336 contratos ponen bajo escrutinio el gasto público en investigación
Los institutos de investigación financiados por el Gobierno de Corea del Sur adjudicaron 336 contratos por un valor de 12.064.750.000 wones a empresas fundadas por sus investigadores entre 2022 y junio de 2026. Más de la mitad, 182 contratos, se adjudicaron directamente a una empresa seleccionada, sin licitación competitiva, según cifras del Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (NST) presentadas ante legisladores.
Contenido
- 336 contratos ponen bajo escrutinio el gasto público en investigación
- Las adjudicaciones directas representaron el 54,2% de los contratos
- 110 contratos involucraron a investigadores que seguían vinculados a sus institutos
- Tres contratos de un mismo proyecto de investigación
- El instituto invoca sus normas y promete cambios
- Las denuncias de investigación tardaron unos 300 días en promedio
- Las normas de seis meses permiten prórrogas sin un límite final
- Cómo se desarrollaron los casos
- El uso de videojuegos durante la jornada laboral se sancionó con amonestaciones
- Mantener abierta la cooperación empresarial mientras cambia la financiación
- Puntos clave
Los contratos fueron objeto de escrutinio durante una auditoría parlamentaria celebrada el 20 de octubre de 2026 en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), en Daejeon. Park Jeong-ha, diputado del Partido del Poder Popular y miembro de la Comisión de Ciencia, TIC, Radiodifusión y Comunicaciones de la Asamblea Nacional, obtuvo las cifras del NST.
El caso más examinado involucró tres contratos por un total de 45,43 millones de wones, adjudicados por el Instituto de Investigación de Ingeniería Civil y Tecnología de la Construcción de Corea a una empresa de equipos de calefacción dirigida por uno de sus investigadores en activo. Los tres correspondían al mismo proyecto de investigación y cada uno estaba por debajo del límite de 20 millones de wones que permite una adjudicación directa según las normas aplicables.
Los legisladores también examinaron denuncias de faltas de conducta en la investigación que tardaron cientos de días en tramitarse y medidas disciplinarias contra empleados que accedían repetidamente a servidores de videojuegos durante la jornada laboral. En conjunto, los casos pusieron bajo escrutinio las decisiones de compra, los plazos de investigación y la supervisión laboral en laboratorios financiados con fondos públicos.
El debate plantea una segunda preocupación: cómo mantener la cooperación útil entre los laboratorios públicos y las empresas, al tiempo que se refuerzan las salvaguardias. En la misma audiencia, los legisladores analizaron una encuesta según la cual el 61,2% de los investigadores de institutos públicos esperaba que la cooperación empresarial disminuyera tras la abolición del sistema de financiación basado en proyectos, conocido como PBS.
Las adjudicaciones directas representaron el 54,2% de los contratos
Las cifras del NST muestran que las adjudicaciones directas representaron el 54,2% de los 336 contratos con empresas fundadas por investigadores de los institutos. Su valor conjunto fue de aproximadamente 5.400 millones de wones, frente a unos 12.060 millones de wones del total de contratos contabilizados.
Esto sitúa el valor de las adjudicaciones directas en torno al 45% del total, aunque representaron más de la mitad de los contratos. La diferencia significa que, en promedio, las adjudicaciones directas fueron de menor importe que los demás contratos.
Una adjudicación directa permite a una institución elegir a un proveedor sin invitar a las empresas a competir mediante una licitación. Este tipo de contratación está permitido en circunstancias específicas, incluidos algunos contratos de bajo importe. La principal preocupación planteada en la audiencia fue cómo gestionan las instituciones las compras cuando quien fundó una empresa proveedora también trabaja para el organismo público que paga la factura.
Park pidió que se realizaran controles en todos los institutos y se introdujeran cambios en la gestión de contratos y las salvaguardias contra conflictos de intereses. Un conflicto de intereses surge cuando las responsabilidades públicas de una persona se superponen con un interés financiero privado, lo que hace necesario declarar ese interés y tomar decisiones de forma independiente.
110 contratos involucraron a investigadores que seguían vinculados a sus institutos
Ocho institutos registraron 110 contratos con empresas fundadas por investigadores que mantenían una relación laboral con la institución compradora. Estas relaciones incluían empleo activo, permisos de ausencia y autorización para desempeñar otro cargo junto con el puesto en el instituto.
El Instituto de Investigación de Electrónica y Telecomunicaciones (ETRI) representó 83 de esos contratos, seguido por el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea, con 11, y el Instituto de Investigación de Ingeniería Civil y Tecnología de la Construcción de Corea, con cinco. Por lo tanto, el ETRI concentró alrededor de tres cuartas partes de este grupo, con 83 de los 110 contratos.
En las ocho instituciones, 41 de los 110 contratos fueron adjudicaciones directas, aproximadamente el 37%. La proporción varió según el instituto: 10 de los 11 contratos del instituto de energía atómica y cuatro de los cinco del instituto de construcción se adjudicaron sin licitación competitiva.
El vínculo laboral es importante porque un instituto puede apoyar la empresa de un investigador y, al mismo tiempo, decidir si compra sus productos o servicios. Es especialmente importante que haya responsabilidades claras para seleccionar proveedores, verificar el trabajo terminado y aprobar los pagos cuando colegas trabajan en ambos lados de esa relación.
Tres contratos de un mismo proyecto de investigación
El caso del instituto de construcción puso de relieve esos roles superpuestos. En 2023, el instituto aprobó una prórroga para que un investigador asociado en activo siguiera ocupando un segundo cargo en una empresa de equipos de calefacción identificada como Empresa E.
Entre septiembre y diciembre de 2025, el instituto adjudicó a la empresa tres contratos directos para trabajos de tuberías, instalación de equipos de medición y fabricación de un controlador. En conjunto, los contratos ascendían a 45,43 millones de wones. Cada uno tenía un valor no superior a 20 millones de wones.
Las normas aplicables permitían adjudicar directamente contratos por un importe igual o inferior a ese límite. Como las tres compras pertenecían al mismo proyecto de investigación, la operación despertó sospechas de que el trabajo se había dividido en contratos más pequeños para ajustarse al límite.
Los empleados que solicitaron las compras, supervisaron el trabajo y lo inspeccionaron pertenecían a la misma división de investigación que el investigador y director ejecutivo de la empresa. La Empresa E también ocupaba oficinas dentro de las instalaciones de apoyo a empresas emergentes del instituto.
Estos detalles explican por qué el escrutinio fue más allá del precio de cada compra. La dirección del proveedor, los funcionarios que supervisaban la entrega y el instituto que proporcionaba espacio de oficina estaban vinculados a través del mismo lugar de trabajo.
El instituto invoca sus normas y promete cambios
El instituto de construcción informó a la oficina de Park que no correspondía declarar un interés ni solicitar apartarse de las decisiones. Sostuvo que los contratos habían seguido las normas vigentes del instituto y que estaba preparando modificaciones para mejorar la equidad.
Durante la auditoría parlamentaria, el presidente del instituto, Park Sun-kyu, cifró el valor de los contratos en unos 45 millones de wones y explicó que algunas compras se acogían a disposiciones que permiten adjudicaciones directas de bajo importe.
Park Jeong-ha afirmó que se debe fomentar el emprendimiento de los investigadores, pero mantener transparentes las decisiones sobre contratos y someter las tecnologías a una competencia justa. El diputado del Partido del Poder Popular describió el límite que quería que las instituciones respetaran:
Las empresas emergentes de investigadores no deben dar lugar a conflictos de intereses ni a controversias sobre trato preferencial en contratos con sus instituciones de origen.
No se anunció ninguna conclusión sobre la presunta división de los contratos, una fecha para completar los cambios normativos del instituto ni un calendario para una revisión más amplia. La respuesta institucional inmediata fue defender que se habían cumplido las normas vigentes y reconocer, al mismo tiempo, la necesidad de revisarlas.
Las denuncias de investigación tardaron unos 300 días en promedio
Cifras independientes obtenidas del Ministerio de Ciencia y TIC por Kim Sun-min, diputado del Partido de Reconstrucción de Corea, mostraron que desde 2021 se habían recibido 108 denuncias de faltas de conducta en la investigación o uso indebido de fondos para investigación.
Tras excluir cuatro denuncias retiradas o desestimadas, las 104 restantes registraron un promedio de tramitación o tiempo transcurrido de aproximadamente 300 días. Veintinueve llevaban más de un año, lo que equivale a cerca del 28% de ese grupo.
El promedio incluye tanto casos concluidos como el tiempo transcurrido en los que siguen en trámite. Para los investigadores que esperan una decisión, las cifras describen un proceso que puede prolongarse durante gran parte de un año o más.
Un presunto caso de obtención indebida de subvenciones públicas, tramitado por la fundación de promoción de zonas especiales de investigación y desarrollo, tardó 938 días desde la denuncia, presentada en febrero de 2022, hasta la entrega de las conclusiones en septiembre de 2024. Otra denuncia, relacionada con la inscripción falsa de investigadores participantes, tardó 621 días en llegar a un informe de conclusiones.
Una denuncia por plagio bajo la supervisión de la Fundación Nacional de Investigación de Corea, investigada por la Universidad Nacional de Kyungpook, llevaba cuatro años y seis meses en fase de reconsideración desde que se presentó en abril de 2022.
Las normas de seis meses permiten prórrogas sin un límite final
Las normas del Ministerio de Ciencia y TIC para los sectores de información, comunicaciones y radiodifusión, así como las directrices de ética de la investigación del Ministerio de Educación, generalmente exigen que los casos pasen del inicio de una investigación preliminar a una decisión en un plazo de seis meses.
Ambos conjuntos de normas permiten prórrogas sin limitar su número ni la duración total de la investigación. Esto deja margen para que los casos se prolonguen mucho más allá del plazo indicado de seis meses.
Las estadísticas sobre denuncias miden el tiempo desde que se presentan, mientras que las normas empiezan a contar desde el inicio de una investigación preliminar. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta dos etapas: el tiempo que transcurre antes de que comience formalmente una investigación y el dedicado a investigarla y decidir sobre ella.
Los casos más largos muestran cuán lejana puede quedar una decisión final. El caso de la subvención tardó más de dos años y medio en llegar al informe de conclusiones, mientras que la denuncia por plagio seguía en fase de reconsideración después de cuatro años y medio.
Cómo se desarrollaron los casos
Los contratos, las denuncias y los casos disciplinarios abarcan varios años. Su cronología ayuda a explicar por qué la audiencia de octubre de 2026 abordó tanto decisiones concretas como las normas que las regulan.
- Desde 2021: las autoridades recibieron 108 denuncias relacionadas con faltas de conducta en la investigación o uso indebido de fondos para investigación.
- Febrero de 2022: se denunció un presunto caso de fraude con subvenciones públicas; el informe de conclusiones se presentó en septiembre de 2024, tras 938 días.
- Abril de 2022: se presentó la denuncia por plagio investigada por la Universidad Nacional de Kyungpook.
- 2023: el instituto de construcción prorrogó el permiso para que su investigador siguiera ocupando un segundo cargo en la Empresa E.
- 2024: se sorprendió a cinco empleados del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional, vinculado al ETRI, accediendo repetidamente a servidores de videojuegos durante la jornada laboral.
- De septiembre a diciembre de 2025: la Empresa E recibió tres contratos directos por un valor de 45,43 millones de wones.
- Junio de 2026: se cerró el recuento de contratos del NST, que abarcaba 336 contratos adjudicados desde 2022.
- 20 de octubre de 2026: los legisladores examinaron los contratos y las preocupaciones sobre la cooperación empresarial durante la auditoría parlamentaria en Daejeon.
La cronología sitúa las tres compras de la Empresa E después de que el instituto aprobara que el investigador mantuviera su cargo externo. También muestra que algunas denuncias seguían activas tras varios ciclos anuales de supervisión.
El uso de videojuegos durante la jornada laboral se sancionó con amonestaciones
La disciplina laboral planteó otra preocupación sobre la supervisión en los laboratorios públicos. Cinco empleados del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional recibieron amonestaciones tras acceder repetidamente a servidores de videojuegos durante la jornada laboral en 2024.
El tiempo de conexión registrado de uno de los empleados superó las 90 horas. Al principio, el instituto consideró apropiado reducirle el salario, pero rebajó la sanción disciplinaria debido a una distinción anterior.
El instituto indicó que descontó los días de vacaciones anuales y el salario correspondientes al tiempo de conexión, y que reforzó los bloqueos de sitios web ajenos al trabajo. Estas medidas acompañaron las amonestaciones.
El caso centró la atención tanto en la sanción elegida como en el uso de reconocimientos anteriores para reducirla. También puso la supervisión cotidiana junto a las cuestiones más amplias sobre el gasto y las investigaciones de ética científica.
Mantener abierta la cooperación empresarial mientras cambia la financiación
La audiencia también abordó la preocupación de que la abolición del PBS pudiera reducir la cooperación entre los laboratorios públicos y las empresas más pequeñas. El PBS vincula la financiación de la investigación a proyectos individuales; el debate sobre la reforma se centra en cómo dar mayor estabilidad financiera a los investigadores y permitirles seguir trabajando con empresas.
Han Jun-ho, diputado del Partido Democrático, citó una encuesta de junio de 2026 de la Asociación de Tecnología Industrial de Corea, según la cual el 61,2% de los investigadores de institutos esperaba que la cooperación empresarial disminuyera tras la abolición del PBS. Entre las empresas que habían trabajado con institutos públicos, el 77,2% afirmó que la investigación conjunta había beneficiado sus actividades de investigación y desarrollo.
Las dos cifras describen grupos distintos: investigadores que anticipan un cambio y empresas que evalúan su experiencia previa de cooperación. En conjunto, explican la preocupación de que una reforma destinada a dar más estabilidad a los laboratorios pueda debilitar un servicio que las empresas ya valoran.
Han instó a las instituciones a mantener proyectos pequeños y de corta duración para las pequeñas y medianas empresas, profundizar la colaboración con socios actuales y abrir oportunidades a más empresas regionales. Citó la división de investigación del sureste del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea, donde los proyectos conjuntos pasaron de seis en 2023 a 30 en 2025, un aumento de cinco veces.
Son Woong-hee, presidente del Instituto Coreano de Tecnología Industrial, reconoció la preocupación de que la cooperación con empresas pudiera reducirse y pidió fórmulas de financiación que respondan a las necesidades de los institutos estrechamente vinculados a los centros de trabajo industriales.
La dotación de personal investigador añade otra presión. Las cifras del NST analizadas a principios de octubre mostraron que 155 investigadores renunciaron voluntariamente en 2025, incluidos 137 de entre 30 y 49 años, mientras investigadores jóvenes abandonaban los institutos para dedicarse a otras carreras, a menudo en el mundo académico.
La tarea concreta de los institutos es garantizar una selección más independiente de proveedores y tramitar las denuncias con mayor rapidez, al tiempo que conservan al personal y las relaciones con empresas necesarios para llevar a cabo investigaciones. En la audiencia, los legisladores pidieron controles más estrictos sobre las compras a empresas de investigadores y, a la vez, mantener el acceso de las empresas más pequeñas a los laboratorios públicos.
Puntos clave
- Entre 2022 y junio de 2026, los institutos públicos de investigación adjudicaron a empresas fundadas por sus investigadores 336 contratos por unos 12.060 millones de wones.
- Las adjudicaciones directas representaron 182 contratos, o el 54,2%, con un valor conjunto de aproximadamente 5.400 millones de wones.
- Tres contratos del instituto de construcción, por un valor de 45,43 millones de wones, fueron objeto de escrutinio porque correspondían al mismo proyecto y cada uno estaba por debajo del límite para la adjudicación directa.
- Entre 104 denuncias de faltas de conducta en la investigación y problemas de financiación, el tiempo de tramitación o transcurrido fue de unos 300 días en promedio; 29 casos duraron más de un año.
- Las normas de investigación establecen generalmente un plazo de seis meses, pero permiten prórrogas sin límite en cuanto a su número o duración total.
- Los legisladores también buscaron proteger la cooperación empresarial durante los cambios en la financiación de la investigación y señalaron encuestas que muestran que las empresas valoran la investigación conjunta.
