Jeepneys a los 80 años: el futuro del vehículo emblemático de Filipinas

De las ruinas de la guerra a un medio de vida cotidiano

Ochenta años después de la Segunda Guerra Mundial, los jeepneys siguen recorriendo con estruendo las ciudades y pueblos de Filipinas, como emblema rodante de resiliencia. A finales de la década de 1940, con Manila en ruinas y el transporte público destruido, mecánicos ingeniosos transformaron excedentes de jeeps militares en vehículos de pasajeros pintados con colores vivos. Dos largos bancos, un techo protector y una entrada trasera convirtieron un vehículo utilitario de combate en el medio de transporte más reconocible del país. El jeepney pronto se volvió parte de la vida cotidiana y trasladó a trabajadores, estudiantes y familias por calles estrechas a las que no llegaban autobuses ni trenes.

Además de cumplir una función práctica, el jeepney se convirtió en un lienzo. Sus propietarios decoraban los vehículos con imágenes de santos y superhéroes, homenajes a sus familias y muestras de orgullo por sus lugares de origen. La carrocería contaba historias de fe y migración, de amor y esfuerzo. Para quienes se desplazan a diario, el jeepney ha sido durante mucho tiempo la forma más económica de atravesar ciudades congestionadas. Para los conductores y pequeños operadores, suele representar un medio de vida transmitido de generación en generación.

Sin embargo, ocho décadas después, el futuro de este ícono filipino es incierto. Está en marcha una transformación impulsada por preocupaciones de salud pública, objetivos climáticos y el deseo de contar con un transporte más seguro y confiable. Los vehículos que trasladaron a una nación durante la posguerra afrontan ahora una nueva prueba.

Por qué se plantea la modernización

El Gobierno de Filipinas impulsa un amplio plan para renovar el transporte público mediante el Programa de Modernización de Vehículos de Servicio Público (PUVMP), puesto en marcha en 2017. El objetivo es sencillo de enunciar, pero difícil de ejecutar: sustituir los jeepneys y otros vehículos de servicio público antiguos con motor diésel por modelos más seguros, limpios y accesibles. También busca estandarizar las rutas y las operaciones para ofrecer a los pasajeros un servicio previsible, y apoyar a los operadores mediante cooperativas que puedan obtener préstamos, mantener sus flotas y cumplir las normas de seguridad y medioambiente.

Las autoridades señalan la contaminación, la seguridad y la gestión del tráfico como los principales motivos. Los jeepneys son resistentes y fáciles de reparar, pero los motores antiguos emiten hollín que empeora la calidad del aire urbano. Elementos de seguridad como mejores frenos, puertas laterales y chasis más resistentes, junto con sistemas modernos de pago y GPS, pueden hacer que los desplazamientos sean más ordenados y menos caóticos. Los reguladores también quieren vehículos que cumplan las normas de emisiones, ya sea con motores que se ajusten a la norma Euro 4 o con sistemas de propulsión eléctrica.

La aplicación del plan ha generado controversia. Para conservar sus rutas, se exigió a los operadores que se integraran en cooperativas o empresas, un cambio que muchos consideraron una amenaza a su independencia. El Gobierno informó que, para finales de 2023, se había integrado en cooperativas o empresas una amplia mayoría de los titulares de franquicias. Sin embargo, grupos del sector del transporte cuestionan esas cifras y sostienen que muchos pequeños operadores quedaron excluidos. Las protestas han paralizado periódicamente el tráfico en la Gran Manila y otras ciudades, mientras los conductores reclamaban una transición más gradual y justa.

Las autoridades financieras han planteado el cambio en términos contundentes. Un alto responsable de política económica sostuvo públicamente que los jeepneys debían dejar las carreteras y pasar a los museos, pues los consideraba ineficientes y perjudiciales para la salud. Los responsables del transporte responden que los pasajeros merecen aire más limpio y vehículos más seguros, pero afirman que la transición no debe destruir los medios de vida.

Cultura, costos y el núcleo del conflicto

El dinero está en el centro del debate. Un jeepney moderno o minibús que cumpla las nuevas normas puede costar alrededor de 50.000 dólares, entre tres y cuatro veces más que un vehículo tradicional. Incluso con subsidios del Gobierno y financiación bancaria, el precio resulta abrumador para muchos operadores familiares, que sobreviven con márgenes estrechos. Las cooperativas pueden distribuir los costos y obtener créditos, pero para los conductores que durante mucho tiempo han gestionado sus propios vehículos, el riesgo de endeudarse es real.

También existe temor a que aumenten las tarifas. Los jeepneys tradicionales cobran tarifas bajas que permiten a millones de personas desplazarse a diario. Los conductores sostienen que los vehículos costosos, los mayores gastos de mantenimiento y las tarifas formales de las terminales podrían encarecer los viajes. Afirman que los pasajeros no deberían soportar el peso de la modernización pagando más o teniendo menos opciones de transporte.

Algunos conductores hablan en términos muy personales del vínculo con sus vehículos. Un conductor veterano de Manila describió su jeepney como un compañero al que conoce a fondo y que, día tras día, le ha ayudado a mantener a una familia numerosa. Teme que perder su ruta lo obligue a volver a su provincia sin trabajo. Los pasajeros también expresan sus propias preocupaciones. Una estudiante de medicina lo dijo claramente: es la única forma de transporte y la más conveniente; los taxis son caros para el presupuesto de un estudiante.

Jeepneys eléctricos y la promesa de un aire más limpio

Quienes apoyan la transición afirman que el transporte público eléctrico es parte de la solución. Los jeepneys eléctricos de batería ya operan en algunas rutas. Los vehículos eléctricos no emiten gases por el tubo de escape, lo que puede mejorar la calidad del aire en barrios densamente poblados. También son más silenciosos en el tráfico y, a menudo, más eficientes en los desplazamientos urbanos con paradas frecuentes. Si se recargan con fuentes de energía más limpias, pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los vehículos diésel, sobre todo a medida que la red eléctrica incorpore más energías renovables.

Los costos diarios de operación también pueden bajar. Se estima que el gasto habitual de los jeepneys en combustible diésel es de unos 1.500 a 1.800 pesos diarios, mientras que la electricidad para un jeepney eléctrico puede costar aproximadamente entre 500 y 700 pesos para un nivel de actividad similar. El ahorro varía según la ruta, la cantidad de pasajeros y las tarifas eléctricas, pero el costo del combustible resulta atractivo para los operadores que afrontan precios volátiles del diésel.

La transición a gran escala no será fácil. La infraestructura de recarga requiere inversiones, incluidos depósitos para la noche y puntos de recarga en las rutas. Las baterías deben soportar el calor, las cargas pesadas y las paradas frecuentes. Los operadores necesitan formación en mantenimiento y las cadenas de suministro de repuestos deben estar preparadas. Las autoridades también tendrán que coordinar los incentivos, desde las exenciones fiscales hasta la planificación de rutas que tenga en cuenta las posibilidades de recarga.

Normas, plazos y el impulso a la integración

La integración de los operadores en cooperativas es uno de los aspectos más controvertidos del PUVMP. El propósito es formalizar un sector muy fragmentado y mejorar la calidad del servicio mediante la gestión de flotas, horarios de salida y mantenimiento estandarizado. Al unirse, los pequeños operadores pueden acceder a préstamos y subsidios del Gobierno y cumplir requisitos técnicos que pocos podrían afrontar por su cuenta.

Los grupos de conductores advierten que las cuotas de integración, los nuevos costos para cumplir las normas y los vehículos costosos ponen en riesgo la supervivencia de una microindustria que da trabajo a cientos de miles de personas. Los organizadores sindicales reclaman una transición justa, un concepto que implica proteger a los trabajadores durante el cambio. Piden mayores subsidios, producción local para reducir los precios y contratos de servicio que garanticen ingresos estables a los conductores a cambio de realizar viajes programados en rutas asignadas.

Durante las protestas y negociaciones, los sindicatos del transporte han repetido una consigna clara.

«No a la modernización sin una transición justa».

En ocasiones, los legisladores han intervenido para ralentizar el proceso. En 2024, el Senado tomó medidas para suspender la aplicación del plan mientras se atendían las preocupaciones de conductores y operadores. Esa pausa reflejó la dificultad de equilibrar los objetivos de aire limpio y seguridad con las necesidades de trabajadores de bajos ingresos y pasajeros que dependen de la opción más económica.

Fabricantes locales, orgullo nacional y el dilema de las importaciones

La modernización no es solo una cuestión medioambiental o de tráfico. También es un asunto industrial. La industria del jeepney estuvo alguna vez arraigada en fabricantes locales como Sarao Motors y Francisco Motors, que suministraban vehículos adaptados a las carreteras y los gustos filipinos. La producción disminuyó a medida que las importaciones más baratas y las nuevas líneas de transporte redujeron la demanda, y que las normas propuestas superaron la capacidad de inversión de los pequeños talleres.

Fabricantes y académicos se han reunido para trazar un camino que preserve los empleos locales. Sus propuestas incluyen unidades modernas ensambladas en el país, motores más limpios o sistemas de propulsión eléctrica, y características de seguridad estandarizadas. El objetivo es mantener más valor dentro del país y adaptar los vehículos a las condiciones reales de las rutas. La fabricación nacional, sostienen, puede acortar las cadenas de suministro de repuestos, apoyar la formación en mantenimiento y preservar la artesanía que convirtió al jeepney en un ícono cultural.

La decisión entre importar unidades completas o fortalecer el suministro local determinará los costos y la resiliencia. Si el país puede producir vehículos que cumplan las normas a menor precio, más operadores podrán modernizarse sin asumir deudas abrumadoras. Si predominan las importaciones, los operadores podrían afrontar demoras en la llegada de repuestos, mayores costos de mantenimiento y menos oportunidades para los pequeños talleres que han mantenido la flota en funcionamiento durante décadas.

En circulación: ciudades que prueban los jeepneys eléctricos

Algunas ciudades han empezado a usar unidades modernas para comprobar cómo funcionan en el servicio diario. En Bacólod, se han incorporado nuevos jeepneys eléctricos a una ruta urbana, respaldados por una cooperativa que planea poner en circulación decenas más al amparo de una franquicia regulatoria. La ciudad se comprometió a instalar más estaciones de recarga, y la cooperativa acordó con un proveedor de vehículos eléctricos un sistema de financiación con opción de compra al término del alquiler. La flota inicial es pequeña, pero muestra cómo el apoyo del gobierno local, la financiación cooperativa y las alianzas con fabricantes pueden llevar jeepneys eléctricos a las calles.

Experimentos como estos son importantes. Permiten probar los costos reales, los patrones de recarga y la aceptación de los pasajeros. Sacan a la luz problemas de mantenimiento en una etapa temprana y ayudan a los planificadores a perfeccionar las rutas. También muestran cuánta formación para los conductores y cuánto apoyo operativo se necesitan para mantener la fiabilidad de las flotas eléctricas durante el calor, la lluvia y las aglomeraciones de las horas punta.

Qué notarán los pasajeros en la próxima generación

Es probable que los pasajeros perciban cambios en tres aspectos. Primero, la comodidad. Muchas unidades nuevas ofrecen más espacio y altura interior, mejor ventilación o aire acondicionado, y viajes más suaves. Segundo, la seguridad. Las puertas laterales, los pisos más altos, las estructuras más resistentes y los mejores frenos reducen el riesgo para pasajeros y peatones. Tercero, la fiabilidad. El seguimiento por GPS, los horarios de salida y el cobro automático de tarifas pueden reducir los tiempos de espera y el manejo de efectivo.

También cambiarán las rutas y las costumbres para subir y bajar. Es posible que los pasajeros tengan que hacerlo en paradas designadas, en lugar de golpear el techo para pedir que el vehículo se detenga. Es probable que las cooperativas operen con horarios fijos, lo que hará más previsibles los desplazamientos por los principales corredores. La desventaja podría ser una menor flexibilidad en las zonas periféricas, sobre todo en calles pequeñas donde las paradas informales forman parte de la comodidad que la gente defiende hoy.

No todos consideran que las unidades modernas sean verdaderas herederas de la tradición del jeepney. Un fabricante con larga trayectoria lo expresó sin rodeos.

«Los vehículos nuevos definitivamente no son jeepneys; todas las líneas y los detalles son diferentes», dijo Ed Sarao, de Sarao Motors, quien sostiene que en realidad son minibuses.

Los responsables del transporte responden que los pasajeros valoran la comodidad y la fiabilidad. Un alto funcionario del transporte terrestre predijo en una ocasión que, una vez que los pasajeros probaran el sistema mejorado, la resistencia disminuiría.

«Estoy seguro de que cuando la gente vea el nuevo sistema en las calles y lo pruebe, la oposición desaparecerá», dijo Thomas Orbos, subsecretario de Transporte.

Aire más limpio, calles más silenciosas y el balance energético

El argumento medioambiental es sencillo. Los gases de escape de los vehículos diésel contienen contaminantes que dañan los pulmones y agravan el asma. Sustituir los motores antiguos por otros que cumplan la norma Euro 4 o por sistemas de propulsión eléctrica puede reducir el hollín y los óxidos de nitrógeno en los corredores más transitados. Las flotas eléctricas también pueden reducir el ruido, lo que mejora la calidad de vida en barrios llenos de vehículos y triciclos motorizados.

El impacto climático depende de la fuente de electricidad con la que se recarguen los vehículos. Si aumenta la proporción de energía procedente del gas, la energía solar, la eólica y la geotérmica, la ventaja en emisiones será mayor. Una planificación inteligente de las rutas puede maximizar la recarga en horas de menor demanda y adecuar la ubicación de los depósitos a la capacidad de la red eléctrica. El reciclaje de baterías y sus usos posteriores, por ejemplo en baterías de autobuses, también formarán parte del panorama a medida que crezcan las flotas.

Para los operadores, la economía dependerá del costo total de propiedad. El precio inicial es más alto, pero un menor gasto en combustible y menos piezas móviles pueden reducir los costos a lo largo de la vida útil del vehículo. El balance cambia según las tasas de interés, los subsidios, los precios de la energía y los kilómetros que recorre cada unidad al día. A medida que más ciudades perfeccionen sus redes de recarga y rutinas de mantenimiento, las cooperativas tendrán más claridad sobre los costos al evaluar sus opciones.

Tarifas, equidad y acceso

Cualquier cambio importante en la opción de transporte masivo más económica plantea problemas de equidad. Si las tarifas suben demasiado rápido, los pasajeros de bajos ingresos se verán presionados. Los contratos de servicio, mediante los cuales el Gobierno paga a los operadores por realizar viajes programados, pueden estabilizar sus ingresos y mantener las tarifas asequibles durante la transición. Una planificación transparente de las rutas y la consulta pública pueden ayudar a garantizar que la movilidad mejore, en lugar de deteriorarse, en los barrios desatendidos.

La accesibilidad también es fundamental. Las unidades modernas se diseñan con características como puertas más anchas y asientos prioritarios, que pueden ayudar a las personas mayores y a los pasajeros con discapacidad. Los avances reales dependerán tanto de las aceras, los cruces y el diseño de las aceras de la calzada como de las especificaciones de los vehículos. En los distritos densamente poblados, las calles estrechas seguirán requiriendo vehículos compactos que puedan girar y detenerse de forma segura.

Preservar el patrimonio mientras cambia la forma

Incluso quienes defienden las flotas modernas reconocen el valor de preservar la identidad del jeepney. Esa identidad no se limita a una parrilla cromada o a un adorno en el capó. También reside en el papel que el vehículo cumple en la vida cotidiana, en el emprendimiento de los conductores propietarios y en el arte popular que daba color a desplazamientos por lo demás grises. Algunos operadores esperan que haya soluciones híbridas, con carrocerías fabricadas localmente que permitan a los artistas seguir contando historias sobre lienzos de metal mientras cumplen las normas de seguridad.

También hay margen para conservar una selección de vehículos tradicionales. Los museos y los programas culturales pueden proteger la historia del jeepney, desde las primeras conversiones de vehículos en la posguerra hasta los diseños más representativos de las décadas de 1970 y 1980. Las rutas turísticas en los distritos históricos pueden mantener algunos vehículos tradicionales en servicio limitado. El caballo de batalla del transporte masivo puede evolucionar hacia otra forma y otro sistema de propulsión, pero el espíritu que la gente celebra puede perdurar.

Posibles caminos para la próxima década

Hay varios escenarios posibles, que pueden coexistir en distintas regiones.

Flotas mixtas adaptadas a las carreteras locales

La Gran Manila y otras grandes ciudades podrían adoptar unidades más grandes, con aire acondicionado, en los principales corredores, y usar jeepneys eléctricos en circuitos urbanos más cortos conectados con depósitos de recarga. Los pueblos de provincia podrían conservar variantes más pequeñas con motores más limpios donde el suministro eléctrico sea menos confiable.

Fabricación local y redes de suministro de repuestos

Una combinación de carrocerías ensambladas localmente y sistemas de propulsión importados podría equilibrar los costos, el cumplimiento de las normas y la forma cultural de los vehículos. Los programas de formación en mantenimiento de vehículos eléctricos y electrónica crearían nuevos empleos técnicos y apoyarían a las cooperativas.

Contratos de servicio y protección de las tarifas

Si el Gobierno amplía los contratos de servicio, los operadores podrían recibir pagos estables por realizar viajes programados. Esto daría estabilidad al flujo de efectivo y facilitaría el acceso al crédito bancario. Las tarifas seguirían al alcance de quienes viajan a diario, mientras el Estado pagaría por los resultados del servicio público.

Mejoras cuando aún no sea viable sustituir los vehículos

En casos específicos, las mejoras certificadas de las unidades existentes, como motores más limpios y adaptaciones de seguridad, podrían servir de puente en rutas donde la sustitución completa resulte económicamente inalcanzable. Serían esenciales unas normas claras y las inspecciones periódicas.

Ampliación de la red de recarga y coordinación con la red eléctrica

Los gobiernos municipales pueden planificar los depósitos, los puntos de recarga y las paradas de descanso en las rutas teniendo en cuenta la autonomía de las baterías. La coordinación con las empresas eléctricas y la inversión en líneas de distribución determinarán la rapidez con la que puedan crecer los jeepneys eléctricos.

En síntesis

• Los jeepneys surgieron después de la Segunda Guerra Mundial como vehículos militares reutilizados y se convirtieron en un ícono cultural y un medio de transporte esencial.
• El PUVMP busca sustituir las antiguas flotas diésel por unidades más seguras, limpias y accesibles mediante cooperativas.
• El elevado costo inicial de las unidades modernas, de unos 50.000 dólares, supone una carga para conductores y pequeños operadores pese a los subsidios.
• Los grupos de conductores apoyan un aire más limpio y mayor seguridad, pero exigen una transición justa, con más ayudas y contratos de servicio.
• Los jeepneys eléctricos prometen cero emisiones por el tubo de escape y menores costos diarios de energía, pero se necesita invertir en redes de recarga.
• La fabricación y el ensamblaje locales podrían reducir los costos, proteger empleos y preservar elementos culturales del diseño.
• Ciudades como Bacólod están probando jeepneys eléctricos con apoyo del gobierno local y financiación cooperativa.
• Es probable que la modernización dé lugar a flotas mixtas, con soluciones adaptadas a cada ruta y una transición gradual a la electricidad.