Indonesia se propone legalizar los pozos petroleros comunitarios con normas de seguridad y un plazo de cuatro años

Por qué el petróleo artesanal de Indonesia vuelve a estar en el centro de atención

En toda Indonesia, miles de equipos de trabajadores de pueblos operan pequeños pozos petroleros con cuerdas, poleas y motores improvisados. Lugares como Wonocolo, en Java Oriental, son conocidos por sus torres de perforación de madera y sus charcas de crudo viscoso, que reflejan hasta qué punto la extracción de petróleo está arraigada en la vida local. Estos pozos comunitarios existen desde hace generaciones. Ayudan a las familias a pagar las matrículas escolares y a poner comida en la mesa, pero también entrañan graves riesgos. Los incendios y las explosiones por irrupción de presión son frecuentes. En algunos distritos, los arroyos están contaminados con petróleo. Durante décadas, el Estado toleró esta zona gris porque generaba empleos y suministraba crudo a comerciantes locales. Ese cálculo está cambiando.

En junio, el gobierno emitió una nueva norma que ofrece a los pozos comunitarios existentes una vía legal para operar, pero solo si cumplen normas definidas de seguridad y medioambiente en un plazo de cuatro años. Las autoridades presentan la política como una forma de proteger vidas, mejorar las operaciones y canalizar la producción hacia la economía formal. La regulación se aplica a pozos perforados originalmente por empresas y que luego quedaron inactivos. No abre la puerta a nuevas perforaciones exploratorias no autorizadas. Quienes cumplan podrán seguir trabajando bajo supervisión. Los que no lo hagan se enfrentarán al cierre.

Qué cambia con la nueva regulación

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales estableció el marco en el Reglamento Ministerial n.º 14 de 2025 sobre cooperación en la gestión de áreas de explotación de petróleo y gas para aumentar la producción. La norma busca incorporar los pozos comunitarios a un sistema legal con supervisión clara. Durante un periodo de transición de cuatro años, los pozos existentes podrán seguir operando mientras mejoran sus prácticas para ajustarse a las normas técnicas que el ministerio está ultimando. El énfasis está en las buenas prácticas de ingeniería, operaciones más seguras y una menor contaminación.

La gestión deberá pasar de equipos informales a entidades reconocidas. Los pozos serán operados por empresas de propiedad regional, cooperativas o microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes). Se alienta a las comunidades a formar cooperativas o mipymes con accionistas locales, para que los beneficios permanezcan en el distrito. Los gobernadores designarán una única entidad gestora para cada región, que luego se asociará con un contratista de un contrato de producción compartida (PSC) para recibir supervisión y orientación técnica. Un equipo conjunto de verificación, integrado por gobiernos locales, organismos reguladores y contratistas, hará un inventario de los pozos para determinar cuáles pueden acogerse al programa.

El Estado también está redirigiendo el destino del crudo. El petróleo producido en el marco de este programa deberá venderse a contratistas de PSC, con precios vinculados al precio del crudo de Indonesia (ICP). Las autoridades han planteado un reparto de ingresos según el cual la entidad comunitaria recibe el 80 % del valor del ICP y el contratista, el 20 % por el procesamiento y el apoyo operativo. La medida busca mejorar la capacidad de negociación de los habitantes, reducir las pérdidas para los intermediarios y hacer que las ventas puedan rastrearse.

La norma establece un límite claro respecto de las nuevas perforaciones. Solo pueden acogerse al programa comunitario los pozos perforados antes de junio de 2025 y abandonados posteriormente por empresas. No se reconocerán nuevos pozos. Las autoridades han comenzado a cerrar los sitios no registrados, en particular aquellos cuyos pozos están demasiado cerca de viviendas, escuelas o vías públicas. La vigilancia continuará durante la transición y los pozos que no cumplan las normas podrán cerrarse cuando termine el plazo de cuatro años.

Quiénes reúnen las condiciones para gestionar los pozos

No se permitirá que cualquier cooperativa o pequeña empresa opere pozos petroleros. Las autoridades han señalado que los participantes deberán ser confiables, demostrar una gestión sólida y disponer de capital suficiente para mantener operaciones seguras. Las directrices del ministerio indican que las cooperativas o mipymes necesitarán acceso a varios miles de millones de rupias para cubrir equipos, capacitación, seguridad de los sitios, respuesta ante derrames y documentación. El objetivo es impedir que operadores poco serios se hagan cargo de activos peligrosos y crear una base de entidades capaces de cumplir las normas técnicas y proteger a las personas.

La seguridad, primero, tras décadas de extracción riesgosa

Los yacimientos petroleros comunitarios de Indonesia cuentan una historia de ingenio y necesidad, pero también de pérdida de vidas. En 2018, una explosión en Aceh causó 28 muertes. En Java y Sumatra se han producido incendios repetidamente. Este año, en la región de Blora, en Java Central, un incendio en un sitio ilegal ardió durante días, causó la muerte de al menos tres personas, según las autoridades locales, y obligó a cientos de personas a evacuar. Los residentes informaron que hubo una explosión antes de que las llamas se elevaran en el cielo nocturno. Los equipos de bomberos tuvieron dificultades para llegar al pozo por el terreno escarpado. Estos sucesos son frecuentes cuando se perforan pozos o se vuelve a entrar en ellos sin un diseño adecuado, cuando se acumula gas o cuando el crudo se escapa y entra en contacto con una fuente de ignición.

Las buenas prácticas de ingeniería buscan reducir esos riesgos. Las directrices técnicas del ministerio todavía están en preparación, pero en el sector se conoce bien el conjunto de medidas para hacer más seguros los pozos. Todo comienza con la integridad del pozo. Esto incluye una entubación y cementación adecuadas para aislar las zonas petrolíferas de las aguas subterráneas, pruebas periódicas de integridad y registros claros de las intervenciones anteriores. Los equipos necesitan preventores de reventones u otros dispositivos de control de presión, y deben saber operarlos bajo presión. Los sitios deben estar preparados para gestionar gases inflamables, con equipos de venteo o quema controlada cuando sean necesarios, y alarmas de detección de gas que avisen con antelación a los trabajadores.

Las medidas básicas de prevención de incendios y los procesos de trabajo rigurosos son igual de importantes. Esto implica establecer zonas de exclusión alrededor de las plataformas de perforación activas, controlar las fuentes de ignición, instalar sistemas eléctricos conectados a tierra, definir rutas de evacuación y contar con acceso inmediato a espuma y extintores. Los equipos necesitan capacitación sobre permisos para trabajos en caliente, procedimientos de bloqueo y etiquetado, y manejo de derrames de petróleo. Los tanques de almacenamiento deben ubicarse dentro de diques de contención. Una lista de verificación semanal sencilla, si se sigue, puede evitar que pequeños errores se conviertan en sucesos mortales.

La nueva regulación se apoya en los contratistas de PSC para orientar a los operadores comunitarios en estas áreas. Los contratistas cuentan con sistemas de gestión de la seguridad, procedimientos documentados y acceso a ingenieros capaces de evaluar el estado de los pozos. El éxito del modelo de acompañamiento dependerá de una orientación constante en el sitio, no solo de sesiones en aulas, y de auditorías periódicas que comprueben si las prácticas se aplican cuando los supervisores no están presentes.

Riesgos ambientales y cómo podrían gestionarse

Además del peligro para los trabajadores, la extracción de petróleo a pequeña escala puede dañar la tierra y el agua. Los derrames se filtran en el suelo. El agua de producción, que puede ser salina y contener trazas de hidrocarburos, a veces fluye hacia los arroyos. Los sitios informales suelen dejar residuos aceitosos en el suelo que la lluvia arrastra a las zanjas. En algunos distritos, el olor a petróleo impregna el aire. Los organismos reguladores quieren cambiar esta situación con medidas preventivas en los pozos y un mejor monitoreo de las aguas subterráneas y superficiales.

Lo básico empieza por la contención. Los tanques y puntos de trasiego deben ubicarse en áreas revestidas y con diques de contención, con capacidad para albergar el contenido del tanque más grande. Las bandejas de goteo, las alfombrillas absorbentes y las conexiones adecuadas de las mangueras reducen las fugas pequeñas. Los sitios necesitan planes para recoger y tratar el agua de producción, y deben dejar constancia de su destino. Un registro de volúmenes, derrames y tareas de mantenimiento permite exigir responsabilidades. Incluso mejoras modestas, como instalar bases de hormigón debajo de bombas y válvulas, facilitan la limpieza y reducen el alcance de los derrames.

Protección de las aguas subterráneas

Las aguas subterráneas son vitales para las comunidades rurales, por lo que los organismos reguladores esperan que los operadores eviten la contaminación y demuestren que los pozos no dañan los acuíferos. Un modelo basado en las operaciones industriales consiste en combinar la vigilancia de la integridad de los pozos con un muestreo independiente del agua. En el yacimiento petrolero de Duri, en Riau, un operador estableció un programa que utilizaba pozos poco profundos de monitoreo alrededor de los sitios de inyección, junto con análisis químicos y de isótopos estables, para confirmar que los fluidos inyectados a gran profundidad no se mezclaban con los acuíferos de agua potable. Las mediciones de isótopos estables de hidrógeno y oxígeno ayudaron a distinguir las aguas subterráneas procedentes de la lluvia de las aguas de formaciones profundas y ofrecieron garantías de que las barreras funcionaban.

Ese nivel de monitoreo es sofisticado y puede resultar costoso para los pequeños operadores. Aun así, es posible aplicar versiones simplificadas. Los distritos pueden instalar algunos pozos de monitoreo centinela cerca de grupos de pozos comunitarios. Las mediciones periódicas de parámetros básicos, como la conductividad, los cloruros y los hidrocarburos, pueden servir como alertas tempranas. Si se detectan anomalías, las autoridades pueden investigar antes de que la contaminación se propague. Con el tiempo, las directrices técnicas del ministerio podrán especificar qué pruebas se requieren en las zonas de alto riesgo y cómo se incorporarán los resultados a una base de datos compartida.

La economía de los pueblos y del Estado

Los pozos comunitarios son más que un problema de seguridad que haya que resolver. En varios distritos petroleros, sobre todo en algunas zonas de Java y Sumatra, una proporción considerable de los hogares depende de los ingresos de los pequeños pozos. Algunos estudios indican que en ciertos pueblos hasta uno de cada cinco residentes depende del trabajo petrolero o de actividades relacionadas para obtener parte de sus medios de vida. Formalizar esa economía es uno de los principales objetivos de la nueva política. Al exigir que las ventas se realicen por canales reconocidos y vincular los precios al precio del crudo de Indonesia, el Estado espera estabilizar los ingresos y reducir los robos y las transacciones clandestinas.

Las autoridades ven también una oportunidad para aumentar la producción nacional. Indonesia produce actualmente entre 580.000 y 600.000 barriles diarios, por debajo de los niveles mucho más altos de décadas anteriores, a medida que los yacimientos envejecen. El gobierno mantiene su objetivo de alcanzar un millón de barriles diarios hacia 2029 o 2030. Los pozos comunitarios no bastarán para lograrlo, pero pueden contribuir. Las estimaciones indican que podrían aportar al menos 10.000 barriles diarios si se gestionan adecuadamente. Desde 2008, alrededor de 1.400 pozos antiguos se han incorporado a operaciones legales y producen unos 1.600 barriles diarios. La nueva regulación busca acelerar esa tendencia mediante un marco uniforme y una definición clara de las funciones de los contratistas y las entidades locales.

La integración con las empresas estatales de energía es fundamental. El crudo de los pozos comunitarios llegará a los contratistas de PSC y, en muchos casos, a Pertamina para su procesamiento y distribución. Esto ayuda a reducir las importaciones, aunque sea de forma marginal, e incorpora la producción de los pueblos a las cuentas nacionales. El reparto de ingresos del 80 % y el 20 %, calculado según el valor del ICP, ofrece a las entidades comunitarias una fórmula clara para sus ganancias y puede facilitar el acceso al crédito, porque los bancos pueden estimar los ingresos con mayor seguridad. Al mismo tiempo, la norma prohíbe crear nuevos pozos comunitarios, lo que debería frenar la expansión de sitios inseguros y redirigir la actividad a la mejora de los existentes.

Para reunir las condiciones, las comunidades deberán asumir ciertos costos. Se espera que las cooperativas y las mipymes demuestren que pueden financiar mejoras de seguridad y controles ambientales básicos. Las autoridades han indicado que las cooperativas sin capital suficiente, como las pequeñas tiendas de los pueblos, no podrán participar. Este enfoque ha generado preocupación entre los pequeños operadores, que temen quedar excluidos. Sin embargo, el Estado sostiene que la extracción de petróleo exige conocimientos técnicos y requiere entidades capaces de mantener las normas a lo largo del tiempo.

¿Pueden las autoridades hacer cumplir las normas en 30.000 pozos?

Indonesia se propone sustituir un mosaico de operaciones informales por un sistema transparente que permita saber quién perfora, adónde va el petróleo y en qué condiciones de seguridad se operan los pozos. La escala de la tarea dificulta su ejecución. Las estimaciones apuntan a unos 30.000 pozos comunitarios repartidos entre Java, Sumatra, Kalimantan y otras regiones. Muchos están en plantaciones o bosques, lejos de las carreteras pavimentadas. Los equipos van y vienen. Los registros son escasos. Catalogar cada sitio llevará tiempo y presupuesto para los desplazamientos, y algunos pozos serán difíciles de alcanzar durante la temporada de lluvias.

Para superar esa dificultad, la regulación crea equipos conjuntos de verificación y encarga a los gobernadores que nombren una entidad gestora para cada región. Se espera que los contratistas de PSC orienten y supervisen a los operadores. El éxito dependerá de la rapidez con que el ministerio finalice sus directrices técnicas y de cuántos recursos humanos destinen los gobiernos locales a las inspecciones sobre el terreno. También será necesario coordinarse con la policía y la fiscalía para disuadir las nuevas perforaciones ilegales y responder rápidamente a los accidentes.

Al menos hay un antecedente positivo. El programa de pozos antiguos, que desde 2008 ha incorporado unos 1.400 pozos a operaciones legales, demuestra que la formalización es posible. Sin embargo, esos pozos representan una pequeña fracción del total. Para ampliar el programa se necesitan coherencia, capacitación y financiamiento constante. La publicación periódica de información sobre accidentes, medidas de cumplimiento y producción ayudaría a generar confianza en que el nuevo sistema es algo más que un trámite sobre el papel.

Qué dicen las comunidades y el camino hacia el cumplimiento

La reacción en los pueblos petroleros es variada. Muchos operadores agradecen contar con certeza jurídica. Una cooperativa con un contrato formal puede contratar trabajadores abiertamente, invertir en equipos más seguros y obtener mejores precios. Los trabajadores que llevan años expuestos a los vapores quieren protecciones básicas. Otros temen que las exigencias sean demasiado altas. Un plazo de cuatro años parece generoso, pero conseguir equipos de control de presión, establecer sistemas de contención de derrames, documentar el historial de los pozos y capacitar a los equipos requiere dinero. A muchos equipos pequeños les falta capital o la documentación necesaria para formar cooperativas o mipymes que cumplan los requisitos.

Algunos operadores han comenzado a perforar nuevos pozos con la esperanza de que más adelante sean reconocidos. La regulación deja claro que los pozos perforados después de la fecha límite no pueden acogerse al programa, y la policía ha empezado a sellar los nuevos sitios, sobre todo los cercanos a pueblos y escuelas. El ministerio ha anunciado que ofrecerá directrices técnicas y capacitación, incluso con la ayuda de contratistas de PSC. Cuanto antes lleguen esos programas al terreno, más probable será que los equipos cambien sus hábitos diarios. Medidas sencillas, como establecer procedimientos operativos estándar para el izado y el bombeo, pueden generar grandes mejoras si se aplican de manera constante.

Las cooperativas también deberán demostrar una buena gestión. Las empresas comunitarias deben garantizar una representación justa, una contabilidad transparente y responsabilidades de seguridad claramente definidas. Una cooperativa que recibe el 80 % del ICP tiene un fuerte incentivo para seguir operando. Esto puede beneficiar el empleo y los servicios locales si sus directivos respetan las normas que exigen detener las operaciones por motivos de seguridad y reinvierten en capacitación y mantenimiento. De lo contrario, podrían tomar atajos. Los funcionarios de los distritos y los contratistas que orientan a las cooperativas deberán revisar las tendencias de incidentes e intervenir cuando aumenten los riesgos.

Cómo encaja esta política en la estrategia energética general de Indonesia

El sector de exploración y producción de Indonesia lleva mucho tiempo enfrentándose a una caída de la producción a medida que envejecen los yacimientos. El objetivo de alcanzar un millón de barriles diarios refleja el deseo de reducir la dependencia de las importaciones y obtener más valor de los recursos nacionales. Los pozos comunitarios representan una parte pequeña, pero simbólica, de ese esfuerzo, que se suma a una iniciativa más amplia para revitalizar los yacimientos maduros y aplicar tecnología a activos envejecidos. Al mismo tiempo, el país trabaja para ampliar la generación de energía más limpia. Se han anunciado nuevos proyectos geotérmicos en varias provincias, respaldados por inversores indonesios y regionales, como parte de un plan más amplio para aprovechar una de las mayores reservas geotérmicas del mundo.

La orientación de la política deja claro que el Estado quiere tanto seguridad como un aumento de la producción legal. La regulación de los pozos comunitarios busca equilibrar los medios de vida y los riesgos. El resultado dependerá de qué tan bien se definan las normas, de si son prácticas para los operadores rurales y de que su cumplimiento considere la seguridad un requisito innegociable. También dependerá de la coordinación con la política ambiental, ya que los incidentes en pozos pequeños pueden perjudicar los avances en la calidad del agua y la salud comunitaria.

Qué observar a continuación

El primer hito será el inventario gubernamental de los pozos comunitarios existentes. Los equipos de verificación deberán cartografiar los sitios, registrar el historial de los pozos y decidir cuáles pueden acogerse al programa. Se espera que el ministerio publique directrices técnicas que detallen las buenas prácticas de ingeniería para las operaciones comunitarias. Estas directrices orientarán los planes de capacitación y adquisición de equipos para las cooperativas y las mipymes. En el ámbito económico, las autoridades definirán los mecanismos de venta a los contratistas de PSC y, en muchos casos, de integración en la cadena de suministro de Pertamina.

El cumplimiento de las normas será la segunda prueba. Los nuevos pozos ilegales no forman parte del programa y se enfrentan al cierre. Los pozos que no avancen en los próximos cuatro años podrán clausurarse. Las auditorías periódicas, las investigaciones de accidentes y las actualizaciones públicas sobre el desempeño en materia de seguridad influirán en la percepción que las comunidades tengan de la equidad del programa. Los líderes comunitarios, las figuras religiosas y las autoridades de los distritos también pueden contribuir. Su apoyo puede alentar a los equipos a cumplir las normas y disuadirlos de tomar atajos riesgosos que en el pasado han acabado en tragedia.

En síntesis

• La nueva norma, el Reglamento Ministerial n.º 14 de 2025, da a los pozos comunitarios existentes cuatro años para cumplir las normas de seguridad y medioambiente
• Solo pueden acogerse los pozos antiguos perforados originalmente por empresas y abandonados posteriormente; los nuevos quedan excluidos y se enfrentan a medidas de cumplimiento
• Los pozos deberán ser gestionados por empresas de propiedad regional, cooperativas o mipymes, y los gobernadores nombrarán una entidad gestora para cada región
• El petróleo deberá venderse a contratistas de PSC con base en los precios de referencia del crudo de Indonesia; las entidades comunitarias recibirán el 80 % y los contratistas, el 20 %
• Los equipos conjuntos de verificación harán un inventario de los pozos, mientras que los contratistas de PSC orientarán a los operadores sobre buenas prácticas de ingeniería
• Las autoridades estiman que los pozos comunitarios podrían aportar al menos 10.000 barriles diarios y contribuir al objetivo nacional de alcanzar un millón de barriles diarios entre 2029 y 2030
• La seguridad sigue siendo un motivo de gran preocupación tras los incendios y las explosiones mortales, incluido un desastre en Aceh en 2018 y un incendio en Java Central en 2025
• Las nuevas normas exigirán controles ambientales, como sistemas de contención, una gestión adecuada del agua de producción y el monitoreo de las aguas subterráneas
• Las cooperativas y las mipymes deberán demostrar que cuentan con capital suficiente y una buena gestión para reunir las condiciones; los pozos que no cumplan las normas podrán cerrarse al cabo de cuatro años