Las nuevas llegadas ponen de manifiesto los riesgos del regreso
Según informes, más de 154.000 rohinyás han cruzado a Bangladesh desde comienzos de 2024, mientras continúan los esfuerzos para organizar el regreso de los refugiados que ya viven allí. Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de las Naciones Unidas (IIMM, por sus siglas en inglés), advirtió que la violencia persistente contra la población civil en el estado de Rakhine hace imposible una repatriación segura y sostenible mientras no cesen las atrocidades y no haya avances hacia la rendición de cuentas.
Contenido
- Las nuevas llegadas ponen de manifiesto los riesgos del regreso
- Las reuniones en Bangladesh plantean exigencias de justicia
- Las cifras de desplazamiento muestran nuevas oleadas de huida
- El control de la frontera no ha garantizado protección
- Las denuncias de trabajo forzado son objeto de disputa
- El hambre hace imposible separar la seguridad de la supervivencia
- Los investigadores examinan delitos contra distintas comunidades
- La apropiación de tierras vincula la rendición de cuentas con el regreso
- Distintos tribunales examinan responsabilidades diferentes
- Puntos clave
La advertencia se refiere a algo más que los enfrentamientos entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan. Los investigadores examinan incendios de aldeas, asesinatos, torturas y violaciones, mientras los refugiados denuncian restricciones a la circulación, trabajo forzado e imposibilidad de obtener alimentos o atención médica. Se estima que la población rohinyá desplazada en Bangladesh asciende a unos 1,2 millones de personas.
En su declaración de agosto de 2025, el IIMM afirmó que aproximadamente 150.000 rohinyás habían huido a Bangladesh durante los 18 meses anteriores. Anunció nuevas investigaciones sobre delitos contra los rohinyás, la población étnica rakhine y otros civiles, junto con un trabajo sobre la apropiación de tierras rohinyás después de las operaciones militares de 2017.
Koumjian, quien dirige el mecanismo encargado de recopilar y preparar pruebas para procesos judiciales, describió las condiciones necesarias para el regreso:
«Más de un millón de rohinyás desplazados por la fuerza a Bangladesh no podrán regresar a Myanmar de forma segura y sostenible hasta que cese la violencia contra ellos y los responsables puedan ser llevados ante la justicia».
Su postura vincula tres problemas que suelen tratarse por separado: la seguridad inmediata de la población civil, la posibilidad de reanudar una vida normal en Myanmar y la rendición de cuentas por los delitos que obligaron a la gente a abandonar sus hogares. Un cambio en el control territorial no resuelve por sí solo ninguno de ellos.
Las reuniones en Bangladesh plantean exigencias de justicia
Según los informes sobre una visita en octubre, Koumjian se reunió con funcionarios bangladesíes, entre ellos el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed; el ministro de Gestión de Desastres y Ayuda, Asadul Habib Dulu; y el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Humayun Kabir. También señalan que se reunió con más de 200 rohinyás y otras personas desplazadas en Cox's Bazar.
Un relato fechado por separado sitúa la reunión de Koumjian con Dulu en la oficina de la secretaría del ministro el 5 de octubre de 2026. Dulu pidió justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los rohinyás e instó al IIMM a contribuir a restituir sus derechos y apoyar una repatriación sostenible. Ese relato atribuye a Koumjian la cifra de más de 154.000 llegadas desde comienzos de 2024.
La cronología de octubre no está del todo clara. Un relato dice que una visita de seis días concluyó el 12 de octubre, sin especificar el año; otro fecha explícitamente la reunión con Dulu el 5 de octubre de 2026. Esos detalles no permiten establecer un calendario coherente y no deben confundirse con la visita del IIMM de enero de 2025, documentada por separado.
En su declaración sobre la visita de enero, el IIMM confirmó que Koumjian concluyó cinco días en Bangladesh el 24 de enero de 2025, tras reunirse con más de 100 activistas rohinyás y representantes de la comunidad. Entre los funcionarios con quienes se reunió estaban Khalilur Rahman, representante del asesor principal para asuntos rohinyás; el asesor de Asuntos Exteriores, Md. Touhid Hossain; el asesor del Interior, teniente general Md. Jahangir Alam Chowdhury; y el director general de la Guardia de Fronteras de Bangladesh, el mayor general Mohammad Ashrafuzzaman Siddiqui.
Las cifras de desplazamiento muestran nuevas oleadas de huida
Las cifras de llegadas varían según la fecha y el período al que se refieren los informes. En febrero de 2025, las estimaciones del Gobierno de Bangladesh situaban en más de 65.000 las llegadas desde finales de 2023, mientras que otras estimaciones alcanzaban las 80.000. En agosto, el IIMM habló de aproximadamente 150.000 llegadas en 18 meses. En septiembre, Amnistía Internacional citó más de 150.000 en 20 meses.
La cifra posterior, de más de 154.000, abarca el período transcurrido desde comienzos de 2024. Los totales reflejan la continuidad del desplazamiento, pero los distintos períodos y métodos de estimación impiden calcular con precisión el ritmo de aumento. La cifra estimada de 1,2 millones de refugiados tampoco debe considerarse un recuento exacto de personas registradas.
La secuencia de los principales acontecimientos ayuda a explicar por qué las conversaciones sobre repatriación han continuado mientras la gente sigue huyendo:
- 2017: Las operaciones militares de «limpieza» obligaron a aproximadamente 750.000 rohinyás a desplazarse a Bangladesh, según el IIMM.
- Noviembre de 2023: El Ejército de Arakan inició una ofensiva que expulsó al ejército de Myanmar de gran parte del norte de Rakhine.
- 2024: El Ejército de Arakan tomó los municipios de Buthidaung y Maungdaw; hubo informes de reclutamiento forzado de rohinyás por ambas partes.
- Noviembre de 2024: El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió una orden de arresto contra el comandante militar Min Aung Hlaing.
- 24 de enero de 2025: Koumjian concluyó una visita documentada a Bangladesh centrada en las investigaciones y la rendición de cuentas.
- 24 y 25 de agosto de 2025: Bangladesh acogió en Cox's Bazar un diálogo sobre la situación de los rohinyás, antes de una conferencia de la ONU prevista para finales de septiembre.
El control de la frontera no ha garantizado protección
El Ejército de Arakan controla ahora el norte de Rakhine y toda la frontera de Myanmar con Bangladesh, según Amnistía Internacional. El ejército de Myanmar conserva la capital del estado, Sittwe, una ruta importante para la ayuda y el transporte. La población civil rohinyá y rakhine sigue expuesta a enfrentamientos, restricciones y ataques en este territorio dividido.
La evaluación de Amnistía sobre la repatriación, publicada en septiembre, se basó en entrevistas con 15 refugiados rohinyás que habían llegado a Bangladesh durante el año anterior, incluidas personas que llegaron en julio de 2025. También consultó a representantes de la rama política del Ejército de Arakan, la Liga Unida de Arakan, y de su oficina de coordinación humanitaria.
Los refugiados denunciaron detenciones arbitrarias, trabajo forzado, restricciones a la pesca y los viajes, y acceso insuficiente a la atención de salud, la educación y la ayuda. Amnistía también describió obstáculos militares a la llegada de ayuda a través de Sittwe y ataques aéreos mortales. Según informes, un ataque ocurrido a principios de ese septiembre mató al menos a 19 estudiantes rakhines mientras dormían.
Joe Freeman, investigador de Myanmar de Amnistía Internacional, dijo que las condiciones no permitían un regreso seguro:
«Las condiciones actuales en el estado de Rakhine, en el norte de Myanmar, están muy lejos de ser adecuadas para que los rohinyás regresen de forma segura».
Por tanto, el riesgo va más allá de cruzar la frontera. Quienes regresen necesitarían protección en los lugares donde viven, acceso a servicios y la posibilidad de desplazarse y trabajar sin coacción. Los relatos de los refugiados indican que esas condiciones no existen en los lugares de los que la gente ha huido recientemente.
Las denuncias de trabajo forzado son objeto de disputa
Un rohinyá de 60 años que huyó con su familia en julio de 2025 contó a Amnistía que las personas de un campamento para desplazados en Buthidaung debían transportar materiales de construcción hasta puestos de control del Ejército de Arakan. Dijo que sus hijos habían realizado ese trabajo más de 10 veces y que golpeaban a quienes se negaban.
Otras personas entrevistadas describieron la obligación de retirar cadáveres y escombros tras los enfrentamientos, la exigencia de que los hogares proporcionaran trabajadores y la imposición de turnos de vigilancia nocturna que incluían a niños. Una mujer que llegó a Bangladesh en enero de 2025 denunció que se exigía a niños de tan solo 10 años que hicieran guardia.
El Ejército de Arakan negó que obligara a civiles a realizar trabajos forzados. Sus representantes dijeron que algunas tareas se asignaban a detenidos condenados o prisioneros de guerra, mientras que la retirada de escombros era un trabajo comunitario voluntario. La distinción es importante: el trabajo forzado consiste en exigir un trabajo bajo amenaza de castigo que la persona no ha aceptado realizar voluntariamente.
También se cuestionaron las restricciones a la circulación. Amnistía obtuvo documentos de viaje que coinciden con los relatos de los refugiados sobre la necesidad de obtener permisos. Representantes del Ejército de Arakan reconocieron que se cobraban entre 2.000 y 3.000 kyats por las autorizaciones de viaje, pero negaron que las restricciones discriminaran a los rohinyás y afirmaron que las medidas de seguridad también se aplicaban a las comunidades rakhines.
Las personas rohinyás entrevistadas describieron una experiencia distinta, que incluía prohibiciones de pescar, permisos de viaje de corta duración y castigos por intentar ganarse la vida. Se trata de denuncias que el Ejército de Arakan niega, no de hechos establecidos por un tribunal.
El hambre hace imposible separar la seguridad de la supervivencia
El Programa Mundial de Alimentos informó en agosto de 2025 que el 57 por ciento de las familias del centro de Rakhine no podía satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, frente al 33 por ciento en diciembre de 2024. Se trata de un aumento de 24 puntos porcentuales, o de aproximadamente el 73 por ciento en relación con la proporción anterior.
Las cifras se refieren al centro de Rakhine, no a los municipios del norte a los que regresarían muchos rohinyás. El organismo advirtió que probablemente las condiciones fueran peores en el norte de Rakhine, donde las organizaciones internacionales no estaban presentes. Esa evaluación no ofrece un porcentaje medido para el norte, pero pone de relieve los límites del acceso humanitario.
Los refugiados entrevistados por Amnistía dijeron que comían con poca frecuencia, bebían agua no potable y habían perdido el acceso a medicamentos y a la educación. Las restricciones a la pesca y la circulación podían hacer más difícil escapar de la escasez de alimentos, incluso en lugares donde aún quedaban algunos suministros.
Khalilur Rahman, representante de Bangladesh para asuntos rohinyás bajo el liderazgo interino de Muhammad Yunus, dijo en febrero de 2025 que la asistencia humanitaria y para los medios de vida requería el fin de la violencia y acceso sin restricciones para quienes prestan y reciben ayuda. Su postura vinculaba la asistencia dentro de Rakhine con las condiciones necesarias para un regreso voluntario, en lugar de presentar la repatriación como sustituto de la protección.
Los investigadores examinan delitos contra distintas comunidades
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el IIMM en 2018 para recopilar, preservar y analizar pruebas de los delitos internacionales más graves y otras violaciones cometidas en Myanmar desde 2011. El mecanismo comenzó a funcionar en agosto de 2019. Su mandato incluye preparar pruebas y análisis para su uso por autoridades judiciales nacionales, regionales e internacionales.
El mecanismo no es un tribunal y no dicta condenas. Su función es organizar pruebas para que fiscales y jueces puedan evaluar los presuntos delitos y la responsabilidad individual. Los relatos de personas desplazadas recientemente pueden contribuir a documentar incidentes más recientes junto con las investigaciones sobre las operaciones militares de 2017.
Durante su visita de enero, Koumjian dejó claro que la labor del mecanismo no se limitaba a una fuerza armada o comunidad:
«Quisiera subrayar que el Mecanismo investiga a todos los responsables de delitos internacionales graves en Myanmar, independientemente de su etnia, religión o afiliación política. Esto incluye los delitos cometidos por actores no estatales».
Ese mandato es pertinente tanto para las denuncias contra el Ejército de Arakan como para las relacionadas con el ejército de Myanmar. En febrero de 2025 también hubo informes de reclutamiento forzado por ambas partes, incluido el testimonio de Roshid Ahmad, un refugiado de 21 años de Maungdaw, quien dijo que jóvenes rohinyás secuestrados habían desaparecido. Investigar esas denuncias no implica prejuzgar la responsabilidad de ninguna persona.
La apropiación de tierras vincula la rendición de cuentas con el regreso
En su declaración de agosto, el IIMM identificó una investigación aparte sobre la destrucción y el despojo de tierras y propiedades rohinyás en 2017. Los investigadores se centraban en tierras apropiadas por las autoridades para construir bases de seguridad.
Este trabajo aborda un obstáculo práctico para la repatriación: si las personas desplazadas podrán regresar a sus hogares y comunidades concretos. Aunque cesen los enfrentamientos, las aldeas destruidas o las tierras ocupadas podrían impedir que las familias reconstruyan su vida donde vivían antes.
Koumjian explicó por qué la investigación sobre las propiedades es importante para comprender la experiencia del desplazamiento:
«La pérdida de sus tierras y propiedades ha destruido el tejido social y cultural de las comunidades rohinyás, y constituye una parte duradera de las pérdidas que han sufrido».
El mecanismo dijo que sus conclusiones podrían ser pertinentes para las reparaciones en futuros procesos judiciales. Las reparaciones son medidas destinadas a responder al daño y podrían incluir indemnizaciones o la restitución de propiedades, según lo que un tribunal esté facultado para ordenar. No se anunció ninguna medida concreta ni un calendario.
El reconocimiento jurídico es otra condición pendiente. El activista rohinyá Htway Lwin sostuvo que la repatriación debe proteger a las personas frente a una nueva situación de apatridia y al despojo, y no limitarse a trasladarlas a través de la frontera. Amnistía también citó un informe de derechos humanos de la ONU del 2 de septiembre, según el cual seguían vigentes las restricciones impuestas por gobiernos anteriores y el Ejército de Arakan negaba la identidad rohinyá al referirse a sus miembros como bengalíes o musulmanes.
Distintos tribunales examinan responsabilidades diferentes
El IIMM dijo que compartía pruebas con la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y autoridades judiciales de Argentina, y que respondía a solicitudes de información del Reino Unido. Estos procesos están relacionados, pero tienen objetivos distintos.
La CPI examina la responsabilidad penal individual. En noviembre de 2024, su fiscal pidió una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, comandante del ejército de Myanmar, por los presuntos crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohinyás. El IIMM dijo que las pruebas y el análisis del mecanismo se utilizaron ampliamente en esa solicitud. La petición de un fiscal no constituye por sí sola una orden de arresto emitida ni una condena.
En Argentina, el mecanismo dijo que sus pruebas se utilizaron cuando un juez federal de instrucción ordenó en febrero de 2025 la detención de Min Aung Hlaing y otras 24 personas. Ese proceso es independiente del de la CPI.
La CIJ aborda la responsabilidad de los Estados en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, en lugar de condenar a personas. El proceso se refiere a las acusaciones contra Myanmar por las operaciones contra los rohinyás, incluidas las de 2016 y 2017. Aunque algunos informes señalan que se espera un fallo en los próximos meses, aquí no se establece una fecha concreta.
Estos relatos no anuncian ninguna fecha confirmada para el inicio de la repatriación. Los asuntos pendientes son concretos: la continuidad de los ataques, el acceso humanitario, la libertad de circulación, el reconocimiento de derechos, el acceso a la tierra y la rendición de cuentas. Los avances judiciales pueden contribuir a abordar los delitos del pasado, pero no hacen que las condiciones actuales sean seguras por sí solos.
Puntos clave
- Se estima que unos 1,2 millones de refugiados rohinyás viven en Bangladesh, y siguen llegando personas desde Rakhine.
- El IIMM afirma que un regreso seguro y sostenible requiere el fin de la violencia y que los responsables rindan cuentas.
- Los refugiados denuncian trabajo forzado, restricciones a la circulación y prohibiciones que afectan a sus medios de vida bajo el control del Ejército de Arakan; el grupo niega esas acusaciones.
- La inseguridad alimentaria en el centro de Rakhine aumentó del 33 por ciento de las familias en diciembre de 2024 al 57 por ciento en agosto de 2025.
- Los investigadores examinan atrocidades recientes y la apropiación de tierras rohinyás después de las operaciones de 2017.
- Los procesos ante la CPI, la CIJ y los tribunales argentinos abordan distintas formas de responsabilidad; no hay un calendario confirmado para el regreso ni una fecha establecida para un fallo de la CIJ.
