Un patrón oculto de violencia
El asesinato de Liza Shams comenzó con años de abusos dentro de su hogar. Semanas antes de morir, la afgana de 33 años grabó mensajes de voz en los que pedía a sus familiares que rezaran por ella y describía las palizas que le daba su esposo, incluida una agresión cuando estaba embarazada. Dijo que había permanecido aislada durante días y que estaba tan herida que apenas podía comer o hablar.
Contenido
- Un patrón oculto de violencia
- Hallazgos de la investigación
- Por qué se ha debilitado la protección
- Los familiares que intervienen pueden convertirse en víctimas
- Las restricciones crean un clima de temor más amplio
- Esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades
- Lo que las cifras no pueden mostrar
- En síntesis
El 1 de febrero, los vecinos oyeron gritos. El padre de Liza recibió una videollamada y vio que tenía la mandíbula rota. Sus hermanas la llevaron a un hospital de Kabul, donde murió aproximadamente una hora después de llegar. Los registros médicos describieron múltiples fracturas en los pómulos y las paredes de los senos paranasales, además de hematomas e hinchazón en la cara y el cuerpo.
A pesar de esas lesiones, el informe forense indicó que la causa probable de la muerte era el envenenamiento con raticida. No se realizó una autopsia. Según se informó, sus suegros sostuvieron que se había quitado la vida, mientras que su padre cree que fue asesinada. En Afganistán, familiares y trabajadores de la salud dicen que a menudo se registran como suicidios las muertes de mujeres ocurridas en circunstancias violentas, una clasificación que puede impedir que se investiguen más a fondo.
El caso de Liza refleja un patrón más amplio documentado por periodistas afganos que trabajan de forma encubierta. Su investigación registró 231 casos de mujeres y niñas asesinadas en 10 provincias desde que los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021. Las cifras no representan el total nacional. Muestran cómo la violencia dentro de las familias, las investigaciones deficientes y el temor a las autoridades pueden combinarse para dejar en libertad a los asesinos.
Hallazgos de la investigación
Los casos se recopilaron a partir de 174 informes de medios locales y 57 casos identificados directamente por los periodistas. Las víctimas tenían entre cinco y 65 años. En muchos casos, familiares o testigos señalaron a esposos, padres, hermanos y otros parientes.
De las 231 muertes, 53 se registraron oficialmente como suicidios. Se documentaron solo 58 detenciones, lo que significa que hubo una detención registrada en aproximadamente una cuarta parte de los casos. Incluso cuando los sospechosos eran detenidos, algunos quedaban en libertad en cuestión de días. Las provincias con más casos registrados fueron Jawzjan, con 36; Herat, con 32; Badakhshan, con 28, y Ghazni, con 26.
La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares, donde es difícil que personas ajenas detecten la violencia. Unas 165 eran amas de casa sin ingresos propios ni una posición formal desde la cual presentar una denuncia. Depender de familiares varones puede hacer casi imposible dejar un matrimonio abusivo, sobre todo cuando no hay refugios, tribunales ni servicios policiales disponibles.
Un trabajador de la salud de Jawzjan dijo a los periodistas que muchas mujeres llevadas a hospitales y clasificadas como víctimas de suicidio tenían el cuerpo cubierto de heridas y hematomas. Estos testimonios no permiten determinar la causa de cada muerte, pero apuntan a graves deficiencias en el registro y la investigación de la violencia contra las mujeres.
Por qué se ha debilitado la protección
Las mujeres afganas sufrían violencia doméstica generalizada antes de la toma del poder por los talibanes. El Índice de Género de Afganistán de ONU Mujeres informó que casi el 35 por ciento de las mujeres encuestadas en 2018 había sufrido violencia por parte de su pareja durante el año anterior, frente a una cifra mundial del 13 por ciento.
Después de agosto de 2021, los talibanes disolvieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la fiscalía especial para la violencia contra las mujeres y la red de refugios del país. Unas 250 juezas fueron apartadas de sus cargos, mientras que las fiscales recibieron la orden de quedarse en casa. Las mujeres también perdieron la capacidad de participar directamente como partes en sus propios procesos judiciales, lo que impide que las madres lleven adelante casos en nombre de sus hijas.
Esta exclusión legal tiene consecuencias prácticas. En la provincia de Takhar, la madre de una mujer de 23 años que, según las denuncias, fue apuñalada e incendiada por su esposo dijo que un tribunal local le ordenó transferir al esposo la autoridad legal. El caso apenas ha avanzado.
El código penal talibán también establece un marcado desequilibrio entre el maltrato doméstico y la huida de esa violencia. Un esposo que golpee a su esposa y le cause lesiones visibles, como fracturas o heridas, puede recibir una pena máxima de 15 días de prisión. Una esposa que vaya a casa de su familia sin permiso, así como los familiares que se nieguen a devolverla, pueden recibir tres meses de prisión.
Ese sistema puede convertir a una familia que busca seguridad en un grupo expuesto a castigos. También da a los esposos abusivos una poderosa herramienta para impedir que los familiares den refugio a las mujeres que huyen.
Los familiares que intervienen pueden convertirse en víctimas
El peligro no termina con la mujer que sufre abusos. Los familiares que intentan proteger a sus hijas y hermanas también pueden sufrir violencia, especialmente cuando el presunto agresor está vinculado a los talibanes.
En Kandahar, una niña de 14 años fue asesinada, según se informó, después de casarse con un hombre mucho mayor. Huyó a la casa de su padre tras sufrir violencia. Cuando su esposo fue a llevársela de vuelta en octubre de 2024, ella se negó. Presuntamente, él le disparó y la mató. Su hermano menor corrió a ayudarla y también recibió un disparo. Murió una semana después. Los talibanes abrieron una investigación, pero el esposo, que prestaba servicio en el grupo, nunca fue detenido.
En la provincia de Sar e Pol, Sara, de 16 años, y su madre, Chaman, fueron asesinadas a tiros por un funcionario local talibán que había impuesto un compromiso matrimonial a Sara. Chaman, médica formada en Irán, se negó a entregar a su hija sin la dote acordada. Según las denuncias, el funcionario la golpeó con un rifle antes de disparar contra madre e hija. Más tarde fue detenido y sigue bajo custodia.
Estos casos muestran cómo el poder dentro del movimiento gobernante puede afectar el acceso a la justicia. La posición de un sospechoso, su influencia local o su vínculo con un comandante pueden determinar si un caso llega a los tribunales. Las familias suelen contar con poca protección si cuestionan a un funcionario o hacen público un presunto delito.
Las restricciones crean un clima de temor más amplio
Los asesinatos domésticos ocurren dentro de un sistema más amplio de restricciones a la movilidad, el trabajo, la educación y la vida pública de las mujeres. Las niñas siguen excluidas de la educación secundaria y universitaria. Las mujeres afrontan límites para trabajar, incluso en organizaciones de ayuda. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio hace cumplir las normas sobre vestimenta y acceso a espacios públicos.
Las Naciones Unidas también han informado de amenazas de muerte directas contra mujeres afganas que trabajan para organismos de la ONU. Funcionarios talibanes dijeron que sus miembros no eran responsables y que se estaba llevando a cabo una investigación, mientras que un portavoz del Ministerio del Interior negó que se hubieran formulado amenazas. La disputa ilustra lo difícil que es exigir responsabilidades cuando las autoridades controlan tanto las instituciones de seguridad como el acceso a la información.
Las restricciones a la educación y el empleo dejan a las mujeres con menos medios para alcanzar independencia económica o pedir ayuda. Una mujer que no puede trabajar, desplazarse libremente ni hablar en público quizá no tenga una vía segura para alejarse de un hogar abusivo. El miedo también puede impedir que vecinos, médicos y familiares denuncien lo que saben.
Los periodistas que documentaron los 231 casos recibieron amenazas cuando intentaron ponerse en contacto con las familias. Muchos familiares rechazaron las entrevistas. Según su padre, las hermanas de Liza, que la llevaron al hospital, fueron citadas más tarde por los talibanes y se escondieron.
Esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades
El sistema de justicia nacional de Afganistán ofrece pocas vías confiables para las víctimas. Las instituciones internacionales han comenzado a examinar el trato que reciben las mujeres como parte de un patrón más amplio de persecución.
En enero de 2025, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani. Los cargos solicitados se refieren al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. El fiscal dijo que había motivos razonables para creer que las políticas talibanes habían privado a mujeres y niñas de derechos como la educación, la libertad de circulación y de expresión, la vida familiar y la autonomía personal.
Human Rights Watch dijo que el caso podría ofrecer una vía para exigir responsabilidades cuando los tribunales afganos no actúan. La investigación de la CPI abarca presuntos crímenes cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003. También podría examinar crímenes de otras partes en el conflicto, aunque la corte ha recibido críticas de víctimas y grupos de derechos humanos por la forma en que establece sus prioridades.
El proceso de la CPI es independiente de los casos individuales de asesinato registrados por periodistas afganos. No determina automáticamente quién mató a una mujer en particular. Su importancia radica en examinar si altos dirigentes contribuyeron a crear o mantener políticas que constituyen una persecución generalizada.
Sin embargo, la presión internacional no puede sustituir la protección local. Las mujeres necesitan refugios seguros, investigadores independientes, acceso a los tribunales y la posibilidad de presentar casos en nombre propio. Las familias también necesitan protección contra represalias cuando denuncian abusos.
Lo que las cifras no pueden mostrar
Los casos de la investigación abarcan solo 10 de las 34 provincias de Afganistán. Muchas muertes nunca se denuncian a la policía, nunca llegan a un hospital y nunca aparecen en registros públicos. Algunas familias pueden aceptar que una muerte se clasifique como suicidio porque impugnar esa decisión podría exponerlas a amenazas, presión social o represalias.
La falta de datos nacionales oficiales hace imposible calcular una tasa anual confiable o demostrar, basándose únicamente en esta muestra, un aumento en todo el país. Las pruebas sí muestran un patrón repetido: mujeres asesinadas en hogares privados, lesiones cuya importancia se cuestiona o que se reclasifican, pocas detenciones y protección limitada para los familiares que buscan ayuda.
El padre de Liza ha publicado en las redes sociales las grabaciones de su hija, imágenes del hospital y documentos médicos en un intento por forzar una investigación. En uno de sus mensajes, Liza dijo que se sentía asfixiada y temía que sus hijos crecieran viendo pelear a sus padres. Sus palabras describen algo más que un único episodio violento. Dejan constancia de una vida en la que los abusos reiterados se convirtieron en parte de la realidad cotidiana del hogar.
Su padre dice que hablar en público ha puesto en peligro a su familia. Cree que los talibanes no quieren que estos casos se debatan públicamente. Para las familias de todo Afganistán, guardar silencio puede ofrecer seguridad temporal, mientras que hablar puede provocar citaciones, amenazas o más violencia.
En síntesis
- Los periodistas documentaron 231 asesinatos de mujeres y niñas afganas en 10 provincias desde agosto de 2021.
- Cincuenta y tres muertes se registraron oficialmente como suicidios, pese a las denuncias de abusos u otros indicios de homicidio.
- Se registraron solo 58 detenciones y los sospechosos solían quedar en libertad rápidamente.
- Los talibanes eliminaron instituciones clave y apartaron a jueces y fiscales, además de cerrar refugios que antes atendían casos de violencia contra las mujeres.
- Fiscales internacionales buscan presentar cargos por persecución por motivos de género contra altos dirigentes talibanes.
- Los casos documentados ofrecen una visión parcial y es probable que muchas muertes no aparezcan en los registros oficiales.
