Tras 61 años, un tribunal surcoreano exonera a Choi Mal ja en un caso histórico de legítima defensa

Un fallo que tardó décadas en llegar

Un tribunal surcoreano anuló una condena que persiguió a una mujer durante gran parte de su vida y declaró que Choi Mal ja actuó en legítima defensa cuando, siendo adolescente en 1964, mordió y arrancó parte de la lengua de un hombre mientras escapaba de una agresión. El Tribunal de Distrito de Busan absolvió a Choi, hoy de 79 años, y concluyó que no había pruebas de que el hombre hubiera sufrido una discapacidad permanente a causa de la lesión. La decisión puso fin a un proceso de revisión excepcional y corrigió un fallo dictado seis décadas atrás que había marcado a una víctima como delincuente.

El caso original se convirtió en un símbolo del trato que el sistema judicial daba antes a las sobrevivientes de violencia sexual. Según los registros judiciales, cuando ocurrió la agresión, el hombre introdujo la lengua en la boca de Choi y la inmovilizó en el suelo. Ella solo logró liberarse al morderle y arrancarle unos 1,5 centímetros de lengua. Sin embargo, recibió una condena de 10 meses de prisión, con suspensión de la pena, por lesiones graves, mientras que el hombre recibió una pena suspendida más leve por allanamiento e intimidación, después de que la fiscalía retirara la acusación de intento de violación.

Fuera del tribunal, tras ser absuelta, Choi levantó el puño mientras sus simpatizantes vitoreaban y le entregaban ramos de flores. Activistas alzaron un cartel que decía: «Choi Mal ja lo logró». La celebración llegó tras años de presión pública, activismo jurídico y una disculpa excepcional de los fiscales, que reconocieron que el Estado había tratado a una víctima como delincuente.

Cómo una adolescente terminó en el banquillo

La agresión ocurrió en la localidad sureña de Gimhae, cerca de Busan, según registros citados por varios medios. Choi, que entonces tenía poco más de 18 años, fue reducida y asfixiada mientras el agresor le introducía la lengua en la boca y, en un momento dado, le tapaba la nariz para impedirle respirar. Logró liberarse mordiéndolo y luego denunció el delito. El hombre la demandó por lesiones. Ella presentó una contrademanda por intento de violación, allanamiento e intimidación.

En Corea del Sur, a mediados de la década de 1960, las normas sociales perjudicaban profundamente a las mujeres. El país estaba centrado en la reconstrucción tras la guerra y la ocupación colonial, y muchas víctimas de violencia apenas tenían protección o voz. La violencia doméstica era tan habitual que ni siquiera existía una palabra de uso extendido para hablar de ella en las conversaciones públicas. En los juicios se solía pedir a las sobrevivientes que demostraran su castidad, en vez de abordar la agresión en sí.

El primer juicio de Choi reflejó esa realidad. Ella ha dicho que la esposaron y la obligaron a someterse a una prueba para demostrar que era virgen, y que los resultados se hicieron públicos. Fiscales y jueces le preguntaron si se casaría con el hombre para dar por cerrado el caso, y sugirieron que convertirse en su esposa podría compensarlo por la lesión. El tribunal dictaminó entonces que su mordida había excedido los límites razonables de la legítima defensa y la condenó por lesiones graves.

Más adelante, expertos jurídicos utilizaron el expediente de Choi en sus clases y lo citaron en libros de texto como ejemplo de cómo los tribunales interpretaron erróneamente los actos de autopreservación durante una agresión sexual. Wang Mi yang, presidenta de la Asociación de Abogadas de Corea, ha sostenido que el primer fallo reflejó prejuicios sociales que castigaron a la persona equivocada.

Wang Mi yang, presidenta de la Asociación de Abogadas de Corea, dijo que el primer fallo reveló prejuicios profundos y una visión distorsionada de las víctimas de violencia sexual, que convirtió en delito el intento de una sobreviviente de escapar.

El largo camino hacia la revisión del juicio

Choi decidió volver a luchar en los tribunales mucho después de haber construido una vida bajo el peso de sus antecedentes penales. Las sucesivas olas de activismo por los derechos de las mujeres, desde las campañas de la década de 1990 por las mujeres sometidas a esclavitud sexual hasta el auge del movimiento #MeToo en Corea del Sur en 2018, la animaron a intentar limpiar su nombre. En 2020 solicitó la revisión del juicio, pero los tribunales inferiores rechazaron inicialmente su petición.

Ella y sus simpatizantes persistieron. Tras años de campañas y manifestaciones públicas, en 2024 el Tribunal Supremo de Corea del Sur autorizó que el proceso de revisión siguiera adelante en Busan. Cuando comenzaron las nuevas actuaciones, los fiscales hicieron algo que casi nunca ocurre: se disculparon en una audiencia pública y pidieron que se anulara la condena.

Durante el proceso de revisión, Choi explicó a los periodistas lo que significaba cargar con una condena que consideraba injusta.

Choi dijo: «Durante 61 años, el Estado me hizo vivir como una delincuente». Añadió que esperaba que las generaciones futuras pudieran vivir felices y libres de violencia sexual.

El fiscal local a cargo también se dirigió a ella por su nombre, en lugar de llamarla acusada, apartándose de la práctica anterior, y asumió la responsabilidad por el daño causado por el primer proceso.

El fiscal jefe de Busan, Jeong Myeong won, dijo: «Le pedimos disculpas sinceras. Hemos causado a Choi Mal ja, una víctima de un delito sexual a quien deberíamos haber protegido, un dolor y un sufrimiento indescriptibles».

Cuando llegó el fallo definitivo, en septiembre, Choi salió del tribunal y dijo a sus simpatizantes: «Ganamos». Para muchos, aquello significó algo más que una victoria personal. Fue un reconocimiento de que sobrevivir puede exigir el uso de la fuerza y de que la ley debe reconocer esa realidad.

Qué decidió el tribunal

El Tribunal de Distrito de Busan concluyó que las acciones de Choi cumplían los requisitos de la legítima defensa. Los jueces consideraron que empleó la fuerza necesaria para escapar de una agresión ilícita que amenazaba su integridad física y su autonomía sexual. El tribunal también citó registros médicos y testimonios para concluir que no había pruebas suficientes de que el agresor hubiera sufrido una discapacidad permanente a causa de la mordida. Esto debilitó un elemento central de la acusación original por lesiones graves.

El fallo revierte el criterio aplicado en la primera sentencia, que había considerado que morder al agresor en la lengua excedía los límites razonables de la legítima defensa. En el nuevo juicio, el tribunal analizó los hechos desde la perspectiva de la víctima, inmovilizada y asfixiada, que intentaba sobrevivir. La ley pregunta si hubo una agresión injusta e inmediata y si la respuesta fue necesaria para repelerla. Los jueces respondieron que sí en ambos casos.

La legítima defensa en el derecho penal surcoreano

El Código Penal de Corea del Sur reconoce la legítima defensa cuando una persona se enfrenta a una agresión ilícita e inmediata y utiliza los medios necesarios y proporcionales para repelerla. Los tribunales analizan el contexto. Consideran la naturaleza de la amenaza, si era posible escapar y qué fuerza hacía falta para poner fin al peligro. Al principio, el sistema judicial presentó la mordida de Choi como una reacción excesiva. La revisión del juicio volvió a los principios básicos: vio a una adolescente con las vías respiratorias obstruidas y el cuerpo inmovilizado, y consideró su mordida un acto razonable para liberarse.

Por qué importa la disculpa

Las disculpas públicas de los fiscales son poco frecuentes, y esta señaló un cambio más amplio. La declaración ante el tribunal reconoció que las autoridades no protegieron a una víctima de un delito y que, al presentar una acusación equivocada, prolongaron su sufrimiento durante décadas. El cambio de tono, que incluyó dirigirse a Choi por su nombre y pedir su absolución, refleja una fiscalía que ha asimilado años de críticas públicas por su gestión de los casos de violencia sexual.

A la propia Choi le costaba creer que el sistema por fin hubiera reconocido su relato. Tras una audiencia anterior del proceso de revisión, dijo a los periodistas que ver a los fiscales admitir su error le devolvió la fe en que la justicia sigue viva en el país.

«Todavía no puedo creerlo», dijo Choi tras la audiencia. «Pero si la fiscalía está admitiendo su error incluso ahora, entonces creo que la justicia sigue viva en este país».

Sus palabras resonaron más allá de Busan. Los grupos de defensa de derechos que la habían acompañado durante años de peticiones y protestas vieron la absolución como un mensaje para las sobrevivientes que temen que denunciar una agresión las convierta en acusadas.

Cómo el cambio social preparó el terreno

El proceso de revisión de Choi tuvo lugar en un país que ha reconsiderado profundamente la violencia de género. En la década de 1990, campañas de base exigieron justicia para las mujeres obligadas a vivir en esclavitud sexual por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Ese movimiento ayudó a poner los derechos y la dignidad de las sobrevivientes en el centro del debate público.

Después, en 2018, la ola de #MeToo llegó a Corea del Sur y cobró fuerza. Denuncias de gran repercusión dieron lugar a procesos judiciales contra hombres poderosos, y las protestas callejeras exigieron una mejor actuación policial y penas más severas para los delitos sexuales. Los legisladores aumentaron las penas por grabar imágenes con cámaras ocultas, y tanto legisladores como tribunales revisaron normas que durante mucho tiempo habían desalentado las denuncias. El Tribunal Constitucional también anuló la prohibición penal del aborto, en una decisión que reflejó el mismo impulso general por respetar la autonomía corporal.

Todo ello abrió espacio para volver a examinar casos como el de Choi. Su expediente, que antes se presentaba como una advertencia sobre los supuestos límites de la legítima defensa, ahora aparece en la enseñanza jurídica como prueba de que los tribunales pueden equivocarse y corregir sus errores cuando cambia la comprensión social y la ley se interpreta a partir de la experiencia vivida de una víctima.

¿Se puede volver a juzgar un caso tras una condena?

Muchos lectores se preguntan cómo un tribunal puede revisar un caso que parecía cerrado desde hacía décadas. En el derecho penal de todo el mundo, la norma conocida a menudo como prohibición de la doble incriminación protege a las personas para que no sean juzgadas dos veces por el mismo delito después de una absolución o de una condena firme. Sin embargo, los sistemas jurídicos también establecen mecanismos excepcionales para corregir errores judiciales. Corea del Sur permite que una persona condenada solicite la revisión de un juicio si aparecen nuevas pruebas, si errores procesales afectaron el caso original o si evoluciona la interpretación jurídica de forma que pueda cambiar el resultado. El Tribunal Supremo puede autorizar esa revisión, como ocurrió en el caso de Choi.

Esto significa que el Estado no volvió a procesar a Choi por el mismo delito. Ella, como persona condenada, pidió a los tribunales que reabrieran el expediente y revisaran la acusación con una comprensión más completa de los hechos y de la ley. El Tribunal de Distrito de Busan celebró entonces una nueva audiencia y dictó una absolución, que restablece su situación jurídica y anula la condena.

El costo humano de seis décadas

Limpiar sus antecedentes no puede devolverle los años perdidos, y Choi ha hablado de la carga que llevó. Ha descrito una vida marcada por el resentimiento y la injusticia. En una carta al Tribunal Supremo, escribió que el país debía reparar la violación de sus derechos humanos. El daño no fue solo emocional. Los antecedentes penales pueden limitar el acceso al empleo, el reconocimiento social y la confianza, sobre todo en una generación para la que la reputación influía en los momentos decisivos de la vida.

Choi también recuerda las humillaciones del primer proceso. Las esposas. La invasiva prueba de virginidad y el hecho de que las autoridades hicieran públicos sus resultados. La sugerencia de que casarse con el hombre podría resolver de algún modo el asunto. Sus simpatizantes dicen que esos detalles explican por qué muchas sobrevivientes guardaron silencio en aquella época y por qué algunas todavía dudan en denunciar la violencia.

Su caso muestra que un solo fallo puede moldear las actitudes durante años. Desalentó a las víctimas que temían que no les creyeran o que las culparan, y enseñó a generaciones de estudiantes de derecho los peligros de interpretar de forma restrictiva la legítima defensa. La nueva sentencia revierte esa lección. Les dice a las sobrevivientes que la ley puede reconocerlas y aceptar la fuerza que necesitan para sobrevivir.

Demanda de indemnización y posibles cambios

Una vez resuelto el caso penal, los abogados de Choi dijeron que planean reclamar una indemnización al Estado. La legislación surcoreana permite compensar a las personas condenadas injustamente por el tiempo que pasaron detenidas y por los daños causados por un fallo erróneo. Los tribunales también pueden ordenar medidas para restituir el honor y dejar claro que una persona fue absuelta. Los detalles de cualquier reclamación dependerán del tiempo que estuvo detenida, de la magnitud del daño que reconozca el tribunal y de las pruebas de los efectos duraderos en su vida.

Una reclamación exitosa no solo repararía parte del daño. También podría impulsar a las instituciones a actualizar la capacitación de policías, fiscales y jueces sobre cómo se producen las agresiones y cómo responden las víctimas en el momento. Las facultades de Derecho ya enseñan el primer fallo como ejemplo de advertencia. Ahora pueden estudiarlo junto con la decisión de la revisión, que armoniza la doctrina de la legítima defensa con la realidad de sobrevivir a una agresión.

Qué dice el fallo sobre la Corea del Sur actual

La reacción pública a la absolución de Choi refleja a un país que está reevaluando activamente su pasado y ajustando su perspectiva jurídica. La disculpa de los fiscales, la declaración clara sobre la legítima defensa y la visibilidad del activismo en apoyo a las sobrevivientes sugieren, en conjunto, que las instituciones no son inmutables. Los tribunales pueden reinterpretar los mismos hechos desde otra perspectiva cuando avanza el conocimiento social y se da el peso debido a la experiencia vivida de las víctimas.

Eso no significa que se reabrirán todos los casos ni que prosperará toda alegación de legítima defensa. Sí significa que es más probable que los tribunales tengan en cuenta las decisiones que las personas toman en una fracción de segundo ante una amenaza y que evalúen el uso de la fuerza no en abstracto, sino en el contexto de la supervivencia. Para las sobrevivientes que durante mucho tiempo han temido que las culpen por la forma en que se defendieron, ese cambio importa.

En síntesis

• El Tribunal de Distrito de Busan absolvió a Choi Mal ja, de 79 años, y dictaminó que actuó en legítima defensa durante una agresión ocurrida en 1964.
• El tribunal consideró que no había pruebas suficientes de que el agresor hubiera sufrido una discapacidad permanente a causa de la mordida y rechazó el criterio original de que Choi había excedido los límites razonables.
• Los fiscales ofrecieron una disculpa pública excepcional y pidieron al tribunal que anulara sus antecedentes durante el proceso de revisión.
• Choi solicitó la revisión del juicio en 2020, afrontó rechazos iniciales y obtuvo la autorización del Tribunal Supremo en 2024.
• El caso se convirtió en un referente de la enseñanza jurídica sobre cómo los tribunales pueden interpretar mal la legítima defensa en casos de violencia sexual.
• El activismo por los derechos de las mujeres, incluido #MeToo, contribuyó a impulsar la revisión y reformas más amplias.
• Los abogados de Choi planean reclamar al Estado una indemnización por los daños causados por la condena injusta.
• El fallo se considera una señal de cambio en las actitudes hacia las sobrevivientes y de una comprensión más precisa de la legítima defensa en la ley.