Sanciones a las salas de redacción y una larga espera por la rendición de cuentas
Maldivas ha introducido sanciones por infracciones relacionadas con divisas, con multas de hasta 500.000 MVR para personas y 5 millones de MVR para empresas. Al mismo tiempo, una redacción independiente impugna su exclusión de las ruedas de prensa presidenciales y enfrenta procesos penales por denuncias contra el presidente Mohamed Muizzu.
Contenido
- Sanciones a las salas de redacción y una larga espera por la rendición de cuentas
- Qué establece la ley sobre divisas
- Un documental seguido de un registro en la redacción
- Adhadhu impugna su exclusión de las ruedas de prensa
- Los procesos penales avanzan a puerta cerrada
- La regulación de los medios ya estaba bajo presión
- La policía obstaculiza las manifestaciones por el costo de vida
- Activistas pasan días bajo custodia
- La familia de Rilwan reclama las conclusiones de la investigación
- Las organizaciones de derechos y los tribunales también enfrentan presiones
- Puntos clave
Las disposiciones sobre divisas entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026. Sancionan anunciar o promover transacciones de divisas fuera de los tipos de cambio o las bandas oficiales, y contemplan la publicación a través de medios digitales. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que las normas amenazan la cobertura de los precios que las personas pagan realmente por las divisas.
Adhadhu, el medio responsable del documental Aisha, ha enfrentado un registro policial, restricciones de viaje para altos cargos y la exclusión de las ruedas de prensa presidenciales. Los procesos penales contra sus directivos y una mujer acusada de participar en el documental se tramitan a puerta cerrada. El gobierno niega las denuncias del documental y ha defendido la actuación policial.
Las manifestaciones de la oposición por el costo de vida también han enfrentado restricciones policiales y detenciones. En conjunto, estos hechos afectan tres libertades concretas: hacer preguntas a los funcionarios, publicar información y reunirse en público para cuestionar las decisiones del gobierno.
El Monitor CIVICUS califica el espacio cívico en Maldivas como obstruido. Su evaluación de las libertades cívicas describe amenazas contra periodistas, restricciones a las manifestaciones y la falta de resolución de abusos cometidos en el pasado. El caso pendiente desde hace más tiempo es el del periodista Ahmed Rilwan Abdulla, también conocido como Rilwan Abdullah, desaparecido el 8 de agosto de 2014. Doce años después, nadie ha rendido cuentas y su familia sigue reclamando las conclusiones de una investigación presidencial.
Qué establece la ley sobre divisas
La versión consolidada de la Ley de Divisas de la Autoridad Monetaria de Maldivas, Ley n.º 32/2024, ofrece los detalles jurídicos que subyacen a la disputa sobre la cobertura de los tipos de cambio. La ley original, publicada el 14 de diciembre de 2024, entró en vigor el 1 de enero de 2025. Su primera enmienda, la Ley n.º 13/2026, entró en vigor el 1 de septiembre de 2026, después de que el Parlamento aprobara las modificaciones el 26 de agosto.
El artículo 6(d) exige que la compra y venta de divisas se mantenga dentro de los tipos de cambio o las bandas que prescriba y publique la autoridad. El artículo 6-1 exige que las empresas de cambio de moneda obtengan licencias y prevé normas que establezcan multas por operaciones ilegales.
La disposición que más preocupa a los periodistas es el artículo 17-2. Este tipifica como delito anunciar o promover transacciones de divisas fuera de los tipos de cambio o las bandas oficiales. La definición abarca la divulgación pública, publicación, reproducción y distribución de información, incluso a través de plataformas digitales, con el propósito de anunciar, fomentar o propagar esas transacciones.
Las personas pueden recibir multas de entre 25.000 y 500.000 MVR. El artículo 17-3 establece multas de entre 100.000 y 5 millones de MVR para personas jurídicas o empresas registradas que cometan infracciones previstas en los artículos 17-1 o 17-2.
La Asociación de Periodistas de Maldivas y Transparencia Maldivas se opusieron a la enmienda en agosto y advirtieron que podría sancionarse la publicación de los tipos de cambio del mercado paralelo. Se llama mercado paralelo al intercambio de divisas fuera de los canales oficiales, a veces a un precio diferente. Informar sobre ese precio puede ayudar a los lectores a comprender cuánto cuesta obtener moneda extranjera.
La ley vincula la publicación con el propósito de fomentar o promover transacciones. A los periodistas les preocupa cómo aplicarán las autoridades esa formulación a la cobertura informativa y la presión económica que podrían ejercer las cuantiosas sanciones sobre los medios independientes.
Un documental seguido de un registro en la redacción
Adhadhu publicó Aisha el 28 de marzo de 2026. El documental incluía las denuncias de una exfuncionaria de la Oficina Presidencial, quien afirmó que Muizzu había aprovechado su cargo para manipularla sexualmente y acosarla. El documental ocultó la identidad de la entrevistada y modificó su voz. El gobierno negó las denuncias.
El 27 de abril, la policía registró la sede de Adhadhu en Malé por orden judicial y confiscó dispositivos electrónicos. Según el comunicado sobre el registro del Comité para la Protección de los Periodistas, la orden citaba el artículo 612(a) del Código Penal, relativo al qazf, es decir, las acusaciones falsas de adulterio según la ley islámica.
Mohamed Junayd, director ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Maldivas, afirmó que el registro tuvo lugar horas después de que un periodista de Adhadhu preguntara a Muizzu por las denuncias durante una rueda de prensa televisada. Posteriormente, las autoridades impusieron prohibiciones de viaje al director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa, y al director editorial, Hassan Mohamed.
Kunal Majumder, coordinador del programa para Asia y el Pacífico del Comité para la Protección de los Periodistas, describió el registro y las prohibiciones de viaje como un intento de criminalizar el periodismo de investigación. Dijo:
Usar leyes religiosas para eludir las normas civiles sobre medios establece un precedente que puede generar temor. Las autoridades deben permitir que la prensa exija rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales.
El ministro del Interior, Ali Ihusaan, defendió la actuación policial y la presentó como una medida de protección contra acusaciones inventadas, no como una interferencia en el periodismo. Dijo:
Difundir acusaciones graves inventadas no es periodismo. La policía defiende el Estado de derecho y los derechos constitucionales del presidente. La libertad responsable implica rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley.
Adhadhu impugna su exclusión de las ruedas de prensa
Adhadhu presentó una demanda ante el Tribunal Civil el 19 de septiembre de 2026 para revocar la decisión de la Oficina Presidencial de excluir al medio y a sus periodistas de las ruedas de prensa. El tribunal registró el caso el 15 de octubre.
El medio sostiene que la exclusión vulnera la libertad de prensa y el acceso a la información, y excede los límites de las restricciones permitidas por el artículo 16 de la Constitución. Ese artículo establece las condiciones en las que pueden limitarse los derechos constitucionales en una sociedad libre y democrática.
Adhadhu está excluido de las ruedas de prensa desde que preguntó a Muizzu por Aisha. El 6 de septiembre, el periodista Leevan Ali Nasir fue retirado por la fuerza de la Oficina Presidencial. Ese día, el gobierno afirmó que no tenía la obligación de notificar por escrito la exclusión.
El principal portavoz del gobierno, Mohamed Hussain Shareef, negó que Adhadhu hubiera sido sancionado por cumplir sus responsabilidades como medio de comunicación. La demanda busca que se determine si la Oficina puede negar legalmente el acceso al medio.
Las ruedas de prensa presidenciales ofrecen a los periodistas una oportunidad directa para hacer preguntas a los funcionarios y pedir explicaciones en público. La exclusión de Adhadhu les quita esa oportunidad a sus reporteros mientras los tribunales penales siguen tramitando la disputa sobre el documental.
Los procesos penales avanzan a puerta cerrada
La Fiscalía General presentó una acusación de qazf contra Eesha Ashraf el 27 de septiembre de 2026 y alegó que ella era la entrevistada de Aisha. El 5 de octubre, el Tribunal Penal decidió tramitar el proceso a puerta cerrada.
El artículo 612 del Código Penal se refiere a formular o repetir, a sabiendas, una acusación falsa de adulterio o fornicación. La acusación de la Fiscalía sobre la participación de Eesha es central porque el documental ocultó la identidad de la persona que habló.
Eesha había ocupado un cargo político en la Oficina Presidencial. Después fue trasladada a puestos en dos ministerios y finalmente despedida de la administración pública. La policía la interrogó y retuvo su pasaporte durante la investigación. Ella dijo que no había tenido una oportunidad adecuada para responder a las acusaciones.
También se presentaron acusaciones de qazf por separado contra Fiyaz y Hassan por su presunta participación en la producción y publicación del documental. Ambos ejercieron su derecho a guardar silencio durante los interrogatorios y han negado los cargos ante el tribunal. Sus procesos también se desarrollan a puerta cerrada.
Los casos vinculan la misma publicación con varias medidas estatales: un registro para buscar pruebas, restricciones de viaje, procesos penales y la exclusión de ruedas de prensa gubernamentales. Las audiencias a puerta cerrada también limitan lo que el público puede observar sobre la presentación de las pruebas y los argumentos expuestos ante el tribunal.
La regulación de los medios ya estaba bajo presión
Un proyecto de ley sobre medios, reactivado en el Parlamento el 18 de agosto de 2025, propuso sustituir el Consejo de Medios de Maldivas y la Comisión de Radiodifusión de Maldivas por una nueva Comisión de Medios y Radiodifusión de Maldivas. El diputado Abdul Hannan Abubakr presentó la propuesta después de que un proyecto similar fuera retirado en 2024 tras la oposición de los periodistas.
La propuesta de 2025 permitiría imponer multas de entre 5.000 y 25.000 MVR a los periodistas y de hasta 100.000 MVR a los medios. También planteó la posibilidad de suspender los registros de medios durante las investigaciones, bloquear sitios web de periódicos y suspender emisiones. La Asociación de Periodistas de Maldivas objetó el uso de términos imprecisos y la falta de consultas con periodistas, sindicatos y organizaciones informativas.
La multa máxima de 5 millones de MVR para empresas prevista en la ley de divisas es 50 veces superior a la multa máxima de 100.000 MVR para medios propuesta en ese proyecto. Para las personas, el límite de 500.000 MVR es 20 veces superior al límite propuesto de 25.000 MVR para periodistas. Se trata de marcos jurídicos distintos, pero las cifras muestran la magnitud del riesgo financiero que crean las disposiciones sobre divisas.
El Consejo de Medios de Maldivas ya había advertido en mayo de 2025 sobre amenazas e insultos contra periodistas en plataformas políticas y redes sociales. También denunció el intercambio discriminatorio de información y pidió a las autoridades que garantizaran a los periodistas un acceso igualitario.
La policía obstaculiza las manifestaciones por el costo de vida
En agosto de 2026, la policía detuvo la marcha del opositor Partido Democrático Maldivo (MDP) cerca del Centro Social de Malé e impidió que los manifestantes continuaran por Majeedhee Magu. El partido organizó la protesta por el aumento del costo de vida.
Entre los participantes estaban Mohamed Nasheed, presidente del MDP y expresidente del país; Abdulla Shahid, presidente del partido, y otros altos cargos. El MDP afirmó que eligió una zona residencial densamente poblada para llegar a más personas.
El ministro del Interior, Ihusaan, había advertido que no se permitiría la marcha por Majeedhee Magu a la hora solicitada debido al tráfico en hora punta. El MDP dijo que la policía había asegurado previamente a los organizadores que podrían marchar por esa zona y que se negó a trasladar la manifestación a otro lugar.
En virtud de la Ley de Libertad de Reunión Pacífica de 2013, se pueden celebrar protestas sin permiso policial en la zona de Carnival y en otros tres lugares designados de Malé. En el resto de la ciudad se requiere autorización. Las normas internacionales de derechos humanos favorecen la notificación, que permite a la policía prepararse para una concentración, en lugar de exigir a los organizadores que obtengan permiso antes de ejercer el derecho de reunión.
La actuación policial contra las manifestaciones también suscitó preocupación en 2025. El 8 de marzo, los agentes utilizaron gas pimienta contra manifestantes de la oposición y dos mujeres mayores sufrieron graves dificultades respiratorias. Una periodista de Raajje TV se lesionó el codo cuando los agentes apartaron a los medios. Al día siguiente, miembros del MDP Ibrahim Abdulla, conocido como Gabbarey, y Ahmed Shazeen fueron detenidos durante una protesta sin que se indicara el motivo.
Activistas pasan días bajo custodia
Ahmed Maimoon Mohamed, vicepresidente del ala juvenil del MDP y empleado del Ayuntamiento de Malé, fue detenido durante una concentración el 28 de agosto de 2026 por presunta incitación al desorden y obstrucción de las funciones policiales. El Tribunal Penal ordenó que permaneciera cinco días bajo custodia mientras se investigaba el caso. Fue puesto en libertad el 6 de septiembre.
La policía detuvo al activista del MDP y miembro de la Asociación de Taxistas Mohamed Shamin en el Aeropuerto Internacional Velana el 8 de septiembre, en virtud de una orden del Tribunal Penal. Un informe de inteligencia lo identificaba como una amenaza para la seguridad pública.
Sus abogados afirmaron que la detención se relacionaba con las acusaciones de que había cruzado las barricadas policiales en Chandhanee Magu y Didi Goalhi durante la protesta del 28 de agosto. En un primer momento, el tribunal ordenó que permaneciera 10 días bajo custodia y luego prorrogó la detención por tres días. Entre las pruebas citadas había declaraciones policiales, imágenes de cámaras de seguridad y un informe de inteligencia. Shamin fue puesto en libertad el 22 de septiembre.
El año anterior, organizadores juveniles también habían enfrentado procesos penales. Aishath Shiman Ahmed y Abdulla Mahzoom Majid fueron detenidos el 2 de mayo de 2025 durante una protesta que reclamaba justicia para un joven de 21 años hallado tras caer de un edificio en abril. El 3 de julio, Shiman fue acusado en virtud del artículo 532A del Código Penal de obstruir la labor de las fuerzas del orden, mientras que Mahzoom fue acusado en virtud del artículo 120B(3) de agredir o usar la fuerza contra agentes de las fuerzas del orden o personal militar.
La familia de Rilwan reclama las conclusiones de la investigación
Rilwan, reportero de Minivan News, desapareció el 8 de agosto de 2014 tras recibir repetidas amenazas de muerte de extremistas islámicos. En sus artículos, su blog y sus publicaciones en redes sociales criticaba el fundamentalismo religioso y el extremismo violento. Una petición de su familia presentada en septiembre de 2014 para exigir medidas al gobierno reunió 5.000 firmas.
El comunicado por el décimo aniversario de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) recoge varios fracasos sucesivos a la hora de garantizar que alguien rindiera cuentas. Tres sospechosos iniciales fueron puestos en libertad sin cargos. Un juicio que se desarrolló entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 terminó con absoluciones; el juez señaló graves negligencias en la investigación y la acusación.
El expresidente Ibrahim Mohamed Solih creó en 2018 la Comisión Presidencial sobre Muertes y Desapariciones. Los sospechosos detenidos durante la investigación de la comisión en 2022 fueron puestos en libertad en junio y julio de 2023, y los cargos se desestimaron por falta de pruebas. El Tribunal Penal y la Fiscalía General dijeron a finales de 2023 que no se recurriría el caso. Muizzu disolvió la comisión en junio de 2024.
Las principales etapas del caso abarcan ya más de una década:
- 8 de agosto de 2014: Rilwan fue secuestrado y desapareció.
- Agosto de 2018: Un juicio penal terminó con absoluciones tras fallos en la investigación y la acusación.
- 2018: Solih creó la comisión presidencial.
- Junio y julio de 2023: Fueron puestos en libertad los sospechosos detenidos durante la investigación de la comisión.
- Junio de 2024: Muizzu disolvió la comisión.
- Agosto de 2026: La sociedad civil renovó sus demandas de divulgación de información y rendición de cuentas en el duodécimo aniversario.
La Asociación para la Democracia en Maldivas pide a Muizzu que publique las conclusiones de la comisión. También ha criticado el cierre de la investigación sin divulgar información al público ni establecer una vía clara para exigir responsabilidades, así como el silencio de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas.
En 2024, la IFJ, la Asociación de Periodistas de Maldivas y otras 11 organizaciones pidieron que se publicaran los informes de la comisión y que la comisión de derechos humanos realizara una investigación pública. No se ha anunciado ninguna fecha para la publicación ni un nuevo calendario para exigir responsabilidades.
Las organizaciones de derechos y los tribunales también enfrentan presiones
La situación de la Red Maldiva por la Democracia muestra otra restricción a la actividad cívica organizada. La organización fue dada de baja en diciembre de 2019 y sus fondos fueron confiscados tras una campaña que incluyó cientos de amenazas de muerte contra quienes la defendían. En julio de 2024, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó restablecer su registro y devolver sus fondos sin demora.
CIVICUS documentó que la recomendación seguía sin aplicarse en su evaluación de 2025. El fundador de la organización había impugnado las medidas del gobierno ante el Tribunal Civil en septiembre de 2020. El tribunal confirmó la baja en 2023 y, cuando CIVICUS publicó su evaluación, el recurso aún esperaba una audiencia en el Tribunal Superior.
La independencia judicial también fue objeto de escrutinio en 2025. La relatora especial de la ONU Margaret Satterthwaite expresó preocupación por la suspensión de los jueces del Tribunal Supremo Azmiralda Zahir, Husnu Al Suood y Mahaz Ali Zahir mientras el tribunal examinaba una enmienda constitucional sobre los legisladores que abandonan sus partidos o son expulsados de ellos. Uno de los jueces dimitió en señal de protesta.
Satterthwaite también cuestionó una ley aprobada por el Parlamento el 25 de febrero de 2025 para reducir de siete a cinco el número de jueces del Tribunal Supremo. Posteriormente, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados manifestó preocupación por el debido proceso y la posible injerencia del poder ejecutivo en la destitución de los jueces.
Estas disputas institucionales importan a quienes buscan reparación. Los periodistas que impugnan restricciones, las organizaciones que recurren su baja y las familias que exigen investigaciones dependen de tribunales y organismos de supervisión capaces de examinar de manera independiente las actuaciones del gobierno.
Puntos clave
- Las enmiendas sobre divisas, vigentes desde el 1 de septiembre de 2026, permiten imponer multas de hasta 500.000 MVR a personas y 5 millones de MVR a empresas.
- Los periodistas advierten que las disposiciones generales sobre publicaciones podrían restringir la cobertura de los tipos de cambio del mercado paralelo.
- Adhadhu impugna su exclusión de las ruedas de prensa presidenciales mientras sus directivos enfrentan procesos penales por Aisha.
- El gobierno niega las denuncias del documental y ha defendido la actuación policial.
- La policía restringió manifestaciones de la oposición y dos activistas del MDP fueron detenidos tras una concentración en agosto de 2026.
- La familia de Rilwan y la sociedad civil siguen reclamando las conclusiones de la investigación y que se rindan cuentas, doce años después de su desaparición.
