India amplía sus facultades de censura con la plataforma Sahyog

Una tragedia abrió paso a una nueva prueba para la libertad de expresión en internet

El 15 de febrero, una estampida durante el Kumbh Mela en Prayagraj dejó 18 muertos. Las labores de rescate y la investigación comenzaron de inmediato. Al mismo tiempo, el Ministerio de Ferrocarriles actuó contra publicaciones en redes sociales que criticaban a funcionarios y cuestionaban la preparación de las autoridades. El ministerio utilizó un portal gubernamental llamado Sahyog para enviar solicitudes de retirada a empresas como Meta y Google. Las plataformas que ignoran estas solicitudes se arriesgan a perder la exención de responsabilidad, la protección legal que las exime de responsabilidad por las publicaciones de sus usuarios. Esa amenaza, por sí sola, suele propiciar una respuesta rápida.

Hasta hace poco, solo los ministerios de Tecnología de la Información y de Información y Radiodifusión de India enviaban la mayoría de las órdenes de retirada. En octubre de 2024, el Gobierno abrió el portal Sahyog a un conjunto mucho más amplio de autoridades. Ahora, los departamentos del Gobierno central y de los estados, las administraciones distritales y las unidades policiales pueden enviar solicitudes de retirada a redes sociales, plataformas de video y tiendas de aplicaciones. La justificación declarada es agilizar y coordinar la respuesta ante la desinformación, el discurso de odio o el contenido que podría alterar el orden público.

Desde que Sahyog comenzó a utilizarse para retirar contenido, los funcionarios han presentado cerca de 300 solicitudes para que se actúe sobre 3.465 URL. Grupos defensores de las libertades civiles y algunos especialistas en tecnología afirman que esto supone una drástica ampliación del poder estatal sobre la libertad de expresión en internet. Al menos 72 empresas se han incorporado al sistema, entre ellas Meta, Apple, LinkedIn, Google, Telegram, Snapchat, WhatsApp e Instagram. Una de las principales que se ha negado a hacerlo es X, que califica Sahyog de portal de censura y ha llevado al Gobierno ante los tribunales.

Cómo funciona Sahyog y quiénes lo utilizan

Sahyog es un portal centralizado coordinado por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de India (I4C), dependiente del Ministerio del Interior. Funciona como una única interfaz en la que los funcionarios autorizados presentan una solicitud, seleccionan una plataforma e indican el fundamento jurídico. Las plataformas que se inscriben deben designar a un enlace para recibir y tramitar las notificaciones dentro del sistema. El portal se desarrolló inicialmente durante la pandemia de COVID-19 para coordinar las respuestas de emergencia. A finales de 2024, se reconvirtió para gestionar a gran escala la retirada de contenido en internet.

Los funcionarios pueden presentar notificaciones al amparo de distintas disposiciones de la legislación india. En la práctica, muchas órdenes se emiten con arreglo al artículo 79(3)(b) de la Ley de Tecnología de la Información (Ley de TI), que condiciona la exención de responsabilidad al cumplimiento de las órdenes legales. Las plataformas que no cumplen se arriesgan a perder esa inmunidad, lo que podría exponerlas a acciones penales o civiles por las expresiones de sus usuarios. Las empresas suelen cumplir incluso cuando una notificación no ofrece una justificación detallada, afirman los críticos, porque el costo de incumplir en India puede ser alto.

Tanto estados gobernados por el partido en el poder como estados de la oposición han utilizado Sahyog. Una solicitud procedió de un funcionario de la policía distrital de Bihar, que pidió retirar publicaciones en las que se acusaba de corrupción a un agente local. Otras tuvieron como objetivo la sátira, las caricaturas o los comentarios sobre la respuesta ante desastres. Sus defensores sostienen que actuar con rapidez evita daños. Los críticos advierten que, sin controles sólidos, funcionarios de menor rango pueden borrar expresiones que resultan incómodas, aunque no sean ilegales.

La ley en que se basa el portal

El control moderno de contenidos en India se sustenta en dos disposiciones clave de la Ley de TI. Cada una establece obligaciones y salvaguardias distintas. Entender la diferencia entre ambas permite explicar por qué Sahyog preocupa a quienes defienden la libertad de expresión.

Qué establece el artículo 69A

El artículo 69A permite al Gobierno ordenar a las plataformas que bloqueen contenido por motivos como la defensa, la soberanía o el orden público. En el fallo sobre el caso Shreya Singhal (2015), la Corte Suprema aceptó el artículo 69A porque incluye controles de procedimiento. Las órdenes deben constar por escrito, sus motivos deben quedar registrados y un comité de revisión debe examinar la decisión. Las plataformas y, en ocasiones, los usuarios tienen la oportunidad de ser escuchados. Estos pasos no garantizan resultados perfectos, pero dejan un registro documental y abren la posibilidad de una revisión judicial.

Qué permite el artículo 79(3)(b)

El artículo 79 establece una exención de responsabilidad para los intermediarios. Las plataformas no son responsables de las publicaciones de sus usuarios si cumplen la ley y retiran el material ilegal al recibir una orden válida del Gobierno o de un tribunal. El artículo 79(3)(b) puede interpretarse como una autorización para que un organismo gubernamental solicite a una plataforma la retirada de contenido. La Corte Suprema, en el caso Shreya Singhal, restringió la interpretación de lo que constituye conocimiento efectivo y orientó a las plataformas a actuar cuando reciben una orden judicial o gubernamental, en vez de ante denuncias vagas. Sahyog opera en una zona gris. Canaliza solicitudes de retirada de un gran número de funcionarios con arreglo al artículo 79, pero elude los pasos de emitir una orden por escrito, fundamentar la decisión y ofrecer una audiencia, exigidos por el artículo 69A.

Por esa diferencia, los grupos de derechos digitales califican Sahyog de sistema paralelo. Sostienen que permite retirar contenido rápidamente sin la transparencia ni el proceso legal que, según la Corte Suprema, deberían acompañar las restricciones a la libertad de expresión. El Gobierno responde que las fuerzas del orden necesitan una vía rápida en situaciones urgentes y que las plataformas aún disponen de recursos legales si consideran que una orden es defectuosa.

Aumentan las órdenes y sus objetivos van más allá de las amenazas a la seguridad

La actividad gubernamental para retirar contenido se expandió durante la última década. Los informes públicos registraron 471 órdenes de retirada en 2014 y 6.775 en 2022. Después de ese año, los datos detallados se volvieron escasos, a menudo debido a excepciones relacionadas con la seguridad nacional. La puesta en marcha de Sahyog coincidió con un nuevo aumento de la actividad, según recuentos internos citados por grupos de derechos y documentos presentados por plataformas.

Se han registrado picos durante periodos de tensión en Cachemira. En una de esas fases, en abril y mayo, el Gobierno ordenó medidas amplias contra cuentas que, según dijo, estaban vinculadas a Pakistán. También se vieron afectadas voces de periodistas y medios de comunicación, tanto indios como internacionales. X informó de directivas ejecutivas para bloquear más de 8.000 cuentas y afirmó que muchas notificaciones carecían de una justificación detallada.

Además de las redes sociales, las autoridades de la región prohibieron 25 libros, según informes, entre ellos obras de Arundhati Roy y de la periodista Anuradha Bhasin. Los críticos afirman que estas medidas, junto con un uso más amplio de Sahyog, reducen el espacio para la disidencia y el periodismo. Las autoridades insisten en que los objetivos incluyen la desinformación, la incitación y el contenido que podría avivar las tensiones.

La demanda de X, por dentro

La plataforma de Elon Musk impugna el sistema ante los tribunales. X se ha negado a inscribirse en Sahyog y presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Karnataka en la que sostiene que el portal es ilegal. La empresa afirma que ahora los funcionarios de todo India pueden emitir órdenes de retirada que eluden las garantías procesales vinculadas al artículo 69A. Según X, el punto de inflexión llegó cuando el Ministerio de Ferrocarriles le pidió que retirara cientos de publicaciones, incluidos videos de una estampida mortal, tras el caos del Kumbh Mela.

En sus documentos judiciales y declaraciones públicas, X sostiene que muchas solicitudes no guardan relación con amenazas inminentes. Un ejemplo citado en la prensa tiene que ver con la policía de Satara, que señaló una publicación de 2023 en la que se calificaba de inútil a un político de alto rango. Las autoridades advirtieron que podría provocar tensiones entre comunidades. X dejó la publicación en línea y cita casos como este para argumentar que las críticas, la sátira y el periodismo son objeto de medidas bajo el pretexto de mantener la ley y el orden.

En documentos judiciales, X describe el portal como una herramienta que presiona a las plataformas para que ejecuten órdenes opacas con pocas posibilidades de impugnarlas. La empresa ha utilizado una frase que desde entonces ha definido su postura. Tras exponer su posición ante el tribunal, X afirmó lo siguiente en unos documentos que recibieron amplia cobertura:

No se puede obligar a X a incorporarse a Sahyog, que considera un portal de censura.

Cómo defiende el Gobierno Sahyog

Los funcionarios afirman que el portal es una respuesta práctica a los contenidos dañinos que circulan a escala de internet. Sostienen que el Estado debe tener la capacidad de frenar la desinformación, el discurso de odio, el material de abuso sexual infantil y el contenido que incita a la violencia. El Ministerio del Interior y el Ministerio de TI señalan que se espera que las plataformas cumplan las órdenes emitidas por funcionarios autorizados y que el incumplimiento plantea problemas de rendición de cuentas. Añaden que la amplia participación de las empresas demuestra que el sector reconoce la necesidad de contar con un canal fiable.

En audiencias y declaraciones, el Gobierno ha presentado sus solicitudes como limitadas y legales. En un documento resumido por medios locales, su postura fue clara:

Estamos emitiendo notificaciones contra contenido ilegal, no órdenes de bloqueo generalizado.

Debido proceso, transparencia y críticas

Abogados, investigadores y organizaciones de la sociedad civil sostienen que Sahyog se ha desviado mucho de su propósito original. The London Story, un grupo de análisis de políticas públicas que estudió el sistema, afirma que el portal comenzó como una herramienta para coordinar emergencias durante la pandemia y luego se convirtió en un mecanismo de control de contenidos, sin una base legal clara ni debate parlamentario. Su informe describe códigos numéricos para identificar organismos, notificaciones masivas y una falta de justificación y de audiencias. Funcionarios de menor rango pueden generar notificaciones que se convierten en solicitudes oficiales, sin que los usuarios ni las plataformas dispongan de una vía interna de apelación, más allá de elevar el caso dentro del portal.

La evaluación del grupo refleja un temor central que comparten muchos abogados y organizaciones de derechos digitales. Tras exponer sus conclusiones, los autores escribieron:

Sahyog se convirtió en un régimen de censura paralelo.

La abogada especializada en tecnología Mishi Choudhary, junto con el Centro de Derecho de Software Libre, ha impugnado la constitucionalidad del portal. La Fundación para la Libertad en Internet sostiene que la estructura de exención de responsabilidad se está utilizando para presionar a las plataformas y lograr una retirada generalizada de contenido al margen de las salvaguardias del artículo 69A. Los defensores de los derechos digitales afirman que la combinación de opacidad y facultades ampliadas propicia errores y abusos. Piden un mecanismo que ajuste las notificaciones emitidas con arreglo al artículo 79 a los criterios establecidos en el caso Shreya Singhal para restringir la libertad de expresión.

Qué hacen las otras plataformas

La mayoría de las empresas internacionales se han incorporado a Sahyog. Google, YouTube, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, WhatsApp, Telegram, LinkedIn y Snapchat figuran entre las empresas que recibieron notificaciones a través del portal. Datos obtenidos mediante una solicitud amparada en la Ley de Derecho a la Información mostraron que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, se emitieron a través de Sahyog 130 notificaciones sobre contenido dirigidas a varias plataformas grandes. Estas son independientes de las órdenes emitidas con arreglo al artículo 69A. En su mayoría, las empresas no han impugnado públicamente el sistema. Muchas intentan equilibrar el cumplimiento de la legislación local con el riesgo para su reputación y la confianza de los usuarios.

X se desmarca. Afirma que ya dispone de un portal para solicitudes legales y que no deberían obligarla a inscribirse en un segundo sistema gubernamental. Aunque no se ha incorporado, sigue recibiendo solicitudes canalizadas a través de Sahyog. La empresa advierte que perder la exención de responsabilidad en India la expondría a demandas y denuncias penales por las publicaciones de sus usuarios. Ese riesgo ayuda a explicar por qué otras empresas, con operaciones e ingresos mayores en India, han guardado silencio y se han sumado al sistema.

El trasfondo empresarial y geopolítico

La batalla judicial coincide con un momento delicado para las relaciones tecnológicas entre Estados Unidos e India. Elon Musk impulsa la expansión de Starlink y Tesla en India, con alianzas, visitas para evaluar locales de exposición y procesos de contratación en marcha. Los reguladores indios también investigan el chatbot Grok de X por respuestas provocadoras que se hicieron virales. Los analistas ven margen para negociar, dado el tamaño del mercado por un lado y la influencia e inversiones de Musk por el otro. Mientras tanto, Nueva Delhi estudia nuevas propuestas de regulación de los medios, entre ellas la posible creación de un consejo con facultades para emitir órdenes sobre contenidos en distintos formatos.

India está lejos de ser el único país que intenta controlar el contenido durante las crisis. Lo que distingue a Sahyog es la cantidad de funcionarios autorizados para enviar solicitudes y la escasa información disponible sobre quién ordena qué y por qué. Lo que está en juego es mucho: la libertad de expresión, la seguridad y la rendición de cuentas. Los tribunales decidirán hasta dónde pueden llegar la conveniencia administrativa y la rapidez de respuesta antes de chocar con el proceso constitucional y el derecho a criticar a quienes están en el poder.

Lo esencial

• Sahyog permite a una amplia variedad de funcionarios enviar directamente a las plataformas solicitudes para retirar contenido
• Desde octubre de 2024, se han dirigido cerca de 300 solicitudes a 3.465 URL a través del portal
• Las órdenes suelen ampararse en el artículo 79(3)(b) de la Ley de TI, que carece de las salvaguardias procesales incluidas en el artículo 69A
• Al menos 72 empresas se han incorporado a Sahyog; X se negó y presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Karnataka
• X afirma que los funcionarios tienen como objetivo las críticas y la sátira; el Gobierno sostiene que actúa contra contenido ilegal
• La actividad para retirar contenido en India ha aumentado drásticamente desde 2014, mientras que los datos posteriores a 2022 son limitados por excepciones de seguridad
• Durante los periodos de tensión en Cachemira, las órdenes buscaron bloquear miles de cuentas, incluidas las de medios y periodistas
• Los grupos de derechos afirman que Sahyog es un sistema de censura paralelo con poca transparencia y escasas vías para impugnar decisiones
• El resultado de la demanda de X podría influir en la responsabilidad de las plataformas y la protección de la libertad de expresión en India
• La mayoría de las grandes empresas tecnológicas está cumpliendo las órdenes y sopesando los riesgos legales en India frente a la confianza y la reputación a escala internacional

Para consultar reportajes y cronologías detallados, vea la cobertura de medios como Al Jazeera y Reuters.