Tailandia ordena inspeccionar 1.203 centros de atención tras denuncias de confinamiento y agresiones

Dos meses para inspeccionar todos los centros registrados

Tailandia ha ordenado inspeccionar los 1.203 centros registrados que atienden a personas mayores y a personas dependientes, tras denuncias de confinamiento y agresiones y la revocación de la licencia de una residencia de ancianos en Kanchanaburi. Las inspecciones deben concluir en un plazo de dos meses y examinarán las instalaciones, la seguridad y los servicios, incluido si los operadores ofrecen tratamiento psiquiátrico más allá de sus atribuciones legales.

La respuesta nacional se produce tras las inspecciones en la residencia Sothornchai, en el distrito de Tha Muang, donde las autoridades informaron de 129 camas frente a las 50 declaradas en la solicitud, y en centros de atención de Nonthaburi, donde una investigación se extendió a otros dos edificios que operaban sin licencia.

La portavoz adjunta del Gobierno, Ploythalay Laksameesaengjan, presentó el programa nacional de inspecciones el 11 de octubre de 2026. El ministro de Salud Pública, Pattana Promphat, ordenó al Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud, a su oficina central y a los 12 centros regionales de apoyo que trabajaran con las oficinas provinciales de salud pública.

Las inspecciones se regirán por la Ley de Establecimientos de Servicios de Salud de 2016 y las normas ministeriales de 2020. Estas disposiciones van más allá de las condiciones de los edificios: exigen evaluaciones periódicas de los residentes, protección frente a los abusos, personal adecuado y derivaciones de emergencia. La cuestión inmediata es si la atención que se presta realmente cumple esos requisitos y las condiciones de la licencia de cada establecimiento.

Las medidas sobre las licencias y las investigaciones penales avanzan por separado. Las autoridades han informado de infracciones relacionadas con la operación de los centros en Kanchanaburi y Nonthaburi, mientras la policía reúne pruebas sobre presuntas agresiones y detenciones ilegales. Las acusaciones contra empleados y operadores concretos no deben considerarse condenas penales.

Cómo se extendió la investigación

La secuencia pasó de una denuncia sobre un centro de Kanchanaburi a inspecciones de establecimientos relacionados en Nonthaburi y a una orden de alcance nacional. Los principales acontecimientos fueron:

• 5 de octubre de 2026: agentes de la División de Represión del Crimen inspeccionaron el centro de atención de Tha Muang después de que una antigua residente denunciara agresiones y confinamiento.
• 6 de octubre: funcionarios de salud y bienestar social examinaron el centro de Kanchanaburi, las condiciones de su licencia y el bienestar de los residentes.
• 7 de octubre: el Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud revocó la licencia de operación de la residencia tras la inspección del día anterior.
• 8 de octubre: las autoridades inspeccionaron la residencia Baan Sermsuk y otros centros de atención relacionados en Soi Rewadee, distrito de Mueang Nonthaburi.
• 11 de octubre: el Gobierno detalló la orden de inspeccionar, en un plazo de dos meses, los 1.203 centros registrados de atención a personas mayores y dependientes.

El 7 de octubre, las autoridades ya describían la instrucción de realizar una inspección nacional. El anuncio del 11 de octubre precisó el total de establecimientos registrados y los tres aspectos que examinarían los inspectores. No se indicó una fecha exacta de finalización, por lo que no debe transformarse el plazo de dos meses en una fecha límite fija sin confirmación adicional.

Revocan la licencia de Kanchanaburi por incumplir los límites de capacidad

El director general del Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud, el doctor Puwadet Surakhot, inspeccionó la residencia Sothornchai el 6 de octubre y firmó la notificación de revocación al día siguiente. Las autoridades informaron de instalaciones y cuidados por debajo de los estándares, servicios psiquiátricos no autorizados, confinamiento ilegal e historias clínicas que no tenían el nivel de detalle y precisión exigido.

La inspección encontró 129 camas, frente a las 50 especificadas en la solicitud. Son 79 camas adicionales, es decir, 2,58 veces la cifra declarada. Se utilizaban unos 4.300 metros cuadrados, frente a los 1.600 declarados, aproximadamente 2,69 veces la superficie indicada. Estas diferencias se refieren a la dimensión y distribución de la operación, no solo al estado de habitaciones individuales.

Puwadet dijo que las medidas afectaban tanto a la licencia del negocio como a la de gestión, ambas en manos de la misma persona. La licencia se había renovado por internet conforme a las normas de la Comisión de Desarrollo del Sector Público. Aunque el departamento realiza visitas anuales, la siguiente inspección prevista no debía tener lugar hasta noviembre.

El propietario había dicho a la policía que la licencia se renovó por última vez el 3 de agosto y que el centro se sometía a inspecciones anuales. Funcionarios de bienestar social señalaron que la autorización tenía fecha del 28 de octubre de 2021. El propietario afirmó que la residencia comenzó a operar en su ubicación actual alrededor de 2006 y que en 2021 pasó a atender a personas mayores y dependientes.

Un registro empresarial independiente identifica a Sothonchai Nursing Home Co Ltd como una sociedad inscrita el 17 de septiembre de 2024, con un capital de 2 millones de baht. Sus ingresos más recientes declarados fueron de 7,43 millones de baht, con un beneficio neto de 474.102 baht. Esas cifras corresponden a la sociedad y no deben confundirse con las fechas anteriores indicadas para el funcionamiento del centro de atención o su licencia.

Denuncias de confinamiento y cifras contradictorias de residentes

La investigación en Kanchanaburi comenzó después de que una antigua residente denunciara que su hijo y su nuera la habían internado contra su voluntad durante más de dos años. Denunció agresiones, amenazas y medicación forzada, y dijo que se puso en contacto a escondidas con su hermana para pedir ayuda. Su afirmación de que sus familiares querían controlar su negocio también sigue siendo una denuncia.

Las imágenes de la inspección policial mostraban rejas o jaulas alrededor de las zonas para dormir, habitaciones cerradas con candados por fuera, alambre de púas y estructuras reforzadas de acero en las instalaciones. Los investigadores reunían grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios, entrevistaban a empleados y residentes y estudiaban posibles cargos por detención ilegal y malos tratos.

Los informes difieren sobre el número y la clasificación de los residentes. Los datos de la inspección policial indicaban 92 residentes, 75 hombres y 17 mujeres, y 19 empleados. Informes independientes de las inspecciones sanitarias describían a unas 100 personas, entre ellas 92 pacientes psiquiátricos. Un informe posterior habló de más de 100 pacientes, más de 90 de ellos psiquiátricos y, en su mayoría, de entre 18 y 59 años. Otro mencionó a casi 90 pacientes psiquiátricos.

Estas cifras no pueden considerarse un censo único y verificado. Es posible que correspondan a distintos momentos o grupos, pero no se ha anunciado una conciliación de los datos. También muestran que la investigación no se limita a la atención a personas mayores: según los informes, muchas de las personas que recibían servicios psiquiátricos eran adultas en edad laboral.

Teerapop Rangsisukanon, hijo del propietario, dijo que diseñó las estructuras metálicas cerradas para evitar que los residentes se hicieran daño o lesionaran a otras personas. También dijo que asumiría la responsabilidad por las deficiencias en las evaluaciones y la revisión de las historias clínicas. Informó de que cinco residentes se habían marchado, incluidos tres miembros de una misma familia.

El propietario defendió las habitaciones con rejas y afirmó que estaban destinadas a residentes considerados propensos a la violencia o a hacerse daño. Esa explicación no determina si las medidas de contención eran legales o clínicamente adecuadas. Las autoridades examinaban las condiciones y los registros de tratamiento de cada persona, en lugar de aceptar la existencia de una licencia como prueba de que todas las prácticas estaban permitidas.

La inspección en Nonthaburi descubre otros centros

La inspección del 8 de octubre en Soi Rewadee 22 comenzó tras informes de que la residencia Baan Sermsuk atendía a más de 81 pacientes psiquiátricos sin médicos ni personal especializado. El doctor Sirisak Thitidilokrat, subdirector general del Departamento de Salud Mental, encabezó la inspección junto con organismos reguladores de salud, funcionarios provinciales, policías y otras entidades.

Supachai Singho, director del Centro 4 de Apoyo a los Servicios de Salud, dijo inicialmente que el centro autorizado tenía permiso para nueve camas, mientras que la información preliminar apuntaba a una capacidad de 81. Las autoridades comprobaban la validez de la licencia, las condiciones del servicio, el número de camas y la posible existencia de otros edificios relacionados.

Un informe posterior de la inspección describió tres establecimientos. El edificio original, de una planta, tenía 14 camas y 11 personas recibían atención, pese a que la autorización permitía nueve camas. Las autoridades informaron de que no cumplía los estándares de instalaciones, seguridad y servicios.

Se describió un edificio contiguo de tres plantas con 66 camas que excedían la operación autorizada y que albergaba a 59 pacientes psiquiátricos. Una casa independiente de dos plantas, situada a unos 200 metros, tenía 19 camas y 14 pacientes psiquiátricos. Las autoridades dijeron que ninguno de esos dos edificios adicionales tenía licencia como establecimiento de salud.

La cifra preliminar de capacidad para 81 personas, el informe de más de 81 pacientes psiquiátricos y las cifras posteriores desglosadas por edificio son distintas. El informe posterior contabilizó 73 pacientes psiquiátricos en los dos edificios sin licencia, además de 11 personas en las instalaciones originales. No explicó cómo se relacionaban esos datos con las estimaciones anteriores.

Los residentes denunciaron que eran encadenados, que se restringían sus movimientos, que sufrían agresiones y que no recibían medicación suficiente. Una persona dijo que la habían sujetado al llegar, pero que no la habían agredido. Otra, que afirmó vivir allí desde 2023, denunció golpes y falta de medicación cuando empeoró su diabetes. Dijo que sus padres le proporcionaban los medicamentos y que el centro ofrecía tres comidas al día.

Las denuncias también incluían privación de alimentos y dispositivos de sujeción ocultos junto a una escalera. Estas acusaciones no se habían comprobado de forma independiente en el informe inicial de la inspección. Posteriormente, las autoridades comunicaron infracciones de licencias y estándares, reunieron pruebas para emprender acciones legales y se prepararon para considerar una suspensión o revocación. No se anunció ninguna sentencia penal firme.

Las normas vigentes exigen protección frente a los abusos

El documento sobre establecimientos de atención del Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud, alojado en el sitio web del Departamento de Personas Mayores, reúne información sobre licencias, la ley de 2016 y los reglamentos ministeriales de 2020. Define de forma amplia los servicios regulados e incluye actividades diurnas, ayuda para la vida cotidiana, alojamiento, rehabilitación y atención de apoyo para personas mayores o dependientes con problemas de salud.

La definición excluye los servicios prestados en centros médicos sujetos a la legislación sobre establecimientos médicos. Esta distinción importa porque el permiso para gestionar un centro de atención no autoriza automáticamente al operador a dirigir un centro de tratamiento psiquiátrico.

Las normas de servicios de 2020 exigen evaluar las necesidades de atención y la capacidad de comunicación de una persona al ingresar, y repetir la evaluación cada tres meses. También exigen respetar la privacidad y la dignidad humana, y adoptar medidas para prevenir abusos físicos, psicológicos, financieros y de otro tipo, incluidos los abusos sexuales.

El personal pertinente debe recibir formación sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Los centros que ofrecen estancias prolongadas o actividades nocturnas deben contar con personal adecuado, eficaz y suficiente para vigilar a los residentes durante la noche. También deben disponer de un sistema de derivación de emergencia.

Para la categoría específica que ofrece atención nocturna y tratamiento de apoyo, las normas exigen coordinarse con profesionales de distintas disciplinas conforme al plan de tratamiento de un profesional sanitario. También establecen un máximo de cinco personas atendidas por cada proveedor de cuidados. Esa proporción se aplica a esta categoría, no es una norma universal para todo tipo de establecimiento.

Estas disposiciones dan a los inspectores aspectos concretos que comprobar, además de la limpieza, las entradas y salidas accesibles, las alarmas, los equipos contra incendios, los suministros de primeros auxilios y las medidas de seguridad continuas. Un edificio puede contar con equipos básicos y, aun así, incumplir los estándares de servicio si no se evalúa ni protege a los residentes o si no los atiende personal cualificado.

La atención psiquiátrica tiene límites, incluso en una residencia autorizada

Las primeras declaraciones sobre las inspecciones en Kanchanaburi indicaron que un centro de atención a personas mayores o dependientes podía atender a pacientes psiquiátricos clasificados en el nivel verde permitido. Las autoridades describieron ese nivel como uno que no implica agitación grave, alteraciones serias ni riesgo de hacer daño a otras personas. Los pacientes que superen ese nivel deben ser trasladados a un centro médico o psiquiátrico con la licencia adecuada.

Esto es más preciso que considerar automáticamente prohibida la presencia de cualquier residente con un diagnóstico psiquiátrico. La cuestión legal depende del estado de la persona, los servicios que recibe y si estos requieren autorización médica y personal especializado.

El director general del Departamento de Salud Mental, el doctor Kittisak Aksornwong, dijo que algunos pacientes agresivos o con agitación grave que necesitan control conductual requieren habitaciones de aislamiento específicas, con puertas resistentes y un interior seguro para los pacientes. Añadió que encerrar camas en jaulas, o enjaular a pacientes psiquiátricos sin síntomas anormales, no es un tratamiento habitual y no está permitido.

El subdirector general del Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud, Arkhom Praditsuwan, dijo asimismo que las residencias de ancianos no son centros médicos especializados y no deben admitir a pacientes psiquiátricos con síntomas graves o que necesiten medidas especiales de contención si no cuentan con médicos y enfermeros psiquiátricos residentes.

El Departamento de Salud Mental preveía realizar evaluaciones individuales antes de trasladar a residentes desde Kanchanaburi. En Nonthaburi, se indicó a los operadores que se pusieran en contacto con los familiares. Funcionarios de salud mental, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y las autoridades sanitarias provinciales debían ayudar a encontrar atención adecuada para las personas cuyos familiares no pudieran ser localizados. No se anunciaron las cifras finales de los traslados.

Las sanciones dependen de la infracción

El Gobierno advirtió de penas de hasta seis meses de prisión, una multa de hasta 50.000 baht o ambas, conforme a la Ley de Establecimientos de Servicios de Salud de 2016. El documento oficial atribuye esa sanción al artículo 42 por infringir el artículo 12, por lo que no debe suponerse que todos los incumplimientos de los estándares de atención conllevan exactamente la misma pena.

Ofrecer tratamiento psiquiátrico como centro médico sin licencia puede acarrear una pena independiente de hasta cinco años de prisión, una multa de hasta 100.000 baht o ambas, conforme a la legislación de 1998 sobre establecimientos médicos. Las fuentes en inglés denominan a esa ley Medical Facilities Act o Sanatorium Act; las fuentes en tailandés identifican la misma norma de 1998.

Se trata de penas máximas, no de sentencias ya impuestas. La revocación de licencias, las órdenes correctivas y las suspensiones son medidas administrativas. Las denuncias de agresiones o detención ilegal requieren investigaciones independientes y decisiones sobre la apertura de procesos penales.

Los totales del registro y la supervisión aún requieren aclaraciones

El Gobierno cifró en 1.203 los centros registrados que serán inspeccionados, mientras que declaraciones anteriores redondeaban la cifra a unos 1.200. Puwadet describió así el alcance previsto:

“El DHSS inspeccionará los estándares de todos los 1.200 centros de atención a personas mayores registrados en todo el país y concluirá las comprobaciones en los próximos dos meses”,

El documento oficial sobre licencias ofrece otra cifra: 927, con datos por categoría de cinco, 17 y 905. Otra línea del mismo documento indica cuatro, 16 y 888, que suman 908. El documento no resuelve esta discrepancia interna ni establece una fecha de referencia directamente comparable con el total de 1.203 de octubre.

La diferencia entre 927 y 1.203 es de 276 centros, pero no puede describirse responsablemente como un crecimiento medido sin fechas y definiciones coincidentes. El documento también enumera establecimientos por provincia, con su categoría, número de teléfono y fecha de autorización, lo que permite comprobar los datos registrados de las licencias de un operador.

El ministro de Desarrollo Social y Seguridad Humana, Nikorn Somklang, encargó al viceministro Chanok Chanthathong y a organismos de bienestar social que participaran en la visita a Kanchanaburi del 6 de octubre. El ministerio planeaba presentar el caso ante el Comité Nacional de Personas Mayores para revisar la supervisión de los centros de atención públicos y privados.

El ministerio también propuso seguir desarrollando el sistema de seguimiento de atención Nirun para mejorar la supervisión de los centros privados y el intercambio de información. No se anunció una fecha para la reunión del comité ni un plazo de aplicación. Entre las preguntas pendientes figuran el número definitivo de residentes, la finalización de los traslados, las decisiones sobre cargos penales y los resultados de las inspecciones nacionales.

Se pueden denunciar centros sin licencia o que no cumplan los estándares ante el Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud o la oficina provincial de salud pública correspondiente. Las denuncias relacionadas con violaciones de derechos, abandono, violencia o atención inadecuada también pueden comunicarse a la línea gratuita 1300 del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, disponible las 24 horas.

Puntos clave

• Tailandia ordenó inspeccionar, en un plazo de dos meses, los 1.203 centros registrados de atención a personas mayores y dependientes.
• Los inspectores de Kanchanaburi informaron de 129 camas frente a las 50 declaradas; la licencia fue revocada el 7 de octubre de 2026.
• La investigación en Nonthaburi detectó camas por encima del límite autorizado y otros dos edificios de atención sin licencia.
• Las normas de 2020 exigen evaluaciones cada tres meses, protección frente a los abusos, personal nocturno adecuado y derivaciones de emergencia.
• La atención psiquiátrica debe mantenerse dentro de los límites permitidos; los casos graves requieren un centro médico con la licencia adecuada.
• Las cifras de residentes varían entre los informes y las investigaciones policiales sobre presunto confinamiento y agresiones son independientes de las medidas relacionadas con las licencias.
• Las denuncias sobre derechos y bienestar pueden comunicarse en cualquier momento a la línea gratuita 1300.