El régimen de Myanmar anuncia cuatro nuevos yacimientos de gas mientras aumenta la presión de las sanciones

Importante hallazgo de gas en Tanintharyi y Ayeyarwady

El régimen militar de Myanmar anunció el descubrimiento de cuatro nuevos yacimientos de gas en alta mar que, en conjunto, contienen un estimado de 109 billones de pies cúbicos de gas natural. El hallazgo podría transformar la economía del país y, al mismo tiempo, intensificar el debate mundial sobre el financiamiento del sector energético. El Ministerio de Información del régimen reveló que el mayor depósito se encuentra en la zona de aguas profundas de Tanintharyi y contiene aproximadamente 95 billones de pies cúbicos, con una probabilidad del 90%. Otro hallazgo en la región de Ayeyarwady contiene hasta 14 billones de pies cúbicos, con una probabilidad del 100%. El anuncio, hecho el lunes, llega en un momento crítico para un régimen que lucha por obtener divisas en medio del desplome del kyat, la resistencia armada en amplias zonas del país y algunas de las sanciones internacionales más severas impuestas a un Estado asiático en los últimos años. Históricamente, el gas natural ha representado cerca de la mitad de los ingresos de Myanmar en divisas y la mayor fuente individual de ingresos del Gobierno, por lo que estos nuevos yacimientos podrían convertirse en un activo transformador para una administración militar desesperada por obtener moneda fuerte. El régimen ha presentado los hallazgos como una prueba de su gestión económica y afirma que el nuevo desarrollo energético respaldará la generación de electricidad, la producción de fertilizantes y la manufactura industrial. Sin embargo, sus críticos consideran que el anuncio es un intento apenas disimulado de atraer a inversionistas y socios extranjeros a un sector asociado con abusos contra los derechos humanos y riesgos jurídicos internacionales.

Aunque el Ministerio de Información no identificó los bloques específicos, es casi seguro que el anuncio incluye el bloque M15, en el yacimiento de Tanintharyi, donde el pasado diciembre se descubrieron unos 94,6 billones de pies cúbicos. Ese bloque abarca más de 13.000 kilómetros cuadrados cerca de la isla Kadan, frente a la costa sur de Tanintharyi, en el mar de Andamán. Si las estimaciones son correctas, el bloque M15 podría figurar entre las mayores reservas de gas natural descubiertas en cualquier parte del mundo en las últimas décadas. Históricamente, el régimen ha dependido de las exportaciones de gas en alta mar para financiar sus operaciones; la mayor parte de los ingresos pasa por Myanma Oil and Gas Enterprise, una empresa estatal de energía que ahora es uno de los principales objetivos de las restricciones financieras internacionales. Pese a las afirmaciones de los militares de que estos nuevos proyectos beneficiarán a la población, los ingresos del gas de los yacimientos existentes llevan mucho tiempo canalizándose a través de cuentas estatales opacas que no están sujetas al escrutinio público ni a la supervisión democrática. Se cree ampliamente que, bajo el régimen militar, esos fondos financian la compra de equipo militar, incluidos aviones de combate y sistemas avanzados de misiles utilizados contra la población civil.

El bloque M15 y un antiguo contrato canadiense

La historia del bloque M15 se remonta a la breve apertura política de Myanmar, hace más de una década. Canadian Foresight Group, con sede en Singapur, ganó la licitación del bloque y firmó un contrato de reparto de producción con Myanma Oil and Gas Enterprise, perteneciente al régimen, el 30 de marzo de 2015, durante la administración del expresidente Thein Sein. La empresa está dirigida por el ciudadano canadiense Songning Shen y ha mantenido su participación pese a los profundos cambios políticos ocurridos desde entonces. En 2017, CFG elaboró un informe interno que proyectaba que el bloque podría generar ingresos equivalentes al 40% de las ganancias totales de Myanmar en divisas de ese momento. A partir de los precios de mercado vigentes entonces, la empresa calculó que las reservas de gas del bloque M15 valían casi 280.000 millones de dólares, una cifra extraordinaria que ilustra el potencial transformador de estas aguas. El contrato es anterior a la actual junta militar, pero vincula directamente a la empresa con MOGE, la misma entidad sancionada ahora por la Unión Europea y Estados Unidos por su papel en el financiamiento de las atrocidades del régimen. Cuando The Irrawaddy solicitó información sobre los nuevos proyectos de gas, el Ministerio de Electricidad y Energía y las administraciones regionales de Ayeyarwady y Tanintharyi no respondieron. El silencio pone de relieve la opacidad de los acuerdos energéticos en Myanmar, donde las condiciones contractuales, el reparto de ingresos y las evaluaciones ambientales permanecen en gran medida fuera del escrutinio público.

La inclusión del bloque M15 en el anuncio del régimen muestra cómo las inversiones energéticas a largo plazo pueden sobrevivir a las transiciones políticas y quedar vinculadas a gobiernos sucesivos. Los contratos firmados durante el período cuasicivil de 2011 a 2021 pasaron a manos de los militares, que han demostrado estar dispuestos a utilizar empresas estatales para consolidar su control del poder. La presencia continuada de Canadian Foresight Group en la zona de Tanintharyi refleja una tendencia más amplia: inversionistas extranjeros, especialmente los constituidos en terceros países, mantienen sus operaciones pese al aumento de los riesgos para su reputación y de los riesgos jurídicos. En un país donde la riqueza de los recursos naturales ha alimentado históricamente la corrupción y el conflicto, la aparición de otro enorme yacimiento en alta mar, sin una supervisión regulatoria transparente, preocupa a defensores de los derechos humanos y analistas del sector energético.

Nuevo proyecto con Gulf Petroleum, respaldada por Tailandia

Mientras el régimen pregona los nuevos descubrimientos geológicos, también ha firmado nuevos acuerdos comerciales para extraer y vender gas en alta mar. A finales de mayo de 2025, MOGE y Gulf Petroleum Myanmar, de Tailandia, firmaron un contrato de reparto de producción para el proyecto Min Ye Thu, en el bloque M10 del golfo de Mottama. Fue el primer acuerdo de este tipo para la producción de gas natural en alta mar desde el golpe de 2021. Este proyecto se convirtió en la séptima gran iniciativa gasífera de Myanmar, junto con los yacimientos establecidos de Yadana, Yetagun, Zawtika y Shwe, además de dos operaciones menores. Gulf Petroleum Myanmar prevé comenzar la extracción comercial en el bloque M10 para 2028, un plazo que presupone que la junta aún controlará el territorio y las instituciones necesarios para exportar el gas. GPM es una filial de Northern Gulf Petroleum, de Tailandia, que se ha asociado con Kyaw Kyaw Hlaing, un destacado aliado empresarial del régimen, y su conglomerado SMART Group of Companies. SMART Group se creó durante una dictadura militar anterior específicamente para servir a la industria petrolera controlada por los militares. Su participación continua pone de relieve la estrecha relación entre el desarrollo comercial del sector energético y las redes de clientelismo del régimen. Kyaw Kyaw Hlaing es actualmente presidente de Gulf Petroleum Myanmar, lo que consolida el vínculo directo entre el nuevo proyecto en alta mar y el círculo de aliados empresariales de la cúpula militar.

El proyecto de gas Yetagun, que GPM asumió en 2022 tras la salida de Petronas, el gigante petrolero estatal malasio, ofrece otra perspectiva de la estrategia del régimen: reemplazar a los inversionistas que se retiran por socios menos vulnerables a la presión pública. La organización de vigilancia de derechos humanos Justice For Myanmar reveló que la empresa matriz de GPM, Northern Gulf Petroleum, probablemente canaliza pagos al régimen a través de una red de empresas pantalla registradas en Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas y Singapur. Estas estructuras empresariales opacas dificultan que los investigadores determinen cuánto dinero llega a la junta y si alguno de esos flujos infringe el conjunto fragmentado de sanciones internacionales impuestas desde el golpe. El régimen ha defendido el proyecto Min Ye Thu como un impulso para los ingresos en divisas y el suministro interno de energía, pero sus críticos señalan que la producción de gas en Myanmar favorece ampliamente a los mercados de exportación y a consumidores industriales vinculados a los militares, no a los hogares. Por lo general, alrededor del 80% del gas de los grandes proyectos se exporta a Tailandia y China, mientras la población del país sigue sufriendo cortes frecuentes de electricidad y aumentos desorbitados de las tarifas.

Se endurecen las sanciones internacionales contra MOGE

Las ambiciones energéticas del régimen se enfrentan a un cerco cada vez más estrecho de sanciones internacionales. Myanma Oil and Gas Enterprise, la empresa estatal que controla todos los contratos de reparto de producción y las empresas conjuntas de producción en alta mar, está sancionada por la Unión Europea desde principios de 2022 por proporcionar a la junta recursos sustanciales utilizados para cometer atrocidades contra su propia población. Estados Unidos hizo lo mismo a finales de 2023, y Suiza y Canadá añadieron a MOGE a sus listas de sanciones en marzo de 2025. Pese a estas medidas, su aplicación es desigual y presenta vacíos jurisdiccionales. La Unión Europea prohíbe a las empresas europeas prestar asistencia técnica que beneficie directa o indirectamente a MOGE, una medida que ha obligado a algunas compañías a detener sus operaciones. Sin embargo, Estados Unidos y el Reino Unido se han abstenido ostensiblemente de imponer a sus propias empresas prohibiciones igualmente amplias. Esto crea una zona jurídica ambigua en la que los contratistas pueden seguir prestando servicios a los yacimientos de gas sin sanciones explícitas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado públicamente a la comunidad internacional a prohibir la venta de armas a Myanmar e imponer sanciones selectivas, incluida la prohibición del combustible para aviones, para proteger mejor a la población. En la 58.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en febrero de 2025, Turk subrayó que reducir el acceso de la junta a los ingresos energéticos limitaría directamente su capacidad para cometer atrocidades generalizadas.

En Estados Unidos, el Gobierno de Biden tuvo dificultades para conciliar objetivos contradictorios: presionar a la junta y preservar al mismo tiempo las relaciones estratégicas con Tailandia, un importante comprador de gas de Myanmar. El Departamento de Estado estadounidense advirtió que hacer negocios con MOGE conlleva riesgos de lavado de dinero, corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, al mismo tiempo, el Departamento de Comercio describió el sector del petróleo y el gas como una industria con buenas perspectivas y oportunidades para los inversionistas estadounidenses. En diciembre de 2024, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluía una sección que autorizaba al presidente a imponer sanciones a MOGE, pero no lo obligaba a hacerlo. Los senadores demócratas Jeff Merkley, Cory Booker y Dianne Feinstein, entre otros, escribieron al Departamento del Tesoro para instar al Gobierno a frenar la brutalidad de la junta bloqueando los ingresos de MOGE. El régimen ha demostrado ser hábil para eludir estas restricciones mediante estructuras empresariales que sitúan los pagos fuera del alcance de los reguladores occidentales. En junio de 2021, el Reino Unido sancionó al Consejo de Administración del Estado, el órgano gobernante de la junta, pero nunca incluyó directamente a MOGE en su lista de sanciones. Esto ha generado confusión sobre si las sanciones británicas se aplican automáticamente a la empresa energética estatal. La junta agravó esta ambigüedad jurídica en julio de 2024 al disolver el Consejo y sustituirlo por la Comisión de Seguridad y Paz del Estado, un nuevo organismo dirigido por los mismos generales pero que no está explícitamente contemplado en las sanciones vigentes. Justice For Myanmar calificó la medida de peligroso vacío en las restricciones internacionales.

Los ingresos fluyen a través de territorios británicos de ultramar

Algunos de los canales financieros más lucrativos que sostienen al régimen pasan por los territorios británicos de ultramar, donde registros empresariales opacos han permitido que cientos de millones de dólares lleguen a la junta desde el golpe de 2021. Finance Uncovered y Justice For Myanmar revelaron que dos empresas conjuntas de transporte por oleoducto, constituidas en las Islas Caimán y Bermudas, transportan gas desde los mayores proyectos en alta mar de Myanmar en asociación con MOGE. Moattama Gas Transportation Company, registrada en Bermudas, opera para el yacimiento Yadana, mientras que Andaman Transportation Limited, con sede en las Islas Caimán, se encarga del yacimiento Zawtika. Entre ambas, estas dos entidades pagaron más de 570 millones de dólares en dividendos e impuestos sobre la renta al Gobierno civil entre 2018 y principios de 2020. Además, un análisis de los informes anuales de PTT indica que generaron más de 754 millones de dólares en ingresos por tarifas de transporte entre 2021 y 2024. MOGE tiene una participación minoritaria en ambas empresas, por lo que su parte podría haber alcanzado casi 239 millones de dólares solo en tarifas de transporte durante ese período, sin contar los pagos de impuestos adicionales. Los estados financieros filtrados sugieren que, incluso después de que las compañías petroleras internacionales comenzaran a retirarse, estos proyectos de infraestructura siguieron generando importantes flujos de efectivo para un régimen desesperado por obtener divisas con las que importar armas y combustible para aviones. En abril de 2024, Justice For Myanmar presentó denuncias legales ante los gobernadores de Bermudas y las Islas Caimán para solicitar investigaciones sobre posibles infracciones de las sanciones. Ambas oficinas confirmaron haber recibido las denuncias, pero no quisieron confirmar si habían iniciado alguna investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha afirmado que sus territorios de ultramar están comprometidos con una aplicación rigurosa de las sanciones, pero críticos de todo el espectro político británico han reclamado medidas más contundentes. Margaret Hodge, miembro laborista de la Cámara de los Lores, calificó la situación de escandalosa, mientras que Andrew Mitchell, diputado conservador, dijo que esos territorios llevaban mucho tiempo evitando las reformas de transparencia.

El uso de Bermudas y las Islas Caimán no se limita a las empresas de transporte por oleoducto. Las investigaciones de Justice For Myanmar sobre la empresa matriz de Gulf Petroleum Myanmar revelaron un patrón similar de empresas pantalla repartidas entre las Islas Vírgenes Británicas, Singapur y otras jurisdicciones con escasos requisitos de divulgación. Estas redes permiten al régimen mover dinero, firmar contratos y contratar servicios sin activar las alertas de cumplimiento de las instituciones financieras occidentales. Expertos jurídicos señalan que el mosaico de sanciones genera una gran ambigüedad jurídica para cualquier empresa con operaciones en la UE o Estados Unidos que tenga relación con los ingresos del gas de Myanmar, aunque los pagos se canalicen a través de entidades aparentemente independientes registradas en paraísos fiscales. La falta de armonización plena entre las sanciones estadounidenses y las de la UE ha permitido que esta estructura financiera persista y que empresas estadounidenses de servicios para el sector petrolero y gasífero sigan operando, pese a las advertencias del Departamento de Estado contra esas mismas actividades.

La salida de empresas y quienes se quedaron

El golpe de 2021 desencadenó una salida masiva de grandes empresas energéticas internacionales de Myanmar. TotalEnergies, de Francia; Woodside, de Australia, y la estadounidense Chevron se retiraron del país por motivos de seguridad y por el deterioro de la situación de los derechos humanos. Tanto TotalEnergies como Chevron abandonaron oficialmente sus participaciones en el proyecto Yadana, el mayor activo gasífero de Myanmar, aunque Chevron vendió su participación del 41,1% a Et Martem Holdings, filial de la empresa canadiense MTI Energy. Estas salidas marcaron un punto de inflexión para la industria y demostraron que incluso los inversionistas de largo plazo con grandes inversiones ya realizadas no podían justificar su asociación con el régimen militar. Sin embargo, la retirada de los principales operadores no detuvo el flujo de gas. Por el contrario, abrió oportunidades para que socios y contratistas de servicios menos expuestos al escrutinio asumieran o ampliaran sus funciones. Posco International, de Corea del Sur, no solo se ha mantenido en Myanmar, sino que ha seguido invirtiendo cientos de millones de dólares en el proyecto de gas Shwe, identificado por el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos como la iniciativa más rentable para el régimen en los últimos años. Según el relator, Shwe proporcionó a la junta más de 500 millones de dólares al año durante los dos años posteriores al golpe y contribuyó a financiar una compra de armas de 1.000 millones de dólares que incluyó aviones de combate, helicópteros de ataque y sistemas avanzados de misiles. Posco ha defendido su presencia con el argumento de que suspender las operaciones reduciría la generación eléctrica nacional y perjudicaría a la población. Sin embargo, las pruebas indican que la gran mayoría del gas de Shwe se exporta a China, mientras que la escasez de electricidad en el país se ha agravado considerablemente desde 2021.

Mientras tanto, documentos fiscales filtrados, obtenidos por el grupo de transparencia Distributed Denial of Secrets y analizados por Justice For Myanmar, Finance Uncovered y The Guardian, revelaron que contratistas estadounidenses y británicos de servicios petroleros siguieron obteniendo importantes beneficios después del golpe. La filial de Halliburton con sede en Singapur declaró beneficios antes de impuestos de 6,3 millones de dólares en el año hasta septiembre de 2021, que incluye ocho meses bajo el gobierno de la junta. Baker Hughes declaró beneficios antes de impuestos de 2,64 millones de dólares en los seis meses hasta marzo de 2022. Diamond Offshore Drilling declaró haber pagado 37 millones de dólares a la autoridad fiscal de Myanmar en el año hasta septiembre de 2021 y otros 24,2 millones hasta marzo de 2022. Schlumberger Logelco, filial con sede en Panamá de la mayor empresa de perforación en alta mar del mundo, obtuvo 51,7 millones de dólares en el mismo período inicial y todavía tenía 200.000 dólares pendientes de pago por parte del Ministerio de Energía de la junta en septiembre de 2022. Estas empresas proporcionaron servicios esenciales de perforación, mantenimiento y logística para mantener operativos los yacimientos y garantizar indirectamente que MOGE pudiera seguir cobrando regalías e impuestos que financian la campaña de terror de los militares. Yadanar Maung, portavoz de Justice For Myanmar, ha condenado reiteradamente la participación continua de proveedores internacionales de servicios en el sector energético del país.

Las empresas de servicios para yacimientos petrolíferos que operan en Myanmar tienen las manos manchadas de sangre por trabajar en una industria que financia a la junta militar ilegal de Myanmar mientras esta lleva a cabo una campaña de terror contra la población. Estas empresas han incumplido sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos y podrían ser cómplices de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de la junta al prestar servicios a proyectos de petróleo y gas que financian sus atrocidades.

Baker Hughes afirmó que sus contratos eran anteriores al golpe y concluyeron a principios de 2022, mientras que Halliburton, Schlumberger y Diamond Offshore no respondieron a las solicitudes de comentarios. Expertos jurídicos de EarthRights International han advertido que cualquier empresa que apoye empresas conjuntas con MOGE se arriesga a ser cómplice de crímenes de guerra, especialmente si opera en la UE, donde están en vigor sanciones directas contra MOGE.

Consecuencias geopolíticas y financiamiento militar

El impulso del régimen para desarrollar nuevos yacimientos de gas se produce en un contexto de aislamiento creciente, interrumpido por alianzas estratégicas con otros Estados parias. A principios de marzo de 2025, el líder del golpe, el general Min Aung Hlaing, viajó a la Federación de Rusia y a Bielorrusia. Fue su cuarta visita a Rusia desde el golpe y su primer viaje al extranjero desde que un tribunal argentino emitió una orden de detención contra él por cargos de genocidio contra los rohinyás. Durante la visita, se reunió con el presidente Vladimir Putin y firmó diez acuerdos, entre ellos un memorando de entendimiento para construir una central nuclear de pequeña escala en Myanmar. El viaje mostró que Moscú sigue dispuesto a proporcionar cobertura diplomática, equipo militar y ahora tecnología nuclear civil a la junta aislada. El régimen también anunció que Rusia y Bielorrusia habían respaldado sus planes de celebrar elecciones en diciembre de 2025 o enero de 2026, un calendario que las fuerzas prodemocracia rechazaron por considerarlo una farsa destinada a legitimar el gobierno militar. Estas alianzas se financian en parte con los ingresos del gas que el régimen está tan empeñado en aumentar. El relator especial de las Naciones Unidas ha documentado cómo los ingresos del gas en alta mar han financiado las compras de armas de la junta a Rusia y China, creando un ciclo que se retroalimenta: la extracción de recursos naturales impulsa la represión militar y el desafío a la presión diplomática.

El papel de Tailandia en este entramado es igualmente decisivo. Como principal comprador de gas de Myanmar extraído en alta mar y socio de varias empresas de transporte por oleoducto, Bangkok se ha resistido sistemáticamente a cortar los vínculos energéticos con su vecino, lo que complica los esfuerzos de Estados Unidos por imponer un régimen integral de sanciones. La reticencia de Washington a sancionar plenamente a MOGE se ha atribuido en parte al deseo de no alterar la seguridad energética de Tailandia y de mantener buenas relaciones con un socio estratégico clave en el sudeste asiático. El resultado es un panorama de políticas incoherente: Estados Unidos sanciona a funcionarios individuales, pero no a la empresa; la UE prohíbe la asistencia técnica, pero el Reino Unido permite que sus territorios de ultramar sigan funcionando como vías operativas; y el régimen firma nuevos contratos de producción más rápido de lo que los parlamentos occidentales pueden aprobar medidas restrictivas. En este contexto, el anuncio de cuatro nuevos yacimientos de gas es menos un hito geológico que una señal política. Indica al mundo que los militares tienen la intención de seguir perforando, firmando contratos y convirtiendo la riqueza submarina del país en las divisas que necesitan para mantenerse en el poder, sin importar el costo humano ni los riesgos jurídicos que ahora afronta toda empresa extranjera que los ayude.

Lo esencial

• El régimen militar de Myanmar anunció el descubrimiento de cuatro nuevos yacimientos de gas en alta mar que, en conjunto, contienen un estimado de 109 billones de pies cúbicos de gas natural en las regiones de Tanintharyi y Ayeyarwady.
• El mayor depósito, que probablemente incluye el bloque M15, contiene un estimado de 95 billones de pies cúbicos y fue adjudicado por primera vez a Canadian Foresight Group durante la administración de Thein Sein, en 2015.
• A finales de mayo de 2025, el régimen firmó un nuevo contrato de reparto de producción con Gulf Petroleum Myanmar, de Tailandia, para el proyecto Min Ye Thu. Fue el primer acuerdo de gas en alta mar desde el golpe de 2021 y la séptima gran iniciativa de este tipo en el país.
• Myanma Oil and Gas Enterprise sigue siendo la mayor fuente individual de divisas del régimen, pero ha sido sancionada por la UE, Estados Unidos, Suiza y Canadá por financiar las atrocidades de los militares.
• Los ingresos canalizados a través de empresas de transporte por oleoducto registradas en Bermudas y las Islas Caimán han permitido que cientos de millones de dólares lleguen a la junta pese a las sanciones internacionales.
• Aunque grandes empresas occidentales como Chevron y TotalEnergies se han retirado, compañías como Posco International, de Corea del Sur, y varias empresas estadounidenses de servicios petroleros han mantenido operaciones que generan ingresos para el régimen.
• Se cree ampliamente que los ingresos energéticos del régimen financian compras de armas, incluidos aviones de combate y sistemas de misiles, mientras la población afronta una escasez de electricidad cada vez más grave y el colapso económico.
• Canadá y Suiza añadieron a MOGE a sus listas de sanciones en marzo de 2025, pero Estados Unidos y el Reino Unido no han impuesto prohibiciones integrales, lo que deja vacíos en el régimen internacional de sanciones.