149 incidentes impulsan medidas para cerrar vacíos legales
La represión transnacional china ha tenido como objetivo a 131 taiwaneses en 149 incidentes desde 2005, dijo Liang Wen-chieh, viceministro del Consejo de Asuntos de China Continental, en una sesión legislativa. El Gobierno de Taiwán prepara cambios legales para abordar formas de intimidación que van desde accidentes de tránsito provocados hasta amenazas contra familiares.
Contenido
- 149 incidentes impulsan medidas para cerrar vacíos legales
- Qué miden las cifras
- Nueve métodos, desde la violencia hasta la presión sobre familiares
- Los ataques llevan el tema a la esfera pública
- Por qué los cargos penales comunes dejan vacíos
- Qué cambiaría con las enmiendas propuestas
- Protección y controles fronterizos antes de las elecciones
- La presión sigue a las voces taiwanesas en el extranjero
- Cómo ha evolucionado la respuesta
- Puntos clave
El ministro de Justicia, Cheng Ming-chien, dijo que las leyes vigentes dejan vacíos en materia de protección. En Taiwán no existe una sanción penal específica por denunciar a una persona taiwanesa en el portal en línea de China por presuntas actividades independentistas. Seguir a alguien por motivos políticos también queda fuera de la Ley de Prevención del Acoso y la Persecución, que se aplica a conductas relacionadas con el sexo o el género.
El Ministerio de Justicia trabaja con otros organismos en enmiendas a la Ley contra la Infiltración. Las propuestas crearían delitos específicos relacionados con la represión transnacional, aumentarían las penas, permitirían confiscar activos vinculados a las operaciones y establecerían medidas para abordar la difusión de material en línea.
El debate legislativo se produce después de que los fiscales imputaran en octubre a cinco hombres por un presunto ataque con un automóvil contra el comediante Huang Yi-hao. Según los fiscales, los hombres actuaron por orden del Partido Comunista Chino para impedir actuaciones que satirizaban al partido. Huang asistió a la sesión legislativa y pidió a los partidos políticos que colaboraran en la reforma.
La respuesta de Taiwán también va más allá del derecho penal. El primer ministro, Cho Jung-tai, ordenó reforzar la protección de candidatos electorales y otras personas consideradas en riesgo, investigar a los organizadores y colaboradores locales, y estrechar la coordinación entre la Policía, los fiscales, las autoridades migratorias y los organismos de seguridad nacional.
Qué miden las cifras
El recuento de Liang abarca a 131 personas y 149 incidentes desde 2005. Las cifras indican que algunas personas fueron objeto de ataques más de una vez, aunque Liang no dio un desglose de los casos de ataques reiterados.
En una reunión del 8 de julio de 2026 con la senadora estadounidense Tammy Duckworth, Cho dio una cifra distinta: 120 casos con 134 episodios en los que personas fueron amenazadas. Su descripción incluyó a funcionarios públicos taiwaneses, personal judicial, familiares y ciudadanos extranjeros en Taiwán. Las cifras legislativas de Liang se refieren específicamente a taiwaneses y distinguen entre personas e incidentes.
Entre los grupos que identificó Liang figuran políticos, personal de defensa y de las fuerzas armadas, funcionarios judiciales, académicos y personas activas en la sociedad civil. En sus declaraciones de julio, Cho amplió el compromiso de protección del Gobierno para incluir a residentes extranjeros, además de los ciudadanos taiwaneses.
La represión transnacional ocurre cuando un Gobierno actúa más allá de sus fronteras para silenciar, intimidar o castigar a personas. En los casos que examina Taiwán, las autoridades describen presiones ejercidas mediante ataques físicos, actividades en línea, amenazas legales, restricciones financieras y personas que operan localmente.
Nueve métodos, desde la violencia hasta la presión sobre familiares
Liang dividió los métodos del Partido Comunista Chino en nueve categorías. Su descripción muestra cómo una operación puede afectar la seguridad física, el sustento, la libertad de viajar y la disposición de una persona a expresarse en público.
- Ataques físicos, incluidas agresiones, ataques con pintura y accidentes de tránsito provocados.
- Procesos penales, incluidas órdenes de búsqueda con recompensas, detenciones ilegales y juicios.
- Coacción psicológica, incluidas etiquetas políticas, vigilancia y persecución.
- Opresión digital, incluida la difusión de imágenes satelitales de viviendas y de información falsa.
- Controles fronterizos que impiden a las personas señaladas o a sus familiares entrar en un territorio o salir de él.
- Castigos colectivos mediante amenazas o acoso contra familiares, amistades o socios comerciales.
- Sanciones económicas, incluidas restricciones a las relaciones comerciales y el congelamiento de cuentas bancarias.
- Interferencia en las instituciones democráticas, incluidas amenazas contra funcionarios públicos y la obstrucción de organismos públicos.
- Abuso de mecanismos institucionales, incluidos procedimientos judiciales y organizaciones internacionales, para restringir la participación o la libertad personal.
Los vínculos familiares y comerciales amplían el alcance de estas presiones más allá de la persona inicialmente señalada. Una amenaza contra un familiar o un socio comercial puede someter a alguien a presión sin necesidad de contactarlo directamente.
Liang dijo que Pekín presenta sus acciones como un castigo a quienes apoyan la independencia de Taiwán y sostiene que se ajustan a la legislación china. A su juicio, se trata de un intento de fabricar una base legal para ejercer jurisdicción sobre Taiwán. Por tanto, la disputa concierne tanto a la protección personal como a la autoridad que Pekín afirma tener para castigar a personas en un territorio gobernado por las instituciones taiwanesas.
Los ataques llevan el tema a la esfera pública
El caso de Huang se ha convertido en un foco del debate sobre la reforma porque los fiscales sostienen que la violencia tenía como objetivo silenciar a un artista. En octubre imputaron a cinco hombres por la presunta operación. Su culpabilidad deberá ser determinada por los tribunales.
Liang también citó incidentes que involucraron al comentarista político japonés Akio Yaita como presuntos actos de violencia física vinculados al Partido Comunista Chino. En julio, Cho describió un ataque contra una figura de los medios de origen japonés y con ciudadanía taiwanesa. Dijo que el atacante tenía pasaporte de Hong Kong e intentó cambiar de aspecto antes de salir de Taiwán.
Tung Hsin-hsin, funcionario de la Oficina de Investigación Criminal, ofreció una descripción más inmediata del trabajo policial el 5 de noviembre. La Policía había recibido nueve casos de represión transnacional durante 2026: cuatro llegaron a la instancia de imputación y cinco seguían bajo investigación.
Entre las cinco investigaciones había dos casos relacionados con ataques con pintura contra el activista hongkonés Tong Wai-hung durante sus visitas a Taiwán, uno por el lanzamiento de petardos en un acto organizado por la Red de Derechos Humanos para el Tíbet y Taiwán, y amenazas contra Kuan Chien-chung, quien llevó a Taiwán el documental State Organs. No se dieron detalles de la quinta investigación porque contenía información clasificada.
Los casos abarcan la comedia, las proyecciones de documentales y la defensa de los derechos humanos. Para la Policía, identificar a quienes cometieron un ataque es una tarea; rastrear las instrucciones, la financiación y la ayuda local es otra. Cho ha ordenado a los organismos que investiguen tanto a quienes están detrás de las operaciones como a quienes las apoyan dentro de Taiwán.
Por qué los cargos penales comunes dejan vacíos
Cheng dijo que las leyes actuales de Taiwán no abarcan adecuadamente la represión transnacional. Las autoridades pueden procesar delitos como lesiones, amenazas y violaciones de la privacidad, pero el Ministerio de Justicia sostiene que las penas suelen centrarse en el daño a una persona y no en la intimidación más amplia de la participación democrática, la libertad y el Estado de derecho.
Las lesiones físicas comunes conllevan una pena máxima de cinco años de prisión. Los daños a la propiedad y las amenazas delictivas tienen cada uno una pena máxima de dos años, mientras que la vigilancia o grabación ilegal conlleva una pena máxima de tres años.
La persecución por motivos políticos plantea un problema más específico. La Ley de Prevención del Acoso y la Persecución de Taiwán abarca conductas relacionadas con el sexo o el género. Por tanto, quienes son seguidos por sus declaraciones políticas necesitan protección mediante otras leyes aplicables.
El portal en línea para denuncias plantea otro vacío señalado por Cheng. En Taiwán no existe un delito específico que penalice simplemente denunciar ante las autoridades chinas a una persona taiwanesa por presuntas actividades independentistas. Las reformas propuestas buscan abordar métodos que las leyes vigentes cubren de manera incompleta, además de conductas que ya son punibles conforme al derecho penal común.
Qué cambiaría con las enmiendas propuestas
La Ley contra la Infiltración entró en vigor en 2020 y abarca cinco categorías de delitos relacionados con la infiltración, incluidos los intentos de manipular elecciones mediante desinformación difundida por instrucciones o con apoyo financiero del Partido Comunista Chino. El Gobierno ahora quiere incluir disposiciones específicas para abordar la represión transnacional.
El Ministerio de Justicia sostiene que las enmiendas definirían nuevos delitos, abarcarían distintos métodos de represión e impondrían penas más severas. También permitirían confiscar activos vinculados a las operaciones y crearían mecanismos para abordar la difusión en línea de material utilizado en actos de represión.
El Gabinete y los legisladores del Partido Progresista Democrático han presentado cerca de 30 versiones de enmiendas. A finales de octubre, la legisladora del PPD Chen Pei-yu se comprometió a trabajar con los partidos de oposición en una ley para proteger la soberanía y la seguridad pública de Taiwán.
No se presentó un texto legislativo definitivo, un calendario de penas acordado ni una fecha para la votación. Liang también dijo que el Gobierno planea habilitar una línea directa para denunciar presuntos casos, pero no anunció cuándo comenzaría a funcionar.
Entre las cuestiones prácticas figuran cómo establecerían los investigadores la conexión entre un acto de intimidación y una autoridad extranjera, qué formas de asistencia darían lugar a responsabilidad penal y qué facultades se aplicarían al material en línea. Esos detalles determinarán cómo se aplican los nuevos delitos en casos concretos.
Protección y controles fronterizos antes de las elecciones
Cho aprovechó una reunión sobre seguridad pública el 5 de noviembre para ordenar una cooperación más estrecha de cara a las elecciones locales y al referendo nacional previstos para el 28 de noviembre. Pidió a los organismos que mejoraran la información sobre amenazas y la protección personal de candidatos y otras personas consideradas en riesgo.
Se ordenó a las autoridades migratorias reforzar la revisión de solicitudes y los controles fronterizos, mejorar su respuesta a presuntos casos de represión y realizar ejercicios prácticos para impedir que los sospechosos huyan al extranjero. Cho también pidió que se emitieran alertas inmediatas cuando se produjeran incidentes y que se compartiera información de inteligencia mediante una plataforma interinstitucional.
La labor de seguridad electoral incluye investigaciones sobre financiación ilícita. Entre agosto y el 4 de septiembre, una primera operación de aplicación de la ley descubrió 212 casos relacionados con 588 personas y confiscó alrededor de 909,06 millones de dólares taiwaneses en ganancias delictivas. Entre sus objetivos figuraban la financiación procedente del extranjero, las transferencias clandestinas de dinero y las apuestas electorales.
Las autoridades presentaron esas investigaciones financieras como parte del esfuerzo más amplio para proteger las elecciones, junto con las medidas contra la intimidación, la violencia y la información falsa. Rastrear el dinero puede ayudar a los investigadores a identificar a quienes financian una operación y a los intermediarios entre ellos y quienes la ejecutan.
La presión sigue a las voces taiwanesas en el extranjero
La legisladora del PPD Chang Ya-lin planteó el tema en la cumbre de la Alianza Interparlamentaria sobre China en La Haya, el 5 de noviembre de 2026. La reunión congregó a 52 legisladores de 30 países.
Chang dijo que la represión china se había extendido de los políticos y las personas que expresan su apoyo a la independencia de Taiwán a ciudadanos comunes y empresarios. Citó el caso de Huang y describió las presiones ejercidas sobre organizaciones que la invitaban a actos internacionales.
Su relato muestra cómo los organizadores pueden convertirse en un objetivo indirecto. La presión sobre una institución anfitriona puede afectar la realización de una invitación y limitar el acceso de un orador taiwanés a una audiencia, sin que se envíe una advertencia directamente a esa persona.
Chang pidió que se examinara la autoridad legal para investigar a colaboradores locales, así como que se ofrecieran protección legal y canales de denuncia a las organizaciones que enfrentan presiones. También dijo que funcionarios de Paraguay y Belice habían sido objeto de sanciones chinas porque sus países mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán.
Una causa penal en Estados Unidos ha puesto de relieve la seguridad de las familias taiwanesas en el extranjero. El FBI arrestó a una mujer en California a principios de octubre, bajo sospecha de actuar como agente de China y espiar al hijo del presidente Lai Ching-te, Lai Ting-yu, y a su familia. Más tarde ese mes, ella se declaró inocente de los cargos federales de espionaje y quedó a la espera de juicio.
Cómo ha evolucionado la respuesta
Durante 2026, las medidas de Taiwán han pasado de las advertencias públicas y la coordinación a la propuesta de nuevos delitos, mientras la Policía sigue investigando incidentes concretos. Varias fechas muestran cómo han avanzado en paralelo las respuestas en materia de seguridad y legislación.
- 8 de julio: Cho describió 120 casos con 134 episodios en los que personas habían sido amenazadas y dijo que el Gobierno había creado una plataforma de coordinación interinstitucional.
- De agosto al 4 de septiembre: las autoridades realizaron una primera operación contra los flujos financieros ilícitos como parte de los preparativos de seguridad electoral.
- Octubre: los fiscales imputaron a cinco hombres por el presunto ataque contra Huang. En Estados Unidos, una mujer arrestada en el caso relacionado con la familia de Lai se declaró posteriormente inocente.
- 5 de noviembre: Cho ordenó reforzar la protección e investigar a los organizadores y colaboradores locales. La Policía dio a conocer nueve casos de represión registrados durante el año, mientras Chang abordó el tema en la cumbre de La Haya.
- 28 de noviembre: está previsto que se celebren las elecciones locales y un referendo nacional.
Para las personas amenazadas, las medidas inmediatas son la protección, la investigación y el acceso a un canal de denuncia. Para los legisladores, la tarea es decidir cómo debe abordar la ley los ataques y las presiones ejercidos por cuenta de una autoridad extranjera, incluidos métodos que cruzan los límites entre la violencia física, la intimidación en línea y la coacción financiera.
Puntos clave
- Liang Wen-chieh dijo que 131 taiwaneses habían sido objeto de 149 incidentes desde 2005.
- Taiwán identifica nueve formas de represión, entre ellas la violencia, la persecución política, la intimidación digital y la presión sobre familiares.
- El Ministerio de Justicia prepara enmiendas para crear delitos específicos, aumentar las penas y permitir la confiscación de activos vinculados a las operaciones.
- La Policía dio a conocer nueve casos durante 2026: cuatro llegaron a la instancia de imputación y cinco seguían bajo investigación.
- En octubre imputaron a cinco hombres por un presunto ataque contra el comediante Huang Yi-hao, supuestamente ordenado por el Partido Comunista Chino.
- El Gobierno ha ordenado reforzar la protección personal, los controles fronterizos y la coordinación entre organismos de cara a la votación del 28 de noviembre.
