La campaña de reclutamiento militar en Myanmar alimenta el temor a los secuestros y las denuncias de tráfico de reclutas

Un esposo desaparecido y una supuesta transferencia de 4 millones de kyats

Cuando Phyo Wai llamó a su esposa desde un centro de reclutamiento militar dos días después de salir de su casa en Yangón, el 8 de mayo de 2025, ella se enteró de que una petición de ayuda a un familiar habría terminado con su alistamiento forzoso. Ma Moe San Pan afirma que el hombre, de 33 años, fue transferido entre administraciones de distrito a cambio de 4 millones de kyats, unos 900 dólares, para cumplir una cuota de reclutamiento. El administrador que ayudó a entregarlo a las autoridades militares reconoce su participación, pero niega que hubiera un pago.

Su relato está en el centro de denuncias más amplias según las cuales el sistema de servicio militar obligatorio de Myanmar ha creado un mercado de personas. Se acusa a funcionarios locales, integrantes de las fuerzas de seguridad y grupos delictivos de capturar a hombres jóvenes y entregarlos a zonas o unidades militares con dificultades para alcanzar sus objetivos de reclutamiento. Las familias hablan de desapariciones, exigencias de dinero e incertidumbre sobre el paradero de sus familiares.

Según se informa, documentos administrativos filtrados ordenan a las autoridades cumplir estrictamente las cuotas de reclutamiento militar. Se estima que han sido reclutadas 100.000 personas jóvenes, aunque los informes difieren sobre el período que abarca la cifra: uno sitúa la estimación desde comienzos de 2024, mientras que otros se refieren a los dos años y medio anteriores. Se trata de una estimación, no de un recuento oficial publicado.

El Órgano Central para el Llamamiento al Servicio Militar del Pueblo, dependiente de las fuerzas armadas, se negó a comentar las denuncias de reclutamiento forzoso y los secuestros recientes. Mientras tanto, los avisos de personas desaparecidas, las denuncias individuales y una presunta operación de secuestro en Yangón apuntan a una distinción importante para las familias: cumplir los requisitos para el servicio militar no explica cómo alguien fue capturado, transferido u obligado a firmar documentos.

En Hpa-An, ganarse la vida implica correr riesgos

En Hpa-An, capital del estado de Karen, también conocido como estado de Kayin, los residentes afirman que personas vestidas de civil, integrantes o simpatizantes de la junta, han estado deteniendo a adolescentes y hombres de entre 20 y 30 años. Para muchos jóvenes, el temor a ser detenidos ha convertido en una precaución volver a casa antes del anochecer.

Zaw Min, un conductor de tuk tuk de 26 años que usa un nombre ficticio por seguridad, afirma que no puede quedarse en casa porque necesita ganar dinero. Su familia lo llama repetidamente para advertirle sobre los pasajeros y los trayectos que lo alejan demasiado de su hogar. Al describir la presión de trabajar bajo esa amenaza, dijo:

"Me preocupa, pero tengo que salir a trabajar".

Afirma que se han llevado a algunas personas que conoce. Otros de su edad se han ido a Tailandia o se han mudado para vivir con familiares en otras partes de Myanmar. Es el único de sus hermanos que está dentro del rango de edad de reclutamiento, por lo que cada viaje de trabajo causa ansiedad en su familia.

Estos relatos muestran que el temor al reclutamiento afecta también a quienes aún no han sido detenidos. Un conductor debe decidir si acepta a un pasajero, un padre o una madre debe decidir cuándo llamar a su hijo para que vuelva a casa, y un joven trabajador debe sopesar sus ingresos frente al riesgo de ser detenido. Las denuncias se refieren a desplazamientos y trabajos cotidianos, no a un reclutamiento limitado a citas administrativas programadas.

Qué exige el servicio obligatorio

Las fuerzas armadas activaron el servicio obligatorio en 2024, tres años después del golpe de febrero de 2021 que derrocó al Gobierno elegido y encabezado por Aung San Suu Kyi. La campaña de reclutamiento siguió a derrotas militares, a una caída de la moral y a deserciones durante los combates contra grupos armados étnicos y movimientos de resistencia opuestos al gobierno militar.

Los requisitos de servicio descritos en los informes se aplican a hombres de entre 18 y 35 años y mujeres de entre 18 y 27 años, con un mínimo de dos años bajo mando militar. Negarse puede acarrear una pena de hasta cinco años de prisión. Aunque las mujeres están incluidas en los criterios de elegibilidad establecidos, los relatos de desapariciones y los presuntos casos de comercio de reclutas descritos aquí se refieren principalmente a hombres y niños.

La secuencia de acontecimientos conecta la campaña nacional de reclutamiento con casos individuales y los hallazgos posteriores de las investigaciones:

• Febrero de 2021: Las fuerzas armadas toman el poder y comienza el período de conflicto contra su gobierno.
• 2024: Las fuerzas armadas activan el servicio obligatorio en medio de pérdidas en el campo de batalla y escasez de personal.
• 8 de mayo de 2025: Phyo Wai sale de su casa en Yangón. Su esposa afirma que él la llama dos días después desde un centro de reclutamiento.
• Julio de 2025: Myanmar Witness publica hallazgos basados en avisos de personas desaparecidas difundidos en Facebook entre 2021 y 2025.
• 25 de agosto: La policía registra una propiedad en Yangón en un caso distinto de presunto secuestro que involucra a cuatro hombres jóvenes.

Maj Naung Yoe, exoficial militar que se unió al Movimiento de Desobediencia Civil y ahora trabaja en asuntos militares en el Instituto de Defensa y Seguridad de Myanmar, sostiene que la aplicación de las normas ha ido mucho más allá de la selección formal. Denuncia que las fuerzas de seguridad vigilan los movimientos de los jóvenes, amenazan con detenerlos para obtener dinero y realizan arrestos al revisar listas de hogares o de huéspedes.

Los avisos de personas desaparecidas muestran un fuerte aumento

Myanmar Witness analizó cientos de anuncios de personas desaparecidas publicados en Facebook entre 2021 y 2025. Sus hallazgos de julio mostraron que los avisos correspondientes a enero pasaron de cuatro en 2021, antes del golpe, a 82 en 2025, después del inicio del reclutamiento obligatorio. La mayoría de las personas reportadas como desaparecidas eran hombres y niños.

Por tanto, el recuento de enero fue 20,5 veces superior al nivel anterior, con un aumento de 78 avisos. Se trata de un cambio notable en las publicaciones recopiladas, pero no debe interpretarse como una tasa nacional de desapariciones ni como un recuento de secuestros confirmados para el reclutamiento. Los avisos de Facebook registran las búsquedas de información de las familias; por sí solos, no permiten establecer adónde fue cada persona desaparecida ni por qué.

Myanmar Witness concluyó que, con frecuencia, el reclutamiento parecía implicar detenciones, coacción y desapariciones sin que se notificara a las familias, en lugar de convocatorias formales. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Fortify Rights también han acusado a las fuerzas armadas de secuestrar a civiles y obligarlos a prestar servicio.

Los avisos son importantes porque una desaparición puede impedir que una familia sepa si su familiar está bajo custodia policial, en un centro de reclutamiento o en una unidad militar. La breve llamada de Phyo Wai dio una pista sobre su paradero. Su esposa afirma que todavía no sabe dónde está.

Cómo llegó Phyo Wai a un centro de reclutamiento

Ma Moe San Pan afirma que su esposo salió de casa después de una discusión, el 8 de mayo de 2025. Le contó lo ocurrido a un primo que trabajaba en la oficina de la administración local del distrito y le pidió que trajera de vuelta a Phyo Wai. En cambio, denuncia, su primo lo llevó a la oficina del distrito, que lo transfirió a otro distrito por 4 millones de kyats para cubrir la cuota de reclutamiento de esa zona.

No fue posible contactar al primo para que hiciera comentarios. U Maung Maung Lwin, administrador del distrito que lo recibió, reconoció que ayudó a enviar a Phyo Wai a las autoridades de reclutamiento militar. También dijo que se traslada a reclutas desde otros municipios cuando no se pueden cumplir las cuotas locales, pero negó que se intercambie dinero en esas transferencias o que hubiera un pago en este caso.

Ambos relatos coinciden en el papel del administrador en el envío de Phyo Wai a las autoridades de reclutamiento, pero discrepan sobre la supuesta venta. Por tanto, la acusación de su esposa debe distinguirse de lo que reconoce el administrador. La transferencia denunciada, por sí sola, no demuestra que se efectuara el pago cuestionado.

Ma Moe San Pan afirma que su esposo le contó que algunas personas le habían prometido ayuda y luego lo hicieron firmar documentos. Al explicar por qué se opone a la forma en que se lo llevaron, dijo:

"Si mi esposo hubiera sido seleccionado legalmente para el servicio militar obligatorio mediante el procedimiento habitual, podría haberlo aceptado. Lo que no puedo aceptar es que, supuestamente, la propia administración de nuestro distrito lo haya vendido a otro distrito".

Su relato se centra en el procedimiento utilizado para reclutarlo, no solo en su edad. Phyo Wai estaba dentro del rango de edad establecido para los hombres, pero eso no resuelve la denuncia de que se organizó por dinero una transferencia administrativa.

Una familia que busca su liberación se enfrenta a otra pérdida

Después de que se llevaran a su esposo, afirma Ma Moe San Pan, unas personas que no conocía le prometieron falsamente conseguir su liberación y la estafaron por 4,5 millones de kyats. Esa supuesta pérdida fue de 500.000 kyats más que el pago cuestionado que, según ella, se hizo para transferirlo. Las dos cantidades corresponden a transacciones distintas: una presuntamente pagada entre quienes organizaron el reclutamiento y otra que, según afirma, ella perdió personalmente.

Presentó denuncias policiales tanto por la presunta venta de su esposo como por la estafa relacionada con su liberación. Según su relato, la policía aceptó las denuncias, pero se negó a incluir un cargo de trata de personas y le dijo que solo podía registrarse un caso de ese tipo cuando alguien había sido vendido en el extranjero.

Esta explicación refleja la posición policial tal como ella la cuenta, no una declaración verificada sobre la legislación de Myanmar contra la trata de personas. No se informa de ninguna decisión judicial que resuelva la denuncia sobre el reclutamiento ni la denuncia por fraude. También se desconoce el paradero actual de su esposo.

El caso muestra una segunda forma de vulnerabilidad para los familiares: la incertidumbre sobre el paradero de un recluta puede dar oportunidades a quienes venden promesas de liberación. Ma Moe San Pan relata que perdió dinero sin poder conseguir que su esposo volviera a casa.

Cómo la presión por cumplir las cuotas puede convertir a los reclutas en mercancía

Las órdenes de reclutamiento exigen que las aldeas, los distritos y los municipios aporten un número de reclutas proporcional a su población. Una cuota es un objetivo administrativo: cada zona debe entregar un número determinado de personas. Las denuncias sugieren que la presión por alcanzar esos objetivos ha llevado a algunos funcionarios e intermediarios a conseguir reclutas en otras zonas, en vez de recurrir a un proceso regular de selección local.

Naung Yoe denuncia que jóvenes son detenidos en puestos de control, interceptados cuando se desplazan al trabajo, atraídos mediante anuncios de empleo falsos o sacados de sus casas. Afirma que administradores locales, personal militar y grupos delictivos suministran personas a unidades militares y mandos regionales que afrontan escasez de personal.

También denuncia la existencia de un mercado de reclutas sustitutos, en el que personas con más recursos pagan para evitar el servicio y se envía en su lugar a alguien con menos medios económicos. Al explicar por qué estas prácticas se están extendiendo, Naung Yoe dijo:

"estas prácticas se están intensificando debido a las crecientes dificultades para cumplir las cuotas mensuales de reclutamiento y a las cuantiosas ganancias que genera el comercio de reclutas a nivel local".

Si algunas personas pueden pagar para librarse del servicio mientras otras son capturadas como sustitutas, la carga ya no recae simplemente en función de la edad o de la población de cada zona. También depende de los ingresos y del acceso a protección. Este es el mecanismo que, según las denuncias, explica la presión desproporcionada sobre las familias más pobres, aunque no se ofrecen cifras que desglosen el número de reclutas según los ingresos de sus hogares.

Un arresto en Yangón pone bajo escrutinio las ofertas de empleo

Un caso distinto en Yangón involucra al comandante de una unidad de reserva de bomberos, acusado de atraer a cuatro hombres jóvenes a su casa con promesas de empleo. El comandante, integrante del Departamento de Bomberos, dependiente del Ministerio del Interior, presuntamente mantuvo a los hombres encerrados en habitaciones de detención construidas especialmente con la intención de venderlos para el servicio militar obligatorio.

La policía registró la residencia el 25 de agosto y arrestó al comandante. Los informes también mencionan el arresto de un familiar suyo, pero difieren sobre el parentesco: la mayoría lo identifica como su yerno, mientras que uno lo describe como su cuñado.

Según los informes, se acusó al comandante de secuestrar o raptar a una persona para privarla ilegalmente de su libertad, un delito que conlleva una pena de hasta siete años de prisión. Los relatos describen denuncias y una acusación, no una condena, y no ofrecen información sobre el resultado posterior del juicio.

El caso es distinto de la presunta transferencia de Phyo Wai entre zonas administrativas. En este caso, el método denunciado fue una oferta de empleo falsa seguida del confinamiento en una propiedad privada. El caso muestra por qué las búsquedas de empleo, además de los desplazamientos y los encuentros con funcionarios, se han convertido en motivo de temor al reclutamiento.

Los refuerzos militares tienen un costo civil

La campaña de reclutamiento responde a la necesidad de personal militar en una guerra prolongada. Según se informa, los refuerzos han ayudado a la junta a recuperar territorio y han presionado a las fuerzas de resistencia en algunas partes de Myanmar. Eso no permite establecer cuántos reclutas participaron en operaciones concretas ni en qué medida se les pueden atribuir los cambios territoriales.

El Dr. Sandeep Singh, investigador que enseña estudios militares en la Universidad Nacional de Singapur, considera que el alistamiento de jóvenes que no desean hacerlo es una señal de la difícil situación de la junta. Al describir la campaña, dijo que esta:

"parece ser otro paso en los esfuerzos de la junta por reclutar a jóvenes que no quieren servir en un conflicto que pone de manifiesto su difícil situación en la guerra civil".

También se informa de que el temor al servicio forzoso está contribuyendo al desplazamiento interno, a las salidas hacia países vecinos y a la escasez de mano de obra. El relato de Zaw Min ofrece un ejemplo concreto de esos movimientos: algunos de sus compañeros se han ido a Tailandia o a vivir con familiares, mientras que quienes se quedan limitan sus desplazamientos. No se ofrecen cifras que distingan el desplazamiento causado por el temor al reclutamiento del provocado por los combates.

El Instituto de Defensa y Seguridad de Myanmar afirmó en junio que se estaba utilizando la legislación militar para hacer que los ciudadanos lucharan entre sí. Esta evaluación refleja la postura de un instituto cuyo funcionario de asuntos militares mencionado por su nombre desertó y se unió al movimiento que se opone al golpe.

Siguen sin resolverse varias cuestiones: el paradero de Phyo Wai, si se pagó dinero por su transferencia, el resultado de las denuncias de su esposa y el proceso judicial tras el registro en Yangón. No se informa de fechas de futuras audiencias ni de decisiones en esos casos. La negativa del organismo de reclutamiento a hacer comentarios deja a las autoridades centrales sin una respuesta sustantiva a las denuncias concretas.

Puntos clave

• Según se informa, las autoridades locales recibieron órdenes de cumplir estrictamente las cuotas de reclutamiento militar.
• Se estima que han sido reclutadas 100.000 personas jóvenes, pero los informes difieren sobre el período que abarca la cifra.
• Myanmar Witness contabilizó 82 avisos de personas desaparecidas correspondientes a enero de 2025, frente a cuatro en 2021.
• Ma Moe San Pan denuncia que su esposo fue transferido por 4 millones de kyats. Un administrador de distrito reconoce su papel en el reclutamiento, pero niega que hubiera un pago.
• Afirma que, por separado, perdió 4,5 millones de kyats a manos de personas que prometieron falsamente conseguir la liberación de su esposo.
• Un comandante de bomberos en Yangón afronta una acusación de secuestro relacionada con cuatro hombres a quienes, presuntamente, se intentó reclutar a la fuerza. No se informa de ninguna condena.
• Las familias describen restricciones a la movilidad, salidas al extranjero y una incertidumbre persistente sobre sus familiares desaparecidos.