Dos casos en Riau ponen el foco en el control y la restauración de los bosques
Indonesia revocó el permiso de uso forestal de Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) para un área de unas 338,536 hectáreas en Pelalawan, Riau, mientras que un caso separado en Kuantan Singingi llevó a las autoridades a recomendar que se rechace una solicitud pendiente para liberar unas 32 hectáreas de tierras forestales.
Contenido
- Dos casos en Riau ponen el foco en el control y la restauración de los bosques
- ¿Qué infracciones señaló el gobierno?
- ¿Qué ocurrirá con las operaciones de RAPP y los trabajadores locales?
- ¿En qué consiste el caso separado contra Gemilang Sawit Lestari?
- ¿Por qué importa el futuro de las tierras?
- ¿Qué aspectos siguen sin estar claros?
La decisión sobre RAPP se tomó en virtud del Decreto Ministerial de Silvicultura n.º 971 de 2026, fechado el 19 de noviembre, y fue anunciada el 20 de noviembre por el Grupo de Trabajo para el Control de las Áreas Forestales, conocido como Satgas PKH. El gobierno citó incendios recurrentes en turberas, plantaciones de palma aceitera, minería sin licencia y daños en áreas protegidas. Señaló que toda actividad dentro del área abarcada por el permiso revocado debe detenerse y que las tierras vuelven a estar bajo control del Estado.
El grupo de trabajo afirma que la decisión sobre RAPP no exime a la empresa de sus obligaciones de reparar los daños ambientales ni de cumplir sus responsabilidades legales. RAPP, uno de los principales productores de pulpa y papel de Riau, dijo que se había enterado de la revocación a través de los medios de comunicación y que esperaba recibir una notificación formal y una aclaración de las autoridades.
Los dos casos corresponden a etapas diferentes. RAPP perdió un permiso vigente, mientras que la recomendación en el caso de Gemilang Sawit Lestari se refiere a una solicitud aún pendiente para liberar tierras forestales. En conjunto, muestran cómo el gobierno recurre a medidas administrativas para abordar el presunto uso no autorizado de áreas forestales.
¿Qué infracciones señaló el gobierno?
Satgas PKH dijo que entre sus conclusiones sobre RAPP figuraban incendios recurrentes en turberas, unas 18,362.74 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, 541.46 hectáreas de tierras despejadas para minería sin permiso y daños en unas 211.54 hectáreas de áreas protegidas.
El grupo de trabajo también manifestó preocupación por la protección de la zona de amortiguamiento que rodea el Parque Nacional Tesso Nilo. El parque y las áreas forestales cercanas son hábitat de elefantes de Sumatra, y las autoridades dijeron que los problemas podrían poner en peligro ese hábitat.
Las cifras describen distintos tipos de presuntos problemas dentro del área abarcada por el permiso. No deben sumarse para calcular la superficie total afectada, porque el gobierno no ha indicado si algunas de esas áreas se superponen.
El portavoz de Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dijo que el permiso había sido revocado mediante una sanción administrativa. Señaló que la decisión ponía fin a las actividades amparadas por el permiso y devolvía el control del área al Estado, pero mantenía la responsabilidad de la empresa por la recuperación ambiental y sus obligaciones legales.
Con la revocación de esta licencia, se suspenden todas las actividades dentro del área autorizada a PT RAPP y las tierras vuelven a estar bajo control del Estado.
¿Qué ocurrirá con las operaciones de RAPP y los trabajadores locales?
RAPP forma parte de APRIL Group, una empresa de pulpa, papel y silvicultura propiedad de Royal Golden Eagle. Las operaciones de la compañía se concentran cerca de Pangkalan Kerinci, en Pelalawan, donde la fábrica y sus proveedores son una parte importante de la actividad empresarial y el empleo locales.
APRIL dijo que RAPP y el grupo en su conjunto emplean a más de 41,000 personas. La empresa calcula que sus operaciones sostienen unos 170,000 empleos en Riau y 300,000 en Indonesia, incluidos los de personas que trabajan para empresas proveedoras de bienes y servicios. Esas son estimaciones de la empresa, y el gobierno aún no ha explicado cómo se aplicará la suspensión en toda el área abarcada por el permiso ni qué consecuencias tendrá para cada trabajador y contratista.
APRIL también dijo que RAPP aportó más de 350 billones de rupias al producto interno bruto regional de Riau entre 2016 y 2025, e invirtió 970,000 millones de rupias en programas comunitarios durante la última década. La empresa afirma que esos programas incluyeron iniciativas para reducir el retraso del crecimiento infantil en 138 aldeas y la entrega de equipos de salud a 26 centros de salud comunitarios.
En un comunicado, APRIL dijo que respetaba la autoridad del gobierno y que respondería por los canales oficiales tras recibir una notificación. Describió el bienestar de las comunidades que dependen de la empresa como una prioridad inmediata y dijo que trabajaría para reducir las perturbaciones para empleados, contratistas, proveedores y clientes.
Respetamos la autoridad del gobierno y seguiremos comunicándonos de manera constructiva con las autoridades pertinentes.
La empresa también afirma que RAPP mantiene casi 500,000 hectáreas de áreas de conservación y que su Programa de Aldeas Libres de Incendios ha reducido en más de 90% las áreas afectadas por incendios en las comunidades participantes. Estas afirmaciones describen los propios programas ambientales de la empresa; las conclusiones citadas por el gobierno se refieren a presuntas infracciones que, según este, llevaron a revocar el permiso.
¿En qué consiste el caso separado contra Gemilang Sawit Lestari?
En Kuantan Singingi, Satgas PKH dijo que había encontrado indicios de que un molino de aceite de palma no integrado a una plantación, propiedad de PT Gemilang Sawit Lestari, compraba y procesaba frutos de palma procedentes de plantaciones que operaban sin permiso dentro de áreas forestales. El grupo de trabajo también dijo que el molino podría haber fomentado nuevas talas de bosques en las cercanías para cultivar palma aceitera.
La empresa tenía una solicitud pendiente para liberar unas 32 hectáreas del patrimonio forestal. Satgas PKH recomendó cancelar la solicitud, rechazar la liberación y devolver el área al control del Estado. Esa recomendación no equivale a la revocación ya ejecutada del permiso de RAPP.
La liberación de tierras forestales es un proceso para cambiar su condición jurídica y permitir que se utilicen fuera del patrimonio forestal. En este caso, la recomendación del grupo de trabajo impediría que la solicitud avanzara y mantendría las tierras bajo control del Estado. El gobierno no ha indicado una fecha para tomar una decisión definitiva sobre la recomendación.
Una investigación de Eyes on the Forest ofrece una perspectiva más amplia de los desafíos que pueden surgir tras la cancelación de permisos. Su informe de seguimiento examinó a 16 empresas cuyos permisos de plantación habían sido revocados. Seis seguían operando en las áreas examinadas, mientras que 10 habían dejado de hacerlo. El informe también indicó que PT Merbau Pelalawan Lestari era proveedor de RAPP; incluyó a esa empresa entre las que ya no operaban. Las conclusiones se refieren a las empresas de plantación objeto del seguimiento, no a una determinación sobre el propio caso del permiso de RAPP.
¿Por qué importa el futuro de las tierras?
La revocación de un permiso cambia quién puede realizar actividades empresariales en las tierras, pero no restaura por sí sola los bosques ni las turberas, ni define cómo utilizarán el área las comunidades locales. Eyes on the Forest pidió que se tomen decisiones cuidadosas sobre cualquier reasignación de las tierras cuyo permiso fue revocado, la restauración de bosques de alto valor de conservación y la protección de los medios de vida locales.
La cuestión tiene una importancia más amplia porque Satgas PKH forma parte de una campaña gubernamental mucho mayor para recuperar tierras que considera utilizadas ilegalmente. Los anuncios del gobierno cifran la superficie total recuperada en unos 5.9 millones de hectáreas, de las cuales 4.12 millones fueron asignadas a la empresa estatal Agrinas Palma Nusantara. El anuncio sobre RAPP no dice que sus 338,536 hectáreas vayan a transferirse a Agrinas o a otra empresa.
Esta distinción importa para las personas que viven cerca de antiguas concesiones. Un área forestal podría gestionarse con fines de conservación, destinarse a programas comunitarios o quedar bajo la gestión de otro operador. Cada opción afecta el acceso a las tierras, el empleo y el estado de los bosques. El gobierno no ha anunciado un plan de gestión específico para el área de RAPP.
El nuevo enfoque de Indonesia para hacer cumplir las normas está vinculado al Reglamento Presidencial n.º 5 de 2025 y al Reglamento Gubernamental n.º 45 de 2025. Estas normas permiten que el Estado recupere áreas que se considere que están siendo utilizadas ilegalmente. Las normas anteriores, establecidas en el Reglamento Gubernamental n.º 24 de 2021, permitían una vía administrativa distinta para algunas empresas, que podían pagar multas mientras intentaban regularizar sus operaciones. Especialistas en derecho ambiental han cuestionado cómo encaja el nuevo enfoque con las leyes vigentes y cómo se aplicarán las decisiones en la práctica.
¿Qué aspectos siguen sin estar claros?
APRIL dijo que esperaba recibir una notificación formal y más aclaraciones, aunque el grupo de trabajo ya había anunciado públicamente la decisión e identificado el decreto ministerial en el que se basa. La empresa dijo que responderá mediante los procedimientos oficiales una vez que reciba esa notificación.
El anuncio también deja sin respuesta preguntas prácticas: cómo se gestionará el cierre en un área tan extensa, quién se encargará de la restauración y quién la financiará, y cómo se verán afectados los trabajadores y las comunidades que dependen de las operaciones de RAPP. No se estableció un calendario para la restauración ni se presentó un nuevo plan de gestión de las tierras.
El siguiente paso inmediato es la respuesta de la empresa tras recibir la notificación formal. El gobierno no ha anunciado una audiencia ni otra decisión prevista sobre la solicitud de tierras de Gemilang Sawit Lestari.
- Indonesia revocó el permiso de uso forestal de RAPP para unas 338,536 hectáreas en Pelalawan, Riau.
- El gobierno citó incendios en turberas, plantaciones de palma aceitera, minería sin licencia, daños en áreas protegidas y riesgos cerca del Parque Nacional Tesso Nilo.
- RAPP debe detener sus actividades en el área abarcada por el permiso, mientras siguen vigentes sus obligaciones de restauración ambiental y sus responsabilidades legales.
- En el caso de Gemilang Sawit Lestari, el grupo de trabajo recomendó rechazar una solicitud pendiente que abarca unas 32 hectáreas de tierras forestales.
- El gobierno no ha dicho cómo se gestionará el área de RAPP ni ha fijado un calendario de restauración.






