China consagra una política de asimilación étnica en una amplia nueva ley

El sello legislativo sobre la asimilación cultural

El ritual parlamentario anual de Beijing reúne a miles de delegados en el Gran Palacio del Pueblo para aprobar decisiones que la dirigencia del Partido Comunista ya ha tomado. La sesión de marzo de 2026 de la Asamblea Popular Nacional sigue ese guion, pero la legislación pendiente de aprobación formal tiene profundas implicaciones para una quinta parte de la población mundial. La Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, un documento de 62 artículos presentado para su deliberación final, convierte décadas de presión asimilacionista informal en obligaciones legales vinculantes que regirán la vida de las 55 minorías étnicas oficialmente reconocidas de China.

La legislación se presenta mientras los delegados se reúnen para las "Dos Sesiones", las reuniones anuales de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que establecen el rumbo político del país. Aunque técnicamente el congreso vota las leyes, el resultado está decidido de antemano; el organismo sirve para legitimar las directrices del partido, no para debatirlas. Sin embargo, esta ley en particular ha recibido una atención inusual en el procedimiento. El Buró Político en pleno examinó el borrador en agosto de 2025, la primera revelación de ese tipo sobre la intervención legislativa del máximo órgano del partido en casi cuatro décadas. La Decisión del Tercer Pleno de 2024 ordenó explícitamente crear la ley para "mejorar las instituciones y los mecanismos para forjar un fuerte sentido de comunidad de la nación china".

Los funcionarios del Gobierno presentan la medida como una modernización esencial. Lou Qinjiang, portavoz de la sesión de la Asamblea Popular Nacional, defendió la legislación durante una conferencia de prensa en Beijing.

"Su objetivo es garantizar el liderazgo integral del partido en los asuntos étnicos, mejorar los mecanismos institucionales para fortalecer el sentido de una comunidad compartida de la nación china y apoyar a las regiones de minorías étnicas para que se integren mejor en el desarrollo general del país".

Este relato presenta la legislación como una evolución natural de la historia china, y no como una ruptura con las garantías constitucionales anteriores de autonomía cultural. Las organizaciones de derechos humanos ven el documento de otra manera. Lo describen como una cobertura legal para la represión que formaliza un marco ideológico destinado a justificar la erosión de lenguas, religiones y prácticas culturales propias. La ley sustituye la Ley de Autonomía Regional Étnica de 1984, que otorgaba sobre el papel protecciones para las lenguas y costumbres de las minorías, por un mandato de asimilación. Para los uigures de Xinjiang, los tibetanos de la meseta y los mongoles de las estepas del norte, la legislación codifica políticas que ya han restringido la asistencia a las mezquitas, cerrado monasterios y reemplazado la enseñanza en lenguas nativas por planes de estudio en mandarín en las escuelas públicas.

La visión de Xi Jinping se convierte en mandato legal

El secretario general Xi Jinping ha impulsado personalmente el cambio ideológico que consagra esta legislación. El borrador de ley aplica explícitamente su "Pensamiento Importante sobre la Mejora y el Fortalecimiento del Trabajo Étnico", una doctrina compuesta por doce requisitos conocidos como los "Doce Debes". Entre ellos figuran dar prioridad a forjar "un fuerte sentido de comunidad de la nación china", construir un hogar espiritual compartido y promover "interacciones, intercambios y mezclas" amplias entre grupos étnicos. El documento también invoca el concepto de Xi de "comprender correctamente" los "Cuatro Pares de Relaciones", que establece una jerarquía entre la cultura han y las tradiciones de las minorías.

En un discurso de 2021 que orienta la legislación actual, Xi recurrió a metáforas botánicas para describir esta jerarquía. La cultura china Zhonghua, centrada en los han, representa el "tronco" o la columna vertebral del árbol nacional, mientras que las culturas de las minorías étnicas son "ramas y hojas" subordinadas. La ley incorpora directamente esta visión en su texto.

"Solo cuando las raíces son profundas y el tronco es fuerte pueden florecer las ramas y las hojas".

Xi Jinping utilizó esta metáfora para explicar por qué las culturas de las minorías deben permanecer subordinadas a una identidad nacional centrada en los han. Aaron Glasserman, investigador de la Universidad de Pensilvania que estudia la política étnica china, explica que la legislación elimina ambigüedades anteriores sobre los objetivos asimilacionistas. Describe cómo la norma uniforma las respuestas en la vasta burocracia china.

"Puede imaginarse a un funcionario cuya prioridad número uno es tener la menor cantidad posible de problemas para que lo asciendan o, al menos, no lo despidan. Puede que ese funcionario manipule discretamente la situación para ejercer presión e impedir que se celebre el matrimonio. Esta ley dificulta que ese proceso informal siga adelante y hace más probable que no se permita al imán, al sacerdote o a los padres decir que no se puede casar con esa persona".

Glasserman se refiere aquí al artículo 40, sobre la libertad para contraer matrimonio, pero su observación se aplica a un ámbito más amplio. La ley refleja la visión de Xi sobre la diversidad como un asunto de seguridad: trata las identidades culturales distintas no como una fuente de riqueza nacional, sino como posibles amenazas a la estabilidad. El documento exige a las regiones étnicas proteger la seguridad fronteriza, de los recursos y alimentaria, y presenta a las poblaciones minoritarias principalmente como guardianas de activos estratégicos.

La primacía del mandarín y el fin de la educación en lenguas nativas

El artículo 15 del borrador de ley asesta el golpe más concreto a la supervivencia cultural de las minorías al establecer el chino mandarín como lengua obligatoria de enseñanza desde la educación preescolar. La disposición exige que los niños "dominen básicamente" la lengua común nacional al terminar la educación obligatoria, por lo general a los 15 años. Este mandato contradice directamente la Ley de Autonomía Regional Étnica de 1984, que garantizaba a las minorías étnicas la libertad de usar y desarrollar sus propias lenguas y permitía flexibilidad respecto al momento en que los alumnos comenzaban a aprender mandarín.

Las disposiciones lingüísticas se extienden por todo el sistema educativo. Mientras que la ley de 1984 exigía a las instituciones gubernamentales de las zonas de minorías usar las lenguas locales en los asuntos oficiales, la nueva legislación establece que las versiones en mandarín deben prevalecer cuando los documentos se publiquen en varios idiomas. Las escuelas que históricamente incorporaban a estudiantes de minorías con libros de texto en sus lenguas nativas ahora deben dar prioridad a programas de estudio que integren el concepto de unidad nacional en todas las materias. La Campaña por los Uigures, una organización de defensa con sede en Washington, advierte que la ley garantiza que "los uigures, tibetanos y mongoles ya no tendrán derecho a usar sus lenguas nativas en las asignaturas de escuelas y universidades".

Maya Wang, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch, sostiene que estas disposiciones buscan eliminar derechos lingüísticos que antes estaban garantizados.

"El proyecto de ley del Gobierno chino para promover la unidad étnica busca movilizar a la burocracia y a la sociedad para unir a la población bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, a costa de los derechos humanos".

En el Tíbet, donde los monasterios han sido durante mucho tiempo centros de vida religiosa y educativa, el nuevo marco jurídico culmina la destrucción de la enseñanza tradicional. Todas las personas menores de 18 años deben aprender mandarín en centros estatales y no pueden estudiar textos budistas, lo que corta la principal vía para preservar la alfabetización en tibetano de generación en generación. La legislación incluso abarca el paisaje físico y ordena a las autoridades "establecer y destacar símbolos culturales chinos" en instalaciones públicas, arquitectura y sitios turísticos. Cuando los nombres de lugares o los letreros aparezcan tanto en mandarín como en escrituras de minorías, la ley exige que los caracteres chinos tengan mayor visibilidad.

Control sobre la fe y la vida familiar

Más allá del idioma, la ley se adentra en los ámbitos más íntimos de la vida de las minorías. El artículo 20 impone obligaciones explícitas a padres y tutores, a quienes exige "educar y orientar a los menores para que amen al Partido Comunista Chino" y establecer la idea de que todos los grupos étnicos constituyen una sola familia. La disposición prohíbe que los padres enseñen a los menores "conceptos perjudiciales para la unidad y el progreso étnicos", lo que en la práctica criminaliza la transmisión de conocimientos culturales o creencias religiosas que destaquen identidades étnicas distintas de la nación china.

El artículo 40 aborda el matrimonio y la estructura familiar y prohíbe que cualquier persona u organización interfiera en la libertad para contraer matrimonio por motivos de identidad religiosa o étnica. Aunque se presenta como una medida contra la discriminación, los analistas la interpretan como un mecanismo para impedir que líderes religiosos o mayores de la familia se opongan a los matrimonios entre personas de distintos grupos étnicos. Antes, los funcionarios que buscaban ascender podían permitir que presiones informales impidieran matrimonios entre hombres han y mujeres de minorías, en particular cuando figuras religiosas manifestaban su oposición. La nueva ley elimina esta flexibilidad burocrática y dificulta que los cuadros locales respondan a la resistencia comunitaria a la asimilación mediante la formación de familias.

La legislación también exige la "transformación de las costumbres y los hábitos" para garantizar la "civilización y el progreso" en la vida matrimonial y familiar. Este lenguaje refleja la visión histórica del partido, que considera atrasadas las culturas de las minorías en comparación con la modernidad han. El documento exige que empresas, instituciones públicas y organizaciones religiosas promuevan la ideología del partido, sin dejar espacio para un liderazgo espiritual independiente. El artículo 12 moviliza al Estado para organizar actividades educativas que orienten a todos los grupos étnicos a adoptar "concepciones correctas" de la historia, la nación, la cultura y la religión.

Estas disposiciones brindan cobertura legal a programas invasivos que ya han causado daños. En Xinjiang, la iniciativa "convertirse en familia" obligó a hogares de minorías étnicas a recibir en sus casas a cuadros del partido, que en ocasiones compartían la cama con sus anfitriones. Mujeres de esos hogares denunciaron violaciones y abusos sexuales relacionados con estos programas. Al imponer legalmente la transformación de las costumbres y prohibir la resistencia a las políticas asimilacionistas, la legislación corre el riesgo de legitimar esos abusos y criminalizar prácticas tradicionales que las familias han preservado durante siglos.

Recursos estratégicos y seguridad fronteriza

La urgencia que impulsa esta legislación obedece en parte a factores geográficos y económicos. Mao Zedong, fundador de la China comunista, observó en una ocasión que, aunque la población han es numerosa, los territorios de las nacionalidades minoritarias son extensos y sus recursos, abundantes. Esta observación sigue teniendo relevancia política. Las tierras de los tibetanos, uigures y mongoles abarcan enormes regiones fronterizas con valiosos yacimientos minerales, tierras agrícolas y rutas comerciales estratégicas que conectan China con Asia Central y otras regiones.

La nueva ley reconoce explícitamente la importancia estratégica de esos territorios. El artículo 34 asigna a las regiones étnicas la "misión y responsabilidad" de proteger la seguridad fronteriza, de los recursos y la energía, alimentaria y ecológica. Este planteamiento presenta a las poblaciones minoritarias principalmente como guardianas de activos estratégicos, obligadas a anteponer los intereses nacionales a las preocupaciones culturales locales. El proyecto China Power, una iniciativa de investigación, citó la observación de Mao para destacar la importancia que estos territorios siguen teniendo para el desarrollo nacional.

Beijing lleva mucho tiempo aplicando políticas de ingeniería demográfica en estas regiones. Los incentivos del Gobierno alentaron la migración de personas han al Tíbet y Xinjiang, lo que alteró drásticamente la composición étnica de las capitales regionales. Lhasa y Urumqi han recibido grandes flujos de población y cultura han, que han diluido el carácter indígena de estas ciudades. La nueva ley acelera esta integración mediante políticas que facilitan el desplazamiento de población entre regiones, los traslados laborales y los intercambios estudiantiles. El artículo 22 exige desarrollar "entornos comunitarios integrados" donde personas de distintos grupos vivan, estudien, trabajen y disfruten juntas, lo que en la práctica borra la separación física que ha permitido la supervivencia de culturas distintas.

El partido justifica estas medidas aludiendo a episodios de violencia del pasado. Los funcionarios citan la revuelta tibetana de 2008 en Lhasa y los disturbios de 2009 en Urumqi como pruebas de que la diversidad étnica amenaza la estabilidad. Beijing sostiene que 22 personas murieron en los disturbios en el Tíbet, aunque grupos en el exilio calculan que fueron unas 200. El Gobierno también menciona atentados terroristas de separatistas uigures, incluido un incidente de 2013 en el que un vehículo cargado de explosivos se dirigió hacia la plaza de Tiananmén. Aunque estos episodios implicaron violencia real, los críticos sostienen que la nueva ley elimina las vías pacíficas para la expresión cultural y podría agravar las tensiones al tratar como amenazas a la seguridad todos los signos de identidad diferenciada.

Alcance global y contradicciones jurídicas

Los últimos artículos de la legislación indican la ambición de Beijing de controlar los relatos más allá de sus fronteras. El artículo 61 afirma que tiene jurisdicción sobre organizaciones y personas extranjeras que "cometan actos contra la República Popular China que socaven la unidad y el progreso étnicos o provoquen división étnica". El artículo 17 ordena a las autoridades difundir la ideología de la ley mediante intercambios con el mundo académico, la sociedad civil y los centros de análisis extranjeros. El documento apunta específicamente a los "compatriotas taiwaneses" y a los chinos de ultramar, y les exige reforzar su convicción de que pertenecen a la nación china, independientemente de su ciudadanía o lugar de residencia reales.

Este alcance extraterritorial coincide con patrones documentados de represión transnacional. Las autoridades chinas han detenido en el extranjero a estudiantes que hablaron sobre los derechos de los tibetanos, han acosado a miembros de la diáspora amenazando a sus familias en China y han exigido a instituciones extranjeras que usen nombres en mandarín como "Xizang" en lugar de "Tíbet". En julio de 2025, las autoridades detuvieron a un estudiante chino por el grave delito de "incitar al separatismo" al expresar su apoyo a los derechos tibetanos mientras estudiaba en el extranjero. La nueva ley ofrece una justificación legal para esas acciones al presentarlas como una defensa de la unidad étnica, en lugar de persecución política.

Defensores de los derechos humanos señalan que estas disposiciones contradicen las obligaciones internacionales de China. El país ratificó en 2001 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El borrador de ley también vacía de contenido protecciones nacionales que antes se consideraban fundamentales. La Ley de Autonomía Regional Étnica de 1984 estableció un sistema en el que las minorías étnicas que vivían en comunidades numerosas tenían derecho a la autonomía regional y al uso de sus lenguas. La nueva legislación reemplaza ese sistema por un mandato de asimilación que vulnera tanto las normas internacionales como las propias garantías constitucionales de China.

El Observatorio de la Asamblea Popular Nacional, que sigue los procedimientos legislativos chinos, describe este cambio como el reemplazo de las políticas étnicas de "primera generación" por reformas de "segunda generación". La primera generación permitía una autonomía formal sobre el papel dentro de un Estado dominado por los han. La segunda desmantela activamente las identidades distintas mediante mandatos legales de asimilación. Al exigir la enseñanza del mandarín desde la educación preescolar y prohibir actos considerados perjudiciales para la unidad, la nueva ley establece una jerarquía legal en la que las protecciones constitucionales existen en teoría, pero quedan anuladas en la práctica por artículos específicos que anteponen la unidad nacional a todos los demás derechos.

Elogios oficiales y alarma entre los activistas

En el Gran Palacio del Pueblo, delegados de regiones étnicas han apoyado públicamente la legislación como una herramienta para el desarrollo. Zoya Baqit, diputada de la Asamblea Popular Nacional de etnia kazaja por la prefectura de Altay, en Xinjiang, y empleada del museo regional, describió la ley como una "guía fundamental" para los trabajadores culturales. Destacó que su experiencia infantil demostraba los beneficios de la integración.

"Celebrábamos las festividades de los demás, nos visitábamos y compartíamos platos tradicionales".

Yershat Tursonbay, gobernador de la prefectura autónoma kazaja de Ili y también diputado de la Asamblea Popular Nacional, afirmó que un Estado de derecho más sólido contribuye a mejorar la gestión en regiones multiétnicas. Señaló que unos marcos jurídicos más claros pueden ayudar a resolver disputas por vías institucionales, en lugar de mediante conflictos. Estas voces oficiales reflejan el relato del partido, según el cual la ley promueve la prosperidad común y respeta las diferencias, y crea una base jurídica para el "camino correcto con características chinas para abordar las cuestiones étnicas" mencionado en el preámbulo del borrador.

Las comunidades en el exilio y los observadores internacionales ofrecen evaluaciones muy distintas. Phayul, un medio con sede en India financiado por tibetanos en el exilio, describe la legislación como la última fase de una campaña acelerada de sinización. Yalkun Uluyol, investigador sobre China de Human Rights Watch, explica que la ley extiende el control del partido a todos los aspectos de la vida social.

"Formaliza un marco ideológico relacionado con una 'conciencia común de la nación china' en la educación, la religión, la historia, la cultura, el turismo, los medios de comunicación y el internet, y ordena integrar esta ideología en la planificación urbana y rural y en el desarrollo económico".

Para los millones de uigures, tibetanos, mongoles y personas de otras minorías que han visto restringidas sus prácticas religiosas y sus lenguas, y reducido sus espacios culturales, la ley representa el cierre de las vías legales de resistencia. Lo que comenzó como una presión informal para asimilarse ahora tiene fuerza de ley básica. La legislación deja pocas dudas de que, en la China de Xi Jinping, la diversidad étnica solo se tolerará en formas decorativas, mientras que la diversidad cultural auténtica afrontará una eliminación sistemática a través de la maquinaria del Estado.

En resumen

• La Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos codifica las políticas asimilacionistas de Xi Jinping en la legislación nacional y sustituye el marco de autonomía regional de 1984.
• El artículo 15 exige enseñar chino mandarín desde la educación preescolar, lo que en la práctica pone fin a la educación en lenguas nativas para uigures, tibetanos, mongoles y otras minorías.
• Los padres deben educar a sus hijos para que amen al Partido Comunista y no pueden enseñar conceptos considerados perjudiciales para la unidad étnica, lo que criminaliza la transmisión de prácticas culturales tradicionales.
• La ley prohíbe interferir en matrimonios entre personas de distintos grupos étnicos por motivos religiosos o étnicos; así fomenta la asimilación mediante la formación de familias y limita la oposición religiosa.
• El artículo 61 extiende la jurisdicción a organizaciones y personas extranjeras y apunta a las comunidades de la diáspora y a los críticos internacionales que hablan sobre los derechos de las minorías.
• Organizaciones de derechos humanos condenan la legislación por legalizar la asimilación forzada y borrar las culturas de las minorías bajo el pretexto de la unidad y la seguridad nacionales.