Nueva Zelanda rechaza un monumento a las «mujeres de consuelo» tras una advertencia diplomática de Japón

Abandonan un polémico proyecto de monumento en Auckland

Las autoridades locales de Nueva Zelanda rechazaron formalmente los planes para instalar una estatua de bronce en memoria de las víctimas del sistema de esclavitud sexual militar de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, tras una intensa presión diplomática de Tokio y opiniones divididas en la comunidad. La junta local votó en contra del monumento propuesto, que habría estado en la reserva de Barry's Point, dentro de un jardín cultural coreano en Devonport-Takapuna, después de que el personal del Consejo de Auckland recomendara no aprobarlo.

La estatua, que representaba a una niña sentada junto a una silla vacía, pretendía honrar a las cerca de 200.000 mujeres y niñas de toda Asia que fueron obligadas a la esclavitud sexual por el Ejército Imperial Japonés entre 1932 y 1945. Las autoridades militares japonesas las llamaban eufemísticamente «mujeres de consuelo». La mayoría procedía de Corea, aunque también había mujeres de China, Filipinas, Indonesia, Taiwán y otros territorios ocupados por Japón.

La propuesta estuvo en estudio varios meses antes de la decisión final de la junta local de Devonport-Takapuna. El Korean Garden Trust había trabajado estrechamente con el comité Aotearoa New Zealand Statue of Peace para encontrar un lugar adecuado dentro del jardín cultural existente, con la esperanza de crear un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la violencia sexual durante la guerra. En un principio, los simpatizantes locales acogieron el obsequio como una oportunidad para estrechar los vínculos culturales con las comunidades coreanas y reconocer una grave injusticia histórica que afectó a mujeres de toda la región de Asia-Pacífico.

Contexto histórico: el sistema de «mujeres de consuelo»

El término «mujeres de consuelo» se refiere a uno de los capítulos más polémicos y dolorosos de la historia de la Segunda Guerra Mundial en la región de Asia-Pacífico. Entre 1932 y 1945, el Ejército Imperial Japonés operó una extensa red de burdeles en zonas de combate y sometió a mujeres y niñas a la esclavitud sexual mediante secuestros, engaños y compras directas a traficantes de personas. Los investigadores estiman que unas 200.000 mujeres sufrieron esta violencia sexual sistemática, aunque algunos académicos consideran que la cifra podría ser mayor.

La mayoría de las víctimas eran coreanas, debido al dominio colonial japonés sobre la península coreana entre 1910 y 1945. Sin embargo, había víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas mujeres chinas, filipinas, indonesias y taiwanesas, así como un pequeño número de Japón y de países europeos que quedaron atrapadas en la zona de guerra. Los testimonios de las sobrevivientes describen condiciones atroces: las obligaban a atender a entre 10 y 30 soldados al día en instalaciones improvisadas, las sometían a maltratos físicos, les negaban atención médica adecuada y con frecuencia las obligaban a abortar. Según los informes, los preservativos se lavaban y reutilizaban, lo que ofrecía una protección mínima contra las enfermedades.

La investigación histórica exhaustiva y los testimonios de sobrevivientes recopilados por organizaciones como el Korean Council han documentado el carácter sistemático de estos crímenes. Muchas víctimas eran adolescentes cuando fueron secuestradas y trasladadas a instalaciones militares en toda Asia, donde sufrieron agresiones sexuales reiteradas en condiciones brutales. Quienes intentaban escapar se exponían a castigos severos o a la ejecución. El trauma psicológico de las sobrevivientes se ha prolongado durante generaciones y ha afectado a familias y comunidades mucho después del fin de la guerra. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el tema de las mujeres de consuelo quedó en gran medida silenciado, y muchas sobrevivientes ocultaron sus experiencias por el estigma social. La decisión de Kim Hak-sun de romper el silencio en 1991 marcó un punto de inflexión e inspiró a cientos de sobrevivientes a dar un paso al frente y exigir que el Gobierno japonés rindiera cuentas.

Intervención diplomática de Tokio

La Embajada de Japón en Wellington dio el inusual paso de presentar una protesta diplomática formal por un asunto de planificación de un consejo local y advirtió a las autoridades de Auckland que la instalación de la estatua «podría tener un impacto significativo» en las relaciones bilaterales entre Japón y Nueva Zelanda. El embajador Makoto Osawa dirigió una carta detallada al consejo en la que expresó su preocupación por que el monumento provocara «división y conflicto dentro de la maravillosa y diversa sociedad étnica y cultural de Nueva Zelanda, así como entre las comunidades japonesa y coreana que coexisten pacíficamente en el país».

En su carta, Osawa reconoció que Japón «no tiene en absoluto la intención de negar ni trivializar la existencia del problema», pero subrayó que las autoridades han estado «abordando con seriedad» los asuntos diplomáticos con Corea desde hace muchos años. El embajador también señaló que la financiación del Gobierno neozelandés para la infraestructura de agua y electricidad del jardín cultural coreano en 2015 podría dar la impresión de que el Estado respaldaba oficialmente la estatua si se instalaba allí.

«Avivar innecesariamente el interés por este asunto podría convertirse en un obstáculo no solo para la cooperación entre Japón y Corea del Sur, sino también para las relaciones entre Japón y Nueva Zelanda».

Un portavoz no identificado de la Embajada de Japón explicó estas preocupaciones a medios internacionales y sugirió que la estatua podría provocar consecuencias diplomáticas que fueran más allá de las relaciones entre Wellington y Tokio. El portavoz indicó que ciudades japonesas podrían romper sus relaciones de ciudades hermanas con municipios neozelandeses, como ocurrió en 2018 entre Osaka y San Francisco por un monumento similar.

Decisión local y división comunitaria

El rechazo se produjo tras un proceso de consulta estructurado que puso de manifiesto profundas divisiones en la diversa comunidad de Auckland. Según datos del Consejo de Auckland, la propuesta recibió 672 observaciones del público. Entre quienes respondieron a título individual, el 51 por ciento expresó una oposición firme a la estatua; entre las organizaciones, 13 de 21 se opusieron a la instalación. La composición demográfica de quienes presentaron observaciones fue significativa: el 36 por ciento se identificó como neozelandés de origen japonés y el 34 por ciento, como neozelandés de origen coreano.

Los partidarios del monumento afirmaron que serviría como un recordatorio fundamental de la violencia sexual durante la guerra y honraría la resiliencia de las sobrevivientes, que llevan décadas luchando por el reconocimiento. El comité Aotearoa New Zealand Statue of Peace, organización de base que propuso la instalación junto con el Korean Garden Trust, expresó su decepción por el resultado. Rebekah Jaung, presidenta del comité, describió la intervención de Japón como un intento de «silenciar un monumento que honra a mujeres al otro lado del mundo».

Por el contrario, quienes se oponían consideraban que la estatua introduciría de forma inapropiada disputas políticas extranjeras en los espacios públicos de Nueva Zelanda. Según se informó, algunas personas que presentaron observaciones temían que el monumento convirtiera un parque local en un escenario de agravios históricos internacionales, en lugar de un espacio para el esparcimiento de la comunidad. Kim O'Neill, directora de Asesoría sobre Tierras y Propiedades del Consejo de Auckland, explicó que el personal recomendó rechazar la propuesta porque los resultados de la consulta pública mostraron un respaldo comunitario limitado. La evaluación del consejo proporcionó la justificación formal para que el personal recomendara el rechazo, aunque el elevado número de observaciones de personas de origen japonés apunta a una oposición organizada a la propuesta.

Un patrón internacional de disputas por monumentos

La controversia de Auckland forma parte de un patrón mundial más amplio, en el que las estatuas de las mujeres de consuelo se han convertido en focos de tensión diplomática y disputas sobre la memoria histórica. El primer monumento de este tipo se instaló frente a la Embajada de Japón en Seúl en diciembre de 2011, con motivo de la protesta número 1.000 celebrada cada semana por sobrevivientes y activistas desde 1992. Desde entonces, se han erigido al menos otros 37 monumentos en Corea del Sur, y también se han instalado en Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Taiwán y Alemania.

Estas instalaciones han provocado sistemáticamente fuertes reacciones de las autoridades japonesas. En 2018, el alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, puso fin a los 60 años de relación de ciudad hermana entre su ciudad y San Francisco después de que la ciudad californiana aceptara como propiedad pública una estatua de las mujeres de consuelo financiada con fondos privados. El distrito berlinés de Mitte retiró un monumento similar en 2025, tras años de disputas, aunque otras ciudades alemanas han mantenido los suyos. En 2020, Tokio reaccionó con especial indignación ante unas estatuas en Corea del Sur que mostraban al ex primer ministro Shinzo Abe postrado ante una estatua de una mujer de consuelo, y las consideró insultos diplomáticos deliberados.

Japón sostiene que el asunto de las mujeres de consuelo quedó resuelto «de manera definitiva e irreversible» mediante un acuerdo de 2015 entre Abe y la entonces presidenta surcoreana Park Geun-hye. En virtud de ese acuerdo, Japón aportó 1.000 millones de yenes (unos 9 millones de dólares estadounidenses) a una fundación que apoyaba a las sobrevivientes, mientras que el Gobierno de Park se comprometió a no plantear el asunto en foros internacionales. Sin embargo, el sucesor de Park, Moon Jae-in, disolvió de hecho el fondo en 2018, al argumentar que no tenía en cuenta los sentimientos de las sobrevivientes ni la opinión pública de Corea del Sur. Ese cambio reabrió la herida diplomática y alimentó las continuas campañas a favor de nuevos monumentos en todo el mundo.

Marcos jurídicos y libertad de expresión

Las disputas en torno a estas estatuas plantean cuestiones complejas sobre el derecho internacional, el protocolo diplomático y la libertad de expresión. Japón ha sostenido sistemáticamente que los monumentos a las mujeres de consuelo incumplen las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que exigen a los Estados receptores prevenir «cualquier alteración de la tranquilidad» o «menoscabo de la dignidad» de las misiones diplomáticas.

Sin embargo, especialistas en derecho y defensores de los derechos humanos han cuestionado esta interpretación. En 2003, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur anuló las prohibiciones generales de celebrar manifestaciones cerca de sedes diplomáticas, al ponderar la libertad de expresión frente a los intereses de seguridad diplomática. En Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó en 1988 que era inconstitucional una ley de Washington D. C. que prohibía los carteles insultantes cerca de las legaciones extranjeras, pues vulneraba las protecciones de la Primera Enmienda. Los tribunales británicos también han determinado que la dignidad diplomática solo se menoscaba con conductas abusivas o violencia efectiva, no con manifestaciones simbólicas.

Los expertos en derecho señalan que la interpretación japonesa de las Convenciones de Viena se centra en la incomodidad diplomática subjetiva, en lugar de en amenazas objetivas a la seguridad. Las convenciones se concibieron para proteger al personal diplomático de la violencia y la intimidación, no para proteger a los Gobiernos de las críticas históricas ni de los incómodos recordatorios de atrocidades pasadas. Los tribunales surcoreanos han subrayado especialmente que los monumentos pacíficos constituyen una forma de expresión protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión de Nueva Zelanda de dar prioridad a las relaciones diplomáticas frente a la instalación de un monumento local refleja otra forma de ponderar los intereses: antepone las relaciones comerciales y la cooperación en materia de seguridad regional a la rendición de cuentas por hechos históricos y a la defensa de las sobrevivientes.

Activismo y legado de las sobrevivientes

A pesar del revés en Auckland, los grupos de defensa siguen comprometidos con preservar la memoria de las mujeres de consuelo y apoyar a las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos. El Korean Council for Justice and Remembrance mantiene su campaña internacional para instalar monumentos y considera que estas estatuas son herramientas educativas que honran la dignidad de las víctimas y ayudan a prevenir futuras atrocidades. El comité Aotearoa New Zealand Statue of Peace ha indicado que seguirá buscando otro lugar o una alternativa para conmemorar a las víctimas.

«Esta es una pérdida para nuestra comunidad local y para la defensa de las voces de las sobrevivientes. Mantenemos firme nuestro compromiso de apoyar a las sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia relacionada con los conflictos, y de continuar el legado de las abuelas».

El comunicado del comité, publicado en las redes sociales tras la votación en contra, refleja el activismo que ha caracterizado durante más de tres décadas el movimiento de las mujeres de consuelo. Como quedan pocas sobrevivientes vivas, la mayoría de ellas de 90 años o más, los defensores sostienen que los monumentos físicos son cada vez más importantes para preservar la verdad histórica. La silla vacía representada junto a la niña en el diseño de la estatua simboliza tanto la ausencia de las víctimas desaparecidas como una invitación a sentarse en solidaridad con su memoria.

En síntesis

• El Consejo de Auckland rechazó los planes para instalar una estatua de las mujeres de consuelo en Devonport-Takapuna tras las protestas diplomáticas de Japón y una consulta comunitaria que puso de manifiesto opiniones divididas.
• El monumento de bronce habría conmemorado a unas 200.000 mujeres sometidas a la esclavitud sexual por el Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
• El embajador de Japón, Makoto Osawa, advirtió que la instalación podría perjudicar las relaciones diplomáticas entre Japón y Nueva Zelanda y provocar divisiones en la comunidad.
• La consulta pública mostró que el 51 % de quienes presentaron observaciones a título individual se oponía a la estatua. El 36 % del total de las observaciones procedía de neozelandeses de origen japonés y el 34 %, de neozelandeses de origen coreano.
• El rechazo se suma a una serie de disputas internacionales por monumentos a las mujeres de consuelo, entre ellas la ruptura de los vínculos entre Osaka y San Francisco en 2018 y la retirada de una estatua en Berlín en 2025.
• Los grupos de defensa expresaron su decepción y prometieron seguir trabajando para honrar a las sobrevivientes y preservar la memoria histórica de la violencia sexual durante la guerra.