El acoso laboral a trabajadores migrantes en Corea del Sur se triplica: una crisis cada vez más grave y llamados a una reforma

El acoso laboral a trabajadores migrantes en Corea del Sur: una crisis cada vez más grave

Corea del Sur, un país reconocido por su rápido crecimiento económico y su innovación tecnológica, enfrenta una crisis creciente en su fuerza laboral: el acoso y hostigamiento en el lugar de trabajo contra los trabajadores migrantes. Datos recientes del gobierno revelan que los casos denunciados de acoso laboral contra trabajadores extranjeros se han más que triplicado desde 2020: pasaron de 65 ese año a 225 en 2024. En mayo de 2025 ya se habían presentado 112 nuevas denuncias, lo que sugiere que este año podría registrar la cifra más alta de casos denunciados hasta ahora. Sin embargo, defensores de los derechos laborales y expertos advierten que estas cifras son solo la punta del iceberg y que la magnitud real de los abusos probablemente es mucho mayor debido a la falta de denuncias y a las barreras sistémicas para acceder a la justicia.

¿Por qué son vulnerables los trabajadores migrantes?

Los trabajadores migrantes son esenciales para la economía de Corea del Sur y cubren la escasez de mano de obra en sectores como la manufactura, la agricultura y la construcción. La mayoría procede del sudeste asiático, China y otros países, y suele ocupar puestos físicamente exigentes, mal remunerados y que los trabajadores locales no quieren desempeñar. Pese a su contribución, muchos enfrentan discriminación, malas condiciones laborales y una protección jurídica limitada.

Uno de los factores clave que agravan su vulnerabilidad es la estructura del Sistema de Permisos de Empleo de Corea del Sur (EPS, por sus siglas en inglés). Este sistema vincula a los trabajadores migrantes con un único empleador y restringe severamente su posibilidad de cambiar de empleo, incluso en casos de abuso, salarios impagos o condiciones inseguras. Sin el consentimiento del empleador, los trabajadores tienen pocas posibilidades legales de cambiar de puesto, lo que los deja atrapados y, a menudo, en silencio por temor a represalias o a la deportación.

Un impactante incidente atrae la atención sobre el problema

El acoso laboral contra trabajadores migrantes volvió a captar la atención nacional e internacional a principios de 2025, cuando se difundió un video en el que se veía a un trabajador de Sri Lanka en una fábrica de ladrillos de Naju atado a una pila de ladrillos con plástico y levantado con una carretilla elevadora. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, mostraban al trabajador inmovilizado mientras sus compañeros se burlaban de él al elevarlo en el aire. El director de la fábrica afirmó que se trataba de una broma, pero activistas y funcionarios condenaron el acto por considerarlo una clara violación de los derechos humanos.

La víctima, que llegó a Corea del Sur en noviembre de 2024 con una visa E-9, describió después el trauma persistente que le causó el incidente. En una entrevista, dijo:

«Sigo teniendo dolores de cabeza por el trauma de que me ataran a una carretilla elevadora y mis compañeros se burlaran de mí. Me sentí tan humillado que ni siquiera quiero pensar en ello».

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos laborales respaldaron el caso, organizaron conferencias de prensa y exigieron que se asumieran responsabilidades. El presidente Lee Jae Myung condenó públicamente el incidente, lo calificó de «violencia inaceptable» y prometió medidas firmes para proteger los derechos de los trabajadores migrantes.

Respuesta del gobierno y medidas contra los abusos

En respuesta a la indignación pública, el Ministerio de Empleo y Trabajo inició una investigación de emergencia sobre la fábrica de ladrillos y anunció una campaña nacional de 100 días contra el abuso y la violencia en el lugar de trabajo contra los trabajadores extranjeros. El presidente Lee subrayó la necesidad de castigar con severidad estas «bárbaras violaciones de los derechos humanos» y pidió una revisión integral de las protecciones laborales para los migrantes.

Pese a estas medidas, activistas sostienen que la aplicación de la ley sigue siendo irregular y que muchos abusos quedan impunes debido a vacíos legales y a la reticencia de las víctimas a denunciar.

El marco legal: la ley contra el acoso laboral

La ley de Corea del Sur contra el acoso laboral, aprobada en 2019, fue concebida para hacer frente al hostigamiento y los abusos en el lugar de trabajo. La ley define el acoso como el abuso de autoridad que causa daños físicos o psicológicos, o deteriora el entorno laboral. Los empleadores deben investigar las denuncias, proteger a las víctimas y tomar medidas correctivas. Si cumplen estas obligaciones, los casos pueden quedar registrados oficialmente como «sin infracción», lo que permite cerrarlos sin sanciones.

Sin embargo, la ley tiene importantes limitaciones. No se aplica a los lugares de trabajo con menos de cinco empleados ni a los trabajadores bajo modalidades especiales de empleo, categorías que incluyen a una gran proporción de los trabajadores migrantes. Según organizaciones de derechos laborales, alrededor del 70 por ciento de los trabajadores migrantes en Corea del Sur trabaja en centros con menos de 30 personas; muchos tienen menos de cinco. Esto deja a muchos migrantes fuera del alcance de la ley y expuestos a los abusos.

Estadísticas: las cifras detrás de la crisis

Entre 2020 y mayo de 2025, el Ministerio de Empleo y Trabajo registró más de 820 denuncias de acoso relacionadas con trabajadores migrantes. De ellas:

• Solo unas pocas decenas dieron lugar a órdenes de medidas correctivas
• Poco más de 10 resultaron en multas
• Un número ligeramente mayor derivó en remisiones a la justicia penal
• Alrededor de 400 casos se retiraron o cerraron con la conclusión de que «no hubo infracción»
• Varios cientos se clasificaron como «otros», una categoría que suele incluir lugares de trabajo demasiado pequeños para estar cubiertos por la ley o empleos fuera de las protecciones habituales

Legisladores y defensores de los derechos laborales advierten que el sistema no refleja la verdadera magnitud del acoso, ya que muchos casos se resuelven internamente o nunca llegan a denunciarse. Las víctimas suelen temer represalias, perder sus ingresos o ser deportadas si alzan la voz.

Historias personales: el costo humano del acoso laboral

Detrás de las estadísticas hay personas reales que soportan humillaciones, traumas y, en ocasiones, tragedias. El trabajador de Sri Lanka en Naju no es un caso aislado. En otro caso ocurrido a principios de este año, encontraron muerto en su dormitorio a un joven trabajador nepalí que había sufrido abusos prolongados en una granja porcina de Yeongam, en la provincia de Jeolla del Sur. Según informes, al menos otros 28 trabajadores migrantes huyeron de la misma granja por sufrir malos tratos similares. Estas historias ponen de relieve las profundas consecuencias psicológicas y físicas que el acoso laboral puede tener para los trabajadores vulnerables.

Jung Young-seop, representante de la coalición de la sociedad civil Solidaridad de Trabajadores Migrantes por la Igualdad, explicó:

«Cuando los trabajadores migrantes piden cambiar de empleo después de sufrir abusos, algunos empleadores toman represalias y dejan de asignarles trabajo. Como resultado, no reciben salarios y, a menudo, reciben un trato aún peor».

Estas represalias son posibles debido al carácter restrictivo del EPS, que vincula a los trabajadores con sus empleadores y limita su capacidad para buscar mejores condiciones en otros lugares.

Obstáculos para denunciar y acceder a la justicia

Muchos trabajadores migrantes están empleados en pequeñas empresas, a menudo en zonas rurales y con malas condiciones laborales. Denunciar los abusos es difícil por varias razones:

• Las barreras lingüísticas y el desconocimiento de los derechos legales
• El temor a represalias, a perder el empleo o a ser deportados
• El aislamiento y la falta de redes de apoyo
• Vacíos legales que excluyen de las protecciones a los lugares de trabajo pequeños

Incluso cuando se presentan denuncias, el resultado suele ser insatisfactorio. Muchos casos terminan sin sanciones y algunos se desestiman por «falta de infracción» si los empleadores realizan una investigación interna, sin importar el resultado para la víctima.

Llamados a una reforma: reformar el Sistema de Permisos de Empleo

Los críticos sostienen que la raíz del problema está en el propio Sistema de Permisos de Empleo. Al vincular a los trabajadores con un único empleador, el EPS crea un desequilibrio de poder que facilita los abusos y disuade a las víctimas de alzar la voz. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos llevan tiempo pidiendo una reforma integral del sistema, pues consideran que otorga un control excesivo a los empleadores y priva a los trabajadores migrantes de derechos básicos.

Ante la creciente presión, el gobierno surcoreano se comprometió a introducir reformas, entre ellas:

• Revisar el sistema de visas de trabajo E-9 para dar a los trabajadores migrantes mayor libertad para cambiar de empleo y prolongar su estancia
• Ampliar la duración de las estancias mediante períodos de tres años
• Permitir cambios de empleo en circunstancias más amplias, y no solo en casos de salarios impagos o abuso físico
• Aumentar las inspecciones y la supervisión de los lugares de trabajo, especialmente en zonas rurales y pequeñas empresas

El ministro de Trabajo, Kim Young-hoon, ha subrayado la importancia de garantizar los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar un entorno laboral equitativo. Sin embargo, defensores de los derechos laborales advierten que las reformas propuestas aún se encuentran en las primeras etapas de debate y que se necesitan cambios sistémicos para abordar los problemas de fondo.

Contexto más amplio: discriminación y derechos humanos en Corea del Sur

La situación de los trabajadores migrantes forma parte de un patrón más amplio de discriminación y problemas de derechos humanos en Corea del Sur. Según el Informe sobre Derechos Humanos de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, las minorías raciales y étnicas, los hijos de inmigrantes y las personas con discapacidad enfrentan discriminación en distintos ámbitos de la vida, incluido el empleo. Aunque la ley reconoce derechos laborales, como el derecho a sindicarse y a ir a la huelga, persisten las limitaciones, sobre todo para los trabajadores extranjeros. El trabajo forzoso está prohibido, pero la explotación continúa en algunos sectores y las normas de seguridad y salud en el trabajo no siempre se hacen cumplir eficazmente.

El rápido desarrollo económico de Corea del Sur se ha apoyado, en parte, en el trabajo de los migrantes, pero las actitudes sociales y las protecciones legales no siempre han avanzado al mismo ritmo. Activistas instan a la sociedad coreana a abandonar los términos despectivos para referirse a los trabajadores extranjeros y a reconocerlos como integrantes de la comunidad que merecen dignidad y respeto.

Perspectivas de expertos y funcionarios

Expertos y funcionarios coinciden en que se necesitan respuestas preventivas y sistemáticas para proteger a los trabajadores vulnerables. Esto implica no solo reformas legales, sino también educación pública, servicios de apoyo y una aplicación más firme de las leyes vigentes. El presidente Lee Jae Myung ha comparado la situación con las experiencias de los trabajadores coreanos en el extranjero en décadas pasadas y ha subrayado que proteger los derechos humanos básicos de los trabajadores migrantes es una cuestión de dignidad nacional.

«La actitud hacia quienes atraviesan situaciones difíciles refleja la dignidad de una sociedad. Los ministerios competentes responderán activamente a las violaciones de los derechos humanos y a la explotación laboral». — Presidente Lee Jae Myung

Organizaciones de derechos humanos piden crear un organismo público facultado para intervenir en casos de abuso y brindar apoyo a las víctimas, así como aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las denuncias.

En resumen

• Los casos denunciados de acoso laboral contra trabajadores migrantes en Corea del Sur se han más que triplicado desde 2020, pero la magnitud real probablemente es mucho mayor debido a la falta de denuncias.
• Incidentes de gran repercusión, como los abusos contra un trabajador de Sri Lanka en una fábrica de ladrillos, han provocado indignación en todo el país y han dado lugar a medidas gubernamentales e investigaciones.
• Las protecciones legales de la ley contra el acoso laboral no amparan a muchos trabajadores migrantes, en especial a quienes trabajan en pequeñas empresas o bajo modalidades especiales de empleo.
• El Sistema de Permisos de Empleo vincula a los trabajadores con un único empleador, lo que crea un desequilibrio de poder que facilita los abusos y desalienta las denuncias.
• El gobierno se ha comprometido a reformar el sistema para dar a los trabajadores migrantes mayor libertad para cambiar de empleo y prolongar su estancia, pero los defensores de sus derechos afirman que se necesitan cambios sistémicos.
• Expertos y activistas piden una aplicación más firme de la ley, educación pública y el reconocimiento de los trabajadores migrantes como miembros valiosos de la sociedad que merecen dignidad y derechos.