Un ataque aéreo en Kyauktaw mata a 50 personas mientras aumentan las importaciones de combustible de aviación de Myanmar pese a las sanciones

Un mercado concurrido, un puente dañado y 50 muertos

El bombardeo del 28 de septiembre de 2026 contra el Mercado de India de Kyauktaw y el cercano puente Kissapanadi mató al menos a 50 personas e hirió al menos a 58, según el Ejército de Arakán y el trabajador humanitario Wai Hun Aung. Los equipos de rescate recuperaron más cuerpos al día siguiente. Entre las víctimas había mujeres y niños. El ataque alcanzó una zona comercial concurrida junto al río Kaladan, en el estado de Rakáin, en Myanmar.

Fortify Rights afirmó en su comunicado sobre Kyauktaw del 2 de octubre que entre los muertos y heridos había residentes rakáin y rohinyás. Su análisis de listas de víctimas, fotografías y videos identificó al menos dos aparentes cráteres de bombas, uno en el mercado y otro en el puente. La organización dijo que el bombardeo provocó un gran incendio que quemó vivas a muchas víctimas.

El ataque ha puesto de relieve dos hechos relacionados: la capacidad del ejército para seguir atacando territorios que ya no controla y una cadena de suministro de combustible de aviación que se ha ampliado pese a las sanciones internacionales. Amnistía Internacional registró al menos 109.604 toneladas métricas de importaciones de combustible de aviación en 2025, un aumento del 69 por ciento respecto de 2024 y la mayor cifra anual desde el golpe de febrero de 2021.

La investigación sobre el combustible no identifica el cargamento que abasteció al avión o los aviones implicados en Kyauktaw. Sin embargo, muestra cómo continuaron las importaciones durante lo que Amnistía describió como el año más mortífero para los ataques aéreos militares desde el golpe. Los investigadores buscan ahora pruebas que permitan vincular el bombardeo de Kyauktaw con aeronaves, bases, armas, pilotos y comandantes concretos.

Qué muestran los testimonios y los registros de víctimas

Los relatos sitúan el bombardeo alrededor del mediodía, cuando comerciantes, compradores, trabajadores del transporte y personas que cruzaban el mercado quedaron expuestos. Fortify Rights dijo que el momento parecía coincidir con las horas de mayor actividad comercial. Entre las víctimas había una mujer con nueve meses de embarazo; su bebé por nacer también murió. La lista de víctimas confirmadas del Ejército de Arakán mencionada en el relato inicial incluía a un niño de cuatro años.

Un testigo de 28 años, cuyo nombre Fortify Rights no publicó, contó que oyó varias bombas y luego descubrió que algunos familiares habían muerto. El testigo dijo a la organización:

«Media hora después, vi humo que salía de lugares cercanos y oí gritos. Me di cuenta de que había muchas víctimas. Más tarde, supe que varios de mis familiares también habían muerto. Es desgarrador ver que el ejército de Myanmar mata a mis familiares y vecinos».

Los principales relatos sobre las víctimas coinciden en que hubo al menos 50 muertos. Las cifras de heridos difieren en precisión, pero no muestran una contradicción clara: el Ejército de Arakán y Wai Hun Aung informaron de al menos 58 heridos, mientras que Fortify Rights reportó más de 50. La cifra de muertos llegó a 50 el 29 de septiembre, después de que se recuperaran otros cuerpos.

El portavoz del Ejército de Arakán, Khine Thu Kha, acusó al ejército de atacar deliberadamente zonas civiles pobladas y dijo que el grupo tomaría represalias contra los responsables. Un portavoz del Gobierno de Myanmar no respondió a una solicitud de comentarios sobre el bombardeo. En el pasado, el ejército ha dicho que «ejerce la máxima moderación para evitar daños a la población civil», pero esa afirmación anterior no ofrece una explicación específica del ataque de Kyauktaw.

Los ataques continuaron después del 28 de septiembre

Kyauktaw no fue el único lugar atacado ese día. Fortify Rights informó de ataques aéreos en los municipios de Ponnagyun, Minbya y Thandwe, que mataron o hirieron al menos a 100 personas. Hubo nuevos ataques mientras los equipos de rescate, las familias y los investigadores aún intentaban determinar qué había ocurrido en el mercado.

La secuencia de hechos reportados muestra lo rápido que la violencia se extendió más allá del bombardeo inicial:

• 28 de septiembre: aeronaves atacaron el Mercado de India y la zona del puente Kissapanadi en Kyauktaw. También se reportaron ataques aéreos en otros tres municipios.
• 29 de septiembre: la cifra de muertos en Kyauktaw subió a 50 después de que los equipos de rescate encontraran más cuerpos.
• 30 de septiembre: el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar solicitó pruebas sobre Kyauktaw. Según los informes, ataques contra las aldeas de Kyaukseik y Kutaung mataron a un civil e hirieron a tres.
• Del 30 de septiembre al 1 de octubre: el Ejército de Arakán informó de nuevos ataques en cinco municipios, con víctimas civiles y daños en un monasterio y viviendas.
• 4 de octubre: la Liga Unida de Arakán y el Ejército de Arakán dijeron que un ataque contra el campamento de desplazados de Byala, en Ponnagyun, mató a seis civiles e hirió a 10.
• 5 de octubre: según los informes, nuevos ataques alcanzaron otro campamento de desplazados, una clínica temporal de asistencia pública y la aldea de Aungphyupyin.

La Liga Unida de Arakán y el Ejército de Arakán informaron de un total combinado de ocho civiles muertos y 11 heridos el 4 y el 5 de octubre. Esa cifra incluye las víctimas de Byala; no se trata de ocho muertos adicionales. Entre las personas que, según los informes, murieron en los ataques posteriores había una enfermera en prácticas de 18 años y una mujer desplazada.

El creciente número de víctimas civiles en Rakáin

Un registro consolidado de ataques aéreos en Rakáin documentó al menos 667 civiles muertos y 1.302 heridos entre abril de 2024 y el 30 de septiembre de 2026. Las cifras incluyen 133 niños muertos y 194 heridos, además de 61 personas mayores muertas y 121 heridas. Los niños representaban cerca de una quinta parte de las muertes civiles registradas: 133 de 667.

Una versión anterior del recuento, con datos hasta el 12 de septiembre, registró 602 muertos y 1.211 heridos. Por tanto, el registro actualizado contiene 65 muertes y 91 heridos más. La diferencia refleja la ampliación del registro y una fecha de cierre posterior; no debe considerarse automáticamente un recuento completo de las víctimas ocurridas solo entre esas fechas.

Las restricciones de acceso, las interrupciones de las comunicaciones y las dificultades para verificar incidentes hacen que estas cifras sean mínimos documentados. Los ataques contra los campamentos de desplazados de octubre quedan fuera del corte del 30 de septiembre. Otro recuento de seguimiento registró al menos 222 ataques aéreos militares en Rakáin entre el 31 de marzo y el 31 de agosto, y tampoco incluye los ataques de septiembre y octubre.

Incidentes anteriores muestran que los daños no se limitaron a Kyauktaw. Según los informes, un ataque en enero de 2025 contra Kyauk Ni Maw, en el municipio de Ramree, mató a 26 personas, hirió a 27 y destruyó 398 viviendas. Un ataque en septiembre de 2025 contra la escuela Thayet Ta Pin mató a 20 estudiantes, jóvenes y otros civiles e hirió a 21. El registro de un bombardeo en diciembre de 2025 contra el Hospital Público de Mrauk-U indicó que murieron 33 civiles y 77 resultaron heridos. Otro relato describió de forma más general que hubo al menos 30 muertos en ese hospital.

Las cifras nacionales atribuidas a la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas registraron 982 civiles muertos por ataques aéreos militares en 2025, incluidos 232 niños, frente a 641 muertes civiles en 2024. Esto representa un aumento de 341 muertes, o aproximadamente el 53 por ciento. Estos totales nacionales corresponden a un período y una zona geográfica distintos de los registros de Rakáin, por lo que no deben sumarse a ellos.

Cuatro buques detrás de nueve entregas confirmadas

La investigación sobre combustible de aviación de Amnistía Internacional, publicada en enero de 2026, confirmó al menos nueve entregas realizadas por cuatro buques entre mediados de 2024 y finales de 2025. Sus conclusiones combinaron registros comerciales, datos de navegación, imágenes satelitales e información de la Autoridad Portuaria de Myanmar.

Las 109.604 toneladas métricas registradas en 2025 constituyen una cifra mínima anual de importaciones, no un total declarado únicamente para esos nueve cargamentos. Montse Ferrer, directora de Investigación Regional de Amnistía, dijo que el aumento de las importaciones de combustible coincidió con el incremento de las muertes civiles. Describió así los hallazgos:

«Cinco años después del golpe, nuestro análisis muestra que la junta de Myanmar sigue eludiendo las sanciones y encontrando nuevas formas de importar el combustible de aviación que utiliza para bombardear a su propia población civil; 2025 fue el año con más muertes registradas en ataques aéreos desde la toma del poder por la junta en 2021».

Los cuatro buques identificados en la investigación fueron:

• HUITONG 78, actualmente BARAAWE 1, OMI 9646479: entregó un cargamento el 12 de julio de 2024, después de realizar al menos nueve entregas anteriores en 2023 y 2024.
• YONG SHENG 56, actualmente LS MERCURY, OMI 9657507: entregó un cargamento el 30 y el 31 de julio de 2024.
• REEF, anteriormente BALTIC HORIZON, OMI 9263382: entregó cargamentos en octubre de 2024, julio de 2025 y octubre de 2025.
• NOBLE, anteriormente ASTRA, OMI 9162928: entregó cuatro cargamentos entre enero y junio de 2025.

Los números OMI son identificadores permanentes de los buques y sirven para seguirlos aunque cambien de nombre. HUITONG 78 y YONG SHENG 56 estaban identificados como buques con bandera china, mientras que REEF y NOBLE navegaban con bandera de Guinea. La bandera de un buque identifica el país o territorio donde está registrado, no necesariamente el origen de su carga.

Cómo se ocultó el rastro marítimo

Amnistía describió un cambio hacia buques que interrumpen o manipulan su Sistema de Identificación Automática, conocido como AIS. Este sistema transmite la identidad y la posición de un buque. Apagarlo crea lagunas en los registros públicos de seguimiento; transmitir posiciones falsas, una práctica que suele llamarse suplantación de señal, puede hacer que un buque parezca estar en otro lugar.

En el caso de REEF, las imágenes satelitales situaron el buque en Bandar Abbas, Irán, en septiembre de 2025, con un alto grado de certeza. Sin embargo, su registro AIS indicaba posiciones cerca de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, incluidos movimientos rectangulares inusuales a más de 750 kilómetros de Bandar Abbas. Amnistía dijo que esos patrones no correspondían a una navegación normal e indicaban que los datos habían sido manipulados.

Las imágenes satelitales también localizaron a NOBLE en Bandar Abbas antes de su entrega a Myanmar en junio de 2025. Otros viajes incluyeron el fondeadero mar adentro cerca de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, donde los buques pueden transferir cargamentos de petróleo entre sí sin cargar en una terminal convencional. Estas transferencias pueden dificultar el rastreo de la propiedad y el origen de la carga.

Ferrer explicó que Amnistía identificó el cargamento como combustible de aviación al comparar registros portuarios, imágenes satelitales de los puntos de descarga y la actividad de la aviación militar de Myanmar, que continúa. Dijo que los cuatro buques descargaron en la terminal de Myan Oil en Thilawa, cerca de Yangón, que antes operaba como terminal de Puma Energy. También señaló que la terminal estaba controlada por empresas vinculadas al ejército.

La investigación rastreó un cambio que comenzó antes de estas entregas. Una investigación de noviembre de 2022 identificó empresas de Singapur y Tailandia dentro de la cadena de suministro de combustible de aviación. Tras las sanciones dirigidas contra partes de esa cadena en 2023, investigaciones posteriores descubrieron que el combustible se compraba y revendía repetidamente, incluso tras almacenarse en Vietnam, lo que dificultaba determinar su origen.

Los vínculos con Irán son indicios, no pruebas del origen

Amnistía no confirmó quiénes eran los proveedores ni el país de origen del combustible de aviación. Esta limitación es importante porque las pruebas de que un petrolero estuvo en un puerto iraní no establecen por sí solas dónde se produjo cada cargamento que transportaba ni quién lo vendió.

Aun así, la organización identificó varios indicios de una conexión con Irán. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, REEF y NOBLE tenían antecedentes documentados de transporte de combustible iraní sancionado. Ambos fueron avistados en Bandar Abbas, y la empresa de inteligencia sobre materias primas Kpler evaluó que sus cargamentos con destino a Myanmar procedían de Irán, a partir de información sobre transporte marítimo, imágenes satelitales, aduanas y otras fuentes.

Ferrer diferenció estos hallazgos de las pruebas de una nueva alianza política entre Irán y Myanmar. Su evaluación fue que entidades ya expuestas a sanciones, junto con comerciantes y redes dispuestos a operar en mercados menos transparentes, podrían tener intereses comerciales en común. La investigación respalda el escrutinio de esas redes, pero no demuestra que el Gobierno iraní decidiera abastecer la operación de Kyauktaw.

Por tanto, las sanciones han afectado la forma en que el combustible llega a Myanmar, pero no han detenido las importaciones. El volumen anual aumentó un 69 por ciento en 2025, aunque las rutas se volvieron más difíciles de rastrear. Esto no demuestra que cada tonelada importada fuera utilizada por aeronaves militares, pero pone en duda que las restricciones impuestas a determinados proveedores hayan bastado para impedir que el ejército obtuviera combustible.

Pérdidas territoriales y presión para negociar

Fortify Rights dijo que el ejército había perdido el control de 14 de los 17 municipios de Rakáin a manos del Ejército de Arakán. Las aeronaves aún le permiten atacar zonas que están fuera de su control efectivo sobre el terreno, incluidas infraestructuras necesarias para el comercio, la atención médica y los desplazamientos cotidianos.

Los ataques aéreos también han continuado mientras se invitaba a las partes a participar en conversaciones de paz. El Ejército de Arakán dijo que más de 130 civiles murieron por ataques aéreos y artillería pesada en zonas que controlaba entre el 21 de abril y el 30 de septiembre de 2026, mientras el Gobierno militar extendía esas invitaciones. Esa cifra abarca armas y fechas distintas de las del recuento general de ataques aéreos, por lo que no debe combinarse con él.

El analista de seguridad Sai Kyi Zin Soe describió una estrategia de presión militar, política y económica destinada a empujar al Ejército de Arakán a negociar. Se trata de una evaluación de la estrategia del ejército, no de un relato confirmado sobre las órdenes detrás del bombardeo del mercado. Los combates continuaron en torno a Sittwe, Kyaukpyu y Manaung, mientras el Ejército de Arakán, el Ejército de Independencia de Kachin y la Unión Nacional Karen seguían siendo grupos importantes fuera de las conversaciones.

Thar Tun Hla, presidente del Partido Nacional de Arakán, dijo que los ataques contra civiles socavaban la confianza necesaria para negociar. Afirmó:

«El proceso de paz requiere confianza».

Thien Tun Oo, director ejecutivo del Instituto Thayninga de Estudios Estratégicos, que apoya al ejército, expresó una postura distinta. Sostuvo que los grupos que continuaran con operaciones armadas se enfrentarían a respuestas militares. Esa postura no elimina la obligación legal de proteger a la población civil, se estén celebrando negociaciones o no.

Qué deben determinar aún los investigadores

En un comunicado del 30 de septiembre, el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar solicitó fotografías, videos y testimonios sobre las víctimas y los daños en Kyauktaw. También pidió información para identificar las aeronaves, la base aérea de operaciones, las armas, los pilotos y el personal que dio o ejecutó las órdenes. Se instó a los testigos a priorizar su seguridad y ponerse en contacto solo cuando hacerlo fuera seguro.

Fortify Rights dijo que el aparente bombardeo deliberado de un mercado concurrido podría constituir un crimen de guerra. El derecho internacional humanitario obliga a las fuerzas a distinguir entre civiles y edificios civiles, por un lado, y objetivos militares, por otro. Incluso está prohibido atacar un objetivo militar legítimo si el daño civil previsto sería excesivo en relación con la ventaja militar esperada. La relevancia militar de un puente, si llegara a demostrarse, no convertiría en objetivos legítimos a todas las personas o tiendas cercanas.

El estatuto jurídico de los prisioneros también requiere un examen separado. Un registro distinto documentó la muerte de 187 prisioneros de guerra y otros detenidos, y al menos 122 heridos en ataques aéreos en Rakáin entre 2024 y septiembre de 2026. Incluyó a 116 prisioneros muertos y 32 heridos en un ataque contra un centro de detención en el municipio de Ann el 8 de marzo de 2026. Estas cifras deben mantenerse separadas de los totales de víctimas civiles. Los combatientes capturados que ya no participan en las hostilidades están protegidos por las leyes de la guerra.

Fortify Rights nombró al general Ye Win Oo como comandante en jefe desde marzo de 2026, en reemplazo de Min Aung Hlaing. Para determinar quiénes son responsables de lo ocurrido en Kyauktaw se necesitan pruebas sobre la cadena de mando efectiva y las decisiones tomadas, en lugar de hacer suposiciones basadas únicamente en el cargo de una persona. La misma distinción se aplica a pilotos, proveedores de combustible, operadores de buques, aseguradoras e intermediarios financieros: sus posibles responsabilidades jurídicas no son iguales.

Las víctimas rohinyás aumentan la preocupación por las obligaciones de Myanmar en virtud de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia en el caso Gambia contra Myanmar, presentado en 2019 y relativo al genocidio. Fortify Rights dijo que podría emitirse un fallo en los meses siguientes, pero no dio una fecha concreta. Los comunicados citados no establecen ni la fecha de un fallo ni un calendario para concluir la investigación sobre Kyauktaw.

Parlamentarios de la región han renovado sus demandas de que se detengan los suministros de armas, combustible de aviación y equipos de uso civil o militar. Las cuestiones inmediatas pendientes son más concretas: quién ordenó el bombardeo, qué aeronave lo llevó a cabo, qué armas se utilizaron y qué rutas de suministro siguen sosteniendo la campaña aérea.

Puntos clave

• El bombardeo del 28 de septiembre de 2026 en Kyauktaw mató al menos a 50 personas e hirió al menos a 58.
• Fortify Rights identificó aparentes cráteres de bombas en el mercado y en el puente Kissapanadi, y dijo que el ataque podría constituir un crimen de guerra.
• Un registro regional de víctimas documentó 667 civiles muertos y 1.302 heridos en ataques aéreos hasta el 30 de septiembre, sin incluir los ataques posteriores de octubre.
• Myanmar importó al menos 109.604 toneladas métricas de combustible de aviación en 2025, un 69 por ciento más que en 2024.
• Amnistía confirmó nueve entregas realizadas por cuatro buques, pero no pudo confirmar quiénes eran los proveedores del combustible ni su origen.
• Investigadores de las Naciones Unidas buscan pruebas que permitan identificar las aeronaves, las armas, los pilotos y a quienes dieron las órdenes.