TCS y los padrones electorales de India: las controversias sobre la revisión intensiva especial ponen bajo escrutinio el software electoral

97 votantes elegibles de Goa revelan una brecha entre las decisiones y el software

En Goa, funcionarios electorales examinaron documentos y determinaron que 97 votantes cumplían los requisitos para ser incluidos en el padrón electoral. Durante siete días se enviaron ocho comunicaciones para solicitar el acceso al software necesario para revertir su exclusión previa. El padrón definitivo de la Revisión Intensiva Especial (SIR, por sus siglas en inglés) se publicó el 21 de febrero de 2026 sin incluirlos. Las comprobaciones realizadas hasta el 20 de septiembre confirmaron que los 97 seguían fuera del padrón.

Esta secuencia sitúa un problema concreto en el centro de la controversia sobre el software electoral de India: un funcionario puede tomar una decisión conforme a la ley y, aun así, carecer del permiso digital necesario para aplicarla. En Uttar Pradesh, una investigación aparte encontró 85.854 solicitudes de eliminación con las firmas de funcionarios electorales y sin motivos para retirar los nombres. Cuatro funcionarios describieron un sistema que generaba automáticamente formularios de eliminación cuando no aprobaban a los votantes durante las audiencias.

Tata Consultancy Services (TCS), socio tecnológico responsable de ERONet 2.0, afronta ahora preguntas sobre cómo la plataforma aplica las instrucciones de la Comisión Electoral de India (ECI, por sus siglas en inglés). La controversia se refiere a los permisos del software, la vinculación automatizada de familiares, los cambios en los formularios de registro y la visibilidad pública de las solicitudes de eliminación. También pone bajo escrutinio las donaciones políticas del Progressive Electoral Trust del Grupo Tata.

Estas cuestiones exigen distinguir aspectos que el debate político a veces confunde. Una alerta del software no demuestra que un votante no reúna los requisitos. Una solicitud de eliminación no significa necesariamente que el nombre haya sido retirado. Un contrato público y las donaciones políticas de una empresa no demuestran por sí solos que haya habido una conducta indebida. La cuestión central es si el software preserva la autoridad de los funcionarios encargados del registro electoral y las garantías de las que disponen los ciudadanos.

Qué desarrolló TCS y qué existía antes

El informe anual de TCS de 2024-25 describe ERONet 2.0 como una plataforma con una base de datos centralizada, un panel ejecutivo diario y aplicaciones que dan soporte a más de 1,05 millones de funcionarios electorales. La empresa afirma que completó el despliegue nacional, incluida la migración de datos, en siete meses.

La historia es más compleja que afirmar que TCS construyó desde cero todo el sistema de registro de votantes. ERONet fue desarrollado originalmente por el Centro para el Desarrollo de la Informática Avanzada (C-DAC), dependiente del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información. Según informaciones basadas en datos comunicados a los accionistas, TCS opera ERONet 2.0 desde 2023.

ECINet, lanzada el 22 de enero de 2026, integró unas 40 aplicaciones existentes. ERONet pasó a ser su componente de registro electoral. La aplicación para los funcionarios de mesa recoge información sobre el terreno, mientras que el sistema de registro respalda las decisiones sobre altas, correcciones y bajas.

Una base de datos centralizada puede ayudar a que los funcionarios trabajen con información coherente. Sin embargo, no transfiere automáticamente sus competencias legales a quienes administran esa base de datos. Los funcionarios encargados del registro electoral (ERO, por sus siglas en inglés) siguen siendo responsables de los padrones de sus circunscripciones en virtud de la legislación electoral. Ejercen funciones cuasijudiciales, lo que significa que deben evaluar pruebas y resolver casos individuales, en lugar de limitarse a tramitar instrucciones.

La distinción es importante cuando la configuración de los accesos impide que un funcionario corrija un registro. En ese caso, hay que determinar por separado quién estableció la restricción, quién la aprobó, quién la implementó y quién podía retirarla. El papel de TCS como socio tecnológico no demuestra que sus ingenieros hayan ideado todas las reglas cuestionadas o controlado por su cuenta todos los permisos.

Las solicitudes de corrección de Goa llegaron a Delhi y al proveedor

La controversia en Goa surgió a raíz de una orden del Tribunal Supremo del 29 de enero que exigía publicar los nombres señalados por discrepancias lógicas, junto con una breve explicación. Los electores afectados debían disponer de diez días para presentar documentos u objeciones y ser escuchados. Aunque el caso se refería a Tamil Nadu, el tribunal esperaba que se cumpliera la orden en todos los lugares donde estuviera en marcha la SIR. La ECI emitió una carta de aplicación el 31 de enero.

En Goa, 649 electores respondieron después de que se publicaran las listas. Los ERO y los ERO adjuntos determinaron que 97 reunían los requisitos para ser incluidos. De ellos, 65 eran de Taleigao; los demás, de St Cruz, Cumbarjua, Priol, Margao, Benaulim y Velim.

Entre las funciones que faltaban estaban la posibilidad de revertir una decisión anterior y la de volver a subir documentos. Goa Electronics Limited, la agencia estatal que presta apoyo a la oficina electoral, escribió el 11 de febrero que esas funciones seguían sin estar disponibles a pesar de las reiteradas solicitudes comunicadas a funcionarios de la ECI y de TCS. Hubo nuevas comunicaciones hasta el 17 de febrero.

El director electoral de Goa, Sanjay Goel, atribuyó a la ECI la decisión de no incluir a los votantes e identificó la falta de un mecanismo local de corrección:

«La decisión de no incluirlos fue suya. Pero tiene que haber algún mecanismo en ECINET para volver a incluir a los votantes a nivel del ERO».

El 18 de febrero, el comisionado electoral adjunto Sanjay Kumar indicó a la directora general de Tecnología de la Información, Seema Khanna, que el sistema no podía impedir las medidas exigidas por el Tribunal Supremo:

«El sistema informático no puede bloquear las medidas necesarias de acuerdo con las instrucciones del Tribunal Supremo».

La información publicada no registra ninguna corrección efectiva antes de que se cerrara el padrón definitivo. No determina si el problema se debió a limitaciones técnicas, a la falta de permisos o a una instrucción de no actuar. Sus consecuencias van más allá del voto: solo los votantes registrados en el estado pueden acceder al programa Goa Mediclaim, que cubre tratamientos como diálisis, trasplantes y quimioterapia.

Los formularios de eliminación de Uttar Pradesh carecían de motivos

El director electoral de Uttar Pradesh publicó más de 430.000 solicitudes del Formulario 7, los formularios establecidos para presentar objeciones o pedir que se eliminen registros electorales. Un análisis identificó 87.127 solicitudes presentadas a nombre de ERO y ERO adjuntos entre el 15 de marzo y el 2 de abril de 2026.

De ellas, 85.854, alrededor del 98,5%, no indicaban ningún motivo. Otras 62 contenían solo letras, mientras que 1.211 señalaban ausencia o cambio de residencia. Cuatro ERO describieron la generación automática del Formulario 7 después de que un votante no fuera aprobado en una audiencia, con firmas digitales ya incorporadas.

El problema va más allá de que falte un dato en un formulario. El motivo indica al ciudadano qué acusación debe responder, ya sea por fallecimiento, duplicación, edad, ciudadanía o residencia. Sin esa información, resulta más difícil impugnar una objeción. El proceso descrito también pone al funcionario encargado de resolver el caso en la situación de generar la objeción que las autoridades electorales deben evaluar.

La investigación identificó por separado 110.476 solicitudes presentadas por particulares y aceptadas después del plazo indicado. Según el informe, alrededor de 343.000 objetores particulares especificaron sus motivos. La ECI y el director electoral de Uttar Pradesh, Navdeep Rinwa, no habían respondido a preguntas detalladas cuando se publicó la información.

Otros patrones merecen ser examinados, pero no deben tratarse como prueba de su causa. En Tarabganj y Pilibhit, alrededor del 90% de las solicitudes de eliminación apuntaban a votantes musulmanes. En Tarabganj, 188 objeciones presentadas a nombre de Reshma se referían a una misma mesa electoral y una misma fecha. La información pública no identificaba a los objetores más allá de sus nombres, lo que impedía verificar de forma independiente quién las había presentado.

Por qué la vinculación de familiares puede generar alertas engañosas

El software de la SIR vincula a los electores actuales con padrones anteriores, a veces por medio de sus padres o abuelos. A quienes no logra vincular se los describe como no vinculados. Otros reciben alertas por discrepancias lógicas cuando las relaciones o los datos registrados quedan fuera de las reglas programadas.

Entre las reglas comunicadas figuran diferencias de edad entre padres e hijos inferiores a 15 años o superiores a 50; una diferencia inferior a 40 años entre abuelos y nietos; hermanos registrados con menos de nueve meses de diferencia, y más de seis hijos vinculados a un mismo padre. Las diferencias entre nombres también pueden dar lugar a un examen. Según los informes, los umbrales han cambiado: las primeras reglas de Bengala Occidental establecían una diferencia de edad entre padres e hijos de entre 15 y 45 años, mientras que la versión registrada en enero de 2026 fijaba el límite superior en 50.

Los padrones de referencia no son todos de 2002. Las instrucciones establecieron 2003 para varios estados, entre ellos Uttar Pradesh y Madhya Pradesh, y años posteriores en otros. Tamil Nadu utilizó el padrón de 2002 para 197 circunscripciones y el de 2005 para 37. Por ello, la precisión depende tanto de que el registro de referencia sea correcto como de las reglas de vinculación.

El 27 de diciembre de 2025, la oficina electoral de Bengala Occidental suspendió las audiencias de los votantes no vinculados después de que una conversión incompleta de antiguos registros en PDF a datos estructurados en formato CSV provocara fallos de vinculación. El 29 de diciembre reconoció que los datos de base no se habían digitalizado correctamente. Los registros en bengalí también pasaron por un proceso de transliteración automática antes de compararse en inglés.

Se trata de posibles fuentes de error distintas: un registro en papel puede transcribirse incorrectamente, un nombre puede convertirse de forma incoherente entre sistemas de escritura o una regla de vinculación puede rechazar un parentesco real. Una alerta por sí sola no permite distinguir entre esas posibilidades. La notificación de la que fue objeto el premio nobel Amartya Sen, tras registrarse una diferencia de edad inverosímil con su madre, ilustra por qué hay que comprobar el registro subyacente antes de decidir si alguien reúne los requisitos.

La escala es grande, pero las cifras miden cosas distintas

Uttar Pradesh comenzó con 154,4 millones de votantes registrados. Durante el proceso de enumeración, 28,9 millones de nombres pasaron a la lista de ausentes, trasladados, fallecidos o duplicados. Por separado, 32,6 millones de electores fueron señalados por discrepancias lógicas o por no estar vinculados. El padrón definitivo del estado, publicado el 10 de abril, incluyó a 134 millones de electores.

La diferencia entre las cifras inicial y final es de 20,4 millones, aproximadamente el 13,2% del electorado inicial. Se trata de una variación neta, no del número de bajas completadas: durante la revisión también puede haber altas y reincorporaciones. Tampoco pueden sumarse sin más la lista de ausentes y el grupo con discrepancias, ya que se desconoce cuánto se solapan.

Según la información publicada, en Bengala Occidental se señalaron 13,1 millones de electores, el 17,11%, frente a 23,5 millones, el 41,22%, en Madhya Pradesh. La proporción de Madhya Pradesh fue unas 2,4 veces la de Bengala Occidental. Ese contraste justifica examinar los datos y procedimientos de cada estado, pero no explica por sí solo la diferencia.

Las estimaciones nacionales también exigen cautela. El comentario original afirma que hubo más de 130 millones de eliminaciones, mientras que el excomisionado electoral jefe O.P. Rawat describió a casi 140 millones de votantes como privados de su derecho al voto. Una comunicación del 1 de mayo de 2026 de relatores especiales de Naciones Unidas citó unos 52 millones de bajas solo en la Fase II. Estas cifras corresponden a ámbitos y afirmaciones diferentes; no proporcionan un total nacional conciliado de ciudadanos que reunían los requisitos y fueron excluidos indebidamente.

Cambios en el Formulario 6 y objeciones dentro de la Comisión

El Formulario 6 se utiliza para solicitar una nueva inscripción. La controversia se refiere a si la versión en línea incorporó requisitos adicionales durante la SIR sin la modificación necesaria del Reglamento de Registro de Electores de 1960. Según el relato original, dos comisionados electorales dejaron constancia de que el Gobierno de la Unión debía aprobar una modificación y no lo había hecho.

El 1 de octubre de 2026, Rahul Gandhi, líder de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento, alegó que el formulario en línea se había cambiado ilegalmente. Preguntó quién de la ECI había ordenado a TCS modificarlo y si la empresa había recibido presiones. Jairam Ramesh, secretario general de comunicación del Partido del Congreso, alegó que el cambio apuntaba contra los votantes más jóvenes y lo atribuyó al primer ministro Narendra Modi y al ministro del Interior, Amit Shah. Se trata de acusaciones políticas, no de hechos demostrados.

Otras informaciones describen al menos 14 objeciones escritas de los comisionados electorales Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi sobre decisiones y el acceso a los sistemas electorales. Los informes discrepan sobre el periodo que abarcan: sitúan las primeras objeciones en octubre o noviembre de 2025 y señalan que continuaron hasta agosto de 2026.

Según la información publicada, la objeción de Sandhu de agosto abordó las restricciones impuestas a los ERO, los funcionarios electorales de distrito y los directores electorales. Joshi había advertido en mayo sobre la centralización progresiva de la base de datos. Junto con la correspondencia de Goa, estas objeciones convierten la distribución de permisos digitales en una cuestión de autoridad institucional, no solo en una denuncia de la oposición.

Karnataka y los recursos judiciales revelan otros riesgos para las garantías

El director electoral de Karnataka informó que recibió 110.654 solicitudes del Formulario 7 entre el 16 de junio y el 8 de octubre de 2026. El portal público mostraba 81.822. La diferencia, 28.832 solicitudes, representaba alrededor del 26,1% del total informado, pese a las garantías de que todas las solicitudes estarían disponibles para su examen.

La falta de información pública no demuestra que las solicitudes subyacentes fueran improcedentes. Impide que los ciudadanos las verifiquen. En Vijayapura, ocho votantes vivos denunciaron que los objetores habían pedido eliminarlos por estar fallecidos. Una investigación inicial determinó que se habían utilizado certificados de defunción auténticos contra votantes con nombres similares. Entre los objetores había seguidores del legislador expulsado del BJP Basanagouda Patil Yatnal.

Este caso ilustra un problema distinto de la vinculación automatizada: un documento auténtico puede referirse a la persona equivocada. Por tanto, comprobar que un certificado de defunción es genuino no basta; también hay que confirmar que corresponde al elector en cuestión.

Los tribunales también examinan notificaciones individuales y la autoridad para aplicar los procedimientos. En Telangana, el trabajador social S Q Masood y el empresario Syed Waheed Uddin impugnaron notificaciones automatizadas y cuestionaron la transparencia de ECINet y ERONet. La ECI afirmó que la notificación a Masood se debía a una discrepancia en el nombre de su padre. El tribunal preguntó qué medidas se habían tomado después de la audiencia del 15 de septiembre.

En Goa, los jueces del Tribunal Superior de Bombay Valmiki Menezes y Amit Jamsandekar cuestionaron las bajas relacionadas con la familia Salgaonkar, que había presentado el Formulario 8 para cambiar de domicilio. El tribunal señaló que el padrón electoral vigente sigue siendo válido hasta que se finaliza el revisado y cuestionó que se exigiera un formulario de enumeración a un votante que cambia de residencia. Estos procedimientos no demuestran que todas las notificaciones automatizadas o las bajas sean ilegales.

La financiación política aumenta el escrutinio, pero no demuestra una conexión

El Progressive Electoral Trust del Grupo Tata distribuyó 91.500 millones de rupias en 2024-25, de los cuales 75.760 millones fueron al BJP y 7.730 millones al Congreso. Tata Sons aportó 30.800 millones de rupias al fondo, y TCS contribuyó con 21.700 millones.

El BJP recibió alrededor del 82,8% de las distribuciones del fondo. Según otro total publicado, el BJP recibió 95.900 millones de rupias de todos los fondos electorales. Sobre esa base, los 75.760 millones representan alrededor del 79%, no el 83%. Las cifras corresponden a comparaciones distintas y no deben confundirse.

Para 2018-19, el relato original indica que las distribuciones del fondo ascendieron a 45.400 millones de rupias y los ingresos del BJP a 35.600 millones. Esas cifras arrojan una proporción de alrededor del 78,4%, en lugar del 75% aproximado que se menciona. En ambos periodos, el BJP recibió la mayor parte de las distribuciones del fondo.

El comentario original también sitúa una donación de abril de 2024 poco después de la aprobación de subvenciones por unos 4,4 billones de rupias para dos plantas de semiconductores de Tata. La coincidencia temporal no demuestra que hubiera una conexión con esas subvenciones o con los contratos de software electoral. No se han presentado pruebas de que las donaciones compraran decisiones sobre el software o un trato favorable.

La disputa sobre el liderazgo de Tata Sons es otra cuestión independiente. Según el relato original, N. Chandrasekaran retiró su plan de dejar el cargo y logró ser reelegido en septiembre de 2026 mediante un voto dirimente cuestionado. También describe una reunión de octubre de 2025 en la que participaron Chandrasekaran, Noel Tata, Amit Shah y la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman. Ninguno de esos relatos demuestra que el Gobierno dirigiera la decisión posterior del consejo de administración o que hubiera una conexión con el software electoral.

Qué sigue sin resolverse

La secuencia documentada sitúa los cambios de software, los permisos cuestionados y las garantías legales en un mismo contexto:

• 24 de junio de 2025: La ECI ordenó la SIR en Bihar.
• 27 de octubre de 2025: Se ordenó la Fase II en 12 estados y territorios de la Unión, que abarcaba a unos 510 millones de electores.
• Diciembre de 2025: Funcionarios de Bengala Occidental registraron problemas con padrones históricos digitalizados.
• 22-31 de enero de 2026: Se lanzó ECINet, el Tribunal Supremo emitió instrucciones sobre las audiencias por discrepancias y la ECI distribuyó las instrucciones para aplicarlas.
• Febrero-abril de 2026: Goa publicó su padrón definitivo sin incluir a los 97 votantes elegibles; los controvertidos formularios de eliminación presentados a nombre de funcionarios de Uttar Pradesh se generaron antes de que se publicara su padrón definitivo el 10 de abril.
• Mayo-octubre de 2026: El proceso se amplió, mientras continuaban los recursos contra formularios, notificaciones y divulgaciones.

Varias preguntas siguen sin respuesta: quién aprobó los umbrales para vincular familiares; quién autorizó los cambios en el Formulario 6 en línea; por qué no estaban disponibles las funciones de corrección de Goa; y si los formularios de eliminación generados automáticamente preservaban la decisión motivada de un funcionario.

Los contratos, las solicitudes de cambio, los registros de acceso, los resultados de las pruebas y los registros del sistema podrían permitir distinguir las decisiones de política de la ECI de las responsabilidades de implementación de TCS. También podrían mostrar si los fallos se detectaron, se comunicaron a instancias superiores y se corrigieron. Los relatos no identifican ningún calendario para publicar esos registros ni una fecha límite común para una auditoría independiente del software.

El criterio es concreto: todo votante que se enfrente a la exclusión debe recibir una explicación comprensible y una oportunidad efectiva de responder, y todo funcionario autorizado debe poder registrar y aplicar una decisión conforme a la ley. Goa demuestra por qué una audiencia no basta si no existe un mecanismo de corrección operativo.

Puntos clave

• Los funcionarios de Goa determinaron que 97 votantes reunían los requisitos, pero las comprobaciones realizadas hasta el 20 de septiembre de 2026 confirmaron que no figuraban en el padrón definitivo de la SIR.
• Un análisis de la información publicada en Uttar Pradesh encontró 85.854 solicitudes de eliminación presentadas por funcionarios sin indicar motivos.
• TCS opera ERONet 2.0; el sistema ERONet anterior fue desarrollado por C-DAC.
• Los errores en datos históricos, los cambios en las reglas de vinculación y las restricciones al acceso para corregir registros requieren investigaciones por separado.
• El portal público de Karnataka mostraba 28.832 solicitudes menos del Formulario 7 que el total informado.
• Las donaciones del fondo electoral de Tata merecen escrutinio, pero no demuestran que exista una conexión con las decisiones cuestionadas sobre el software.
• Las estimaciones nacionales de eliminaciones difieren y no establecen una cifra verificada de votantes elegibles excluidos indebidamente.