La ofensiva en India por las consignas «Amo a Mahoma» pone a prueba la libertad de expresión y el orden público

Cómo un letrero vecinal desencadenó un enfrentamiento nacional

Un mes después de que una celebración vecinal en Kanpur incluyera un letrero luminoso que decía «Amo a Mahoma», las repercusiones se han extendido por varios estados de India. La policía ha presentado al menos 22 casos en los que figuran más de 2.500 personas. Decenas han sido detenidas. Se han demolido viviendas y comercios vinculados a algunos de los acusados. Se interrumpió el servicio de internet en partes de una ciudad. Lo que comenzó como un mensaje devocional durante Eid Milad un Nabi se ha convertido en una prueba de la promesa de India de proteger la libertad de expresión y de religión, y de los límites que el Estado puede imponer en nombre del orden público.

Agentes de estados gobernados por el Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en inglés) afirman que las exhibiciones y manifestaciones vinculadas al mensaje amenazaban la paz entre comunidades. Abogados de derechos civiles replican que ninguna ley prohíbe las palabras «Amo a Mahoma» y que las autoridades recurren a disposiciones sobre orden público para criminalizar una afirmación pacífica de fe. La disputa ha puesto de relieve una brecha cada vez mayor entre las garantías constitucionales y la actuación policial cotidiana, que, según los críticos, suele afectar con más fuerza a los musulmanes.

Las cifras cuentan parte de la historia. Grupos de defensa jurídica que siguen los casos dicen que más de 2.500 personas han sido acusadas, en su mayoría en Uttar Pradesh, y que también se han registrado detenciones en otros estados gobernados por el BJP. Solo en Bareilly, la policía detuvo a 75 personas tras una protesta y poco después demolió cuatro edificios vinculados a los acusados. Las imágenes, difundidas ampliamente en las redes sociales, avivaron la indignación y nuevas manifestaciones en otras ciudades.

Qué ocurrió en Kanpur y Bareilly

El detonante fue un letrero iluminado que decía «Amo a Mahoma», instalado el 4 de septiembre en un barrio de Kanpur como parte de las celebraciones por el cumpleaños del profeta. Algunos residentes hindúes de la zona se opusieron y afirmaron que el letrero era un elemento nuevo en el evento que, según ellos, infringía las restricciones establecidas por las autoridades locales. La policía retiró el letrero y abrió un caso por promover la enemistad por motivos religiosos. Ese delito puede acarrear una pena de hasta cinco años de prisión.

A medida que se difundía la noticia, activistas, clérigos y jóvenes reprodujeron el mensaje en internet y en camisetas. En Bareilly, se celebró una manifestación para protestar contra los cargos presentados en Kanpur, pese a que la policía había denegado el permiso. Se congregaron miles de personas. Después se produjeron enfrentamientos. Las autoridades detuvieron a decenas de personas, suspendieron el internet móvil y posteriormente llevaron excavadoras para demoler propiedades vinculadas a varios acusados. La Corte Suprema de India ha advertido a las autoridades que no usen las demoliciones como castigo extrajudicial, pues la legislación municipal exige avisos y audiencias; sin embargo, la práctica sigue apareciendo tras episodios de gran repercusión.

En otros estados, la policía registró casos por publicaciones en redes sociales que mostraban la consigna o videos de las manifestaciones. Muchas de las personas mencionadas son adultos jóvenes que usaron videos breves e imágenes de perfil para expresar su apoyo. Las familias dicen que ahora afrontan comparecencias judiciales, solicitudes de libertad bajo fianza y una situación de incertidumbre sobre el empleo y los estudios.

¿Es ilegal en India la frase «Amo a Mahoma»?

La Constitución de India protege tanto la libertad de expresión como la práctica religiosa. El artículo 19(1)(a) garantiza la libertad de expresión, sujeta a restricciones razonables por motivos de orden público, y el artículo 25 protege la libertad de profesar y practicar una religión. Ninguna ley prohíbe las palabras «Amo a Mahoma». En cambio, la policía ha invocado disposiciones que penalizan la promoción de la enemistad, los insultos a la religión con intención deliberada y las reuniones ilícitas, además de órdenes locales que restringen las manifestaciones o prohíben nuevas instalaciones durante las festividades.

Defensores de las libertades civiles afirman que ese enfoque amplía el alcance de la ley. El criterio jurídico central para restringir la expresión en nombre del orden público exige un vínculo claro e inmediato con la incitación o la violencia. Una declaración devocional no constituye por sí sola una incitación. Sin embargo, los agentes han abierto casos relacionados con procesiones y reuniones en las que apareció la consigna, con el argumento de que los propios eventos alteraron la paz.

Nadeem Khan, director de la Asociación para la Protección de los Derechos Civiles (APCR, por sus siglas en inglés), dice que el enfoque de los pliegos de cargos revela la estrategia del Estado.

No hay ninguna ley que penalice la mera expresión «Amo a Mahoma». Lo que estamos viendo es el uso de disposiciones sobre reuniones y orden público contra personas que exhibieron la consigna o participaron en protestas, no una prohibición de las palabras en sí.

Aakar Patel, miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional India, formuló el criterio de manera más directa y aludió a la legislación india e internacional sobre libertad de expresión.

Atacar consignas pacíficas no alcanza el umbral para imponer restricciones penales conforme a la legislación india o internacional. Las preocupaciones por el orden público no justifican una supresión generalizada de la identidad o la expresión religiosa.

Este enfrentamiento sobre principios jurídicos ya se desarrolla en comisarías y tribunales de distrito. Muchos de los acusados sostienen que no hicieron más que llevar una pancarta, vestir una camiseta o publicar un texto. Los fiscales afirman que algunas reuniones se tornaron violentas y que se desobedecieron restricciones, lo que generó responsabilidad penal aunque la consigna en sí no sea ilegal.

Las leyes y tácticas que marcaron la represión

La oleada de casos sigue un conjunto de medidas habitual que la policía de India emplea durante episodios de tensión entre comunidades y manifestaciones controvertidas. Los agentes combinan disposiciones sobre orden público con cargos relacionados con la religión, añaden infracciones de procedimiento y solicitan amplias facultades para dispersar multitudes o impedir reuniones. Sobre el terreno, medidas administrativas como las restricciones de internet y las acciones contra propiedades suelen acompañar a las detenciones.

Cargos habituales

Las autoridades se han basado en un conjunto de delitos. Los más comunes acusan a las personas de promover la enemistad entre grupos, herir deliberadamente los sentimientos religiosos y hacer declaraciones que podrían provocar alteraciones del orden público. Muchos casos también incluyen reunión ilícita o disturbios. En varias ciudades estaban vigentes órdenes de prohibición en virtud del artículo 144, que impedían las grandes concentraciones sin autorización. La policía también invoca la desobediencia de órdenes de funcionarios públicos y el uso de altavoces o pancartas en infracción de las normas locales.

• Promover la enemistad por motivos religiosos, delito que puede acarrear hasta cinco años de prisión
• Insultar a una religión con intención deliberada y maliciosa
• Hacer declaraciones que puedan provocar alteraciones del orden público
• Reunión ilícita y disturbios
• Incumplir órdenes de prohibición que restringen las procesiones o la instalación de nuevos elementos

India reemplazó en 2024 el Código Penal de la India y el Código de Procedimiento Penal, ambos de la época colonial, por nuevas leyes penales, pero el contenido de estos delitos sigue siendo similar. La policía de distintos estados continúa usando los términos habituales para mayor claridad. Es probable que los tribunales examinen si los hechos de cada caso se ajustan a los elementos jurídicos, en especial el requisito de intención deliberada de provocar o la existencia de violencia.

Demoliciones y debido proceso

Las excavadoras se han convertido en un símbolo de la acción coercitiva del Estado en algunas zonas del norte de India. Las autoridades municipales sostienen que están retirando construcciones ilegales. Los críticos dicen que el momento en que se llevan a cabo las demoliciones revela el verdadero mensaje, pues a menudo ocurren inmediatamente después de protestas o enfrentamientos. La legislación india exige notificaciones, audiencias y un proceso de apelación antes de sellar o demoler una propiedad. La Corte Suprema ha advertido repetidamente a las administraciones estatales que las demoliciones no pueden usarse como castigo. Defensores de los derechos sostienen que demoler edificios vinculados a personas acusadas, sin que un tribunal haya probado la comisión de un delito, socava el debido proceso y castiga a familias enteras.

Restricciones de internet y vigilancia digital

Las autoridades de Bareilly suspendieron el servicio de internet tras la protesta. Los funcionarios dijeron que la medida impediría la difusión de rumores y ayudaría a restablecer la calma. En al menos un estado, la policía dijo que usaría reconocimiento facial para identificar a los participantes en manifestaciones vinculadas a la consigna. Grupos de defensa de los derechos digitales advierten que esas herramientas, si se usan sin una supervisión estricta, pueden dar lugar a excesos y errores de identificación. Junto con las denuncias iniciales de delitos (FIR, por sus siglas en inglés) presentadas en masa, la vigilancia puede ampliar el número de personas acusadas mucho más allá de quienes hayan cometido algún acto delictivo.

La política y los medios convierten una disputa local en un foco de tensión nacional

Yogi Adityanath, jefe de Gobierno de Uttar Pradesh, prometió medidas estrictas contra quienes, según dijo, alteraron el orden público. Sus declaraciones sobre la ley y el orden fueron difundidas ampliamente por canales de televisión y plataformas digitales. Sus partidarios presentan la respuesta como una señal de que el Estado no tolerará provocaciones durante festividades sensibles. Sus opositores dicen que la retórica señaló a una comunidad y alentó castigos al margen de los tribunales.

Poco después del episodio de Kanpur, dirigentes del partido exhibieron en Varanasi carteles que decían «Amo a las excavadoras», en una clara alusión a las demoliciones posteriores a los disturbios. La imagen de la excavadora se ha convertido en una forma abreviada de aludir a una actuación policial enérgica. Para muchos musulmanes, también se ha convertido en un motivo de temor, porque las demoliciones suelen dirigirse contra barrios donde viven los acusados. Los carteles enfrentados mostraron cómo un mensaje de devoción personal y un símbolo de la fuerza del Estado se convirtieron en rivales en una disputa por la visibilidad.

Los debates televisivos y los videos difundidos en redes sociales amplificaron cada enfrentamiento y detención. Disputas locales que antes quedaban dentro de un barrio llegan ahora a una audiencia nacional en cuestión de horas. Esa atención puede aumentar la tensión sobre el terreno, cuando grupos rivales buscan organizar sus propias exhibiciones y la policía siente presión para actuar con rapidez. Líderes comunitarios advierten que la aplicación de criterios distintos alimenta la indignación, ya que en las festividades hindúes suelen instalarse nuevos adornos y pancartas sin una reacción similar.

El costo humano para los jóvenes

Muchas de las personas acusadas son adolescentes o tienen poco más de 20 años. Algunas fueron captadas por una cámara mientras caminaban cerca de una manifestación. Otras cambiaron su foto de perfil o compartieron de nuevo un video. Aunque nunca sean condenadas, una detención puede implicar días en prisión, faltas a clases o al trabajo, gastos legales y antecedentes que pueden perjudicar sus solicitudes de empleo. Las familias gastan sus ahorros en fianzas. Los vendedores ambulantes y los dueños de pequeños comercios pierden ingresos mientras afrontan los casos.

Las demoliciones de viviendas añaden otra dimensión al daño. Cuando se derriba una construcción, el golpe no afecta solo a la persona acusada. Sus padres, hermanos e hijos pueden perder su refugio y sus bienes en una sola tarde. Los críticos lo llaman castigo colectivo. Los funcionarios que defienden las demoliciones dicen que estas se dirigen contra construcciones no autorizadas. Los tribunales tendrán que examinar estas afirmaciones caso por caso. Hasta entonces, la amenaza de una excavadora estacionada en la esquina se convierte en una poderosa forma de presión.

Qué podrían decidir los tribunales y la ley

Los tribunales de India han sostenido durante mucho tiempo que la expresión solo puede restringirse por motivos de orden público cuando existe una conexión estrecha con la incitación o un probable quebrantamiento de la paz. La Corte Suprema ha anulado restricciones imprecisas a la expresión en internet y ha pedido a la policía que actúe contra los discursos de odio. Estas sentencias comparten una exigencia de precisión: las leyes deben aplicarse con cuidado y su cumplimiento debe ser equitativo entre comunidades.

Es probable que las peticiones contra las denuncias iniciales de delitos y las demoliciones lleguen a los tribunales superiores y a la Corte Suprema. Los jueces podrían pedir registros que acrediten que hubo notificaciones, audiencias y motivos para cada demolición. También podrían analizar si una consigna, por sí sola, puede constituir un delito de promoción de la enemistad o de ofensa a los sentimientos religiosos. Las decisiones de los últimos años sugieren que los tribunales examinarán de cerca la proporcionalidad de las medidas administrativas. Eso significa que preguntarán si la acción elegida, como las detenciones masivas o la demolición de una vivienda, es una respuesta proporcional a la conducta denunciada.

Reacciones regionales e internacionales

Se han celebrado protestas en ciudades como Delhi, Lucknow e Hyderabad, donde los organizadores exigen que se retiren los casos y se libere a las personas detenidas. Grupos musulmanes dicen que la campaña fue una afirmación pacífica de fe. Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de India han advertido que la represión rebaja el umbral para criminalizar la identidad y la expresión.

Las autoridades y los partidarios del Gobierno presentan otra versión. Afirman que algunas manifestaciones se tornaron violentas, con lanzamiento de piedras y ataques contra la policía, y que las campañas de demolición se centran en construcciones ilegales, no en la religión. Sostienen que una aplicación estricta de la ley evita enfrentamientos mayores y protege a ambas comunidades. Los próximos meses mostrarán si el diálogo y la aplicación imparcial de la ley pueden reducir las tensiones y restablecer la confianza.

Lo que hay que saber

• La policía ha registrado al menos 22 casos en los que figuran más de 2.500 personas, y se han producido decenas de detenciones en varios estados gobernados por el BJP
• La frase «Amo a Mahoma» no está prohibida en India, y abogados de derechos civiles dicen que las autoridades recurren en su lugar a leyes sobre orden público y reuniones
• El detonante fue un letrero iluminado en Kanpur durante Eid Milad un Nabi, que recibió quejas por ser un elemento nuevo en las celebraciones
• En Bareilly, una protesta dejó 75 personas detenidas, una suspensión del servicio de internet y cuatro demoliciones vinculadas a los acusados
• Defensores de los derechos citan las advertencias de la Corte Suprema contra el uso de demoliciones como castigo y reclaman que se respete el debido proceso
• Jóvenes han sido acusados por publicaciones y videos en redes sociales, lo que suscita preocupación por el efecto inhibidor sobre la expresión
• Los dirigentes estatales presentan la respuesta como una cuestión de ley y orden, mientras que los críticos dicen que afecta de manera desproporcionada a los musulmanes
• Los tribunales podrían revisar las demoliciones y evaluar si el uso de las leyes de orden público cumple las normas constitucionales