Las plataformas con poder de mercado afrontan obligaciones más amplias
La Comisión de Competencia Comercial de Tailandia abrió el 4 de noviembre de 2026 una consulta pública sobre normas propuestas que exigirían a las plataformas de comercio electrónico con poder de mercado o posición dominante verificar a sus usuarios, supervisar la legalidad y seguridad de los bienes y servicios, y presentar informes de cumplimiento cada seis meses. Quedarían excluidas las plataformas con menos del 10 por ciento de cuota de mercado.
Contenido
- Las plataformas con poder de mercado afrontan obligaciones más amplias
- ¿Qué empresas estarían sujetas a las normas?
- Las tarifas estarían sujetas a un mayor escrutinio
- La elección del servicio de entrega pasa a ser una cuestión central
- Verificación de vendedores e informes cada seis meses
- Los algoritmos y los datos de los vendedores también están en el foco
- Cómo se relacionan las consultas con las directrices
- Qué podría implicar la aplicación de las normas para las empresas
- Puntos clave
La propuesta también exigiría que las tarifas por servicios fueran transparentes y se basaran en los costos, establecería requisitos de notificación previa o aprobación para los aumentos de tarifas y prohibiría que las plataformas dirigieran a compradores y vendedores hacia servicios de entrega de empresas vinculadas. Los vendedores que utilicen proveedores de entrega competidores estarían protegidos frente a un trato desfavorable.
La consulta estará abierta hasta el 3 de diciembre de 2026. Para los comerciantes, la propuesta incide en decisiones cotidianas sobre el costo de vender en línea y la empresa que entrega un pedido. Para los compradores, asignaría a las plataformas sujetas a las normas la responsabilidad de verificar quién utiliza sus servicios y supervisar qué se vende.
Tailandia también aplica directrices de competencia a las relaciones más amplias en torno a los mercados en línea, incluidos vendedores, empresas de logística, anunciantes y proveedores de servicios de pago. Esas directrices abordan las prácticas de fijación de precios, la visibilidad de los productos y las restricciones impuestas a los socios comerciales. La propuesta de noviembre añadiría obligaciones operativas y de presentación de informes específicas para las plataformas que cumplan los criterios de cobertura.
¿Qué empresas estarían sujetas a las normas?
Las normas propuestas se dirigen a las plataformas con poder de mercado o posición dominante, y excluyen a las que se sitúan por debajo del umbral del 10 por ciento de cuota de mercado. El poder de mercado describe la capacidad de una empresa para influir en las condiciones comerciales, como las tarifas o el acceso a los clientes, porque las demás empresas tienen pocas alternativas viables.
El umbral hace que la definición del mercado pertinente sea importante. La cuota de una plataforma depende de qué servicios se agrupen y de cómo se mida la actividad. El resumen de la consulta no especifica ese cálculo, el límite de los aumentos de tarifas permitidos ni la fecha en que entrarían en vigor los requisitos propuestos.
Las directrices anteriores, publicadas para consulta en agosto de 2025, utilizaban una definición amplia de plataforma de comercio electrónico. Abarcaban sistemas electrónicos que conectan compras u otras interacciones comerciales con empresas, tanto si la plataforma cobra una tarifa por el servicio como si no.
La definición incluía los mercados en línea convencionales y los mercados en redes sociales que conectan pedidos de compra con vendedores. Refleja que el comercio en línea puede funcionar a través de distintas interfaces y cumplir la misma función básica: conectar empresas y clientes.
Las tarifas estarían sujetas a un mayor escrutinio
La propuesta de noviembre exigiría a las plataformas sujetas a las normas que hicieran transparentes las tarifas por servicios y las basaran en los costos. Los aumentos de tarifas estarían sujetos a requisitos de notificación previa o aprobación, lo que aumentaría la supervisión de cambios que pueden afectar los ingresos de un comerciante por cada venta.
La factura de un vendedor en una plataforma puede incluir más que una comisión. El borrador de agosto de 2025 señaló los cargos por publicidad, logística y recogida, promoción y pagos como ámbitos en los que un trato excesivo o injustificado podría generar problemas de competencia. Por ello, varios cargos por separado pueden ser tan importantes para un comerciante como la comisión principal.
Las directrices que entraron en vigor el 25 de marzo abordan la fijación paralela de precios, las diferencias de precios injustificadas y los cargos excesivos a los socios comerciales. Las autoridades evalúan las conductas caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los acuerdos contractuales. La fijación paralela de precios se refiere a empresas que modifican sus precios de manera similar; la comisión examina las circunstancias en torno a esa conducta.
El borrador de agosto también abordó las cláusulas de paridad de precios, que impiden a los vendedores ofrecer precios más bajos en otra plataforma o a través de otro canal de venta. Estas condiciones pueden limitar la capacidad de un comerciante para trasladar a los clientes de otros canales el ahorro obtenido al vender a menor costo.
La elección del servicio de entrega pasa a ser una cuestión central
Las restricciones propuestas a la orientación hacia determinados servicios de entrega afectarían a las plataformas que también tienen intereses en empresas de logística. Se prohibiría a los operadores sujetos a las normas dirigir a compradores y vendedores hacia servicios de entrega de empresas vinculadas o perjudicar a los vendedores que elijan proveedores competidores.
Un mercado en línea puede influir en la elección del servicio de entrega mediante las opciones que muestra, los servicios que exige o el trato que da a los comerciantes que utilizan distintos transportistas. La propuesta aborda el papel de la plataforma como puerta de acceso a los clientes y como empresa con intereses comerciales en servicios relacionados.
El borrador de agosto de 2025 describía un conjunto más amplio de requisitos potencialmente perjudiciales relacionados con la logística, las pasarelas de pago y la publicidad. Incluía obligar a los vendedores a utilizar servicios proporcionados por la plataforma o por socios designados, así como exigirles que participaran en actividades promocionales periódicas.
Los proveedores de logística también aparecían en el borrador en relación con la discriminación. Entre los ejemplos señalados figuraba la asignación desigual e injustificada del volumen de pedidos. Para un transportista independiente, el acceso a los pedidos de un mercado en línea puede influir en el volumen de negocio que recibe, incluso cuando los comerciantes tienen, en teoría, la posibilidad de elegirlo.
Verificación de vendedores e informes cada seis meses
El borrador de noviembre exigiría a las plataformas sujetas a las normas verificar la identidad de los usuarios y supervisar si los bienes y servicios son legales y seguros. Estas obligaciones irían más allá de las condiciones económicas de las transacciones y abarcarían a las personas y los productos que llegan al mercado.
Verificar la identidad significa comprobar quién está detrás de una cuenta. Supervisar la legalidad y la seguridad se refiere a lo que esa cuenta ofrece a la venta. Para una plataforma, son tareas distintas: identificar a un comerciante no sustituye el trabajo de revisar los productos y responder a los problemas.
Las plataformas sujetas a las normas también realizarían autoevaluaciones y presentarían informes de cumplimiento cada seis meses. Una autoevaluación exige que la empresa revise sus propias prácticas a la luz de las normas, mientras que los informes periódicos ofrecen al regulador información regular sobre esa revisión.
Para los operadores, el trabajo práctico abarcaría varios equipos, incluidos los responsables del registro de comerciantes, las publicaciones de productos, las tarifas y los acuerdos de entrega. Los vendedores podrían estar sujetos a verificaciones adicionales al abrir o mantener cuentas, además de las protecciones que regulan el trato que la plataforma da a sus empresas.
Los algoritmos y los datos de los vendedores también están en el foco
El marco de competencia va más allá de los precios, porque un mercado en línea puede influir en las perspectivas de un vendedor mediante la clasificación y la visibilidad de los productos. Una publicación que aparece en un lugar destacado de los resultados de búsqueda tiene más posibilidades de atraer clientes que otra difícil de encontrar.
El borrador de agosto de 2025 señaló el uso de algoritmos o del diseño de la plataforma para reducir la visibilidad de un vendedor y favorecer los productos de la propia plataforma o de determinados socios. También abordó los sistemas automatizados de clasificación o fijación de precios que distorsionan la competencia sin una justificación razonable.
Los algoritmos son conjuntos de instrucciones que se utilizan para tomar decisiones automáticamente, incluida la selección de los primeros productos que aparecen. En el marco, el efecto comercial de esas decisiones importa tanto como las tarifas que figuran en el contrato del vendedor.
Los datos de los vendedores eran otro motivo de preocupación en el borrador de agosto. Este señalaba el uso de información recopilada de los comerciantes para dar una ventaja competitiva injusta a empresas vinculadas. Una plataforma puede tener información sobre la demanda, los pedidos y el rendimiento de los vendedores y, al mismo tiempo, operar empresas que compiten por los mismos clientes.
El borrador también abarcaba las restricciones que impiden a los comerciantes vender en plataformas competidoras, respaldadas por sanciones como la suspensión de cuentas o la retirada de publicaciones. Otros ejemplos incluían precios de reventa impuestos, precios inferiores al costo sin una justificación razonable y coordinación entre competidores sobre las ofertas para palabras clave publicitarias.
Cómo se relacionan las consultas con las directrices
La Ley de Competencia Comercial proporciona la base jurídica para las directrices sobre prácticas desleales y conductas que monopolizan, reducen o restringen la competencia. El borrador de agosto de 2025 exponía cómo la comisión tenía previsto aplicar esa ley a las plataformas digitales que conectan a varios grupos de usuarios, como compradores, vendedores y proveedores de servicios.
Las fechas clave permiten distinguir esa consulta anterior de la propuesta de noviembre de 2026:
- 19 de agosto de 2025: La comisión publicó un borrador de directrices sobre competencia y prácticas comerciales desleales en las empresas de plataformas de comercio electrónico.
- 18 de septiembre de 2025: Estaba previsto que concluyera el período para presentar comentarios públicos sobre ese borrador.
- 4 de noviembre de 2026: La comisión abrió una consulta sobre obligaciones más amplias para las plataformas con poder de mercado o posición dominante.
- 3 de diciembre de 2026: Concluye la consulta sobre las obligaciones propuestas.
También se indica que las directrices de competencia entraron en vigor el 25 de marzo, tras su publicación en la Gaceta Oficial, aunque no se especificó el año de esa fecha de entrada en vigor. Su alcance incluye las relaciones de las plataformas con vendedores, proveedores de logística, anunciantes y servicios de pago.
La propuesta de noviembre sigue siendo un borrador sometido a consulta. Por tanto, sus requisitos específicos sobre verificación de identidad, supervisión de la seguridad, cambios en las tarifas y presentación de informes deben entenderse como obligaciones propuestas mientras la comisión recaba comentarios.
Qué podría implicar la aplicación de las normas para las empresas
Las directrices de la comisión establecen que las prácticas se evalúen caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los contratos. Las infracciones pueden dar lugar a sanciones penales o multas administrativas, según la conducta y las disposiciones aplicables de la legislación sobre competencia.
El borrador de agosto daba importancia a que una empresa pudiera justificar sus prácticas por razones económicas, comerciales, de marketing o tecnológicas. Esto hace que las razones detrás de una restricción o de un trato diferente sean pertinentes para la evaluación del regulador.
Los operadores de plataformas tendrían que examinar tanto los contratos como el funcionamiento de sus sistemas. Una restricción de entrega puede figurar en las condiciones para los comerciantes, mientras que una reducción de la visibilidad de un producto puede deberse a los ajustes de clasificación. Las tarifas, los acuerdos publicitarios y el acceso a los datos de los vendedores son otros aspectos de la misma relación comercial.
Los comerciantes y los proveedores de servicios tienen un interés directo en la consulta, porque las normas propuestas afectan su acceso a los clientes, sus costos operativos y su libertad para elegir socios comerciales. El siguiente paso previsto es el plazo del 3 de diciembre para presentar comentarios, fecha en que concluirá el período de consulta.
Puntos clave
- Tailandia abrió el 4 de noviembre de 2026 una consulta sobre obligaciones propuestas para las plataformas de comercio electrónico con poder de mercado o posición dominante.
- Quedarían excluidas las plataformas con menos del 10 por ciento de cuota de mercado.
- Los operadores sujetos a las normas verificarían a los usuarios, supervisarían la legalidad y la seguridad, realizarían autoevaluaciones y presentarían informes cada seis meses.
- Las tarifas tendrían que ser transparentes y basarse en los costos, y los aumentos estarían sujetos a requisitos de notificación o aprobación.
- El borrador prohibiría dirigir a los usuarios hacia servicios de entrega de empresas vinculadas y perjudicar a los vendedores que utilicen proveedores competidores.
- Las directrices de competencia relacionadas abordan la fijación de precios, la clasificación, el trato preferencial y las restricciones a los proveedores de servicios.
- La consulta concluye el 3 de diciembre de 2026.
