Diputados de Maldivas exigen que se divulgue íntegramente el acuerdo con Eagle Hills mientras se examinan los arrendamientos de hasta 99 años

53 diputados respaldan el debate sobre el acuerdo de Ras Malé

Una demanda para publicar el acuerdo del Gobierno de Maldivas con Eagle Hills consiguió que el Parlamento debatiera el asunto, con el apoyo de 53 diputados, entre ellos miembros del gobernante Congreso Nacional del Pueblo. El proyecto propuesto de desarrollo de la zona costera y el puerto deportivo de Maldivas contempla unos 500 hectáreas de terreno ganado al mar en Ras Malé, arrendamientos de propiedades de hasta 99 años y estimaciones de inversión que oscilan entre USD 12.000 millones y USD 20.000 millones.

Meekail Ahmed Naseem, diputado por South Galolhu y miembro del opositor Partido Democrático Maldivo, presentó la moción para divulgar el acuerdo cuando el Parlamento reanudó su tercer período de sesiones, el 5 de octubre de 2026. Quiere que se publique el acuerdo completo sobre las condiciones comerciales y que los legisladores examinen cómo protege el acuerdo los terrenos y las finanzas públicas. Que se haya aceptado debatir la moción no significa que el Parlamento haya respaldado sus acusaciones ni ordenado divulgar el acuerdo.

El Gobierno y la promotora de Abu Dabi Eagle Hills firmaron el acuerdo el 21 de septiembre de 2026. El texto íntegro sigue sin publicarse. Los comunicados públicos describen un importante destino turístico que combinaría hoteles, residencias, un puerto deportivo, tiendas, restaurantes, escuelas y centros de salud, pero dejan sin resolver cuestiones importantes sobre los compromisos de inversión, los cálculos de ingresos y los derechos sobre los terrenos.

Al presentar la moción, Meekail advirtió que el secretismo podría exponer los activos y las finanzas públicas a pérdidas y generar oportunidades de corrupción.

«Mantener en secreto un acuerdo para un proyecto de esta envergadura podría causar pérdidas significativas a los activos y las finanzas del Estado y generar oportunidades de corrupción», afirmó Meekail.

El Gobierno rechaza las afirmaciones de que se estén vendiendo terrenos maldivos. El presidente, el doctor Mohamed Muizzu, asegura que la propiedad seguirá siendo maldiva y que el proyecto no contará con garantías soberanas, préstamos del Gobierno ni exenciones fiscales o arancelarias. La controversia gira en torno a lo que el acuerdo compromete realmente a hacer a cada parte y a si las condiciones de arrendamiento cumplen los límites constitucionales.

Qué se ha firmado y qué sigue pendiente

El anuncio oficial del proyecto de Eagle Hills señala que el acuerdo sobre las condiciones comerciales establece una visión compartida y las principales condiciones comerciales; los detalles se definirán a medida que avance el proyecto. Esa distinción es importante: un acuerdo sobre la estructura comercial principal no equivale a un conjunto completo de contratos que regule la construcción, la financiación, las transferencias de propiedades y el cumplimiento.

El fiscal general Ahmed Usham afirma que la ejecución requiere nuevos acuerdos y legislación pertinente. Ha señalado que una nueva ley inmobiliaria, actualmente en preparación, formaría parte del marco propuesto y ha dicho que la construcción física solo comenzaría después de que el Parlamento aprobara la legislación y se firmaran los acuerdos definitivos tras nuevas conversaciones.

El presidente de Eagle Hills, Mohamed Alabbar, afirma que los acuerdos detallados aún se están ultimando y que se divulgarán cuando estén completos. Durante su visita a Maldivas en octubre, ofreció una breve garantía de transparencia:

«No hay nada que ocultar».

Esa promesa no resuelve la solicitud de Meekail de publicar el documento ya firmado. La diferencia está entre divulgar ahora las condiciones comerciales existentes y publicar los futuros acuerdos una vez concluidas las negociaciones.

La controversia central es si los derechos de arrendamiento pueden renovarse indefinidamente

La disposición publicada de mayor trascendencia se refiere a lo que ocurre cuando una propiedad cambia de manos. Eagle Hills afirma que las propiedades se ofrecerán conforme a la legislación maldiva mediante arrendamientos de hasta 99 años. Cada vez que se venda una propiedad o se transfiera por herencia, comenzará un nuevo plazo de hasta 99 años.

El ministro de Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano, el doctor Abdulla Muththalib, afirma que los compradores serían propietarios de las edificaciones, no de los terrenos subyacentes. También dice que las transferencias requieren la aprobación del Gobierno, que los derechos del vendedor terminan con la reventa y que el comprador recibe un nuevo arrendamiento directamente del Gobierno.

Al explicar esos controles, Muththalib afirmó:

«Ninguna propiedad en Rasmalé puede comprarse, venderse o transferirse entre particulares sin permiso del Gobierno. Al vender cualquier propiedad, esta debe presentarse al Gobierno. Además, el Gobierno se reserva la facultad de examinar quién recibirá esa propiedad y decidir si concede o no la aprobación», declaró.

Un arrendamiento otorga a una parte el derecho a utilizar un terreno durante un período determinado, sin transferir la propiedad permanente del terreno. La preocupación jurídica aquí es más concreta que una simple acusación de venta: los críticos sostienen que iniciar repetidamente un nuevo plazo de 99 años podría permitir que los derechos de propiedad de extranjeros continuaran sin una fecha de vencimiento definitiva.

Muththalib afirma que los titulares no pueden renovar indefinidamente los arrendamientos a su discreción. Esa garantía y la disposición de Eagle Hills sobre las transferencias no son necesariamente equivalentes. La aprobación del Gobierno podría controlar cada transacción, mientras que las sucesivas transferencias aprobadas seguirían reiniciando el plazo. Los contratos no publicados y la legislación propuesta tendrían que explicar cómo se aplican conjuntamente esas normas.

La demanda judicial fue rechazada por motivos de procedimiento, no de fondo

El abogado y exdiputado por Kendhoo Ali Hussain pidió que se declarara ilegal y nulo desde el principio el acuerdo. También solicitó una medida cautelar, es decir, una orden judicial temporal que suspendiera la ejecución mientras se examinaba la impugnación constitucional.

El secretario del Tribunal Supremo se negó a admitir la demanda en la fase inicial de presentación y afirmó que un caso de esta naturaleza no podía presentarse primero directamente ante el Tribunal Supremo. La decisión del secretario puede someterse a revisión del consejo de jueces. Se trató de un rechazo por motivos de procedimiento, no de una sentencia que confirmara la constitucionalidad del acuerdo.

El argumento de Hussain se centra en los artículos 250 y 251 de la Constitución. El artículo 250 exige que las operaciones relacionadas con bienes estatales se ajusten a la ley. El artículo 251 prohíbe la propiedad extranjera del territorio maldivo y limita a 99 años los arrendamientos a partes extranjeras. Hussain sostiene que el Gobierno carece de la autoridad legal necesaria para este acuerdo y que la renovación repetida de los arrendamientos podría infringir el límite constitucional.

La moción de Meekail también invoca el artículo 29, sobre el acceso a la información, y el artículo 70, que establece la responsabilidad del Parlamento de supervisar al poder ejecutivo. La resolución recuerda la garantía que Muizzu dio el 26 de julio de 2024, Día de la Independencia: que Ras Malé no se arrendaría ni se entregaría gratuitamente a partes extranjeras. La contrasta con el acuerdo propuesto con Eagle Hills.

La norma sobre la propiedad extranjera ha cambiado antes. Una enmienda constitucional adoptada en 2015 permitió que inversiones extranjeras que cumplieran determinados requisitos y superaran los USD 1.000 millones obtuvieran derechos de propiedad cuando al menos el 70 % del terreno del proyecto fuera ganado al mar. Su derogación en abril de 2019 restableció la prohibición de la propiedad extranjera y el límite de arrendamiento de 99 años. La impugnación actual se refiere a ese marco restablecido.

USD 12.000 millones y USD 20.000 millones son cifras distintas

La escala financiera del proyecto es objeto de controversia. Las descripciones del Gobierno sitúan el desarrollo previsto en USD 20.000 millones. Otras informaciones cifran en unos USD 12.000 millones la estimación de Eagle Hills para el conjunto de las fases. Alabbar también ha descrito una posible escala cercana a los USD 20.000 millones, mientras que el anuncio oficial de la empresa no especifica un monto de inversión.

Ahmed Deedee, diputado por Maradhoo, afirma que las cifras del Gobierno y de la empresa no coinciden. Señala una diferencia de USD 8.000 millones entre los USD 20.000 millones y los USD 12.000 millones. La cifra menor es un 40 % inferior a la mayor, una diferencia considerable que no puede explicarse sin saber qué incluye cada estimación.

Por separado, el Gobierno prevé más de USD 30.000 millones en inversión extranjera bruta durante la vida del proyecto, incluidos unos USD 18.000 millones de inversión neta. Estas cifras no deben confundirse con los costos de construcción ni con un compromiso garantizado de la promotora. Los flujos brutos pueden contabilizar más dinero que circula por un proyecto que el monto que queda como inversión neta.

Las estimaciones de ingresos públicos tampoco son directamente comparables. Muththalib ha cifrado en más de USD 11.000 millones los ingresos que recibiría el Estado durante el período de desarrollo; Alabbar ha estimado en casi USD 20.000 millones los impuestos a lo largo de la vida del proyecto. Esas declaraciones se refieren a períodos distintos y posiblemente a categorías de ingresos diferentes. Ninguna establece cuánto tiene garantizado recibir el Estado por contrato.

El reparto de ingresos aún no aclara el retorno total para el público

Muththalib ha expuesto una propuesta para que el Estado reciba el 10 % de los ingresos de la promotora y se aplique un gravamen del 4 % a las transacciones inmobiliarias. Afirma que cada reventa requiere un pago equivalente al 4 % de su valor. También se seguirían pagando el impuesto sobre bienes y servicios turísticos y otros impuestos aplicables.

El Gobierno afirma que los ingresos por la venta de propiedades se depositarían en una cuenta de garantía bloqueada en Maldivas, bajo su control. Este tipo de cuenta mantiene el dinero sujeto a condiciones acordadas para su desembolso. Las autoridades sostienen que canalizar los ingresos a través de bancos nacionales ayudaría a aliviar la escasez de dólares y a reforzar las reservas oficiales, aunque el alcance y el momento de ese beneficio dependerán de las ventas efectivas y de las reglas de la cuenta.

Según una estimación del Gobierno, el retorno para el Estado por el valor del terreno sería de USD 3.000 millones, o MVR 47.000 millones, mediante una participación del 10 % en los ingresos asociados a más de 8.800 propiedades durante un período de desarrollo de aproximadamente diez años. No se han aclarado públicamente la base exacta del cálculo, la duración de esa participación ni el tratamiento de los costos.

Meekail sostiene que no se recuperarían los costos de la recuperación de terrenos financiados con dinero de los contribuyentes y que Eagle Hills recibiría terrenos sin pagar por su adquisición ni abonar un alquiler. En cambio, el Gobierno presenta como retorno público los ingresos futuros, las viviendas y los impuestos. Para determinar si ese intercambio protege al Estado, se necesitan los calendarios de pagos, las deducciones, las obligaciones de desarrollo y las medidas aplicables si la promotora no cumple.

Las 5.000 viviendas son una inversión inicial, no un regalo claramente definido

Uno de los principales argumentos del Gobierno es que Eagle Hills construiría 5.000 viviendas en Hulhumalé antes de iniciar las obras físicas del proyecto más amplio de Ras Malé. Alabbar calcula que costarían unos USD 500 millones, alrededor de USD 100.000 por vivienda. Otras descripciones sitúan el paquete de viviendas entre USD 400 millones y USD 500 millones.

Las autoridades afirman que el Estado recibiría las viviendas sin endeudarse ni ofrecer garantías. Alabbar las describe como la primera inversión de Eagle Hills, que la empresa recuperaría a medida que avanzara el desarrollo más amplio. Según otra versión, los costos de las viviendas se descontarían de la participación del Gobierno en los ingresos.

Estas descripciones distinguen entre financiación inicial y costo final. Que Eagle Hills pague primero no significa necesariamente que las viviendas se entreguen sin un cargo posterior a los ingresos del proyecto que corresponden al Estado. Por tanto, la fórmula de recuperación es fundamental para entender el valor del paquete de viviendas.

Las cifras sobre la asignación de terrenos también varían. El ministro de Finanzas, Hassan Zareer, ha hablado de 500 hectáreas de un total de 1.100 hectáreas previstas para ganar al mar, incluidos tres complejos turísticos. Muththalib afirma que otras 500 hectáreas quedarían para la población local. Otras descripciones del proyecto hablan de superficies totales de 1.153 o 1.009 hectáreas, mientras que también se ha descrito que el emplazamiento propuesto por la promotora abarca 520 hectáreas. Según las cifras de Zareer, 500 hectáreas representan alrededor del 45 % de la superficie prevista. Un perímetro definitivo y un plan maestro coherente aclararían esas diferencias.

Las previsiones de turismo y empleo dependen de que el proyecto se concrete

Las proyecciones del Gobierno prevén más de un millón de visitantes al año y más de USD 2.000 millones en ingresos turísticos anuales cuando el destino alcance su madurez. Si se compara con un total anual de 2,2 millones de turistas en Maldivas, un millón de turistas adicionales supondría un aumento de alrededor del 45 %, siempre que fueran realmente llegadas adicionales.

Las previsiones de empleo utilizan medidas distintas. El Gobierno prevé más de 54.000 empleos directos e indirectos. Alabbar calcula 40.000 puestos de trabajo durante la construcción y entre 15.000 y 18.000 empleos permanentes cuando el destino esté en funcionamiento. El empleo en la construcción, los puestos de trabajo permanentes y los empleos indirectos generados a través de proveedores no son cifras equivalentes.

Alabbar ha prometido oportunidades para las empresas maldivas, los inversores locales y los bancos nacionales. Al describir en otro contexto el enfoque de su empresa, afirmó:

«Todos nuestros contratistas son del país, al igual que todos nuestros proveedores y arquitectos».

El desarrollo de Marassi, en Egipto, ofrece una comparación útil de escala, pero no demuestra lo que ofrecerá Ras Malé. Marassi informa de 12 hoteles y 8.000 residencias en 6,5 millones de metros cuadrados, equivalentes a 650 hectáreas, de las cuales el 63 % se mantiene como espacio abierto. Esa superficie es un 30 % mayor que un emplazamiento de 500 hectáreas en Ras Malé.

Marassi informa de una inversión de USD 3.700 millones, ingresos por USD 1.700 millones e impuestos por USD 600 millones hasta 2026, además de 1.626 contratistas y proveedores y más de 130.000 empleos generados a través de sus operaciones. También señala que produce anualmente 5,8 millones de metros cúbicos de agua dulce y 1,2 millones de metros cúbicos de agua reciclada. Estas cifras ilustran las necesidades de infraestructura y proveedores de un desarrollo de este tipo, pero sus períodos y medidas de empleo no permiten usarlas como previsiones directas para Maldivas.

Los controles de nacionalidad son la respuesta del Gobierno a las inquietudes sobre asentamientos

Muththalib afirma que se prohibiría la participación de ciudadanos israelíes y empresas controladas por Israel como compradores, beneficiarios finales, accionistas, financiadores o agentes de venta. Un beneficiario final es la persona que, en última instancia, posee o controla un activo, aunque formalmente lo tenga una empresa o un intermediario.

Afirma que los compradores y beneficiarios finales tendrían que declarar todas sus nacionalidades actuales y anteriores, y que los controles se repetirían cada vez que cambiara la propiedad. Una declaración falsa podría llevar a la rescisión del arrendamiento, a la confiscación de la propiedad por el Estado y a la pérdida de los pagos realizados.

Deedee sostiene que quienes tengan pasaportes israelíes y de otros países podrían entrar usando otra nacionalidad y cuestiona si las autoridades podrían expulsar a 1.000 o 2.000 personas de ese tipo. Esas cifras eran hipotéticas, no correspondían a llegadas registradas. Los controles propuestos por el ministro van más allá del pasaporte presentado al entrar, ya que exigen declarar el historial de nacionalidades.

Maldivas prohíbe la entrada con pasaportes israelíes desde abril de 2025. Muththalib afirma que la residencia solo estaría disponible mediante el programa vigente de visado para residentes corporativos y que seguiría aplicándose la legislación migratoria. La compra de una propiedad no otorgaría automáticamente al comprador ni a sus familiares permiso de residencia.

El ministro también descartó los temores a un asentamiento judío y afirmó que el proyecto no lo permitiría. Esa descripción religiosa más amplia debe distinguirse de las restricciones sobre nacionalidad y control empresarial que expuso. La identidad judía y la ciudadanía israelí no son equivalentes, y el mecanismo de control descrito se refiere a las nacionalidades y las estructuras de propiedad.

Las preocupaciones religiosas van más allá de los requisitos para adquirir propiedades

El 13 de octubre de 2026, la Asociación de Académicos Maldivos expresó al ministro de Asuntos Islámicos, el doctor Mohamed Shaheem Ali Saeed, su preocupación por los asentamientos extranjeros, la identidad islámica, la soberanía, la independencia, la autonomía económica y la cultura. Le pidió que transmitiera esas inquietudes a Muizzu.

La asociación afirmó que su postura se basaba en información obtenida de las autoridades gubernamentales pertinentes. También se reunió con Muththalib, el fiscal general Usham y el ministro de Economía, Saeed. Esas reuniones muestran que el debate va más allá de las impugnaciones parlamentarias y judiciales de la oposición.

Por separado, el líder religioso Sheikh Adam Nishan calificó los asuntos de «sumamente preocupantes y peligrosos» y advirtió sobre los terrenos, la independencia y el riesgo de que los maldivos quedaran subordinados en su propio país. Se trata de objeciones y advertencias, no de resultados comprobados del proyecto.

Eagle Hills afirma que cumplirá la legislación maldiva. Su anuncio oficial también promete desarrollar terrenos ganados al mar sin que la empresa realice más dragados y llevar a cabo un seguimiento marino independiente durante la construcción. Esos compromisos no resuelven las preguntas sobre los trabajos anteriores de recuperación de terrenos. Los antecedentes más amplios del proyecto incluyen la cancelación de un contrato de recuperación de terrenos con CMCC, un pago reportado de USD 21 millones y una investigación de la Comisión Anticorrupción abierta en marzo de 2024. Esa investigación no debe interpretarse como una conclusión contra el acuerdo con Eagle Hills.

Las próximas decisiones serán legislativas y contractuales

El Parlamento debe examinar tanto la solicitud de divulgación como la legislación necesaria para ejecutar el proyecto. En la información disponible sobre el proyecto no se ha anunciado una fecha confirmada para votar la propuesta de ley inmobiliaria, un plazo para publicar el acuerdo firmado ni una fecha para suscribir los contratos definitivos.

Los calendarios de construcción varían. Una versión señala el primer trimestre de 2027 como objetivo, mientras que Alabbar dijo durante su visita de octubre que las obras comenzarían en aproximadamente un año. El requisito de Usham de aprobar la legislación y firmar los acuerdos definitivos hace que ambos calendarios sean condicionales. También se ha descrito a Emaar Properties como posible participante, aunque otra versión indica que su participación depende de una decisión de su comité de inversiones. El acuerdo firmado es con Eagle Hills.

Los principales hitos son:

• 26 de julio de 2024: Muizzu aseguró, en el Día de la Independencia, que Ras Malé no se arrendaría ni se entregaría a partes extranjeras; Meekail lo citó posteriormente en su moción.
• Abril de 2025: Maldivas prohibió la entrada con pasaportes israelíes.
• 21 de septiembre de 2026: El Gobierno y Eagle Hills firmaron el acuerdo sobre las condiciones comerciales.
• 27 de septiembre de 2026: Muththalib explicó que la compra de propiedades no transferiría la propiedad del terreno ni otorgaría visados automáticamente.
• 5 de octubre de 2026: El Parlamento reanudó sus sesiones y aceptó debatir la moción para divulgar el acuerdo, con el apoyo de 53 diputados.
• Octubre de 2026: Alabbar prometió divulgar los acuerdos una vez completados, mientras que líderes religiosos solicitaron nuevas garantías al Gobierno.

Los documentos pendientes son tanto prácticos como jurídicos: el contrato de arrendamiento de la propia promotora, plazos vinculantes de inversión, la fórmula de ingresos públicos, las deducciones por el costo de las viviendas y las consecuencias del incumplimiento de los compromisos. Publicarlos permitiría a los legisladores y al público evaluar el proyecto a partir de obligaciones exigibles, en lugar de previsiones contradictorias.

Puntos clave

• El Parlamento aceptó debatir una moción para divulgar el acuerdo con Eagle Hills, respaldada por 53 diputados.
• El acuerdo íntegro sobre las condiciones comerciales, firmado el 21 de septiembre de 2026, sigue sin publicarse.
• Eagle Hills afirma que las ventas y las transferencias por herencia iniciarían nuevos arrendamientos de hasta 99 años.
• El secretario del Tribunal Supremo rechazó una impugnación constitucional en la fase de presentación, sin resolver el fondo del caso.
• Las estimaciones de inversión oscilan entre USD 12.000 millones y USD 20.000 millones; las proyecciones de ingresos públicos se refieren a distintos períodos y medidas.
• Eagle Hills financiaría inicialmente 5.000 viviendas en Hulhumalé y recuperaría los costos a medida que avanzara el proyecto más amplio.
• El Gobierno afirma que los terrenos seguirán siendo maldivos, que las transferencias requerirán aprobación y que comprar una propiedad no otorgará residencia automáticamente.
• Antes de ejecutar el proyecto se necesitan nuevas leyes y acuerdos definitivos; las fechas de construcción siguen siendo inciertas.