. La Corte Suprema debe decidir si mantiene o revisa el criterio y determinar cómo se aplica su razonamiento a esta apelación.
Puntos clave
- La Corte Suprema de Corea del Sur ha remitido al pleno una apelación por violación para revisar un criterio sobre fuerza e intimidación que data de 1979.
- El criterio vigente exige una conducta que imposibilite o dificulte considerablemente la resistencia, y debe evaluarse en contexto.
- El acusado fue condenado en el juicio y absuelto en apelación antes de que la fiscalía llevara el caso a la Corte Suprema.
- Un fallo de septiembre de 2023 redujo un umbral similar para el delito de agresión sexual mediante fuerza o intimidación.
- Organizaciones de mujeres y organismos de derechos humanos de la ONU han pedido que la legislación sobre violación se centre en la falta de consentimiento.
- La primera deliberación del pleno está prevista para el día 22; el tribunal no ha anunciado una decisión definitiva.
