La inusual admisión de China sobre la tortura: medidas contra los abusos, reformas y realidad del sistema de justicia

La inusual admisión de China: ¿un punto de inflexión para abordar la tortura y la detención ilegal?

En una decisión que ha despertado atención internacional, la máxima autoridad fiscal de China, la Fiscalía Popular Suprema (SPP, por sus siglas en inglés), ha reconocido públicamente, en una declaración poco habitual, que la tortura y la detención ilegal persisten en el sistema de justicia del país. Este reconocimiento, acompañado del compromiso de tomar medidas contra las prácticas ilegales de las fuerzas del orden, marca un cambio significativo, aunque cauteloso, en el discurso oficial. Pero ¿señala un cambio real en un sistema que ha sido criticado durante mucho tiempo por su opacidad, las confesiones forzadas y el trato severo a los disidentes?

El sistema de justicia de China ha estado bajo escrutinio durante décadas por parte de organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y gobiernos extranjeros. Las denuncias de tortura, detención arbitraria y persecución de abogados y activistas han sido persistentes. El anuncio de la SPP, en junio de 2024, sobre la creación de un nuevo departamento de investigación para perseguir a funcionarios judiciales que «vulneren los derechos de la ciudadanía» mediante detenciones ilegales, registros ilícitos y tortura, ha sido considerado por algunos un paso hacia una mayor rendición de cuentas. Sin embargo, el contexto general y los antecedentes recientes indican que persisten problemas profundamente arraigados.

¿Qué motivó las medidas? Casos recientes e indignación pública

Aunque China suele negar las denuncias de tortura, en especial las planteadas por las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos, varios casos de alto perfil han provocado recientemente indignación pública, incluso en el entorno mediático estrictamente controlado del país.

En abril de 2024, un alto ejecutivo de una empresa de juegos para dispositivos móviles con sede en Pekín murió bajo custodia después de permanecer detenido durante más de cuatro meses en Mongolia Interior. Los informes oficiales afirman que se quitó la vida, pero las circunstancias de su detención, bajo el sistema de «vigilancia residencial en un lugar designado» (RSDL, por sus siglas en inglés), han suscitado serias dudas. El RSDL permite a las autoridades mantener a los sospechosos incomunicados, a menudo sin cargos, acceso a abogados ni contacto con sus familiares durante períodos prolongados.

También han salido a la luz otros casos, como la muerte, en 2022, de un sospechoso que presuntamente fue torturado con descargas eléctricas y tubos de plástico mientras estaba bajo RSDL, y un incidente de 2019 en el que varios agentes de policía fueron encarcelados por recurrir al hambre y la privación del sueño, lo que dejó a un detenido en estado vegetativo. Estos incidentes, divulgados por la propia SPP, han alimentado los llamamientos a favor de reformas y una mayor transparencia.

Los sistemas de detención de China: RSDL, shuanggui y liuzhi

Para comprender el alcance y la persistencia de la tortura en el sistema de justicia chino, es esencial entender los mecanismos que la permiten. Durante la última década se han utilizado varias formas de detención extralegal o cuasilegal para aislar, interrogar y presionar a los sospechosos, a menudo al margen de la supervisión judicial.

Vigilancia residencial en un lugar designado (RSDL)

Introducido en 2012, el RSDL permite a la policía mantener a personas detenidas en lugares secretos durante un máximo de seis meses. Aunque se justifica oficialmente como una herramienta para investigar delitos graves, se ha utilizado ampliamente contra abogados de derechos humanos, activistas y disidentes. A menudo se niega a los detenidos el acceso a asesoría legal y a sus familiares, y son frecuentes las denuncias de tortura, incluida la privación del sueño, las palizas y el maltrato psicológico.

Shuanggui: el sistema disciplinario secreto del Partido

Durante décadas, el Partido Comunista Chino (PCCh) aplicó el «shuanggui», un sistema que permitía al organismo disciplinario interno del Partido detener e interrogar a miembros sospechosos de corrupción o deslealtad. El shuanggui era conocido por su secretismo, la falta de garantías legales y el uso frecuente de la tortura para obtener confesiones. Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado muertes y graves abusos bajo este sistema.

Liuzhi: institucionalización de la detención secreta

En 2018, el shuanggui fue reemplazado por el «liuzhi», o «retención bajo custodia», en virtud de la nueva Ley Nacional de Supervisión. El liuzhi amplió el alcance de la detención secreta más allá de los miembros del Partido e incluyó a toda persona que ejerza «poder público», desde funcionarios públicos hasta directivos de empresas. Los detenidos pueden permanecer hasta seis meses sin acceso a abogados ni familiares, y el sistema funciona al margen del proceso judicial ordinario. Según Safeguard Defenders, solo en 2023 fueron sometidas al liuzhi 26.000 personas, un promedio de 71 al día.

Los centros construidos para el liuzhi están diseñados para garantizar el máximo control y vigilancia, con celdas acolchadas, guardias permanentes y normas estrictas para evitar suicidios. Sin embargo, siguen siendo generalizadas las denuncias de tortura, confesiones forzadas y maltrato psicológico. Un abogado defensor penal dijo a CNN que la mayoría de sus clientes «cedería ante la presión y el sufrimiento», y que solo una pequeña minoría podía resistir.

Reformas legales y sus límites: ¿por qué persiste la tortura?

China ha introducido varias reformas legales para frenar la tortura y las condenas injustas. La enmienda de 2012 a la Ley de Procedimiento Penal prohíbe utilizar como prueba las confesiones obtenidas mediante tortura. El Tribunal Popular Supremo ha pedido reformas de la justicia penal y se han introducido normas de exclusión para disuadir a la policía de cometer irregularidades.

Sin embargo, analistas jurídicos sostienen que estas reformas han tenido un impacto limitado. Como explica China Law Translate, las normas de exclusión no incluyen la doctrina del «fruto del árbol envenenado» presente en otros sistemas jurídicos. Esto significa que, aunque se excluya una confesión obtenida bajo coacción, todavía pueden utilizarse las pruebas derivadas de ella. Los abogados defensores suelen encontrar obstáculos para acceder a pruebas fundamentales, como los registros de exámenes médicos o las grabaciones de interrogatorios, y los investigadores rara vez declaran ante los tribunales para responder a las denuncias de conducta indebida.

Además, la dependencia abrumadora de las confesiones en las causas penales, sumada a una tasa de condenas superior al 99 %, crea fuertes incentivos para que las fuerzas del orden obtengan admisiones de culpabilidad por cualquier medio. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha criticado reiteradamente el uso «profundamente arraigado» de la tortura y los malos tratos en China, y ha señalado que las reformas no se han aplicado ni hecho cumplir plenamente.

El costo humano: abogados, activistas y ciudadanos comunes

Las medidas contra la tortura y la detención ilegal no son solo una cuestión de procedimiento jurídico: tienen profundas consecuencias humanas. Desde 2015, China ha llevado a cabo una amplia campaña contra abogados y activistas de derechos humanos, conocida como la «represión del 709». Cientos de personas han sido detenidas, inhabilitadas para ejercer la abogacía o encarceladas, a menudo bajo cargos de «subversión del poder del Estado».

Muchas de las personas perseguidas han denunciado torturas y abusos bajo custodia. Ding Jiaxi, un destacado abogado de derechos humanos, fue sometido a una prolongada privación del sueño, obligado a sentarse durante días en un «banco del tigre» y expuesto a propaganda a todo volumen. Su esposa, Sophie Luo, relató el calvario y el impacto que tuvo en su familia:

Sophie Luo, esposa de Ding Jiaxi, recuerda la determinación de su marido: «Has dedicado tu vida a la democracia y la libertad en China, pero este Gobierno no lo aprecia en absoluto… Como recompensa por tu patriotismo, te torturan y te encarcelan. ¿Podrías considerar la posibilidad de salir de China y elegir otra vida?»

Otros casos de alto perfil incluyen la detención y presunta tortura del escritor Yang Hengjun y de la periodista ciudadana Zhang Zhan. A Yang, ciudadano australiano, se le ha negado una alimentación y atención médica adecuadas, mientras que Zhang ha hecho huelgas de hambre reiteradas y ha sido alimentada a la fuerza, prácticas que grupos de derechos humanos califican de tortura.

Los abogados que defienden a disidentes o denuncian abusos suelen sufrir acoso, ser inhabilitados para ejercer e incluso encarcelados. El efecto disuasorio sobre la profesión jurídica y la sociedad civil es profundo, pues muchas personas evitan asumir casos delicados o alzar la voz contra las injusticias.

Críticas internacionales y respuesta de China

El historial de China en materia de tortura y detención arbitraria ha sido objeto de reiteradas condenas por parte de organismos internacionales. En su examen más reciente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó «seria preocupación por los informes constantes que indican que la práctica de la tortura y los malos tratos sigue profundamente arraigada en el sistema de justicia penal». El comité también pidió el cierre de las cárceles secretas y el fin de la represión contra abogados y activistas.

Pese a estas críticas, los funcionarios chinos han defendido sistemáticamente el sistema jurídico del país. En una rueda de prensa de 2024, Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó: «En los últimos años, China ha promovido el Estado de derecho y ha hecho grandes esfuerzos en todos los ámbitos, incluida la lucha contra la tortura». Sin embargo, la falta de transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas por los abusos sigue socavando estas afirmaciones.

La presión internacional ha llevado en ocasiones a la liberación de detenidos de alto perfil, pero el cambio sistémico ha sido difícil de alcanzar. Defensores de los derechos humanos sostienen que los gobiernos extranjeros deberían exigir rendición de cuentas con mayor firmeza y vincular la cooperación diplomática o económica a mejoras en materia de derechos humanos.

Implicaciones más amplias: ¿lucha contra la corrupción o control político?

La campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping ha sido un rasgo definitorio de su mandato y ha dado lugar a la detención y sanción de cientos de miles de funcionarios. Aunque la campaña se presenta oficialmente como un esfuerzo por sanear el Partido y el Gobierno, sus críticos sostienen que también sirve para eliminar rivales políticos y consolidar el poder.

La expansión del liuzhi y de otros sistemas de detención para abarcar a sectores más amplios de la sociedad, incluidos empresarios, educadores y administradores de hospitales, refleja la determinación del Partido de ejercer control sobre todos los aspectos de la vida pública. La falta de supervisión judicial y el uso de la detención secreta suscitan preocupación por el riesgo de abusos, extorsión y represión de la disidencia.

Especialistas en derecho advierten que institucionalizar la detención extralegal, incluso bajo el pretexto del «Estado de derecho», podría erosionar aún más la confianza pública en el sistema de justicia y menoscabar los derechos de la ciudadanía. Como dijo a CNN un experto jurídico chino: «Antes era extralegal. Ahora, algunos críticos lo llaman “ilegal según la ley”».

En resumen

• La Fiscalía Popular Suprema de China ha reconocido públicamente la existencia de tortura y detenciones ilegales en el sistema de justicia, y se ha comprometido a tomar medidas contra los abusos.
• Casos recientes de alto perfil, incluidas muertes y malos tratos graves bajo custodia, han provocado indignación pública y llamamientos a favor de reformas.
• Sistemas de detención secretos como el RSDL, el shuanggui y el liuzhi permiten mantener a personas incomunicadas durante períodos prolongados, a menudo sin garantías legales ni supervisión.
• Se han introducido reformas legales, pero su alcance se ve limitado por lagunas normativas, la falta de aplicación y los obstáculos que enfrentan los abogados defensores.
• Abogados de derechos humanos, activistas y ciudadanos comunes siguen expuestos a tortura, acoso y detención arbitraria, lo que tiene un efecto disuasorio sobre la sociedad civil.
• Organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, han condenado el historial de China, pero el cambio sistémico sigue siendo limitado.
• La campaña anticorrupción y la expansión de la detención secreta reflejan tanto los esfuerzos para combatir la corrupción como la intención de consolidar el control político.
• Sin mayor transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas, las perspectivas de poner fin a la tortura y la detención ilegal en China siguen siendo inciertas.