Cómo las apuestas de Japón por el gas natural licuado repercuten en las comunidades aborígenes del Territorio del Norte de Australia

Una costa remota en el centro del comercio mundial de gas

En una pequeña embarcación frente a la isla Melville, la líder tiwi Paulina Jedda Puruntatameri señala una extensa playa de arena blanca que se pierde en el mar de Timor. Para los tiwi, estas aguas son el dominio de Ampiji, la serpiente marina que protege la tierra y el océano. Estas mismas aguas costeras están ahora cerca de la ruta de un importante gasoducto vinculado al proyecto Barossa, una iniciativa financiada y abastecida por empresas australianas y japonesas que está transformando la vida y los medios de subsistencia en todo el Territorio del Norte.

Desde hace años, familias tiwi y otros grupos de las Primeras Naciones se oponen a las perforaciones en el yacimiento de gas Barossa y al plan de transportar gas mediante un gasoducto submarino cerca de las islas Tiwi hasta la planta de gas natural licuado (GNL) de Darwin. Su campaña ha llegado hasta Japón, uno de los mayores compradores de GNL del mundo. JERA, la mayor generadora de electricidad de Japón y uno de los principales compradores de GNL, posee una participación del 12,5 % en Barossa, respaldada por un préstamo de unos 346 millones de dólares estadounidenses del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés). Varias empresas japonesas de servicios públicos y comercializadoras se han comprometido a comprar GNL del proyecto. Tras obtener las autorizaciones reglamentarias y afrontar una serie de litigios, el proyecto está ahora cerca de producir su primer gas.

A mediados de 2025, Santos confirmó un hito importante con la llegada y conexión al yacimiento del buque flotante BW Opal, destinado a la producción y el almacenamiento, a unos 285 kilómetros al norte de Darwin. Se han perforado cinco de los seis pozos, ya están instalados 262 kilómetros de gasoductos de exportación y se ha completado un gasoducto duplicado de 123 kilómetros hasta la planta de GNL de Darwin. La empresa prevé producir el primer gas en el tercer trimestre de 2025. Sus partidarios afirman que el proyecto prolongará la vida útil de la planta de GNL de Darwin, creará empleos y garantizará el suministro energético de Asia. Sus detractores sostienen que amenaza sitios culturales sagrados, ecosistemas marinos y un clima frágil.

Australia ha endurecido sus políticas climáticas nacionales, pero sigue respaldando las exportaciones de combustibles fósiles. Japón continúa siendo un mercado clave. Los compradores japoneses dependen del GNL australiano para la generación de electricidad y la industria, pero también revenden cargamentos a otros países cuando los precios hacen rentable esa estrategia. El año pasado, Australia suministró una gran parte del GNL que empresas japonesas revendieron a terceros países, lo que demuestra cómo la lógica comercial determina los flujos de energía. Esa realidad da influencia a Tokio, que la ha utilizado para pedir claridad reglamentaria y flexibilidad a Canberra. Las comunidades aborígenes de la costa norte afirman que el ritmo y la magnitud del desarrollo gasístico han superado su capacidad para hacerse oír, y que los costos recaen en gran medida sobre sus territorios y su cultura.

Qué es el proyecto Barossa y por qué genera controversia

Barossa es un yacimiento de gas mar adentro en el mar de Timor. El gas se transporta por tuberías hasta la costa para procesarlo en la planta de GNL de Darwin, que antes funcionaba con gas del yacimiento Bayu Undan. La empresa conjunta de Barossa presenta el recurso como un activo de categoría mundial, capaz de garantizar durante años un suministro constante de GNL a clientes asiáticos.

Gasoductos, permisos y un calendario de construcción acelerado

En 2018, los organismos reguladores aceptaron el plan para el proyecto mar adentro, lo que dio paso a las perforaciones y los trabajos submarinos. Posteriormente, los recursos judiciales de habitantes de las islas Tiwi obligaron a revisar parte de las autorizaciones y pusieron de manifiesto deficiencias en las consultas con los propietarios tradicionales. Luego, la construcción volvió a acelerarse. Con la unidad de producción mar adentro ya instalada y las pruebas de puesta en marcha en curso, el objetivo es producir el primer gas a finales de 2025, con el apoyo de trabajos para prolongar la vida útil de la planta de GNL de Darwin.

Gas con alto contenido de CO2 y un desvío para almacenarlo en Timor-Leste

Los analistas suelen describir el gas de Barossa como intensivo en emisiones. Para afrontar el desafío del carbono, la empresa conjunta propone capturar dióxido de carbono y transportarlo para almacenarlo en un yacimiento agotado de Timor-Leste, en un proyecto conocido como Bayu Undan CCS. Transportar CO2 a través de fronteras e inyectarlo bajo el lecho marino aumenta los costos y la complejidad. Aunque funcione a gran escala, seguirán produciéndose emisiones importantes por las fugas y las operaciones previas a la producción. El plan cumple sobre el papel los requisitos reglamentarios, pero alarga los plazos del proyecto y exige una supervisión rigurosa para garantizar que dé los resultados prometidos.

El dinero de Japón y el argumento de la seguridad energética

Japón cuenta con pocas reservas nacionales de petróleo y gas, por lo que la seguridad energética impulsa su política. El marco S+3E de Tokio (seguridad, seguridad energética, eficiencia económica y medioambiente) busca un equilibrio cuidadoso. El GNL de Australia encaja en ese enfoque: proporciona un combustible flexible mientras Japón prueba tecnologías verdes. El asunto no se limita a mantener encendidas las luces de Tokio. También tiene que ver con el comercio. Las empresas japonesas de servicios públicos y los comerciantes actúan ahora como intermediarios energéticos y revenden parte del GNL australiano en los mercados regionales cuando les conviene. Un análisis reciente concluyó que una gran parte de los cargamentos de GNL que Japón revendió el año pasado procedía de Australia, lo que subraya la lógica comercial asociada a los contratos de suministro.

Las finanzas públicas respaldan buena parte de este comercio. Un informe de la sociedad civil señaló que el JBIC ha aportado 18.600 millones de dólares estadounidenses para ampliar la producción de gas fósil desde el Acuerdo de París, en 2016, y 3.900 millones de dólares estadounidenses desde 2022, pese al compromiso del G7 de poner fin a la financiación pública en el extranjero de combustibles fósiles sin medidas de reducción de emisiones. Los activistas sostienen que esta financiación afianza las emisiones y expone a las comunidades indígenas y costeras a los daños causados por gasoductos, plantas y transporte marítimo. El JBIC y funcionarios japoneses responden que un suministro de gas gestionado favorece la estabilidad mientras se amplían las opciones verdes.

Inversores japoneses también han advertido a Australia de que los cambios en las políticas pueden desalentar las inversiones. En un acto parlamentario celebrado en Canberra en 2023, Takayuki Ueda, director ejecutivo de Inpex, cuya empresa opera el enorme proyecto de GNL Ichthys cerca de Darwin, afirmó que los topes de precios y la incertidumbre reglamentaria podían tener consecuencias imprevistas para la región.

Ueda dijo a los legisladores que las medidas restrictivas podían ser contraproducentes, al empujar a Asia hacia combustibles con mayores emisiones y abrir la puerta a proveedores ajenos a los mercados alineados con Estados Unidos.

«El resultado será un aumento mucho mayor de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y hará imposible alcanzar las cero emisiones netas para 2050», afirmó. «En el plano geopolítico, la retirada silenciosa de Australia del negocio del GNL podría tener consecuencias muy graves».

El embajador de Japón en Australia, Shingo Yamagami, fue más allá y describió lo que está en juego en términos contundentes. Al intervenir en el mismo debate sobre políticas, advirtió de hasta qué punto Japón depende de los recursos australianos.

«Cuesta imaginar que las luces de neón de Tokio lleguen a apagarse, pero eso es exactamente lo que ocurriría si Australia dejara de producir recursos energéticos», afirmó.

El Gobierno de Albanese respondió que las reformas estaban diseñadas para proteger a los hogares y garantizar el suministro interno, sin dejar de asegurar que Australia fuera un exportador fiable. La ministra de Recursos, Madeleine King, reiteró a los inversores japoneses las intenciones de Canberra.

«Australia seguirá siendo siempre un proveedor fiable de energía para Japón y un destino seguro para la inversión extranjera», afirmó.

Impacto en los territorios de las comunidades tiwi y larrakia

Para los tiwi, las obligaciones culturales comienzan en la costa y se extienden hasta las profundidades del mar. La historia de Ampiji no es una metáfora. Es una ley que determina las normas de pesca, las ceremonias y el cuidado del territorio. Muchos tiwi afirman que no fueron consultados adecuadamente sobre la ruta del gasoducto submarino y que un proyecto de esta magnitud amenaza sitios sagrados y especies. En los últimos años, los tribunales detectaron deficiencias en las consultas de algunas partes del proceso de autorización y obligaron a la empresa promotora a reanudar el diálogo. Esas victorias judiciales no detuvieron el proyecto, pero establecieron expectativas más claras sobre la forma en que las empresas deben dialogar con los propietarios tradicionales.

En Darwin, el pueblo larrakia se enfrenta a una situación distinta y compleja. Los centros de energía en tierra prometen empleos y contratos, pero las plantas existentes y las proyectadas han ocupado terrenos de importancia cultural, han alterado el acceso a las costas y han instalado industrias pesadas cerca de las viviendas. Investigadores han vinculado la residencia cerca de instalaciones petroquímicas con tasas más altas de ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades. Las comunidades del Territorio, donde los aborígenes representan una gran proporción de la población, afirman que soportan una parte desproporcionada de los riesgos.

La industria destaca los beneficios. Santos afirma que los trabajos para prolongar la vida útil de la planta de GNL de Darwin están generando unos 300 empleos de construcción y mantenimiento en la ciudad, respaldados por una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares australianos. Se prevé que las operaciones generen oportunidades anuales de suministro y servicios por unos 100 millones de dólares australianos para empresas del Territorio. La compañía asegura que desde 2023 ha incorporado a 54 aprendices, empleados y trabajadores en formación aborígenes. El Fondo para el Futuro Aborigen de Barossa prevé destinar hasta 10 millones de dólares australianos cada año a las comunidades aborígenes costeras durante toda la vida del proyecto. Entre las primeras subvenciones figuran una colaboración con los guardaparques tiwi para crear empleos en las islas, apoyo para un nuevo centro de arte y cultura de la Nación Larrakia en Darwin y programas educativos sobre residuos en Wurrumiyanga.

Los críticos responden que las subvenciones comunitarias y la formación no resuelven problemas estructurales profundos. La autoridad cultural, el control sobre el territorio y el derecho al consentimiento libre, previo e informado son fundamentales en estas disputas. Sin ellos, muchos líderes afirman que existe el riesgo de perder una lengua, prácticas y un modo de vida que han prosperado durante miles de años.

Consentimiento, consulta y legislación

El derecho al consentimiento libre, previo e informado, conocido por sus siglas en inglés como FPIC, es un principio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Significa que las comunidades deben recibir información completa sobre un proyecto en un formato que puedan utilizar y tener la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo antes de que comience. Australia ha respaldado la declaración, pero la legislación nacional no siempre hace vinculante el FPIC. Las autorizaciones para proyectos petroleros mar adentro se rigen por una combinación de directrices de los organismos reguladores y normas de consulta que, en ocasiones, los tribunales han considerado insuficientes.

Cuando las organizaciones aborígenes sostienen que las consultas fueron apresuradas o incompletas, las empresas suelen responder que cumplieron la ley al pie de la letra. Los casos judiciales recientes sobre las autorizaciones de Barossa pusieron de relieve este choque y obligaron a realizar nuevas rondas de consultas. El episodio dejó al descubierto un problema más amplio. Los grandes proyectos no se desarrollan de forma aislada, pero las autorizaciones suelen examinarse una por una. Para las comunidades costeras que soportan el peso combinado de gasoductos, terminales de exportación e industrias pesadas, la situación parece un castigo por vivir junto a un corredor energético.

Esta tensión no es exclusiva de Australia. Una revisión mundial concluyó que más de la mitad de los minerales necesarios para la transición energética se encuentran en territorios indígenas o cerca de ellos. Las denuncias de violaciones de derechos, consultas deficientes y daños ambientales están muy extendidas. Grupos de la industria afirman que están elevando sus estándares. Han surgido marcos auditados de manera independiente, como la Iniciativa para la Garantía de una Minería Responsable, con el objetivo de establecer controles más rigurosos. Algunas alianzas ya incluyen participaciones accionarias para organizaciones de las Primeras Naciones, lo que da a las comunidades un lugar en la mesa y una parte de los beneficios. Estos modelos no son uniformes, pero muestran una vía hacia acuerdos más duraderos.

Más allá de Barossa: Ichthys, Beetaloo y la próxima ola

Darwin ya es un punto clave de una de las principales cadenas de GNL del mundo. El proyecto Ichthys, operado por Inpex, fue descubierto en 2000, recibió la aprobación definitiva en 2012 y comenzó a producir en 2018. Incluye pozos submarinos, instalaciones de procesamiento mar adentro, un gasoducto de 890 kilómetros hasta instalaciones terrestres cerca de Darwin y una gran capacidad de almacenamiento y exportación. En su punto máximo, Ichthys ha producido cerca de 9,3 millones de toneladas de GNL y 1,65 millones de toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) al año, además de transportar directamente mar adentro importantes volúmenes de condensado. Las empresas japonesas de servicios públicos son inversores minoritarios en Ichthys, lo que estrecha la larga relación entre Tokio y el Territorio.

Hay nuevos proyectos en preparación. En la subcuenca de Beetaloo, al sur de Darwin, las empresas exploran yacimientos de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica. Los propietarios tradicionales y los ganaderos temen la contaminación de las aguas subterráneas, el uso de productos químicos y la falta de transparencia en los acuerdos. Grupos comunitarios afirman que muchas familias aborígenes no han recibido información completa sobre cómo funciona la fracturación hidráulica y qué consecuencias podría tener para el agua, los alimentos y los lugares sagrados. Al mismo tiempo, el Gobierno del Territorio del Norte ha firmado acuerdos de cooperación con organismos japoneses para impulsar proyectos energéticos. Se ha nombrado a un coordinador del Territorio con experiencia en el sector del gas y amplias facultades para impulsar proyectos; según los habitantes de la zona, esta medida inclina las decisiones a favor del desarrollo.

También está la contabilidad climática. Los científicos advierten que las plantas de GNL tienen una huella de carbono mayor de lo que muchos suponen debido a las emisiones de metano previas a la producción, el procesamiento y el transporte marítimo. En ocasiones, las emisiones de instalaciones existentes han superado las primeras estimaciones. Si Barossa avanza a gran escala y Beetaloo le sigue, la región de Darwin asumirá una proporción cada vez mayor de las emisiones de combustibles fósiles de Australia, lo que pondrá a prueba el Mecanismo de Salvaguardia y los objetivos climáticos estatales. El plan de captura y almacenamiento de carbono de Barossa podría reducir algunas emisiones si funciona según lo previsto, pero no las eliminará.

Hacia un nuevo enfoque que priorice los derechos comunitarios y los objetivos climáticos

Los analistas que siguen la alianza energética entre Australia y Japón advierten de un desajuste cada vez mayor. Tokio busca flexibilidad en el uso del GNL y una transición gradual hacia combustibles verdes. Canberra quiere compromisos tempranos para grandes proyectos de productos verdes aún no probados y una inversión estable en GNL. Cada parte teme que la otra cambie las reglas a mitad del proceso. Un foro instó a ambos gobiernos a elaborar un relato común que vincule el GNL y el suministro verde bajo un mismo marco de riesgos y estándares, respaldado por el Tratado de NARA cuando se acerque su 50.º aniversario en 2026. La idea es sencilla. La confianza de los inversores se construye con normas creíbles, autorizaciones coherentes y estándares de certificación armonizados, no con acuerdos apresurados.

Para las comunidades del Territorio del Norte, la credibilidad se medirá en la práctica cotidiana, no en los comunicados. Entre las medidas que podrían generar confianza y reducir los conflictos figuran:

• Garantizar por ley el consentimiento libre, previo e informado para los proyectos mar adentro y en tierra, con supervisión independiente.
• Exigir evaluaciones de impacto acumulativo que abarquen gasoductos, plantas y rutas marítimas superpuestas, en lugar de examinar cada autorización por separado.
• Incorporar la protección del patrimonio cultural en condiciones vinculantes y financiar a largo plazo programas de guardaparques indígenas.
• Distribuir los ingresos con transparencia, incluidas participaciones accionarias comunitarias cuando los propietarios tradicionales las elijan.
• Fijar límites estrictos de emisiones para los proyectos, con mediciones verificadas de metano y consecuencias claras si se superan los umbrales.
• Evaluar los planes de captura de carbono con hitos de rendimiento independientes antes de permitir que aumente la producción.
• Financiar el seguimiento independiente de la salud de las comunidades cercanas a instalaciones petroquímicas y de GNL.

Japón tiene el peso financiero necesario para influir en los resultados. Si la financiación pública y los contratos de compra exigen consultas del máximo nivel y condiciones climáticas rigurosas, los proyectos del Territorio cambiarán. Australia dispone de instrumentos de política. Si las autorizaciones vinculan la seguridad del suministro con derechos comunitarios más sólidos y vías de producción más limpias, disminuirá el riesgo para los inversores y aumentará la legitimidad social. Juntos, esos cambios permitirían a ambos países reducir gradualmente el GNL y ampliar el suministro verde, sin relegar a las Primeras Naciones.

La presión para actuar aumenta también fuera de Australia. Desde Alaska hasta la Columbia Británica, líderes indígenas y defensores del clima cuestionan a los bancos y gobiernos que siguen financiando nuevos proyectos de combustibles fósiles. Las campañas mundiales dirigidas a prestamistas públicos como el JBIC cobran fuerza. El mensaje es claro. El consentimiento comunitario, la salud y la cultura no son aspectos secundarios. Son fundamentales para cualquier sistema energético que pretenda ser justo.

Lo que debe saber

• El proyecto de GNL Barossa, en el que la japonesa JERA posee una participación del 12,5 % y que cuenta con un préstamo del JBIC, está cerca de producir su primer gas: las instalaciones mar adentro ya están instaladas y los gasoductos, terminados.
• El proyecto transportará gas hasta la planta de GNL de Darwin e incluye planes para capturar CO2 y llevarlo a Timor-Leste para almacenarlo, lo que aumenta los costos y la complejidad.
• Líderes tiwi y larrakia afirman que las consultas han sido insuficientes y que el patrimonio cultural, los territorios marinos y la salud comunitaria afrontan riesgos cada vez mayores.
• Santos destaca los empleos, las compras locales y el Fondo para el Futuro Aborigen de Barossa, que destinará hasta 10 millones de dólares australianos al año a las comunidades costeras.
• Japón presenta el GNL como parte de su seguridad energética en el marco de su política S+3E, mientras informes de la sociedad civil critican los 18.600 millones de dólares estadounidenses que el JBIC ha destinado al gas desde 2016.
• Las empresas japonesas de servicios públicos también revenden GNL australiano a terceros países, lo que subraya la importancia comercial del comercio de GNL más allá del suministro nacional.
• El proyecto de GNL Ichthys, operado por Inpex, muestra la magnitud del gas respaldado por Japón en el Territorio, mientras que los planes de fracturación hidráulica en Beetaloo plantean nuevas preocupaciones por el agua y el consentimiento.
• Los analistas piden un relato común entre Australia y Japón que armonice las normas para el GNL y los combustibles verdes, respaldado por autorizaciones y estándares estables.
• Entre las principales medidas figuran el FPIC vinculante, las evaluaciones de impacto acumulativo, una mayor protección del patrimonio, opciones de participación accionaria comunitaria y límites estrictos de emisiones con mecanismos efectivos de cumplimiento.