Los pagos de Estados Unidos vinculados con el abuso sexual infantil en Filipinas superan los 7 millones de dólares y revelan la demanda extranjera

Los registros financieros revelan la magnitud de la demanda estadounidense

Casi 7,3 millones de dólares en transacciones sospechosas de explotación infantil llegaron a Filipinas desde remitentes de Estados Unidos durante un período de 18 meses que, según se indicó, abarcó desde mediados de 2020 hasta 2022, de acuerdo con un testimonio de International Justice Mission que cita al Consejo Antiblanqueo de Filipinas. Más de 67.000 informes de transacciones sospechosas asociados con pagos de Estados Unidos representaron el 52,25% de los informes de ese período.

Estas alertas financieras se suman a una estimación mucho mayor del daño. Un estudio de International Justice Mission (IJM) y el Rights Lab de la Universidad de Nottingham calculó que casi 500.000 niños filipinos, aproximadamente uno de cada 100, fueron víctimas de trata para producir material de explotación sexual infantil con fines de lucro en 2022. También estimó que casi 250.000 adultos en Filipinas participaron en esa trata.

Una investigación publicada el 11 de octubre de 2026 reconstruyó cómo delincuentes extranjeros pagaban a familiares y a otros intermediarios locales para organizar abusos, a veces dirigiéndolos mediante videollamadas en directo. Documentó casos de sobrevivientes cuya explotación comenzó durante la infancia, condenas que atravesaron fronteras nacionales y grupos en línea que anunciaban material abusivo a precios muy bajos.

Las cifras financieras requieren una precisión. Los informes indican que estadounidenses gastaron más de 7 millones de dólares entre 2020 y 2022. El testimonio de IJM de John Tanagho da la cifra más precisa de casi 7,3 millones de dólares, identifica un período de notificación de 18 meses y describe las transacciones como pagos sospechosos relacionados con la explotación. Son señales de alerta financieras, no un total de compras probadas individualmente ante los tribunales.

Los hallazgos del consejo identifican a Estados Unidos como la principal fuente de pagos sospechosos vinculados con la demanda entre 2015 y 2023. El total en dólares no permite establecer cuántos niños fueron víctimas de abuso: los precios varían, un mismo niño puede aparecer en muchas grabaciones y los pagos pueden servir para adquirir material existente o acceder a nuevos abusos.

Qué mide la estimación nacional

IJM y el Rights Lab de Nottingham publicaron sus hallazgos sobre la magnitud del daño el 7 de septiembre de 2023. La investigación se centró en la trata para producir nuevo material de explotación sexual infantil con fines de lucro, en especial abusos transmitidos en directo. No fue simplemente un recuento de archivos abusivos que circulan en internet.

El estudio duró dos años e incluyó a consultores sobrevivientes y a 24 expertos, investigadores y profesionales de campo. La profesora Zoe Trodd, directora del Rights Lab de Nottingham, dijo que se basó en encuestas nacionales a hogares y análisis de datos, y que partió de la investigación de IJM de 2020. Los sobrevivientes contribuyeron al diseño de las encuestas y a los debates sobre el ocultamiento, los obstáculos para denunciar y las relaciones entre los niños y quienes los sometían a trata.

La tasa estimada de participación de adultos fue de aproximadamente tres por cada 1.000. Ambas cifras nacionales son estimaciones, no recuentos de víctimas identificadas ni de delincuentes condenados. A IJM le había resultado difícil medir la prevalencia en investigaciones anteriores porque era complicado llegar a las poblaciones afectadas y los registros eran escasos y fragmentarios.

IJM también citó estudios anteriores que mostraban que más de la mitad de los niños víctimas de abuso en estos casos tenían 12 años o menos, y que el más pequeño tenía apenas unos meses. Las víctimas sufrieron abusos durante un promedio de dos años antes de recibir protección. Estos hallazgos corresponden a investigaciones anteriores, no a un desglose de edad independiente de todos los niños incluidos en la estimación de 2022.

El caso de Kate muestra cómo los compradores dirigen los abusos

Kate, un seudónimo utilizado para proteger la identidad de una sobreviviente, dijo que tenía 13 años cuando su hermana adoptiva mayor la introdujo en la explotación sexual en línea durante la pandemia de COVID-19. Su padre había perdido el empleo y su hermana, identificada como Lorraine, le pidió que atendiera a algunos de sus clientes en línea. Según la acusación, dos vecinos también involucraron a Kate cuando los clientes pidieron participantes más jóvenes.

Las solicitudes pasaron de fingir ser la novia de un cliente a exigir actuaciones sexuales y abusos violentos. Kate temía que los hombres que la observaban a distancia fueran a su casa en Filipinas. Según se informó, un cliente estadounidense amenazó con cometer actos de violencia sexual con un arma.

Carey Lee Sackmann, ex empleado de una empresa de logística de Maryland, fue identificado como uno de los estadounidenses que dirigió abusos contra Kate y otros niños. Los documentos judiciales citados en la investigación indican que recibió una condena de 10 años de prisión. Se comunicaba con intermediarios mediante varias cuentas de Skype; se estimó que su víctima identificada más joven tenía seis años.

Una investigación en la que participaron el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) vinculó a Sackmann con varios intermediarios, incluida la hermana de Kate. Lorraine fue condenada a 33 años. El acuerdo de declaración de culpabilidad de Sackmann estableció una restitución de 50.000 dólares, de los cuales Kate recibió 6.300. Algunos informes describen esa suma como una orden de pago y otros como una restitución ya abonada.

En el relato de la investigación, Kate tenía entonces 20 años y describió el daño persistente a su confianza y sus relaciones. Su experiencia muestra por qué una condena y una indemnización económica no marcan, por sí solas, el fin de la recuperación de una sobreviviente.

El control familiar puede mantener a los niños en silencio

Isa, otra sobreviviente identificada con un seudónimo, dijo que sus tías la obligaban a ella y a sus primos pequeños a participar en abusos transmitidos en directo. Según la investigación, tenía ocho años cuando comenzaron. Los horarios de los clientes extranjeros determinaban cuándo llamaban a los niños, incluso durante la noche.

Isa, que tenía 14 años cuando fue entrevistada, describió la relación entre las llamadas entrantes y los abusos:

«Había extranjeros al teléfono. Cuando llamaban, era cuando me necesitaban».

Los documentos judiciales y las entrevistas registraron la explotación. Un cliente suizo se convirtió en comprador habitual, y una cuenta de PayPal vinculada con una de las tías tenía más de 3.500 dólares, descritos como presuntos ingresos del delito. Finalmente, los niños fueron rescatados y llevados a un refugio. Sus cuidadores dijeron que el caso dio lugar a una condena en Suiza y a una investigación en el Reino Unido.

Las cifras de la Policía Nacional de Filipinas citadas en la investigación de octubre de 2026 mostraron que 32 de las 50 mujeres detenidas durante el año anterior por abuso y explotación sexual infantil en línea eran madres, es decir, el 64%. Esa proporción corresponde a las mujeres detenidas, no a una estimación nacional de todos los responsables.

Una investigación anterior de casos de IJM determinó que los padres biológicos facilitaron los abusos en el 41% de los casos de víctimas, mientras que otros familiares lo hicieron en otro 42%. En registros de rescates independientes que abarcan de 2011 a mayo de 2020, los familiares o amigos cercanos de la familia representaban el 57% de los responsables. Estas cifras miden grupos y períodos distintos, por lo que no deben considerarse tasas equivalentes.

Los pagos pequeños sostienen un mercado de nuevos abusos

Algunas imágenes abusivas se venden por unos pocos dólares. La investigación de octubre de 2026 encontró grupos privados de Telegram, algunos con miles de usuarios, que anunciaban material a precios comparables a los de una taza de café. Otros pagos daban acceso a abusos en directo o permitían solicitar contenido específico.

IJM dijo que delincuentes extranjeros habían pagado a tratantes en Filipinas tan solo 15 libras esterlinas para participar en abusos en línea. Un informe aparte publicado en mayo de 2021 describió a una madre que presuntamente vendía videos de sus hijos por entre 150 y 2.500 pesos filipinos, equivalentes entonces a unos 3 y 50 dólares. El acceso a transmisiones en directo costaba más que el material grabado.

La presión económica apareció reiteradamente en los relatos de los sobrevivientes, incluida la pérdida de ingresos de la familia de Kate. El informe oficial Disrupting Harm también describió casos de niños obligados a participar en abusos porque creían que debían ayudar a alimentar a sus familias.

Entre los 37 trabajadores de apoyo social de primera línea encuestados para ese informe, el 95% señaló la pobreza extrema como un factor que aumenta la vulnerabilidad y el 92% mencionó el acceso a la tecnología e internet. Estas son valoraciones de los trabajadores, no pruebas de que ninguno de esos factores provoque inevitablemente abusos. La responsabilidad recae en los adultos que explotan a los niños y en los delincuentes que les pagan.

El informe describió otro obstáculo para rastrear las transacciones: a veces, los intermediarios recurrían a otra persona para cobrar los pagos y entregar el dinero a la familia de un niño. Por tanto, la infraestructura habitual de remesas puede formar parte de una cadena de explotación, aunque no todas las transferencias que pasan por ella sean sospechosas.

Los informes de abuso se dispararon antes y durante los confinamientos

Disrupting Harm determinó que los informes sobre presuntos casos de explotación y abuso sexual infantil en línea presentados por proveedores de servicios electrónicos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos aumentaron un 479% entre 2017 y 2019. Filipinas representó el 4,7% de las alertas cibernéticas mundiales en 2019, casi todas relacionadas con la posesión, producción o distribución de material de abuso sexual infantil.

Durante 2020, las empresas tecnológicas informaron de más de 1,29 millones de imágenes y videos abusivos originados en Filipinas, más del triple de la cifra de 2019. Por separado, el Departamento de Justicia de Filipinas informó de 202.605 casos de explotación sexual en línea entre el 1 de marzo y el 24 de mayo de 2020, un aumento del 265% respecto del mismo período del año anterior.

Estas cifras no se pueden sumar. Las imágenes, los videos, las alertas y los casos registrados administrativamente son unidades diferentes, y ninguna representa necesariamente a un niño único. Los cambios en la detección y la notificación también pueden afectar los totales. Incluso con estas limitaciones, las cifras muestran un aumento considerable de la actividad registrada antes y durante las restricciones de la pandemia.

Los principales acontecimientos fechados abarcan varios años:

• De 2010 a 2017: el estudio de referencia de IJM examinó investigaciones en Filipinas y remisiones internacionales.
• De marzo a mayo de 2020: las autoridades filipinas registraron un fuerte aumento de los informes de explotación en línea durante los confinamientos.
• 2022: período cubierto por la estimación nacional de prevalencia de Scale of Harm.
• 7 de septiembre de 2023: IJM y el Rights Lab de Nottingham anunciaron los hallazgos del estudio.
• Enero de 2025: investigadores estadounidenses remitieron información sobre un sospechoso canadiense a las autoridades de Canadá.
• 11 de octubre de 2026: se publicó la investigación que detalla las experiencias de sobrevivientes, los compradores extranjeros y las dificultades para hacer cumplir la ley.

Por qué es difícil investigar las transmisiones en directo

El estudio de IJM sobre explotación de 2020 distingue los abusos transmitidos en directo de la simple distribución de un archivo existente. Un delincuente a distancia puede observar, interactuar y dirigir los abusos mientras ocurren. La falta de proximidad física no convierte a esa persona en un observador pasivo.

Un investigador federal estadounidense dijo que los casos de transmisiones en directo eran especialmente difíciles de enjuiciar porque los delincuentes a menudo evitaban grabar las sesiones. Sin un video guardado, los investigadores pueden tener menos pruebas de lo ocurrido, aunque los registros de comunicaciones o pagos indiquen que existía una relación abusiva.

El estudio de 2020 también identificó una carencia técnica. Las herramientas de comparación de imágenes, como PhotoDNA, ayudan a detectar copias de material que ya se identificó como abusivo. Por sí solas, no pueden detectar mediante ese proceso una grabación que no se haya visto antes ni abusos que ocurran en directo. El estudio pidió que se detectara de forma proactiva el material de nueva producción y los abusos transmitidos en directo.

Los grupos privados y la mensajería cifrada plantean más obstáculos para las investigaciones, aunque no todos los grupos privados están cifrados ni todas las conversaciones cifradas se relacionan con delitos. Disrupting Harm describió casos de delincuentes que usaban Facebook como primer punto de contacto antes de trasladar a los niños a servicios cifrados.

Las respuestas de las plataformas varían. WhatsApp remitió a información sobre la identificación de presuntos abusos mediante determinados datos e informes de usuarios. Viber describió herramientas automatizadas y moderadores humanos. Devon Spurgeon, portavoz de Telegram, dijo que el servicio había bloqueado más de 400.000 canales relacionados con el abuso infantil en 2026, aunque reconoció que algunos usuarios bloqueados intentaban regresar. Esa cifra cuenta canales, no niños rescatados ni delitos evitados.

Las investigaciones vinculan a compradores e intermediarios a través de las fronteras

Las remisiones internacionales han sido fundamentales durante mucho tiempo para las investigaciones en Filipinas. Una revisión de casos de IJM de 2020 determinó que, entre los casos iniciados a partir de remisiones de las fuerzas del orden internacionales, Estados Unidos aportó 31, o el 55%, y la Oficina Nórdica de Enlace aportó 13, o el 22%. Disrupting Harm advirtió que la dependencia de remisiones extranjeras puede reflejar prácticas de investigación reactivas y no debe interpretarse como prueba de que la mayoría de los delincuentes sean extranjeros.

Un caso de Winnipeg ilustra tanto la cooperación como la presunta coacción. La Policía acusó a Christopher Steven Hoskins, de 50 años, tras alegar que pagó a dos personas en Filipinas para producir material de abuso que involucraba a niños a su cargo entre finales de 2017 y mediados de 2023.

La Policía también alegó que, de marzo a julio de 2023, exigió material adicional y amenazó con compartir grabaciones existentes con familiares y amigos de las personas cuidadoras. En enero de 2025, HSI alertó al Centro Nacional de Canadá contra los Delitos de Explotación Infantil. Hoskins fue detenido el 1 de octubre y enfrentó cargos relacionados con delitos sexuales, material de abuso y extorsión. El informe no especifica el año de la detención. Las acusaciones no han dado lugar a condenas.

En la ciudad de Cebú, las autoridades rescataron a una niña de cinco años y detuvieron a su madre, de 25 años, y a la pareja de esta en una vivienda de Sitio Tambisan, Barangay Tisa, el 30 de septiembre. HSI Manila remitió información el 18 de septiembre y un tribunal emitió una orden cibernética el 29 de septiembre. El informe no indica el año de esos acontecimientos de septiembre.

Los sospechosos de Cebú fueron acusados en virtud de las leyes 11930, 9208 y 7610 de la República, relativas a la explotación infantil en línea, la trata y la protección de menores. La niña quedó bajo custodia protectora del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. Los cargos son acusaciones, no declaraciones de culpabilidad.

Recursos para hacer cumplir la ley y protección de sobrevivientes

Datos obtenidos por el Instituto Cato indicaron que casi el 90% de los agentes de HSI, más de 6.000 efectivos, fueron reasignados a labores de control migratorio tras el regreso del presidente Donald Trump al cargo en enero de 2025. Los investigadores dijeron que la reasignación retrasó algunos casos de abuso infantil y permitió que se perdieran pistas. Según la investigación, HSI no respondió a una solicitud de comentarios.

Los relatos no establecen cuántas investigaciones de explotación se retrasaron o abandonaron debido a esos cambios de personal. Sin embargo, las remisiones de Winnipeg y Cebú muestran por qué el trabajo en una jurisdicción es importante en otras: la información obtenida por investigadores estadounidenses puede ayudar a identificar a un sospechoso extranjero o localizar a un niño en peligro inmediato.

La protección también exige prestar atención a las relaciones dentro del hogar. Disrupting Harm explica que la legislación filipina penaliza obligar a los niños a producir material de abuso y permitir deliberadamente que un niño bajo la propia custodia participe. Su análisis de la Ley contra la Pornografía Infantil considera que los abusos transmitidos en directo están implícitamente penalizados. El caso de Cebú cita otras leyes, incluida la Ley 11930 de la República.

El testimonio de IJM dijo que la organización había apoyado a las fuerzas del orden filipinas para proteger a más de 1.180 víctimas y personas en riesgo desde 2011. Esa cifra acumulada mide las intervenciones, no la prevalencia restante de los abusos. Los sobrevivientes que participaron en la investigación pidieron que se detectaran antes los casos, se reforzaran las denuncias y se actuara contra los delincuentes extranjeros que generan la demanda.

No se indican las fechas de las próximas audiencias de los casos de Winnipeg o Cebú, ni se especifica el resultado de la investigación británica relacionada con Isa. En conjunto, las alertas financieras, la estimación nacional de prevalencia y los procesos judiciales individuales confirman que se trata de un problema considerable, aunque se desconoce el número total de pagos, delincuentes y niños afectados.

Puntos clave

• El testimonio de IJM cita casi 7,3 millones de dólares en pagos sospechosos relacionados con la explotación enviados desde Estados Unidos durante un período de 18 meses descrito como comprendido entre mediados de 2020 y 2022.
• El estudio Scale of Harm estimó que casi 500.000 niños filipinos fueron víctimas de trata para producir nuevo material de explotación con fines de lucro en 2022.
• Los relatos de sobrevivientes y los casos judiciales muestran que delincuentes extranjeros dirigían los abusos a través de intermediarios locales, a menudo familiares.
• Carey Lee Sackmann fue condenado a 10 años de prisión; Kate recibió 6.300 dólares de la restitución vinculada con su caso.
• Las transmisiones en directo pueden dejar pocas pruebas grabadas, mientras que las herramientas conocidas de comparación de imágenes no pueden detectar por sí solas nuevos abusos.
• Las investigaciones en Canadá y Cebú demuestran la importancia de las remisiones internacionales. Los cargos presentados en esos casos no equivalen a condenas.