Ordenan devolver fondos de recuperación tras años de escaso gasto
Un tribunal de Seúl ordenó a dos organizaciones que representan a comunidades afectadas por el derrame de petróleo de Taean de 2007 devolver unos 285.200 millones de wones a Community Chest of Korea, al determinar que sus proyectos de desarrollo regional se habían estancado y que la mayor parte del dinero gastado se había destinado a salarios y otros gastos operativos.
Contenido
- Ordenan devolver fondos de recuperación tras años de escaso gasto
- Por qué varían los montos de devolución
- Del derrame de 2007 a las asignaciones de 2018
- Dos organizaciones al servicio de distintas comunidades costeras
- Qué revelan las cifras de gasto
- Las auditorías señalaron problemas antes de la demanda
- El tribunal se centró en la capacidad para ejecutar los proyectos
- Tras un intento fallido de mediación, la cooperativa prevé apelar
- Los residentes piden una nueva estructura de gestión
- Puntos clave
La resolución del 1 de octubre de 2026 de la División Civil 31 del Tribunal del Distrito Central de Seúl, presidida por el juez Nam In-su, dio parcialmente la razón a la organización benéfica en su demanda contra la Fundación de la Asociación de la Costa Oeste y la Cooperativa Social Hebei. La cooperativa anunció que tiene intención de apelar.
El detalle de la sentencia fija en 185.074.448.715 wones el monto que debe devolver la cooperativa, más intereses por mora. La fundación debe pagar 1.552.250.529 wones, más intereses por mora, y devolver otros 98.600 millones de wones, sujeto a la aprobación del ministro de Océanos y Pesca. En conjunto, esos montos principales suman 285.226.699.244 wones.
La conclusión central no fue que todo el fondo hubiera desaparecido. El tribunal determinó, más bien, que las organizaciones no estaban llevando a cabo los proyectos de beneficio público para los que se había asignado el dinero. A finales de 2021, la fundación solo había gastado el 4,4% de su asignación y la cooperativa, alrededor del 7,8%. La mayor parte de ese gasto se destinó al funcionamiento de las propias organizaciones.
La distinción es importante para los residentes afectados: que quede un saldo elevado en las cuentas bancarias no demuestra que una organización pueda prestar la ayuda prometida. La resolución se refiere a si la gestión del fondo y los planes de los proyectos podían cumplir su objetivo, y aún quedan pasos legales y administrativos antes de que se pueda recuperar todo el dinero.
Por qué varían los montos de devolución
Las informaciones describen la orden de devolución total como de unos 280.000 millones, 285.000 millones o 283.674 millones de wones. El detalle de los pagos ayuda a explicar parte de esa variación. La cifra de 283.674 millones de wones suma los 185.074 millones que debe devolver la cooperativa, cifra redondeada, y los 98.600 millones de wones de activos básicos de la fundación, pero no incluye el pago adicional de 1.552 millones de wones ordenado a la fundación.
Los activos básicos son bienes formalmente reservados como parte de la base financiera permanente de una fundación. En este caso, el tribunal determinó que la fundación no podía disponer de esa parte sin autorización de su ministerio supervisor.
Por ello, se ordenó a la fundación solicitar autorización para disponer de los 98.600 millones de wones y para modificar sus estatutos, de modo que el dinero dejara de clasificarse como activo básico. El pago de esa parte depende de esas autorizaciones. Esta condición explica por qué la sentencia supuso una victoria parcial para la organización benéfica, aunque el tribunal aceptó sus principales argumentos para recuperar los fondos.
La mayoría de las informaciones sitúan el monto total que debe devolver la fundación en unos 100.100 millones de wones. Otra información en inglés, en cambio, señala aproximadamente 110.000 millones, una cifra que no coincide con la orden detallada. Los montos publicados corresponden al capital; la obligación financiera final también incluye los intereses por mora especificados por el tribunal.
Del derrame de 2007 a las asignaciones de 2018
El desastre comenzó el 7 de diciembre de 2007, cuando un buque grúa chocó con el petrolero Hebei Spirit frente al condado de Taean, en la provincia de Chungcheong del Sur. La mayoría de las informaciones cifra el derrame en 12.547 kilolitros, equivalentes a 12,547 millones de litros. Otra lo sitúa en 10.900 toneladas. Se trata, respectivamente, de medidas de volumen y de masa, que no pueden compararse directamente sin conocer la densidad del petróleo.
También difieren las descripciones de los buques. La mayoría identifica el buque grúa con Samsung Heavy Industries y señala que el petrolero navegaba bajo bandera china. Otra información indica que el petrolero estaba registrado en Hong Kong y que el buque grúa era el Samsung No. 1, vinculado a Samsung C&T. Estas diferencias no alteran la cuestión resuelta en el litigio para recuperar los fondos.
La versión predominante del acuerdo de financiación es que Samsung Heavy Industries acordó en febrero de 2016 aportar 290.000 millones de wones, a través de Community Chest of Korea, junto con 11 grupos que representaban a residentes afectados. Otra información describe un compromiso anterior, de noviembre de 2013, por 360.000 millones de wones. Las informaciones no aclaran cómo se relaciona esa cifra anterior con el acuerdo posterior.
El detalle de la donación posterior cifra en unos 306.700 millones de wones el total de la contribución asignada en 2018. Alrededor de 104.200 millones de wones se destinaron a la fundación y 202.400 millones a la cooperativa. Estas asignaciones, redondeadas, suman 306.600 millones de wones, un poco menos que el total redondeado publicado.
Algunas informaciones describen el acuerdo de 2016 como la propia donación, mientras que la versión más detallada sitúa en 2018 la contribución asignada y su distribución. También hay discrepancias sobre si las organizaciones se crearon en 2016 o en 2018. Todas coinciden en que recibieron sus asignaciones en noviembre de 2018.
Dos organizaciones al servicio de distintas comunidades costeras
La Cooperativa Social Hebei fue creada por grupos de Taean, Seosan, Seocheon y Dangjin. La Fundación de la Asociación de la Costa Oeste reunió a grupos de Boryeong, Sinan, Yeonggwang, Hongseong, Gunsan, Buan y Muan. Por tanto, el fondo estaba destinado a comunidades de varias zonas costeras, no solo a Taean.
El dinero debía destinarse al bienestar de los residentes, la recuperación de las comunidades y la actividad económica regional. No era simplemente un presupuesto para retirar de inmediato el petróleo, pese a las descripciones de la disputa que la presentan como dinero desaparecido para las tareas de limpieza. Las organizaciones recibieron las asignaciones casi 11 años después del derrame.
La cooperativa afirma que ha seguido adelante con proyectos, entre ellos la gestión de centros de atención y la liberación de crías de mariscos. También sostiene que tiene unos 180.000 millones de wones en activos líquidos distribuidos en varias entidades financieras. Estas afirmaciones reflejan su versión de las actividades y la situación financiera, y no constituyen una conclusión del tribunal de que su gestión fuera adecuada.
La cobertura geográfica de ambas organizaciones también es relevante para las propuestas de una nueva gestión. Un plan centrado en Taean tendría que tener en cuenta los intereses de los residentes de las otras comunidades a las que se asignó el dinero.
Qué revelan las cifras de gasto
A finales de 2021, la fundación había gastado 4.600 millones de wones de los aproximadamente 104.200 millones que tenía asignados. De ese gasto, 3.000 millones se destinaron a salarios y otros costos operativos institucionales. Según estas cifras redondeadas, los gastos operativos representaron alrededor del 65% del total gastado; los 1.600 millones restantes se destinaron a otros gastos.
La cooperativa había gastado 15.800 millones de wones de los aproximadamente 202.400 millones asignados. La mayoría de las informaciones sitúa sus gastos operativos en 9.400 millones de wones, cerca del 59% de su gasto total. Otra los cifra en 9.800 millones. También varía el porcentaje redondeado de gasto, que se sitúa en el 7,7% o el 7,8%.
Según las cifras de 2021 que se citan con mayor frecuencia, ambas organizaciones gastaron en conjunto 20.400 millones de wones, incluidos 12.400 millones en costos operativos. Esto significa que alrededor del 61% del gasto registrado se destinó al funcionamiento de las instituciones. Se trata de la proporción del gasto, no de una afirmación de que se consumiera el 61% de todo el fondo donado.
Las cifras posteriores muestran un mayor gasto, pero el mismo desequilibrio. Datos del Ministerio de Océanos y Pesca obtenidos por el diputado Lim Ho-seon indican que la cooperativa había gastado 22.600 millones de wones a finales de 2022, el 11,2% de su asignación. Los gastos operativos ascendían a 12.900 millones de wones, frente a 9.700 millones destinados a proyectos.
En comparación con finales de 2021, el gasto acumulado de la cooperativa había aumentado en 6.800 millones de wones. Sin embargo, los costos operativos seguían superando en 3.200 millones el gasto en proyectos. Se informó que ambas organizaciones habían gastado en conjunto 28.800 millones de wones de un total de 306.700 millones, es decir, cerca del 9,4%, aunque la información redondeó la tasa al 9,5%.
Las auditorías señalaron problemas antes de la demanda
Las objeciones de la comunidad surgieron alrededor de 2021. Un comité de investigación de residentes de Boryeong cuestionó los salarios de los directivos de la fundación y sus procedimientos de contratación, pidió su disolución y reclamó la renuncia de sus dirigentes. En 2022, solicitó al Ministerio de Océanos y Pesca que investigara si los proyectos se llevaban adelante sin suficiente participación de los residentes afectados.
El ministerio realizó revisiones de documentos e investigaciones sobre el terreno, aunque una inspección se interrumpió cuando la fundación no cooperó. Las auditorías e investigaciones detectaron gastos de viaje improcedentes, préstamos innecesarios y demoras en la creación de la asamblea general de delegados de la cooperativa.
La Junta de Auditoría e Inspección realizó una auditoría de campo de la cooperativa en 2022. Detectó problemas en la estructura de ejecución de los proyectos y falta de medidas correctivas eficaces, y pidió un plan que permitiera completarlos dentro del plazo asignado.
Una descripción de las conclusiones de auditorías anteriores señala que se pagaron 237,33 millones de wones en concepto de remuneración durante nueve meses a seis directivos cuyos mandatos habían vencido, además de 51 millones de wones en dietas por reuniones pagadas de forma improcedente. Se tomaron medidas para recuperar esos pagos.
Por separado, se informó que el presidente y el secretario general de la fundación fueron imputados por cargos que incluyen malversación, en virtud de la Ley de Sanciones Agravadas por Delitos Económicos Específicos. Una imputación es una acusación, no una condena. Ese proceso penal es distinto de la decisión civil que ordena devolver el dinero asignado.
El tribunal se centró en la capacidad para ejecutar los proyectos
En agosto de 2023, la organización benéfica notificó a ambas organizaciones que recuperaría el saldo de sus asignaciones. Cuando estas impugnaron la decisión, la organización inició un proceso civil. Los fundamentos contractuales citados fueron los apartados 6 y 7 del párrafo 2 del artículo 6 del acuerdo de asignación, que contemplan la paralización de proyectos o la imposibilidad de cumplir su objetivo, así como problemas graves en su ejecución o en el uso del presupuesto.
La solicitud de donación, fechada el 5 de noviembre de 2018, también señalaba que Samsung Heavy Industries aceptaba que el dinero no gastado pudiera convertirse en donaciones benéficas generales, de acuerdo con las normas internas de Community Chest. Sin embargo, la sentencia no debe interpretarse como el anuncio de un nuevo plan de distribución. No se ha identificado un programa sustituto definitivo.
La División Civil 31 del Tribunal del Distrito Central de Seúl explicó que la fundación parecía priorizar los gastos de personal por encima de la finalización de su labor prevista:
«En lugar de completar los proyectos previstos dentro del plazo establecido, la Fundación parece haber utilizado los ingresos generados por los fondos asignados, como los intereses, para cubrir gastos, incluidos los costos de personal».
El mismo tribunal señaló que los conflictos internos de la cooperativa obstaculizaban la toma de decisiones y la ejecución eficaz de los proyectos:
«Las divisiones internas impidieron que la asamblea general de delegados de la Cooperativa funcionara, y los graves conflictos tanto entre la sede central y las delegaciones como dentro de la propia sede hicieron imposible ejecutar adecuadamente los proyectos».
El tribunal también consideró que los planes de los proyectos eran insuficientes para el volumen de los fondos. Su razonamiento se centró en la capacidad de las organizaciones para cumplir el objetivo contractual, no en determinar que todo el dinero hubiera sido robado.
Tras un intento fallido de mediación, la cooperativa prevé apelar
El presidente de la cooperativa, Guk Eung-bok, anunció que tiene intención de apelar y negó que la cooperativa hubiera malversado o desviado el fondo. Sostuvo que el dinero se había conseguido gracias a años de esfuerzos de los residentes afectados y afirmó que la organización abordaría los problemas por los que había sido criticada.
La cooperativa atribuyó parte de las demoras al litigio. Sin embargo, el tribunal determinó que la causa fundamental del estancamiento era la situación interna de la organización. Las informaciones citan como prueba de esas dificultades la falta de convocatoria del comité de selección de proyectos, la ausencia de planes concretos de ejecución y la discusión sobre una división de las delegaciones.
Antes de dictar sentencia, el tribunal propuso una mediación que incluía el nombramiento de directivos y cambios en los estatutos de la cooperativa. La cooperativa afirmó que sus procedimientos internos, incluida una asamblea de delegados, dificultaban aceptar rápidamente la propuesta. La mediación terminó sin acuerdo el 23 de julio.
Las fechas principales permiten seguir la evolución de la disputa:
- 7 de diciembre de 2007: Se produjo el derrame de petróleo frente a Taean.
- Febrero de 2016: Samsung Heavy Industries alcanzó el acuerdo de 290.000 millones de wones citado con 11 grupos de residentes.
- Noviembre de 2018: Las dos organizaciones recibieron sus asignaciones.
- 2021 y 2022: Las quejas de la comunidad y las auditorías oficiales examinaron la gestión y el gasto.
- Agosto de 2023: Community Chest notificó a las organizaciones que recuperaría los fondos.
- Diciembre de 2023: Se presentó la demanda civil, según una de las informaciones.
- 23 de julio de 2026: La mediación fracasó.
- 1 de octubre de 2026: El tribunal dictó su resolución.
- 6 de octubre de 2026: Un antiguo presidente del concejo del condado de Taean propuso que el dinero devuelto quedara bajo gestión pública.
La cooperativa dispone de dos semanas desde la notificación de la sentencia para presentar una apelación. No se indica la fecha de notificación ni la de una audiencia de apelación. Por tanto, su anuncio confirma la intención de apelar, pero no que la apelación ya se haya presentado.
Los residentes piden una nueva estructura de gestión
Kim Jin-kwon, antiguo presidente del concejo del condado de Taean, propuso crear un comité público para gestionar el fondo durante una rueda de prensa celebrada el 6 de octubre. Su propuesta reuniría a Community Chest, el condado de Taean, el concejo del condado, la provincia de Chungcheong del Sur, el Ministerio de Océanos y Pesca, los residentes afectados y especialistas.
El comité debatiría cómo preservar el capital devuelto y sus intereses, las prioridades de los proyectos de beneficio público, la participación de los residentes, las auditorías externas y las normas de divulgación de información. Kim dijo que consideraría recorrer a pie unos 160 kilómetros desde Taean hasta Community Chest si las conversaciones formales no comenzaban o se demoraban. También recordó que en 2012 caminó hasta Seúl y realizó varias postraciones para pedir una contribución de Samsung.
Otra información identifica a Park Soo-hyun como gobernador de Chungcheong del Sur y señala que apoyó el control por parte de los residentes, al tiempo que expresó su disposición a que la provincia interviniera y mediara. La misma información indica que la provincia carece de autoridad directa para gastar el fondo. Por tanto, expresar disposición a intervenir no equivale a una transferencia aprobada del control financiero.
Las cuestiones inmediatas aún sin resolver son si la cooperativa presenta una apelación, si el ministerio autoriza la disposición de los activos básicos de la fundación, cuándo se recuperará efectivamente el dinero y qué estructura sustituirá a la gestión cuestionada. Ninguna de las propuestas mencionadas constituye una decisión definitiva sobre el gasto. Los residentes que asistieron a la lectura de la sentencia expresaron su preocupación de que nuevos procedimientos prolonguen la espera por la ayuda.
Puntos clave
- La orden detallada exige devolver unos 285.230 millones de wones de capital, además de los intereses por mora.
- Los 98.600 millones de wones de activos básicos de la fundación requieren aprobación ministerial para su devolución.
- A finales de 2021, las organizaciones solo habían gastado el 4,4% y alrededor del 7,8% de sus asignaciones.
- Los costos operativos representaron aproximadamente el 61% del gasto total registrado por ambas organizaciones ese año.
- El tribunal determinó que la insuficiencia de los planes de los proyectos y los problemas de gestión interna justificaban recuperar los fondos.
- La cooperativa prevé apelar, pero no se ha indicado la fecha de una audiencia de apelación.
- Se ha propuesto un comité de gestión pública, pero aún no se ha definido un nuevo plan de distribución.
