Tokio respalda a la Corte mientras Washington amplía las sanciones
Japón se comprometió a seguir apoyando a la Corte Penal Internacional después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra la propia institución el 9 de octubre, ampliando medidas anteriores contra jueces y funcionarios individuales. Washington estableció un período de 180 días durante el cual podrán continuar algunas actividades, lo que abre una ventana para la diplomacia, pero amenaza el acceso de la Corte a servicios financieros y tecnología.
Contenido
- Tokio respalda a la Corte mientras Washington amplía las sanciones
- Qué restringirían las sanciones
- Japón promete apoyo sin exigir que se reviertan las medidas
- La secuencia diplomática
- Washington vincula sus exigencias con la seguridad de los aliados
- La Corte dice que las víctimas pagarán el precio
- Se debate una protección europea, pero aún no se ha aplicado
- Pillay condena las sanciones tras el anuncio del Nobel
- El apoyo a Akane trasciende al Gobierno
- Puntos clave
El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, reafirmó la posición de Japón el 11 de octubre durante una aparición televisiva. Sus declaraciones siguieron a la profunda preocupación expresada el 9 de octubre por la primera ministra, Sanae Takaichi, y a las conversaciones telefónicas por separado que el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, mantuvo el 10 de octubre con la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Japón es el principal contribuyente financiero de la Corte, mientras que Estados Unidos es su principal aliado en materia de seguridad. Tokio alberga a unos 60.000 militares estadounidenses. Por ello, la disputa enfrenta directamente dos prioridades japonesas: apoyar a los tribunales internacionales y cooperar con Washington.
Kihara, principal portavoz del Gobierno japonés, dijo que las sanciones contradecían el apoyo del país a la justicia internacional.
«La postura de nuestro país es seguir esforzándonos por fortalecer el Estado de derecho en la comunidad internacional», dijo.
La CPI, con sede en La Haya, procesa a personas acusadas de delitos internacionales graves, incluidos crímenes de guerra. Kihara también mencionó el apoyo de Japón a la Corte Internacional de Justicia, una institución distinta que se ocupa principalmente de controversias jurídicas entre Estados. Al referirse a ambos tribunales, presentó la respuesta de Tokio como parte de un compromiso más amplio y no simplemente como una defensa de Akane, ciudadana japonesa.
Qué restringirían las sanciones
La decisión del Gobierno de Trump apunta a la CPI como organización, tras las sanciones impuestas en agosto a Akane y al abogado sénior de juicios Abdoulaye Seye, de Senegal. Washington ordenó incluir a la Corte en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro, una designación que restringe las transacciones con las entidades incluidas en ella.
Las medidas amenazan con excluir a la CPI de los servicios financieros estadounidenses, las empresas tecnológicas y las transacciones en dólares. Las sanciones anteriores contra personas congelaron activos bajo jurisdicción estadounidense y, en general, prohibieron a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellas.
En la práctica, esas restricciones pueden extenderse más allá de Estados Unidos. Los bancos internacionales vinculados al sistema financiero estadounidense podrían evitar a los clientes sancionados, lo que dejaría a una institución con menos opciones para mover dinero o pagar servicios. Por tanto, la designación más amplia podría afectar tanto las operaciones cotidianas de la Corte como a sus funcionarios.
Las descripciones del período de transición difieren en cuanto a su alcance. Algunas hablan de seis meses antes de la aplicación de las medidas o del plazo que tendrían las empresas para poner fin a sus relaciones con la Corte. Otras señalan que el período de gracia de 180 días se aplica a una parte de las medidas y permite las actividades necesarias para mantener el funcionamiento de la organización. No debe interpretarse como una garantía de que todas las restricciones queden suspendidas.
El Departamento de Estado dijo que el período tenía por objeto dar tiempo a los Estados miembros para buscar soluciones diplomáticas y jurídicas a las preocupaciones de Estados Unidos. No se han especificado las condiciones exactas para levantar las sanciones ni se ha anunciado un acuerdo negociado.
Japón promete apoyo sin exigir que se reviertan las medidas
Takaichi respondió a última hora del 9 de octubre en japonés e inglés y describió la decisión como incompatible con la posición de Japón. Reiteró su apoyo a la CPI y dijo que Japón seguiría dialogando con Washington y brindando a la Corte la asistencia necesaria.
La primera ministra explicó en su declaración cómo respondería el Gobierno.
«Seguiremos comunicándonos con Estados Unidos y brindaremos el apoyo necesario a la CPI para que la Corte pueda cumplir el papel y las funciones previstos originalmente», dijo.
El lenguaje de Tokio es más moderado que el llamado de la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes a revocar inmediatamente las sanciones. Japón ha expresado preocupación y desacuerdo, pero en gran medida ha evitado pedir públicamente y de forma directa a Washington que retire las medidas.
El Gobierno no ha especificado un nuevo paquete de financiación ni un mecanismo jurídico para proteger a la Corte de las sanciones. Por tanto, su promesa de apoyo deja sin resolver una cuestión práctica: cómo sostener el trabajo de la CPI si los bancos y los proveedores de servicios se retiran.
La secuencia diplomática
El 10 de octubre, Motegi habló primero con Akane sobre la situación de la Corte y su respuesta, y luego llamó a Rubio. Cada conversación duró unos 15 minutos. Japón y Estados Unidos acordaron mantener una comunicación estrecha, aunque sus respectivas versiones de las conversaciones dejaron clara su discrepancia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dijo que Motegi comunicó la posición del Gobierno sobre las sanciones contra la institución. El Departamento de Estado dijo que Rubio destacó que eran necesarias por lo que Washington calificó como acciones de la Corte que amenazaban la soberanía estadounidense.
Los principales acontecimientos se desarrollaron a lo largo de varias semanas:
- Agosto: Washington sancionó a Akane y a Seye, ampliando su campaña contra funcionarios individuales de la CPI.
- 22 de septiembre: Trump aprovechó su discurso ante la Asamblea General de la ONU para instar a los miembros de la CPI a retirarse.
- 1 de octubre: Un grupo japonés de apoyo entregó unas 170.000 firmas de una petición al subsecretario jefe del Gabinete.
- 9 de octubre: Washington anunció sanciones contra la propia CPI y Takaichi expresó su profunda preocupación.
- 10 de octubre: Motegi llamó a Akane y a Rubio, mientras que la Mesa de supervisión de la CPI exigió que se revocaran las sanciones.
- 11 de octubre: Kihara reafirmó públicamente el apoyo de Japón a los tribunales internacionales.
La llamada con Rubio también abordó la detención de un marine estadounidense en Okinawa, sospechoso de robo y asesinato. Motegi transmitió la posición de Japón, incluido su pesar por el incidente, y los ministros acordaron hablar sobre medidas eficaces para evitar que se repita. Esta conversación paralela muestra el contexto más amplio en el que se está gestionando la disputa sobre la CPI.
Washington vincula sus exigencias con la seguridad de los aliados
El Gobierno de Trump sostiene que la CPI amenaza la soberanía de Estados Unidos. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado por el que se creó la Corte, y no es miembro de la CPI. Esa posición no resuelve por sí sola todas las cuestiones sobre la jurisdicción de la Corte, que también puede depender del lugar donde se produjeron los presuntos delitos y de cómo llegó una situación ante la Corte.
Los informes difieren sobre la fecha de la firma del tratado: uno indica 2002, mientras que otro señala que el presidente Bill Clinton lo firmó en 2000. Coinciden en que Estados Unidos nunca lo ratificó. La firma y la ratificación son pasos distintos; la ratificación establece el consentimiento de un Estado para quedar obligado por un tratado.
Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lanzó una amenaza directa en un video publicado el 9 de octubre.
«O la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros acabaremos con la CPI», dijo.
También vinculó las expectativas de Washington con la protección militar que brinda a sus aliados.
«Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales son miembros de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a la Corte», dijo Rubio.
La disputa se produce después de las objeciones de Estados Unidos a una investigación relacionada con tropas estadounidenses en Afganistán, que la Corte decidió posteriormente dejar en segundo plano, y de la orden de detención emitida por la CPI en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. La orden contra Netanyahu se ha señalado como un posible factor que impulsó las sanciones, no como una causa única confirmada.
Rubio también mencionó llamados externos a procesar a militares estadounidenses, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos. Esos llamados son distintos de una acción judicial: los funcionarios de la CPI no han dado pasos para iniciar los procesos que describió.
La Corte dice que las víctimas pagarán el precio
La CPI condenó las sanciones contra la institución y dijo que buscaban obstaculizar su trabajo e intimidar a su personal y a las personas que colaboran con ella. Pidió a sus 125 Estados y territorios miembros el apoyo necesario para seguir funcionando.
En su comunicado de prensa del 9 de octubre, fechado en 2026, la CPI dijo que las sanciones contra la institución se sumaban a las designaciones impuestas a trece jueces y fiscales independientes. Añadió que la designación buscaba interrumpir las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella.
Akane, presidenta de la Corte, dijo que la CPI mantendría su independencia judicial pese a la presión.
La Corte «seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en favor de las innumerables víctimas de delitos graves», dijo.
El comunicado también señaló que la Corte había trabajado con sus Estados Partes para garantizar la continuidad y resiliencia de sus actividades. Instó a los Estados a seguir tomando medidas concretas, entre ellas garantizar que la Corte disponga de los medios necesarios para continuar su trabajo.
En su respuesta en video, Akane describió las sanciones como un ataque contra las víctimas que habían esperado años, a veces décadas, para obtener justicia. Su argumento vincula las restricciones a los recursos institucionales con la capacidad de la Corte para llevar adelante los casos.
Akane explicó quiénes, a su juicio, sentirían finalmente las consecuencias.
«Todas las medidas contra la Corte las sienten, en última instancia, esas víctimas», dijo.
El 10 de octubre, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes pidió la revocación inmediata de las sanciones. La Mesa tiene 21 miembros elegidos entre los 125 Estados miembros de la Corte, incluido Japón. Asiste a la Asamblea en su conjunto, que es el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la Corte; la cifra de 21 corresponde a los miembros de la Mesa, no a la Asamblea completa.
La Mesa dijo que las medidas coercitivas eran un intento de obstaculizar las funciones judiciales independientes e instó a la comunidad internacional a apoyar a la Corte. Esa exigencia va más allá de las declaraciones nacionales de Japón, pues pide expresamente que las sanciones se reviertan.
Se debate una protección europea, pero aún no se ha aplicado
Japón también se sumó a una declaración junto con otros miembros de la CPI para expresar un firme desacuerdo con las sanciones. Los informes difieren sobre el número de participantes. Uno menciona a Japón y otros ocho Estados, mientras que otro enumera ocho países en total: Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido.
Países Bajos, sede de la CPI, ha debatido con la Comisión Europea la posible aplicación del estatuto de bloqueo de la Unión Europea. Una medida de ese tipo podría prohibir a las empresas europeas cumplir determinadas sanciones extranjeras y, potencialmente, proteger algunos servicios utilizados por la Corte y su personal.
El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, calificó esa opción de «opción nuclear». Las conversaciones se refieren a medidas de preparación; no indican que ya se haya aplicado una medida de protección.
Japón no cuenta con un estatuto equivalente ni con un mecanismo comparable para anular sanciones extranjeras aplicadas más allá de las fronteras del país que las impone. Esa diferencia importa porque el apoyo diplomático y las contribuciones financieras quizá no resuelvan los problemas que surgen cuando los proveedores comerciales temen las sanciones estadounidenses.
Erika Guevara Rosas, directora sénior de Amnistía Internacional, instó a los gobiernos a ir más allá de las declaraciones de rechazo.
«Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas medidas y proteger activamente a la Corte», dijo.
Pillay condena las sanciones tras el anuncio del Nobel
Las sanciones se anunciaron pocas horas después de que Navi Pillay, exjueza de la CPI, fuera nombrada ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año. La coincidencia temporal establece el orden de los acontecimientos, pero no demuestra que el premio haya motivado la decisión de Washington.
Pillay, abogada sudafricana de 85 años y exalta responsable de derechos humanos de la ONU, participó el 10 de octubre en un acto en el Centro Nobel de la Paz de Oslo mediante un enlace de video desde Núremberg. Describió su inquietud por la continuidad de los tribunales internacionales y dijo que cientos de trabajadores de la CPI se sentían amenazados.
Pillay objetó en particular que se sancionara a jueces por sus decisiones judiciales.
«Lo más importante es que un país ha anunciado sanciones contra los jueces, únicamente por las órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito e inaceptable», dijo.
Sus declaraciones refuerzan la distinción central de la disputa. Washington presenta las sanciones como una forma de protegerse frente a una institución que amenaza su soberanía. La Corte y sus partidarios las consideran una presión sobre los jueces y un obstáculo para la justicia independiente.
El apoyo a Akane trasciende al Gobierno
En Japón, antiguos alumnos de Akane han organizado una campaña de apoyo a través de la red Japón por el Estado de Derecho Internacional, conocida como JIRoL. Tras las sanciones impuestas contra ella en agosto, el grupo puso en marcha una petición y entregó unas 170.000 firmas al subsecretario jefe del Gabinete el 1 de octubre.
Akane, de 70 años, es originaria de Nagoya y enseñó en la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad de Nagoya durante los años fiscales de 2005 a 2007, mientras trabajaba como fiscal. Antiguos alumnos recordaron que siguió asesorándolos después de dejar la institución, incluso organizando visitas a una fiscalía para quienes se planteaban esa carrera.
Yosuke Shamoto, abogado de 45 años y antiguo alumno, explicó el principio que sustenta su apoyo.
«Si aceptamos que los cambios se impongan por la fuerza, acabaremos en un mundo donde los poderosos puedan hacer lo que quieran», dijo. «Quiero transmitir a las nuevas generaciones la importancia del Estado de derecho».
Maiko Imaizumi, abogada de 44 años y miembro del grupo, dijo que Akane agradeció el número de firmas. JIRoL planea publicar un libro ilustrado para presentar la CPI y organizar juicios simulados para estudiantes de secundaria, ampliando así su trabajo más allá de la petición inmediata.
El próximo plazo definido es el período de transición de 180 días fijado por Washington. No se ha anunciado ninguna reunión de negociación concreta, un acuerdo ni un paquete detallado de protección por parte de Japón. Japón se ha comprometido a seguir apoyando a la Corte y manteniendo el diálogo, mientras que Washington exige cambios cuyas condiciones exactas aún no se han establecido públicamente.
Puntos clave
- Estados Unidos anunció sanciones contra la propia CPI el 9 de octubre, ampliando las medidas anteriores contra funcionarios individuales.
- Japón reafirmó su apoyo a la Corte mediante declaraciones de Takaichi y Kihara y llamadas diplomáticas de Motegi.
- Las sanciones amenazan el acceso a servicios financieros y tecnología, y contemplan un período de transición de 180 días para algunas actividades.
- La Mesa de supervisión de la CPI exigió la revocación inmediata, mientras que Japón ha empleado un lenguaje más moderado.
- Los gobiernos europeos debaten medidas de protección; Japón no cuenta con un estatuto de bloqueo equivalente.
- No se ha anunciado ningún acuerdo ni las condiciones exactas para levantar las sanciones.
