La maquinaria de estafas del Sudeste Asiático: cómo el poder y el lucro crearon una industria mundial del fraude

Una llamada de atención desde Washington y Londres

Una de las mayores operaciones coordinadas contra la industria de las estafas cibernéticas en el Sudeste Asiático puso bajo un duro escrutinio los vínculos entre el poder político y las ganancias delictivas. En una acción conjunta, Estados Unidos y Reino Unido apuntaron contra una red centrada en el Prince Group de Camboya, presidido por Chen Zhi. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 146 personas y entidades; los fiscales hicieron públicas acusaciones que detallan fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero, y los investigadores incautaron 127.000 bitcoins, valorados en unos 14.000 millones de dólares. Las autoridades británicas también congelaron propiedades de lujo en Londres vinculadas a la presunta red. La operación buscaba golpear la columna financiera que convierte el robo digital en riqueza tangible.

Las pérdidas son enormes y siguen aumentando. Funcionarios estadounidenses afirman que en 2024 se estafó a ciudadanos de ese país por más de 10.000 millones de dólares, y calculan que las estafas de inversión y las románticas por sí solas superaron los 16.000 millones de dólares. El botín mundial total alcanza decenas de miles de millones cada año. Estas cifras son producto de un mercado regional de fraude en línea que maduró durante la última década. Lo que comenzó como centros de llamadas dispersos es ahora una industria transnacional que recluta a gran escala, lava dinero mediante complejas cadenas de pago y goza de la protección de figuras poderosas.

En las semanas transcurridas desde las medidas de Estados Unidos y Reino Unido, los gobiernos del Sudeste Asiático han expresado su determinación. Se han llevado a cabo redadas, inspeccionado complejos y prometido cambios. El problema está arraigado en la política y el dinero. Las operaciones de estafa están vinculadas a intermediarios locales con poder y a redes empresariales de las élites. Emplean a decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos víctimas de trata, y generan divisas que lubrican las redes clientelares. Desmantelarlas pone en cuestión los propios sistemas que permiten a las élites gobernar y canalizar las finanzas.

¿Cómo arraigó esta industria?

El auge de las estafas cibernéticas en el Sudeste Asiático refleja la convergencia, con el tiempo, de tres fuerzas. Las arraigadas políticas clientelares pueden absorber nuevos flujos de dinero. El aumento del capital chino no regulado después de 2010 encontró mercados receptivos en los casinos, el sector inmobiliario y las zonas especiales. La rápida adopción de los pagos digitales y las criptomonedas facilitó el traslado de fondos ilícitos a través de las fronteras. Cada fuerza existía por separado, pero juntas transformaron pequeños fraudes en un motor mundial de estafas.

Políticas clientelares que absorben nuevos flujos de dinero

En gran parte de la región, el poder se basa en la autoridad personal y el control de los recursos, no en instituciones sólidas. Los políticos dependen de aliados empresariales, intermediarios militares y operadores locales para recaudar fondos, asegurar lealtades y gestionar disputas. Estas redes surgieron de la forma en que se construyeron los Estados, desde el dominio colonial hasta los conflictos de la Guerra Fría y la recuperación posterior a los conflictos. Cuando aparecen nuevas fuentes de ingresos, legales o ilícitas, quedan incorporadas a estos sistemas. El fraude en línea no creó una nueva forma de hacer política: se insertó en patrones existentes de extracción de rentas y protección.

El capital chino no regulado después de 2010

En China, las campañas anticorrupción y los controles de capital más estrictos impulsaron la salida al extranjero de dinero no registrado. Después de 2012, los inversionistas buscaron lugares más seguros donde guardar su dinero, y las medidas contra el juego en línea y las transferencias transfronterizas aceleraron esa tendencia. Camboya, Laos, Myanmar y Filipinas ofrecieron terrenos, licencias y seguridad a quienes podían pagarlos. Los casinos, las zonas industriales y los proyectos inmobiliarios sirvieron de conductos. Los promotores se asociaron con élites bien conectadas que les brindaban protección y cobertura oficial. Cuando la pandemia desplomó el turismo, muchos de estos lugares se reconvirtieron en complejos de estafas. Los trabajadores fueron reemplazados por personas víctimas de trata, reclutadas mediante ofertas de empleo engañosas.

Las criptomonedas y los pagos digitales aceleraron el lavado de dinero

La industria prospera gracias al movimiento rápido y opaco del dinero. Los fondos robados pasan por cuentas de intermediarios, se convierten en moneda virtual, circulan entre carteras digitales, se mezclan con otros fondos y luego se reintroducen en bancos o se utilizan para comprar propiedades. Los intermediarios extrabursátiles y las plataformas de intercambio con poca regulación desempeñan un papel clave. Las mismas aplicaciones móviles que impulsan el comercio legítimo facilitan el traslado de dinero en segundos. En lugar de reemplazar las antiguas formas de corrupción, estas herramientas las ampliaron y conectaron las redes de extracción de rentas con las finanzas y la tecnología mundiales.

Camboya, en el centro

Camboya ocupa el centro de este sistema. A lo largo de décadas, el gobernante Partido Popular de Camboya fusionó el poder del Estado con los negocios privados. Magnates obtuvieron contratos monopólicos y protección política, mientras que familias vinculadas al poder ampliaron su influencia. Cuando en 2019 entró en vigor una prohibición nacional del juego en línea, la infraestructura de casinos y hoteles no desapareció: se transformó. Los complejos construidos para el juego se convirtieron en centros de fraude en línea. Se reclutó a trabajadores de toda Asia, a menudo mediante anuncios de empleo falsos, y luego se los obligó a estafar a personas de todo el mundo.

Estas operaciones no podrían crecer sin la protección de actores poderosos. Las propiedades utilizadas por los jefes de las redes de estafa suelen estar en terrenos controlados por empresarios con vínculos políticos. Operadores extranjeros obtuvieron la ciudadanía y distinciones honoríficas. Las investigaciones se estancaron o se cerraron discretamente. El caso que Estados Unidos y Reino Unido presentaron contra el Prince Group pone de relieve cómo presuntas empresas delictivas pueden entrelazarse con las altas finanzas, la política y las redes de las élites. Tras las sanciones, una retirada masiva de fondos del Prince Bank habría obligado al gobierno a ofrecer garantías urgentes. Las autoridades tailandesas también actuaron contra los activos de figuras influyentes con profundos vínculos con el orden político de Phnom Penh, lo que aumentó la presión sobre el sistema clientelar.

Las respuestas oficiales han sido dispares. El informe de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas mantuvo a Camboya en el Nivel 3 y describió una corrupción generalizada y complicidad en operaciones de estafa en línea. Señaló que las autoridades a menudo no identificaban a las víctimas, sancionaban a trabajadores víctimas de trata por delitos que se les había obligado a cometer y no exigían responsabilidades a funcionarios cómplices. Una importante investigación sobre derechos humanos publicada en 2025 encontró complejos de estafas en toda Camboya, donde sobrevivientes denunciaron golpizas, trabajo forzado e incluso salas de tortura. Las redadas a menudo parecían superficiales: liberaban a unos pocos trabajadores mientras el negocio seguía como siempre. Periodistas y activistas que documentaron los abusos sufrieron represalias.

Las preguntas sobre el lavado de dinero se han multiplicado. Empresas de análisis de cadenas de bloques han rastreado grandes flujos de ganancias procedentes de estafas, y a finales de 2024 se bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense de una plataforma de pagos con presuntos vínculos con familias poderosas. Esa medida señaló la disposición a actuar contra los canales financieros que mueven fondos ilícitos. También puso al descubierto la brecha entre sancionar a entidades privadas y enfrentar las redes políticas que las hacen posibles.

Las ciudades fronterizas de Myanmar y la financiación de las milicias

Los centros de estafas de Myanmar surgieron de una autoridad fragmentada a lo largo de las fronteras. Los grupos armados étnicos y las milicias progubernamentales llevan mucho tiempo administrando sus propios territorios, recaudando impuestos, expidiendo permisos y controlando el territorio. Las operaciones de fraude se sumaron al narcotráfico, la tala y otras actividades como fuentes de ingresos para comprar armas y reclutar personal. Dos lugares destacan: Shwe Kokko, en el estado de Karen, vinculado al proyecto Yatai New City, y KK Park, cerca de la frontera con Tailandia. Los inversionistas construyeron enclaves amurallados con sus propios servicios de seguridad, electricidad y telecomunicaciones. Miles de trabajadores víctimas de trata fueron llevados allí para organizar campañas de fraude dirigidas a personas de todo el mundo.

Los acontecimientos recientes muestran la combinación de medidas coercitivas y evasión. She Zhijiang, acusado por las autoridades estadounidenses y chinas de dirigir una gran operación en Shwe Kokko, fue extraditado a China en noviembre de 2025, tras su arresto en Bangkok en 2022. Las autoridades tailandesas, ante la presión y la preocupación por el turismo tras varios incidentes de gran repercusión, cortaron los servicios públicos a ciertos complejos, trasladaron a altos mandos policiales y coordinaron vuelos de repatriación. La junta militar de Myanmar afirma haber cerrado algunos sitios, pero informes fiables indican que muchas de las redadas son controladas. Los jefes reciben avisos y trasladan sus operaciones. Muchos trabajadores escapan, pero las redes principales se desplazan unos pocos kilómetros y vuelven a organizarse.

Redadas controladas y centros que se trasladan

La economía fronteriza recompensa a quienes pueden ofrecer protección y castiga a quienes no pueden hacerlo. Cuando un complejo se vuelve demasiado visible, otro empieza a funcionar. Las milicias locales, los guardias fronterizos y los intermediarios extraen rentas en cada etapa. El resultado es un ecosistema resiliente que se adapta más rápido de lo que las fuerzas del orden pueden actuar.

Zonas especiales de Laos y aplicación selectiva de la ley

Laos, un Estado de partido único con una industria nacional débil y una pesada carga de deuda, ha acogido inversiones que consolidan el control político y generan divisas. Ese contexto abrió espacio para zonas especiales en las que se delega autoridad estatal a los inversionistas. La Zona Económica Especial del Triángulo de Oro, en la provincia de Bokeo, gestionada por el empresario chino Zhao Wei, funciona como un enclave privado con sus propios casinos, seguridad y economía interna. En el pasado, sanciones internacionales apuntaron contra los dirigentes de la zona por trata de personas y lavado de dinero. Sin embargo, el reconocimiento local continuó, incluida una medalla estatal en 2024 que pareció un respaldo.

Las autoridades anunciaron plazos para desmantelar las fábricas de estafas en línea y organizaron redadas intermitentes. La mayoría de las medidas afectaron al personal de menor rango, pero dejaron intactas la propiedad y las redes principales. Tras breves pausas, volvieron a surgir informes sobre nuevas actividades. El patrón se repite en otras partes de la región: demostraciones de fuerza en los márgenes y continuidad en el centro.

Filipinas pone a prueba la aplicación sostenida de la ley

Filipinas siguió un camino distinto. El auge del juego en línea en el extranjero, conocido como POGO, creó oportunidades para las estafas cibernéticas, protegidas por políticos locales que concedían permisos y desalentaban las investigaciones. A partir de 2023, redadas de gran repercusión sacaron a la luz casos de trabajadores víctimas de trata y presunta complicidad oficial. En la provincia de Tarlac, los investigadores vincularon un gran complejo con una red de dirigentes municipales y presentaron cargos. Las autoridades nacionales prohibieron los POGO en 2024 y luego incorporaron la prohibición a la legislación en 2025. La policía y los agentes de inmigración llevaron a cabo redadas reiteradas, procesaron a funcionarios locales y deportaron a miles de trabajadores.

La ofensiva no ha eliminado la industria. Los operadores cambiaron de nombre, pasaron a la clandestinidad o se trasladaron a nuevos lugares, a veces con el mismo personal y en los mismos edificios. Aun así, la aplicación sostenida de la ley elevó el costo de la protección política y cerró operaciones importantes. Filipinas muestra cómo una labor policial y acciones judiciales persistentes pueden limitar una economía delictiva, aunque no sea posible eliminarla de la noche a la mañana.

Cómo funcionan las estafas y se mueve el dinero

Las modalidades de fraude son diversas, pero comparten un método. Se capacita a los trabajadores para ganarse la confianza de sus objetivos en aplicaciones de mensajería y plataformas sociales. Se hacen pasar por empleados bancarios, asesores de inversión o parejas románticas. Una de las estafas más dañinas se conoce como «matanza del cerdo». El estafador dedica tiempo a crear un vínculo emocional, muestra ganancias falsas en una plataforma fraudulenta y luego presiona a la víctima para que entregue sumas cada vez mayores. Cuando recibe el dinero, la plataforma bloquea los retiros o desaparece. Otras variantes incluyen estafas de inversión en criptomonedas, suplantación de funcionarios públicos y campañas de extorsión sexual.

El lavado de dinero es el motor que mantiene en marcha la maquinaria. Los fondos pasan de una cuenta a otra en varios países, a menudo a nombre de personas reclutadas que reciben una pequeña comisión por actuar como intermediarias para mover dinero. Las carteras de criptomonedas y los servicios de mezcla añaden capas de opacidad. Los operadores extrabursátiles convierten los tokens en efectivo. Las ganancias se destinan a comprar propiedades, vehículos y artículos de lujo, o fluyen hacia mercados inmobiliarios de centros financieros mundiales. Cada punto de conversión ofrece a las fuerzas del orden la posibilidad de identificar patrones, pero para ello se necesita una cooperación transfronteriza rápida y acceso a los datos que tienen las plataformas y los servicios de intercambio.

Quiénes sufren y cómo responden los Estados

Las víctimas están en ambos extremos de la trama. Personas de todo el mundo pierden los ahorros de toda su vida, sus hogares y sus fondos de jubilación. Los trabajadores víctimas de trata pierden su libertad, salud y seguridad. Los testimonios de sobrevivientes de complejos en Camboya describen condiciones similares a las de una prisión, golpizas y trabajo forzado para cumplir cuotas diarias. Según informes, algunos lugares tenían salas dedicadas a la tortura, y se han documentado muertes dentro de los complejos. Los rescates suelen liberar a grupos pequeños, mientras que otras personas son trasladadas a nuevos sitios o vuelven a ser víctimas de trata.

Los informes oficiales describen deficiencias persistentes. En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Camboya en el nivel más bajo de desempeño en la lucha contra la trata, citando la corrupción y la complicidad, la deficiente identificación de víctimas y la falta de procesamientos. Tras presentar los hallazgos, el informe resumió la evaluación oficial en una frase contundente.

Antes de citar directamente el informe, conviene señalar el contexto: el Nivel 3 significa que un gobierno no cumple los estándares mínimos y no está realizando esfuerzos significativos para hacerlo. El lenguaje es tajante y deja poco margen a la ambigüedad.

El Gobierno de Camboya no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata de personas y no está realizando esfuerzos significativos para hacerlo.

Investigadores de derechos humanos afirman que el patrón es constante. Las investigaciones realizadas en decenas de complejos camboyanos encontraron abusos reiterados, escasa protección para las víctimas y una rendición de cuentas limitada para los responsables. Periodistas y defensores de derechos humanos sufrieron presiones por sacar a la luz los abusos. Estos hallazgos coinciden con el panorama general documentado por organismos regionales e internacionales que hacen seguimiento del fraude en línea, la trata y el trabajo forzado.

Se acelera la respuesta internacional, pero persisten las deficiencias

La cooperación policial se ha intensificado. En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó el Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafas para investigar, desarticular y procesar los esquemas más perjudiciales, que estafan a ciudadanos estadounidenses a un ritmo anual de miles de millones de dólares. Se han multiplicado las sanciones contra redes en Camboya y Myanmar. China ha organizado rescates de sus ciudadanos y solicitado extradiciones, incluido el traslado de She Zhijiang desde Tailandia. Tailandia, en coordinación con sus socios, cortó el suministro eléctrico y las líneas de telecomunicaciones a algunos complejos fronterizos y actuó contra ciertos funcionarios policiales.

Las contradicciones de las políticas persisten. Apuntar contra magnates y empresas individuales aborda los síntomas, pero deja intactos los sistemas que los hacen posibles. Analistas sostienen que evitar medidas directas contra funcionarios que brindan protección o se benefician de las estafas presenta erróneamente el problema como puramente delictivo, cuando también es político y económico. En varios casos, los gobiernos han recibido o cooperado con figuras cuyas redes fueron objeto de sanciones posteriormente, lo que ha vuelto confuso el mensaje. Mientras tanto, las campañas de propaganda y las gestiones de presión en capitales extranjeras dificultan que las políticas se ajusten a pruebas fiables.

Los centros financieros fuera del Sudeste Asiático siguen siendo fundamentales. Bancos, mercados inmobiliarios y proveedores de servicios de criptomonedas de Europa, América del Norte y algunas partes de Asia absorben fondos ilícitos. Sin controles más estrictos sobre la titularidad real, normas de cumplimiento más rigurosas para los pagos de alto riesgo y un intercambio de información más rápido, las medidas coercitivas dentro del Sudeste Asiático solo desplazarán el problema, en lugar de reducirlo.

Qué podría frenar la industria

La experiencia en la región apunta a una serie de medidas que tienen más probabilidades de funcionar si se aplican de forma conjunta. Cada una apunta a un eslabón distinto de la cadena que convierte las estafas forzadas en dinero aparentemente legal.

Primero, sancionar y procesar a quienes facilitan estas actividades, además de a los operadores. Esto supone construir casos contra funcionarios que conceden licencias, protegen o se benefician de los centros de estafas, así como contra los abogados, intermediarios y empresas pantalla que gestionan su dinero. La corrupción y la complicidad deberían tener costos reales que superen los beneficios de ofrecer protección.

Segundo, actuar contra los canales de pago. Los reguladores deberían elevar los estándares para las plataformas de intercambio de criptomonedas, los intermediarios extrabursátiles y los procesadores de pagos de alto riesgo. Se deben exigir controles más estrictos de conocimiento del cliente, supervisar los servicios de mezcla e imponer el mantenimiento de registros que facilite el rastreo de activos. Las plataformas de alto riesgo que se nieguen a cumplir deben quedar excluidas de las redes bancarias.

Tercero, sanear los mercados inmobiliarios. Se debe garantizar la transparencia de la titularidad real, restringir las compras anónimas en categorías de alto riesgo y exigir una diligencia debida reforzada para los compradores vinculados a jurisdicciones o entidades sancionadas. Hay que cerrar la vía que convierte dinero robado en apartamentos, almacenes y propiedades inmobiliarias de lujo.

Cuarto, proteger a las personas atrapadas en los complejos. La identificación de las víctimas debe ser prioritaria, y hay que dejar de sancionar a los trabajadores víctimas de trata por delitos que se les obligó a cometer y garantizarles acceso a servicios sin importar su nacionalidad o género. Se debe invertir en refugios, asistencia jurídica y programas de retorno seguro. Los sobrevivientes son testigos clave que pueden reconstruir las jerarquías e identificar patrones financieros.

Quinto, ampliar las investigaciones transfronterizas. Hay que crear equipos conjuntos con especialistas en delitos cibernéticos, unidades de inteligencia financiera y fiscales capaces de actuar con rapidez a partir de datos compartidos. Se deben utilizar las incautaciones de activos para interrumpir la liquidez y destinar los fondos obtenidos a apoyar a las víctimas y financiar nuevas investigaciones. Cuando los complejos estén en zonas fronterizas, se debe vincular a las fuerzas locales con grupos de trabajo regionales. El objetivo es reducir el tiempo entre la detección y la interrupción de las operaciones.

Por último, mantener la presión pública. Se deben publicar datos fiables, nombrar a las entidades que lavan las ganancias y apoyar a los medios independientes y a la sociedad civil que documentan los abusos. La industria prospera en la oscuridad. La transparencia encarece la protección y acelera las reformas.

En resumen

• Las medidas de Estados Unidos y Reino Unido apuntaron contra 146 personas y entidades vinculadas al Prince Group de Camboya; se incautaron 127.000 bitcoins y se congelaron propiedades en Londres.
• En 2024, los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares por fraudes en línea; se calcula que las estafas de inversión y las románticas superaron los 16.000 millones de dólares.
• Las operaciones de estafa se expandieron gracias a las políticas clientelares, el aumento del capital chino no regulado y los sistemas de pago digitales rápidos.
• Camboya sigue siendo un centro clave, con persistentes acusaciones de complicidad oficial y abusos documentados en los complejos.
• Los centros de estafas de Myanmar en Shwe Kokko y KK Park están vinculados a la financiación de milicias y se adaptan a las redadas controladas.
• La zona del Triángulo de Oro de Laos funciona como un enclave protegido donde la aplicación de la ley ha sido selectiva.
• Filipinas ha mostrado una aplicación sostenida de la ley: prohibió los POGO y procesó a funcionarios locales, aunque los operadores han pasado a la clandestinidad.
• El Departamento de Justicia de Estados Unidos creó un Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafas y las sanciones se están ampliando, pero las redes que hacen posibles estas operaciones siguen sometidas a poca presión.
• Para interrumpirlas de manera eficaz, es necesario actuar contra quienes las facilitan, endurecer los controles sobre las criptomonedas y los bienes inmuebles, mejorar la protección de las víctimas y ampliar las investigaciones transfronterizas.