Una imagen preocupante de la vida en Japón
Una nueva encuesta nacional de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón (ISA, por sus siglas en inglés) reveló que el 47 por ciento de los residentes extranjeros ha sufrido algún tipo de discriminación en la vida cotidiana. La cifra pone de manifiesto la brecha entre la creciente dependencia del país de los trabajadores extranjeros y el entorno social que encuentran. La encuesta se realizó entre octubre y noviembre de 2025 y llegó a 20.000 residentes extranjeros y residentes permanentes especiales de 18 años o más. Recibió 8.874 respuestas válidas. Aunque el resultado es 0,8 puntos porcentuales inferior al del año anterior, sigue significando que casi uno de cada dos residentes extranjeros denuncia un trato injusto simplemente por no ser japonés.
Contenido
- Una imagen preocupante de la vida en Japón
- Qué reveló la encuesta
- En qué ámbitos se manifiesta la discriminación
- Saitama: una ciudad acogedora, pero también preocupada
- Prefectura de Mie: cuando la contratación pública se convierte en un foco de conflicto
- Entierro, creencias y pertenencia: cuando las prácticas religiosas encuentran oposición local
- Política laboral y brecha entre contratación y protección
- Opinión pública y debate sobre el aumento de las tasas
- ¿Qué puede cambiar?
- En resumen
La población extranjera de Japón ha alcanzado niveles récord mientras el Gobierno intenta compensar la reducción de la fuerza laboral y el envejecimiento de la sociedad. Al mismo tiempo, encuestas locales muestran que muchos residentes extranjeros valoran la seguridad y la estabilidad de la vida en Japón. El desafío para las autoridades es que estos sentimientos positivos pueden coexistir con experiencias de exclusión, prejuicios y barreras institucionales. La encuesta de la ISA, la más reciente de una serie iniciada años atrás, es uno de los intentos más exhaustivos de medir esa tensión.
Qué reveló la encuesta
Según el informe de la ISA, el 47 por ciento de los encuestados afirmó haber sufrido discriminación en su vida cotidiana, mientras que el 53 por ciento dijo que no. La proporción de quienes no denunciaron discriminación cayó 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Aunque el descenso es pequeño, indica que el problema no mejora y sigue estando muy extendido. La encuesta no preguntó por un único tipo de incidente; invitó a los encuestados a reflexionar sobre diversas experiencias, como comentarios despectivos, rechazo de solicitudes de vivienda, salarios desiguales y obstáculos para acceder a los servicios públicos.
La encuesta forma parte de un esfuerzo más amplio por entender hasta qué punto Japón está integrando a los residentes extranjeros. Encuestas anteriores del Gobierno han arrojado resultados similares. Un sondeo histórico del Ministerio de Justicia realizado en 2017 reveló que casi un tercio de los residentes extranjeros había recibido comentarios despectivos y que alrededor del 40 por ciento de quienes habían buscado vivienda había sido rechazado por su nacionalidad. La persistencia de estas cifras indica que los cambios de políticas, aunque importantes, todavía no han producido un cambio decisivo en el comportamiento cotidiano.
En qué ámbitos se manifiesta la discriminación
La discriminación en materia de vivienda sigue siendo uno de los problemas más comunes. En la encuesta de 2017, cuatro de cada diez residentes extranjeros que habían buscado vivienda en los cinco años anteriores afirmaron que los habían rechazado por ser extranjeros. Algunos dijeron haber visto anuncios inmobiliarios que indicaban explícitamente «no se aceptan extranjeros». Los propietarios suelen alegar dificultades de comunicación, temor a que no se pague el alquiler o malentendidos culturales. Grupos de defensa de los derechos civiles sostienen que estas justificaciones pueden ocultar prejuicios raciales y crear un mercado dual en el que los residentes extranjeros deben recurrir a agentes especializados, viviendas proporcionadas por empresas o redes informales.
El lugar de trabajo es otro ámbito de trato desigual. En la encuesta de 2017, una de cada cuatro personas que había solicitado un empleo dijo que se lo habían negado por su condición de extranjera. Una de cada cinco creía que recibía un salario inferior al de colegas japoneses por un trabajo similar. Datos más recientes indican que la brecha sigue siendo considerable. Informes de 2024 señalaron que el salario medio de los trabajadores extranjeros era un 28 por ciento inferior al de los trabajadores japoneses. Los salarios desiguales, las horas extraordinarias no remuneradas y las tareas peligrosas son especialmente frecuentes entre los participantes en el Programa de Formación de Pasantes Técnicos, criticado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y organismos de derechos humanos de Naciones Unidas por ser un canal de explotación laboral y trata de personas.
También se niega la prestación de servicios en comercios y otros establecimientos. Residentes extranjeros han denunciado que los han rechazado en barberías, tiendas de conveniencia y viviendas de alquiler. Estos incidentes pueden parecer aislados, pero contribuyen a crear un entorno en el que los residentes extranjeros sienten que se los acepta solo como trabajadores o consumidores, no como vecinos.
Saitama: una ciudad acogedora, pero también preocupada
No todas las señales son negativas. Una encuesta de la prefectura de Saitama, una zona residencial al norte de Tokio, reveló que más del 90 por ciento de los residentes extranjeros estaba satisfecho con la vida allí. La encuesta, realizada entre noviembre y diciembre de 2025, recibió 1.064 respuestas válidas: el 49 por ciento estaba «satisfecho» y el 43 por ciento, «algo satisfecho». Sus principales atractivos eran la seguridad pública, la facilidad de vida y la posibilidad de comprender la cultura y las costumbres japonesas. En total, el 84 por ciento esperaba seguir viviendo en la prefectura al menos dos años más y casi el 60 por ciento dijo que quería quedarse allí de forma permanente.
Sin embargo, la misma encuesta reveló una marcada preocupación subyacente. Entre el 5 por ciento de los encuestados que estaban insatisfechos o algo insatisfechos, el 39 por ciento citó la «discriminación contra los extranjeros» como causa principal. Entre los servicios más solicitados figuraban más información en varios idiomas, apoyo para aprender japonés, prestaciones sociales más completas y una campaña específica para eliminar las actitudes discriminatorias. Los comentarios reflejaron opiniones divididas: algunos encuestados pidieron más formación en japonés, mientras que otros solicitaron normas más estrictas para garantizar que todos los residentes cumplan las leyes locales. En junio de 2025, Saitama tenía 277.209 residentes extranjeros, alrededor del 3,8 por ciento de su población.
Aprovecharemos al máximo estos resultados para diseñar y desarrollar programas específicos para las personas procedentes del extranjero, en especial cursos de japonés.
Un representante de la división de asuntos internacionales de Saitama hizo esta declaración tras la publicación de la encuesta. La prefectura realiza estos sondeos desde 2013 para conocer las opiniones y necesidades de los residentes extranjeros.
Prefectura de Mie: cuando la contratación pública se convierte en un foco de conflicto
Los resultados de la encuesta nacional se conocen al mismo tiempo que una controversia en la prefectura de Mie, donde el gobernador Katsuyuki Ichimi ha propuesto restablecer el requisito de nacionalidad japonesa para muchos puestos de la prefectura. Mie eliminó el requisito de nacionalidad para los cargos administrativos generales en el año fiscal 1999, siguiendo una tendencia iniciada en la década de 1970 para reducir la discriminación contra los coreanos étnicos y otros residentes extranjeros que buscaban empleo en el sector público. Actualmente, 12 prefecturas han eliminado el requisito de nacionalidad, aunque se mantienen restricciones para los puestos que implican el ejercicio de autoridad pública, como conceder licencias o realizar inspecciones.
Ichimi sostiene que los empleados de la prefectura manejan información personal de los residentes y datos confidenciales sobre dignatarios, infraestructuras y agricultura. Ha aludido a cambios en la situación internacional y ha sugerido que los países de origen podrían presionar a los empleados extranjeros para que filtren información confidencial. La prefectura incluyó una pregunta detallada en su encuesta anual «Encuesta a 10.000 residentes de Mie» para preguntar a los votantes si la contratación de ciudadanos extranjeros debería «continuar», «no continuar» o si «no lo saben». La pregunta advierte que podrían incumplirse las obligaciones de confidencialidad porque algunos países exigen a sus ciudadanos que colaboren en la recopilación de información por parte de sus gobiernos.
Alcaldes de toda la prefectura y grupos de derechos humanos han expresado firmes objeciones. Toshinao Inamori, alcalde de Iga, presentó una solicitud por escrito para retirar la pregunta, con el argumento de que «socava la convivencia multicultural y podría fomentar la discriminación o la incitación al odio». Hiroyuki Kitagawa, alcalde de Nabari y presidente de un comité que estudia ordenanzas contra la discriminación, dijo que la pregunta podría llevar a los residentes a interiorizar la idea de que «los empleados extranjeros son peligrosos». Tomohiro Mori, alcalde de Yokkaichi, dijo que su ciudad, que contrata a trabajadores extranjeros desde el año fiscal 2002, no tiene intención de cambiar su política. Hideaki Omura, gobernador de Aichi, también criticó el plan y señaló que su prefectura no ha sufrido filtraciones de información porque forma a todos sus empleados en gestión de la información.
Menosprecia a los empleados extranjeros que ya trabajan para la prefectura y atenta profundamente contra su dignidad.
El alcalde de Iga, Toshinao Inamori, utilizó esas palabras en enero de 2026 para explicar por qué quería que se retirara la pregunta de la encuesta. Algunos comentaristas también calificaron el plan de medida contraria a la inclusión y dijeron que Ichimi debería retirarlo.
Los críticos también cuestionan la legitimidad de la encuesta. La «Encuesta a 10.000 residentes» de 2025 recibió respuestas de solo 4.592 personas, es decir, del 45,9 por ciento de las contactadas, y la tasa de respuesta ha ido disminuyendo. La muestra representa una pequeña fracción de los aproximadamente 1,7 millones de habitantes de Mie. Utilizarla para justificar un importante cambio de rumbo en la política de empleo plantea dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas democrática.
Entierro, creencias y pertenencia: cuando las prácticas religiosas encuentran oposición local
La discriminación no se limita al empleo ni al mercado de la vivienda. También aparece en los momentos más íntimos de la vida y la muerte. Para los residentes musulmanes, la práctica casi universal de la cremación en Japón plantea un conflicto doloroso. La tradición islámica exige enterrar el cuerpo, por lo general en un plazo de 24 horas, con el rostro orientado hacia La Meca. La cremación está prohibida. Sin embargo, más del 99 por ciento de las muertes en Japón se resuelve mediante la cremación y actualmente menos de una docena de cementerios de todo el país aceptan entierros musulmanes. No hay ningún cementerio musulmán al oeste de la región de Chugoku, por lo que las familias de Kansai y Kyushu tienen pocas opciones.
En respuesta, el Gobierno central comenzó en enero de 2026 a consultar a 129 prefecturas y grandes ciudades sobre las normas de los cementerios y la capacidad para realizar entierros sin cremación. La consulta refleja una mayor conciencia oficial del problema, pero lo enmarca principalmente como una cuestión de política hacia los residentes extranjeros, en lugar de como una necesidad de adaptación religiosa. Algunos observadores afirman que ese enfoque influye en la disposición de las comunidades locales a aceptar soluciones.
La oposición local ya ha frenado varios proyectos. En la localidad de Hiji, en la prefectura de Oita, una asociación islámica local había obtenido terrenos municipales, limitado el número de parcelas y realizado pruebas de aguas subterráneas. Un candidato contrario al cementerio ganó las elecciones a la alcaldía de 2024 y luego suspendió la venta de los terrenos. En la ciudad de Sakuragawa, en la prefectura de Ibaraki, una organización vinculada al budismo retiró su solicitud para construir un cementerio después de que los residentes se quejaran de que no habían sido consultados suficientemente. En algunos casos, la oposición incluyó expresiones racistas y desinformación, como afirmaciones infundadas sobre la contaminación del agua. Algunos comentaristas incluso sugirieron que los residentes musulmanes deberían llevar a sus familiares fallecidos a sus países de origen, sin tener en cuenta que muchos musulmanes en Japón llevan mucho tiempo viviendo allí o son ciudadanos japoneses.
También hay iniciativas para encontrar soluciones. El gobernador de la prefectura de Miyagi, Yoshihiro Murai, ha propuesto crear un cementerio de entierro en tierra para residentes extranjeros, aunque la iniciativa ha recibido cientos de quejas. Un cementerio gestionado por un templo de Kioto ha comenzado discretamente a ofrecer un número limitado de parcelas para entierros musulmanes. Estos casos muestran que es posible avanzar, aunque de forma desigual.
Política laboral y brecha entre contratación y protección
La política de Japón hacia los residentes extranjeros ha estado impulsada por la necesidad económica. La población en edad de trabajar lleva años disminuyendo y el déficit de trabajadores ha superado sistemáticamente los tres millones. A finales de 2024, el número de trabajadores extranjeros llegó a unos 2,3 millones, casi el triple que una década antes. Muchos trabajan en cuidados, construcción, procesamiento de alimentos y otros sectores que enfrentan una grave escasez de personal.
Sin embargo, el marco legal suele tratar a estos trabajadores como mano de obra temporal, no como futuros vecinos. El Programa de Formación de Pasantes Técnicos, diseñado oficialmente para transferir conocimientos y habilidades, se ha convertido en una fuente importante de mano de obra barata. Con frecuencia, los pasantes quedan vinculados a un solo empleador, no pueden cambiar de trabajo y viven en dormitorios de la empresa. Según una inspección del Ministerio de Salud, el 73,2 por ciento de las empresas que empleaban a pasantes técnicos había infringido la legislación laboral. Está previsto que el programa se sustituya por un sistema de formación y empleo en 2027, pero los críticos consideran que el cambio es más un cambio de nombre que una reforma.
El sistema de visados para trabajadores cualificados especificados también tiene limitaciones. El visado de categoría inferior, Trabajador Cualificado Especificado (i), tiene una vigencia de hasta cinco años y no permite que los trabajadores traigan a sus familiares. El tiempo que pasan con este estatus no cuenta para solicitar la residencia permanente. El visado de categoría superior, Trabajador Cualificado Especificado (ii), sí ofrece una vía hacia la residencia permanente, pero los requisitos son estrictos y pocos los han cumplido. Por esta estructura, los críticos describen el enfoque de Japón como un sistema que utiliza mano de obra sin ofrecer la seguridad necesaria para fomentar el asentamiento a largo plazo y la integración social.
Las condiciones pueden ser duras para quienes pierden su estatus migratorio. La detención de inmigrantes ha sido criticada por los prolongados períodos de reclusión, la falta de atención médica y el uso de la fuerza. La muerte, en 2021, de una mujer de Sri Lanka en un centro de detención de inmigrantes de Nagoya, después de que presuntamente se le negaran sus solicitudes de atención médica, provocó condenas internacionales y protestas en Japón.
Opinión pública y debate sobre el aumento de las tasas
En este contexto, el Gobierno japonés también ha avanzado en el aumento de la carga económica para los residentes extranjeros. Una ley revisada de control de la inmigración y reconocimiento de refugiados, promulgada en mayo de 2026, elevará las tasas de los trámites de residencia. Las tasas por cambiar o renovar el estatus de residencia pasarán de una tarifa fija de 6.000 yenes a un rango de entre 10.000 y 75.000 yenes, y la tasa para solicitar la residencia permanente aumentará de 10.000 a 200.000 yenes. Está previsto que los cambios entren en vigor en octubre de 2026.
Una encuesta nacional de opinión realizada en julio de 2026 reveló que el 56,0 por ciento de los encuestados apoyaba el aumento de las tasas, mientras que solo el 20,8 por ciento se oponía. La diferencia sugiere que muchos votantes japoneses consideran a los residentes extranjeros una carga fiscal, y no contribuyentes ni miembros de sus comunidades. Las tasas más elevadas pueden dificultar que los trabajadores con salarios bajos renueven su estatus o soliciten la residencia permanente, lo que podría reforzar la misma inestabilidad que el Gobierno dice querer reducir.
¿Qué puede cambiar?
Japón ha tomado medidas para abordar la discriminación. En 2016 se aprobó una ley contra la incitación al odio, aunque no contempla sanciones y ha sido criticada por ser débil. El Gobierno ha financiado la enseñanza del japonés y servicios de consulta en varios idiomas. Algunos gobiernos locales han aprobado ordenanzas contra la discriminación y ampliado el apoyo a los residentes extranjeros. Las encuestas nacionales, como la de la ISA, son en sí mismas una señal de que las autoridades reconocen el problema.
Sin embargo, los datos disponibles indican que los cambios legales y las campañas de sensibilización todavía no han transformado la vida cotidiana de muchos residentes extranjeros. La coexistencia de un alto grado de satisfacción y una discriminación persistente muestra que Japón puede ser un lugar acogedor y, aun así, no garantizar la igualdad de trato. Para cerrar esa brecha harán falta más que anuncios de políticas. Será necesario cambiar las prácticas laborales, las normas del mercado de la vivienda, el acceso a los servicios públicos y las actitudes de la ciudadanía.
En resumen
- Según una encuesta de 2025 de la Agencia de Servicios de Inmigración, realizada a 8.874 personas, el 47 por ciento de los residentes extranjeros en Japón denuncia haber sufrido discriminación, una cifra solo ligeramente inferior a la del año anterior.
- La discriminación en la vivienda y el empleo, así como la negativa a prestar servicios, siguen siendo habituales. Encuestas anteriores revelaron que se había rechazado al 40 por ciento de los extranjeros que buscaban vivienda y, según informes recientes, existe una brecha salarial del 28 por ciento.
- Una encuesta de la prefectura de Saitama reveló que más del 90 por ciento de los residentes extranjeros estaba satisfecho con su vida, pero la discriminación era la principal queja entre quienes estaban descontentos.
- La prefectura de Mie estudia restablecer el requisito de nacionalidad para muchos empleos de la administración prefectural. La propuesta ha provocado protestas de alcaldes locales y grupos de derechos humanos, que afirman que la propia pregunta de la encuesta fomenta los prejuicios.
- Los proyectos de cementerios musulmanes encuentran oposición local en todo Japón, lo que deja pocas opciones prácticas para las familias musulmanas pese a una consulta nacional del Gobierno sobre los cementerios.
- Los visados para trabajadores extranjeros suelen dar prioridad al empleo de corto plazo frente al asentamiento. Al mismo tiempo, la mayoría de la opinión pública apoya las nuevas tasas de residencia que entrarán en vigor en octubre de 2026.
