Las exportaciones de residuos electrónicos de Estados Unidos agravan la crisis de contaminación en el Sudeste Asiático

La ola oculta de residuos electrónicos de Estados Unidos

Envíos de aparatos electrónicos desechados en Estados Unidos llegan en grandes cantidades al Sudeste Asiático, pese a las prohibiciones nacionales y a la falta de infraestructura adecuada. Una nueva investigación de Basel Action Network, una organización sin fines de lucro que rastrea el comercio de residuos tóxicos, describe una ola oculta de desechos que se mueve cada mes en contenedores de carga. Teléfonos, computadoras portátiles, servidores, pantallas e impresoras contienen cobre, oro y materiales poco comunes que pueden recuperarse. También están cargados de plomo, cadmio, mercurio y retardantes de llama bromados, que amenazan a las personas y los ecosistemas cuando se manipulan sin controles.

Los residuos electrónicos mundiales aumentan mucho más rápido de lo que se reciclan formalmente. En 2022, el mundo generó una cifra récord de 62 millones de toneladas métricas, y los analistas prevén que el total llegue a unos 82 millones para 2030. Asia ya produce casi la mitad del total mundial. Las exportaciones estadounidenses aumentan esa carga. Cada mes salen de los puertos de Estados Unidos unos 2.000 contenedores, equivalentes a aproximadamente 33.000 toneladas métricas, de aparatos electrónicos usados. Gran parte no llega a instalaciones autorizadas. Se arroja en vertederos o se desmantela en patios clandestinos, donde los trabajadores respiran humo y vapores ácidos sin protección.

Los investigadores rastrearon al menos a 10 empresas estadounidenses que recolectan, comercializan o actúan como intermediarias de aparatos electrónicos usados con destino a Asia y Oriente Medio. Entre enero de 2023 y febrero de 2025, esos exportadores enviaron más de 10.000 contenedores con posibles residuos electrónicos, por un valor estimado superior a los 1.000 millones de dólares. Es probable que la actividad del sector supere los 200 millones de dólares al mes. Ocho de las diez empresas cuentan con certificaciones R2V3, una etiqueta que pretende señalar que realizan un reciclaje responsable. Varias compañías niegan haber cometido irregularidades y afirman que cumplen las normas; sin embargo, los contenedores siguen llegando a países que prohíben esas importaciones.

Cómo funciona el comercio y por qué persiste

Exportar residuos cuesta menos que procesarlos responsablemente en el país de origen. Los contenedores con aparatos electrónicos mezclados pueden venderse para obtener dinero rápido, mientras que la mano de obra, el suelo y los costos de cumplimiento normativo son más baratos en los países receptores. A menudo, los comerciantes presentan los envíos como equipos reutilizables destinados a reacondicionamiento. En la práctica, la carga es mixta. Algunos aparatos funcionan; muchos están averiados o desactualizados. Los importadores recuperan piezas y materiales valiosos y luego arrojan el resto. La diferencia entre el valor de reventa y el costo de eliminación impulsa este comercio.

Intermediarios, lagunas normativas y carga mal etiquetada

Intermediarios especializados reúnen camiones cargados de dispositivos viejos, los apilan en contenedores y les asignan códigos comerciales que no siempre corresponden a su contenido. Los registros muestran descripciones como materiales básicos o chatarra metálica mixta en lugar de residuos electrónicos. El etiquetado incorrecto puede ayudar a que los envíos eludan las aduanas y los filtros automatizados de riesgo. Las rutas que pasan por centros de tránsito y zonas de libre comercio añaden otra capa que dificulta el seguimiento.

El Convenio de Basilea, un tratado mundial que regula el traslado de residuos peligrosos, restringe o prohíbe el comercio de muchos tipos de chatarra tóxica. La mayoría de los países del Sudeste Asiático son parte del convenio y cuentan con prohibiciones nacionales a la importación de residuos electrónicos extranjeros. Estados Unidos no ha ratificado el tratado. Esa brecha, junto con la documentación deficiente y la aplicación débil de las normas, permite a los exportadores enviar carga a destinos que no la admiten.

El debate sobre las certificaciones

La certificación R2V3 establece normas para las pruebas, el borrado de datos, la seguridad de los trabajadores y el control de las etapas posteriores del proceso. Está diseñada para impedir que los artículos irreparables entren en la cadena de exportación. Los nuevos hallazgos muestran que la certificación por sí sola no garantiza resultados responsables. Surgen brechas cuando las empresas certificadas subcontratan la logística a terceros o cuando los proveedores que intervienen en las etapas posteriores no se someten a auditorías completas. Un certificado colgado en la pared no indica adónde va el contenedor una vez que sale del muelle de carga.

Para resolverlo se necesitan auditorías más estrictas, informes públicos sobre los socios que participan en las etapas posteriores y seguimiento digital de los dispositivos y contenedores. Las certificaciones pueden ayudar, pero deben abarcar toda la cadena de custodia e incluir controles que confirmen adónde llega realmente cada carga.

El Sudeste Asiático asume los costos

Malasia se ha convertido en uno de los principales destinos de los residuos electrónicos de Estados Unidos. Las importaciones llegan más rápido de lo que las autoridades pueden inspeccionarlas. Muchas instalaciones que reciben la carga carecen de permisos o de controles de contaminación. Hace poco, las autoridades incautaron envíos valorados en unos 118 millones de dólares e informaron que la mayoría de los lugares inspeccionados eran ilegales y no contaban con medidas básicas de protección ambiental.

Tailandia ha intensificado los controles en puertos y almacenes. En mayo, las autoridades incautaron 238 toneladas de residuos electrónicos vinculados a una carga procedente de Estados Unidos en el principal puerto de Bangkok. También llegan contenedores a Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. Las leyes nacionales prohíben o restringen estrictamente estas importaciones, pero aun así se siguen admitiendo cargas declaradas de forma incorrecta. Las comunidades locales deben entonces hacer frente a montones de plásticos y placas de circuitos que no tienen una vía segura de tratamiento.

Esta presión desborda los sistemas nacionales, diseñados para gestionar los residuos generados localmente. Los vertederos municipales reciben componentes tóxicos que filtran metales y sustancias químicas persistentes al suelo y al agua. Cerca de los puertos y parques industriales surgen zonas de reciclaje informal, donde los residentes denuncian humo por la quema de plástico, canales de drenaje contaminados y enfermedades que coinciden con las exposiciones conocidas a residuos electrónicos.

Qué ocurre en los desguaces informales

En los patios informales, los trabajadores retiran carcasas a mano, rompen televisores y monitores de tubo de rayos catódicos y extraen chips de las placas de circuitos aplicando calor. Para quitar el aislamiento de los cables, queman el plástico. Para recuperar metales preciosos de las placas, usan lixiviación con ácidos y fundición rudimentaria. Estos procesos liberan polvo de plomo, cadmio y vapores de mercurio. También generan una mezcla de subproductos peligrosos que se dispersa por los barrios y se deposita en las vías fluviales.

Riesgos para la salud de los trabajadores y las comunidades

Los estudios científicos señalan que los lugares donde se recuperan metales preciosos son focos de varios grupos de contaminantes. Entre ellos figuran metales tóxicos, aditivos del plástico, retardantes de llama bromados, bifenilos policlorados, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, y residuos como dioxinas, furanos e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se liberan microplásticos y nanoplásticos cuando se queman o trituran las carcasas y el revestimiento de los cables. La exposición a corto plazo puede irritar los ojos y los pulmones. La exposición prolongada está vinculada con daños neurológicos, problemas de desarrollo en los niños y cáncer.

La contaminación no se queda dentro del patio. El polvo transporta residuos a hogares y escuelas. Las cenizas y los residuos ácidos llegan a arroyos utilizados para el riego y la pesca. El ganado y los cultivos pueden acumular metales. Estas cargas para la salud afectan especialmente a los trabajadores indocumentados y a las familias cercanas, que tienen poco acceso a la atención médica. El daño se puede prevenir, pero solo si se detienen los envíos y el reciclaje se traslada a instalaciones controladas, con ventilación, filtración y manipulación segura de sustancias químicas.

De la prohibición de China a la llegada masiva de residuos a la región

Durante años, una gran parte de la chatarra de bajo valor y los bienes de segunda mano del mundo llegó a China, donde extensas zonas de reciclaje los procesaban. La contaminación y la presión pública llevaron a la aplicación de controles a partir de 2017, que culminaron con una prohibición total de importar residuos sólidos en 2021. El comercio no desapareció, sino que se trasladó. Muchos operadores se mudaron al Sudeste Asiático y llevaron equipos, capital y conocimientos, pero no las medidas de protección contra la contaminación que China había empezado a aplicar.

Los datos regionales muestran que las importaciones de residuos se dispararon tras el cambio de política de China. Los miembros de la ASEAN registraron fuertes aumentos de las importaciones de residuos plásticos entre 2016 y 2018. Se observan patrones similares en el caso de la chatarra electrónica. Los organismos reguladores del Sudeste Asiático, ya sobrecargados, tuvieron dificultades para seguir el ritmo de los nuevos flujos y actores. Los exportadores aprovecharon las lagunas en las licencias y la aplicación de las normas a través de las fronteras y dentro de las zonas económicas especiales.

¿Son legales estas exportaciones?

En virtud del Convenio de Basilea, los envíos de residuos peligrosos están estrictamente controlados y, en muchos casos, se prohíben entre determinados grupos de países. La mayoría de los países del Sudeste Asiático ha ratificado el tratado y tiene prohibiciones establecidas en su legislación nacional. Estados Unidos no es parte del convenio. Muchos de los cargamentos identificados en los registros comerciales se declararon con códigos que no corresponden a aparatos electrónicos usados. El etiquetado incorrecto socava el proceso de consentimiento previo, oculta el contenido real y viola las leyes de los países receptores.

Las normas estadounidenses permiten exportar algunos equipos probados y en funcionamiento, así como ciertos materiales. Es fácil difuminar la línea entre un producto usado y un envío de residuos. Se empacan dispositivos averiados u obsoletos junto con una cantidad menor de artículos reparables. La documentación describe toda la carga como bienes reutilizables. Para cuando se abre un contenedor, su contenido ya está lejos del puerto de origen. Las sanciones son leves en comparación con las ganancias que generan los volúmenes mensuales constantes.

Los incentivos económicos y el debate sobre el colonialismo de residuos

La lógica que sostiene este comercio es sencilla. La gestión adecuada del vidrio de los tubos de rayos catódicos, las lámparas con mercurio de las pantallas planas y los plásticos mixtos cuesta dinero. Los costos de envío son relativamente bajos en las rutas de retorno. Los precios del cobre y el oro resultan atractivos para los recicladores informales. La mano de obra y los alquileres son más baratos en los países receptores. Los exportadores cobran a clientes corporativos por retirar sus equipos y luego vuelven a obtener ingresos al vender cargamentos de contenedores en el extranjero. El costo de la contaminación se traslada a comunidades que no generaron esos residuos.

Los defensores del medioambiente describen este patrón como colonialismo de residuos, expresión utilizada por primera vez a finales de la década de 1980 para describir el vertido de residuos de países ricos en países más pobres. La expresión alude a una transferencia de riesgos y daños que reproduce antiguas relaciones comerciales. Los responsables de formular políticas en el Sudeste Asiático están respondiendo. Tailandia puso fin a las importaciones de residuos plásticos, Indonesia anunció prohibiciones y Malasia reforzó los controles. La Unión Europea aprobó nuevos límites a las exportaciones de residuos plásticos a países que no pertenecen a la OCDE, que entrarán en vigor en 2026. Los activistas reclaman un acuerdo mundial más firme que también aborde los residuos electrónicos.

Algunos grupos del sector sostienen que las importaciones generan empleo y aportan materia prima para la manufactura local. Eso es cierto en entornos con controles estrictos, equipos modernos y materiales de entrada limpios. La realidad sobre el terreno es otra cuando llegan camiones cargados de dispositivos averiados y sin documentación, y no hay una vía segura para tratar los residuos. La quema y el vertido ilegales llenan entonces ese vacío, y los contribuyentes asumen los costos sanitarios mientras las ganancias se van a otra parte.

Posibles soluciones y aspectos que conviene vigilar

Varias medidas pueden reducir el flujo de residuos y sus efectos perjudiciales. Estados Unidos podría ratificar el Convenio de Basilea, cerrar las lagunas que permiten las exportaciones y exigir que se informe públicamente quiénes son los socios que intervienen en las etapas posteriores. Los organismos reguladores pueden exigir el seguimiento digital de los contenedores, imponer sanciones más estrictas por etiquetado incorrecto y realizar auditorías independientes para verificar adónde llega cada envío. Las normas de responsabilidad ampliada del productor pueden exigir a las marcas que financien la recogida y el reciclaje seguro. Las agencias federales y los estados pueden armonizar sus políticas para evitar que un dispositivo recogido para reciclarlo termine en un muelle.

Decisiones de consumidores y empresas

Ampliar el acceso a las reparaciones y a las piezas de repuesto alarga la vida útil de los equipos y retrasa su descarte. Las leyes sobre el derecho a reparar, los programas empresariales de recogida y los contratos de adquisición que prohíben exportar equipos para su eliminación pueden ayudar. Las empresas pueden exigir una cadena de custodia verificable y publicar los resultados de las auditorías. Los hogares y las escuelas deberían elegir recicladores que se comprometan a mantener los dispositivos irreparables fuera del comercio internacional y puedan explicar quiénes son sus socios en las etapas posteriores.

Controles regionales y protección de la salud

Los gobiernos del Sudeste Asiático están desarrollando su capacidad para detectar y rechazar envíos ilegales. Las inspecciones portuarias más estrictas, la cooperación transfronteriza y la divulgación de información al público disuaden a los contrabandistas. Allí donde ya existe el reciclaje informal, las medidas de protección de la salud son importantes. Esto incluye respiradores, guantes, ventilación, neutralización de ácidos y almacenamiento de residuos peligrosos en espacios con revestimiento impermeable. La formalización de los pequeños operadores y su derivación a instalaciones autorizadas pueden reducir la contaminación y preservar los medios de vida.

Lo que hay que saber

• Cada mes salen de los puertos de Estados Unidos unos 2.000 contenedores de aparatos electrónicos usados, equivalentes a aproximadamente 33.000 toneladas métricas.
• Una investigación de dos años identificó al menos a 10 empresas estadounidenses que exportan a Asia y Oriente Medio.
• Entre enero de 2023 y febrero de 2025, esas empresas enviaron más de 10.000 contenedores por un valor superior a los 1.000 millones de dólares.
• Se estima que el comercio de aparatos electrónicos usados en todo el sector alcanza unos 200 millones de dólares al mes.
• Ocho de los diez exportadores identificados cuentan con certificaciones R2V3, lo que genera preocupación por las brechas en las auditorías y el control de las etapas posteriores.
• Malasia es uno de los principales destinos y ha incautado residuos electrónicos valorados en unos 118 millones de dólares, mientras que las autoridades tailandesas incautaron 238 toneladas en mayo.
• Estados Unidos no ha ratificado el Convenio de Basilea. Muchos envíos se declaran de forma incorrecta y violan las prohibiciones de los países receptores.
• Los residuos electrónicos contienen plomo, cadmio, mercurio y otras sustancias químicas peligrosas. El procesamiento informal libera dioxinas, furanos, microplásticos y nanoplásticos.
• Tras el fin de las importaciones de residuos sólidos por parte de China, los flujos se trasladaron al Sudeste Asiático, lo que sobrecargó a los organismos reguladores y las comunidades.
• Entre las soluciones figuran controles más estrictos a las exportaciones, responsabilidad ampliada del productor, diseños que faciliten la reparación, certificaciones transparentes y apoyo al reciclaje seguro en la región.