Bali busca prohibir las playas privadas para garantizar el acceso público

Por qué Bali avanza para proteger el acceso público a las playas

Bali busca cerrar una brecha de larga data entre la ley y la vida cotidiana en la playa. El 17 de noviembre, el gobernador I Wayan Koster presentó un proyecto de reglamento provincial que prohibiría las playas privadas y garantizaría el acceso público a lo largo de la costa de la isla. La propuesta responde a años de quejas de residentes que afirman que hoteles, villas y clubes de playa desalientan o impiden el acceso a la costa, incluso durante ceremonias sagradas. En una isla donde el mar es un lugar de culto, una fuente de trabajo y un espacio social compartido, la frontera entre los negocios privados de hostelería y el litoral público se ha convertido en un foco de tensión.

La costa tiene un profundo significado religioso para los hindúes balineses. Ceremonias como Segara Kerthi honran y purifican espiritualmente el mar, mientras que Pakelem consiste en hacer ofrendas para pedir armonía, seguridad y bendiciones para la comunidad en general. Los residentes también se reúnen para Melasti, un gran ritual previo a Nyepi (el Día del Silencio), cuando las procesiones se dirigen al agua para purificar reliquias de los templos. Pescadores, surfistas, vendedores y familias dependen de las mismas playas para ganarse la vida y realizar sus actividades cotidianas. Cuando las puertas, los puestos de seguridad o los horarios de eventos bloquean el paso al mar, las consecuencias van mucho más allá de un día de playa.

La legislación indonesia ya establece que la costa es un bien público. Un reglamento nacional de 2016 sobre los límites costeros define las playas como terrenos a lo largo de la costa que se extienden al menos 100 metros tierra adentro desde la línea de marea alta. Esa zona es pública, pertenece al Estado y no puede privatizarse. El problema ha sido hacer cumplir la norma. En la última década, algunas propiedades han reivindicado tramos de arena como exclusivos, colocado letreros de propiedad privada o rechazado a visitantes que no pagaban. Los residentes describen un patrón de fricciones que empeora durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes y en fechas de importantes celebraciones religiosas.

Varios incidentes alimentaron la indignación pública. En 2023, un turista local en la playa de Geger, en Nusa Dua, recibió la orden de marcharse de un guardia de hotel que dijo que debía preservar las vistas para los huéspedes. En 2021, a una residente balinesa le negaron el acceso a una playa de Sanur situada detrás de un hotel cuando estaba sentada con su hijo. En 2019, unos viajeros que alquilaban una villa en Temukus intentaron impedir que los residentes locales nadaran, lo que provocó una acalorada disputa. Estos casos recibieron mucha atención en internet y en foros comunitarios y, según dirigentes locales, están lejos de ser excepcionales.

Qué cambiaría el proyecto de reglamento

El proyecto de reglamento provincial busca armonizar la gestión cotidiana de las playas de Bali con la legislación nacional y las tradiciones de la isla. Las autoridades quieren restablecer el carácter público del litoral, establecer normas claras de acceso e impedir que los operadores turísticos actúen como si fueran dueños de la arena o el mar. El gobernador Koster ha sostenido que los inversionistas pueden ser propietarios de terrenos cerca del agua, pero no de la playa ni del océano. Las nuevas normas buscan cerrar vacíos legales que han permitido colocar letreros confusos, cobrar tarifas informales o aplicar prácticas de seguridad que desalientan a residentes y visitantes de entrar en zonas costeras públicas.

Principales disposiciones en debate

Los legisladores y la administración provincial han esbozado un marco que incluye medidas prácticas de acceso y aplicación de la norma. Aunque el texto definitivo aún se negociará, las conversaciones se centran en estos aspectos:

• Reconocimiento formal de que las playas son espacios públicos y no pueden ser reclamadas como privadas por hoteles, villas o clubes de playa.
• Rutas obligatorias de acceso público al litoral en zonas donde terrenos privados colindan con la costa, con señalización clara.
• Prohibición de letreros o prácticas de seguridad que presenten engañosamente una playa pública como exclusiva para determinados huéspedes.
• Sanciones por bloquear el acceso o celebrar eventos en la arena pública que impidan las ceremonias o el uso comunitario.
• Coordinación entre las oficinas provinciales y distritales, los consejos de las aldeas locales (desa adat) y las fuerzas del orden para responder rápidamente a las quejas.

La administración ha dicho que trabajará con el Consejo Legislativo Regional de Bali para aprobar el reglamento antes de que termine 2025. La provincia también ha anunciado normas más amplias de gestión turística destinadas a abordar problemas recurrentes relacionados con el aumento de visitantes. Entre ellas figura un plan para restringir el uso de vehículos privados por parte de ciudadanos extranjeros, que, según las autoridades, podría reducir la congestión y los accidentes y fomentar el uso de transporte autorizado.

Cultura y ceremonias en la costa

Para entender por qué el debate sobre el acceso a las playas tiene tanta importancia en Bali, conviene imaginar una ceremonia junto al agua. Para Segara Kerthi o Pakelem, los habitantes de las aldeas llevan ofrendas y objetos sagrados al mar. Los líderes comunitarios guían las oraciones, los músicos tocan y las familias se reúnen en la arena. El ritual es visible y audible, pero nunca bullicioso. Una multitud en sillones tipo puf, una sesión de un DJ en vivo o un espectáculo de fuegos artificiales muy ruidoso en un momento inadecuado puede desentonar con la escena y hacer que los residentes sientan que no se respeta su propio hogar.

Los residentes de North Kuta vivieron ese choque en octubre de 2024 en la playa de Berawa. Mientras los habitantes de la aldea celebraban una ceremonia, un club de playa organizó un espectáculo de fuegos artificiales en la playa pública, fuera de sus instalaciones. Los residentes habían pedido un breve aplazamiento para evitar que coincidiera con el ritual. La petición no fue aceptada. Para muchos, el episodio se convirtió en un símbolo de cómo el equilibrio se había inclinado hacia el entretenimiento comercial y se había alejado de las tradiciones locales. También intensificó los llamados a establecer normas que garanticen que los organizadores de eventos coordinen sus actividades con los calendarios de las desa adat y respeten los horarios de las ceremonias.

Unas normas provinciales más estrictas podrían respaldar a las autoridades locales con sanciones claras. Eso ayudaría a los funcionarios de las aldeas y a los pecalang (personal de seguridad tradicional) a exigir una conducta respetuosa. Muchas empresas ya consultan a los líderes locales antes de organizar eventos importantes. Un reglamento que establezca normas comunes ayudaría a que esas iniciativas de buena fe se conviertan en la regla y no en la excepción.

Una zona gris legal junto al agua

En toda la isla, algunas propiedades frente a la playa llevan mucho tiempo promocionando la experiencia de una playa privada. La expresión es popular en los folletos, incluso cuando la arena se encuentra dentro de la zona pública de 100 metros. Los letreros que sugieren exclusividad, las puertas instaladas cerca de la línea de costa y el personal de seguridad que pide el número de habitación pueden crear la impresión de que el litoral pertenece a una empresa. Los visitantes que desconocen la ley pueden dar marcha atrás, mientras que los residentes pueden evitar una confrontación, aunque tengan pleno derecho a estar allí.

La norma nacional es clara sobre el papel. La playa es terreno público y se mide tierra adentro desde la línea de marea alta, no desde la arena mojada en ese momento. Esa línea puede variar según la estación y las tormentas. Las franjas de protección costera que restringen la construcción son distintas de las normas de acceso. Una propiedad puede tener legítimamente una cerca alrededor de un jardín o una terraza con piscina, pero no puede extender su control a la arena pública. Durante muchos años, la tentación de difuminar ese límite ha sido fuerte en las concurridas zonas turísticas.

Casos recientes muestran que el Gobierno está dispuesto a actuar. En la Zona Económica Especial de Kura Kura Serangan se instalaron barreras flotantes en aguas utilizadas por pescadores locales. Tras la intervención de las autoridades, las barreras se retiraron y se restableció el acceso. El mensaje fue que los inversionistas pueden gestionar instalaciones en tierra dentro de sus propiedades, pero no el litoral público ni las aguas adyacentes.

La gestión del acceso no se limita a las restricciones privadas. También implica organizar de forma segura y ordenada el flujo de personas hacia playas concurridas. La playa de Pandawa, un lugar popular al que se accede por un paso entre acantilados de piedra caliza, puso en marcha un servicio de transporte desde un estacionamiento central y prohibió el paso de vehículos privados por el estrecho acceso entre los acantilados. Estas medidas redujeron la congestión y aumentaron la seguridad de los peatones, sin dejar de mantener la playa abierta a todos.

Cómo podría afectar a hoteles, villas y clubes de playa

Los operadores de servicios turísticos tendrían que adaptar sus prácticas cotidianas. Los equipos de seguridad podrían seguir protegiendo las instalaciones privadas, pero tendrían que dejar de disuadir a quienes no sean huéspedes de permanecer en la arena pública. La señalización podría sustituir el lenguaje de exclusividad por indicaciones claras que diferencien las instalaciones de los negocios de la playa pública. Quizá habría que retirar las cuerdas y los bordes decorativos que sugieren que una zona de la arena es privada. Los caminos desde la carretera hasta la costa deberían estar bien señalizados para que la gente no sienta que debe atravesar vestíbulos o jardines.

Los organizadores de eventos tendrían que consultar con anticipación los calendarios locales y a los líderes de la comunidad, sobre todo para espectáculos de fuegos artificiales, música amplificada o grandes reuniones cerca del agua. Muchos operadores ya han establecido esas relaciones y prosperan al coordinarse con los horarios de la comunidad. Un reglamento con sanciones definidas permitiría que las empresas que respetan las normas compitan en igualdad de condiciones con las que intentan sobrepasar los límites.

La experiencia de otros destinos apunta a que es posible lograr un equilibrio funcional. México reforzó la garantía nacional de acceso gratuito a las playas y la respaldó con multas para quienes impidan la entrada. Ese enfoque preservó los derechos públicos y permitió que las empresas obtuvieran beneficios de los servicios y las comodidades, en lugar de controlar el litoral. El reglamento propuesto en Bali reorientaría de forma similar el valor hacia la hospitalidad, el diseño, la seguridad y la sensibilidad cultural, y mantendría la arena como un espacio compartido.

Acceso público, protección del medioambiente y seguridad

Mantener las playas abiertas a todos no es incompatible con proteger la naturaleza y la seguridad. Depende de una buena gestión. Las zonas de playa pueden delimitarse para usos diversos, como nadar, practicar surf, botar embarcaciones, realizar actividades recreativas en familia y celebrar ceremonias. La recogida de residuos, los baños públicos y los salvavidas ayudan a mantener la costa segura y limpia cuando más personas pueden acceder a ella. Los distritos pueden coordinar el mantenimiento con las organizaciones de las aldeas para que los días de mayor afluencia no desborden a los equipos locales.

Otros destinos turísticos concurridos se enfrentan a dilemas similares. En algunas zonas de Australia, el aumento de las cabañas de playa suscitó un debate sobre la seguridad y la saturación visual. Los equipos de rescate pidieron corredores de acceso más despejados. En la costa de Queensland, científicos especializados en conservación señalan que el tránsito de vehículos por la arena amenaza las dunas, las aves y las crías de tortuga. Algunas regiones han retirado los automóviles de ciertas playas, establecido prohibiciones nocturnas estacionales o endurecido los permisos. Estos ejemplos muestran que el acceso público puede coexistir con estrictas salvaguardias ambientales. Bali podría combinar una garantía de acceso con zonificación y protecciones estacionales para las playas donde anidan las tortugas, normas sobre la iluminación y los fuegos artificiales, y límites al uso de vehículos o maquinaria pesada cerca de las dunas.

Qué deberían hacer ahora los viajeros y residentes

Si se aprueba el reglamento, la experiencia práctica en la playa debería ser más sencilla. Cabe esperar más señales claras hacia los caminos públicos, menos puertas o cuerdas en el litoral y una mejor separación entre las instalaciones privadas y la playa. Acceda a la arena por las rutas señalizadas, especialmente en las zonas turísticas, para evitar atravesar jardines privados. No hay que pagar para entrar en una playa pública, aunque los negocios pueden cobrar por servicios como sombrillas, camas de playa o acceso a sus clubes dentro de los límites de su propiedad.

Si alguien le impide acceder a la arena pública, mantenga la calma y pida hablar con un gerente o con funcionarios de la aldea local. Los líderes de las desa adat y los pecalang pueden ayudar si se ve afectada una ceremonia o si se obstruye un camino. También podrían habilitarse líneas telefónicas provinciales y distritales para registrar quejas una vez que la norma entre en vigor. Documentar lo ocurrido es útil, pero las confrontaciones rara vez mejoran una salida, así que intente primero recurrir a la mediación local.

El respeto por las ceremonias es fundamental para mantener el equilibrio. Si hay un ritual en curso, baje el volumen de la música, apártese de las procesiones y siga las indicaciones de los líderes de la comunidad. Muchos visitantes consideran que estos momentos son conmovedores y educativos. La pauta más sencilla es tratar la costa como un espacio sagrado y social compartido, no como una extensión de un establecimiento determinado.

Lo que hay que saber

• El gobernador de Bali presentó un proyecto de reglamento provincial que prohibiría las playas privadas y garantizaría el acceso público a lo largo del litoral.
• La medida responde a años de denuncias de que hoteles, villas y clubes de playa han bloqueado o desalentado el acceso de residentes locales y turistas.
• Las ceremonias religiosas, como Segara Kerthi, Pakelem y Melasti, dependen de que haya rutas abiertas al mar.
• Un reglamento nacional de 2016 define las playas como terrenos públicos que se extienden al menos 100 metros tierra adentro desde la línea de marea alta.
• Los incidentes en las playas de Geger, Sanur y Temukus pusieron de relieve las tensiones entre las propiedades privadas y quienes usan las playas.
• En octubre de 2024, un espectáculo de fuegos artificiales en la playa de Berawa coincidió con una ceremonia e intensificó los llamados a establecer normas claras.
• Las autoridades retiraron barreras flotantes cerca de Serangan después de que pescadores denunciaran que bloqueaban el acceso.
• La playa de Pandawa puso en marcha un servicio de transporte para gestionar el acceso de forma segura sin restringir el uso público del litoral.
• La provincia espera aprobar el reglamento sobre el acceso a las playas antes de que termine 2025 y estudia otras normas de gestión turística.
• Los casos de México y Australia muestran que es posible proteger el acceso público y, al mismo tiempo, reforzar las salvaguardias ambientales y de seguridad.