La oposición exiliada de Myanmar pierde influencia mientras la junta impulsa las polémicas elecciones de 2025

La crisis política de Myanmar: el camino hacia las elecciones de 2025

Myanmar se encuentra en una encrucijada crítica, mientras el régimen militar, rebautizado recientemente como Comisión Estatal de Seguridad y Paz (SSPC), se prepara para celebrar elecciones generales en diciembre de 2025. Esta medida llega tras el abrupto fin de un estado de emergencia que duró cuatro años y medio, un periodo marcado por la guerra civil, los desplazamientos masivos y el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas. El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), en el exilio, y sus aliados, considerados en otro tiempo abanderados de las aspiraciones democráticas de Myanmar, se enfrentan ahora a una crisis de relevancia e influencia, tanto dentro del país como en el escenario mundial.

En el centro de esta crisis se libra una disputa por la legitimidad: la junta militar intenta fabricarla mediante elecciones estrictamente controladas, mientras la oposición lucha por convencer al mundo —y a su propia población— de que la democracia genuina sigue siendo posible. El resultado definirá el futuro de Myanmar y podría sentar un precedente sobre cómo responde la comunidad internacional ante regímenes autoritarios que buscan revestirse de las formas de la democracia.

¿Cómo llegó Myanmar a esta situación? Breve contexto

La actual crisis de Myanmar comenzó con el golpe militar de febrero de 2021, que puso fin abruptamente a una década de reformas democráticas incipientes. El golpe derrocó al Gobierno elegido, encabezado por la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi, que había obtenido una victoria aplastante en las elecciones de 2020. Los militares justificaron la toma del poder alegando fraude electoral, unas acusaciones que observadores nacionales e internacionales descartaron ampliamente por carecer de fundamento.

El golpe desencadenó protestas en todo el país, una brutal represión y el surgimiento de un amplio movimiento de resistencia. Este incluyó la creación del NUG por legisladores derrocados y el auge de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), una red de milicias civiles aliadas con organizaciones armadas étnicas de larga trayectoria. La guerra civil resultante ha fracturado el país: los militares controlan las principales ciudades y las regiones de las tierras bajas, mientras las fuerzas opositoras dominan extensas zonas fronterizas y territorios de minorías étnicas.

Desde 2021, la junta ha impuesto severas restricciones a las libertades políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación. Miles de personas han muerto, decenas de miles han sido detenidas y millones han sido desplazadas. La economía se ha desplomado, la pobreza se ha disparado y los servicios básicos han dejado de funcionar, sobre todo en las zonas de conflicto. Los intentos del régimen por restablecer el orden se han basado en la violencia, la represión y una serie de maniobras legales diseñadas para afianzar el gobierno militar.

La estrategia electoral de la junta: fabricar legitimidad

En julio de 2025, la SSPC anunció el fin del estado de emergencia y abrió el camino a las elecciones nacionales. Esta medida estuvo acompañada de un polémico censo, realizado bajo escolta militar y marcado por la violencia, la coerción y una cobertura incompleta. Los críticos sostienen que el censo, al igual que las elecciones previstas, es una herramienta para que el régimen reclame legitimidad mientras excluye a amplios sectores de la población que viven fuera de su control.

La Comisión Electoral de la Unión del régimen ha registrado 55 partidos políticos y está probando máquinas de votación electrónica en las zonas bajo su control. Sin embargo, las nuevas leyes electorales prohíben participar a cualquier persona condenada por un delito, lo que incluye a prácticamente todos los líderes opositores. La NLD y decenas de partidos más han sido disueltos, y los militares conservan el 25 % de los escaños parlamentarios, garantizado por la Constitución. El sistema electoral de la cámara alta se ha cambiado a la representación proporcional, lo que inclina aún más la contienda a favor de la junta.

Las organizaciones de derechos humanos y los observadores electorales internacionales han condenado unánimemente el proceso por ser una farsa. A menudo se coacciona a la población para que participe, y quienes son acusados de obstaculizar el proceso electoral se exponen a severas penas, incluidas condenas de prisión e incluso la pena de muerte. La estrategia del régimen es clara: utilizar la apariencia de unas elecciones para afianzar el gobierno autoritario y buscar reconocimiento internacional.

La oposición en el exilio: pérdida de influencia y desafíos internos

El NUG y sus aliados, entre ellos el Consejo Consultivo de Unidad Nacional (NUCC), han rechazado sistemáticamente cualquier elección basada en la Constitución de 2008, redactada por los militares. Sostienen que no es posible restablecer una democracia genuina mediante un proceso controlado por las mismas fuerzas que la derrocaron. Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones, la voz de la oposición se ha debilitado y su capacidad para influir en los acontecimientos, tanto dentro de Myanmar como en el exterior, ha disminuido.

Varios factores explican esta pérdida de influencia:

• Falta de reconocimiento internacional: Pese a la amplia simpatía que despierta, el NUG no ha logrado obtener el reconocimiento formal de las principales potencias ni de las Naciones Unidas. Los países occidentales han impuesto sanciones y expresado apoyo, pero no han llegado a tomar medidas concretas ni a proporcionar ayuda militar. Mientras tanto, China, Rusia e India han manifestado su disposición a relacionarse con la junta, dando prioridad a la estabilidad y a sus propios intereses por encima de los principios democráticos.
• Resistencia fragmentada: La oposición es una coalición poco cohesionada de políticos exiliados, grupos armados étnicos y activistas de base. Aunque rechazan unidos el gobierno militar, discrepan sobre la estrategia, el liderazgo y el modelo de una futura Myanmar federal. Los esfuerzos por crear estructuras unificadas, como el Organismo Conjunto de Coordinación (JCB) y los Artículos del Acuerdo Federal de Transición (AFTA), han logrado algunos avances, pero persisten las dudas sobre su eficacia.
• Limitaciones de recursos: El NUG y sus aliados cuentan con recursos financieros y logísticos limitados. La ayuda internacional se ha reducido o redirigido debido a los cambios en las prioridades mundiales, y la oposición carece de medios para brindar apoyo sostenido a quienes desertan, a la población desplazada o a los combatientes sobre el terreno.
• Desgaste diplomático: Las crisis mundiales, desde la guerra en Ucrania hasta las tensiones en el mar de China Meridional, han desviado la atención de Myanmar. Las iniciativas de paz de la ASEAN se han estancado, y los gobiernos occidentales parecen resignarse cada vez más a que la junta consolide el poder.

Como resultado, la diplomacia revolucionaria del NUG ha tenido dificultades para ganar respaldo. Sus llamamientos a la intervención internacional, a la imposición de sanciones y al apoyo a la resistencia han recibido, en gran medida, una respuesta nula. Incluso dentro de Myanmar, la oposición tiene dificultades para coordinar sus estrategias militares y políticas, sobre todo a medida que el conflicto se descentraliza y se circunscribe cada vez más a nivel local.

Voces de la oposición

Duwa Lashi La, presidente interino del NUG, ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de recibir apoyo externo y ha rechazado cualquier diálogo con la junta en las condiciones actuales. En una entrevista reciente, afirmó:

«No es posible volver a la democracia mediante un diálogo con la junta militar. Los militares están dilatando el proceso para mantener el control y han cometido crímenes contra la población. Necesitamos apoyo financiero internacional y, posiblemente, también apoyo militar para tener éxito».

También destacó los esfuerzos del NUG por establecer administraciones locales y prestar servicios básicos en las zonas bajo su control, pero reconoció las limitaciones que imponen la escasez de recursos y la falta de reconocimiento.

Tácticas militares: represión, concesiones y maniobras internacionales

El enfoque de la junta ante las próximas elecciones tiene dos vertientes: intensificar la represión para sofocar la disidencia y, al mismo tiempo, ofrecer concesiones estratégicas para dividir e incorporar a la oposición. En septiembre de 2024, por primera vez desde el golpe, los militares instaron públicamente a las fuerzas opositoras a deponer las armas y participar en las elecciones como partidos políticos. Esto evocó las tácticas empleadas antes de las elecciones de 2010, que dieron paso a un breve periodo de gobierno parcialmente civil, pero no lograron instaurar una democracia genuina.

Los líderes opositores y los grupos armados étnicos rechazaron rápidamente la oferta, que consideran una maniobra para legitimar el gobierno militar sin abordar las causas fundamentales del conflicto. Como preguntó tajantemente Nay Phone Lat, portavoz del NUG:

«¿Quién exactamente no logró resolver los problemas políticos por medios políticos? Los militares deben apartarse de la política, aceptar la redacción de una nueva Constitución para establecer una unión federal y rendir cuentas por todos los crímenes de guerra cometidos».

Pese a estos rechazos, la junta podría intentar mejorar su imagen con la liberación de presos políticos u otros gestos simbólicos en los meses previos a las elecciones. También ha contratado a una empresa de relaciones públicas con sede en Washington para mejorar su imagen en las capitales occidentales, aunque hay pocos indicios de que las posturas diplomáticas estén cambiando.

Respuestas internacionales: entre la crítica y el pragmatismo

La respuesta de la comunidad internacional a los planes electorales de Myanmar ha sido dispar. Gobiernos occidentales, entre ellos los de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han criticado públicamente las acciones de la junta y han pedido la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia. Sin embargo, estas declaraciones rara vez han ido acompañadas de consecuencias significativas o nuevas sanciones.

Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, IWAYA Takeshi, emitió una declaración en la que expresó preocupación por las elecciones e instó a la junta a poner fin a la violencia. Sin embargo, según señalan los analistas, ese lenguaje diplomático, aunque responde a principios, quizá no sea lo bastante contundente como para impedir que otros países reconozcan los resultados o se relacionen con el régimen.

China, Rusia e India han adoptado un enfoque más pragmático. China, en particular, se ha posicionado para legitimar el resultado: ha recibido a partidos afines a la junta y ha proporcionado asistencia técnica para el proceso electoral. La principal preocupación de Beijing es la estabilidad en su frontera y la protección de sus intereses económicos, en especial del Corredor Económico China-Myanmar. Rusia ha estrechado sus vínculos militares y económicos con la junta, mientras que India ha dado prioridad a la seguridad fronteriza y a la estabilidad regional.

La ASEAN, el bloque regional, ha tenido dificultades para mediar con eficacia. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha impulsado el diálogo entre la junta y el NUG y ha logrado acuerdos de alto el fuego limitados con fines humanitarios. Sin embargo, el principal plan de paz del bloque, el Consenso de Cinco Puntos, ha avanzado poco debido a la resistencia de la junta a hacer concesiones. El Consejo Consultivo Especial sobre Myanmar ha pedido un nuevo consenso basado en conversaciones inclusivas, un alto el fuego a escala nacional y elecciones creíbles, pero las posibilidades de alcanzar un acuerdo de ese tipo siguen siendo escasas.

Sobre el terreno: resistencia, federalismo y crisis humanitaria

Mientras continúa la batalla política, la situación sobre el terreno sigue siendo grave. Los militares controlan menos de la mitad del país, mientras las fuerzas de resistencia dominan amplias zonas, especialmente en las regiones fronterizas. El conflicto ha desplazado a más de 3,3 millones de personas, y los servicios básicos —salud, educación y justicia— suelen estar a cargo de grupos opositores en lugar del Estado.

Pese a los reveses, las fuerzas revolucionarias han avanzado en algunas zonas. Iniciativas como la Carta de la Democracia Federal y los Artículos del Acuerdo Federal de Transición (AFTA) representan esfuerzos colectivos para poner fin a la participación militar en la política y construir un nuevo sistema federal inclusivo. El federalismo de base está arraigándose en regiones como Ta-ang y Rakáin, donde consejos locales y ejércitos étnicos han establecido una autonomía de facto.

Sin embargo, la oposición enfrenta obstáculos importantes:

• Avances militares: La junta ha recuperado parte del territorio y sigue lanzando ataques aéreos y ofensivas terrestres contra los bastiones de la resistencia.
• Crisis humanitaria: El conflicto en curso ha devastado la economía, duplicado las tasas de pobreza y dejado a millones de personas sin acceso suficiente a alimentos, refugio o atención médica.
• Autoridad fragmentada: La proliferación de grupos armados y las distintas visiones sobre el futuro dificultan la formación de un gobierno unificado y la coordinación de las operaciones militares.

La ayuda internacional es limitada y el riesgo de una mayor escalada sigue siendo elevado, sobre todo a medida que se acercan las elecciones y ambas partes intentan consolidar sus posiciones.

Dinámica geopolítica: el papel de China, Rusia y Occidente

La crisis de Myanmar está profundamente vinculada a los cambios en el equilibrio del poder mundial. Estados Unidos, que en otro tiempo apoyó de manera abierta la transición democrática de Myanmar, ha reducido la ayuda y parece desvincularse cada vez más. Rusia, ante su propio aislamiento internacional, ha estrechado lazos con la junta como socio estratégico, suministrándole armas e invirtiendo en proyectos de infraestructura. China, el actor externo más influyente, ha jugado a dos bandas: apoya a la junta cuando le conviene, pero también mantiene contactos con grupos armados étnicos para proteger sus intereses.

El enfoque de China responde a la realpolitik más que a una ideología. Sus principales objetivos son asegurar su frontera, proteger sus inversiones y evitar que el conflicto se extienda a su territorio. Beijing ha presionado tanto a la junta como a los grupos opositores; en ocasiones ha facilitado altos el fuego y, en otras, ha permitido ofensivas militares. Esta postura pragmática deja al descubierto los límites del tan proclamado principio de no intervención de China y pone de relieve el carácter interesado de su política exterior.

Para la oposición, la falta de apoyo internacional constante supone un importante obstáculo. Como señaló un analista:

«La reducción de la ayuda de Estados Unidos podría obligar a los grupos de resistencia a aceptar la mediación de China, lo que aumentaría las posibilidades de una solución negociada. Sin embargo, un alto el fuego precipitado quizá no conduzca a una paz duradera ni a la democracia».

El riesgo es que la comunidad internacional, agotada por un conflicto prolongado y deseosa de estabilidad, acepte unas elecciones defectuosas como un avance, recompensando de hecho a la junta por el golpe y las violaciones de derechos humanos.

¿Qué viene ahora? Escenarios y consecuencias

A medida que se acercan las elecciones de diciembre de 2025, se perfilan varios escenarios:

• Consolidación del régimen: El resultado más probable es que la junta utilice las elecciones para afianzar su gobierno, ofrezca concesiones limitadas para dividir a la oposición y busque el reconocimiento internacional de los países afines.
• Continuación de la resistencia: Es probable que las fuerzas opositoras intensifiquen sus esfuerzos por interrumpir el proceso electoral, sobre todo en las zonas que no están bajo control militar. La violencia y la represión podrían aumentar, agravando la crisis humanitaria.
• Ambigüedad internacional: Los países occidentales podrían seguir criticando públicamente al régimen mientras exploran discretamente formas de normalizar las relaciones, sobre todo si la junta logra proyectar una apariencia de legitimidad mediante las elecciones.
• Acuerdo negociado: Un escenario menos probable, pero posible, es que la presión externa, especialmente de China y la ASEAN, obligue a ambas partes a sentarse a negociar y conduzca a un alto el fuego y a un nuevo marco político. Sin embargo, esto requeriría concesiones importantes y la voluntad de abordar las causas fundamentales del conflicto, incluidas las demandas de los grupos étnicos y el papel de los militares en la política.

Para la población de Myanmar, lo que está en juego no podría ser más importante. Las elecciones de 2020, consideradas ampliamente libres y limpias, reflejaron un rechazo claro al gobierno militar. En cambio, muchos ven la próxima votación como una farsa diseñada para revertir esa decisión mediante la violencia y el engaño.

En resumen

• El régimen militar de Myanmar sigue adelante con unas polémicas elecciones previstas para diciembre de 2025 con las que busca legitimar su gobierno tras un brutal golpe de Estado y años de guerra civil.
• La oposición en el exilio, encabezada por el Gobierno de Unidad Nacional, pierde influencia debido a la falta de reconocimiento internacional, las divisiones internas y las limitaciones de recursos.
• La estrategia electoral de la junta se basa en la represión, las maniobras legales y una participación controlada; los principales partidos opositores están prohibidos y las nuevas leyes electorales favorecen a los candidatos afines a los militares.
• Las respuestas internacionales son dispares: los países occidentales critican, pero dudan en actuar, mientras China, Rusia e India priorizan la estabilidad y las relaciones con el régimen.
• Sobre el terreno, las fuerzas de resistencia controlan amplias zonas y han avanzado hacia el federalismo, pero enfrentan ofensivas militares y una crisis humanitaria cada vez más grave.
• Existe el riesgo de que unas elecciones defectuosas se acepten como legítimas, lo que sentaría un precedente peligroso para otros regímenes autoritarios y debilitaría las normas democráticas mundiales.
• El futuro de Myanmar y la credibilidad del apoyo internacional a la democracia penden de un hilo mientras el mundo observa cómo se desarrolla la crisis.