Diecisiete años después de la guerra, persisten las restricciones sobre las tierras y los medios de vida
La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha pedido acelerar la devolución de las tierras ocupadas por los militares en el norte y el este, donde la mayoría de la población es tamil, y ha señalado que la militarización continúa 17 años después del fin de la guerra civil, en 2009. Sus conclusiones describen una presencia militar que todavía influye en dónde puede vivir la población, cómo se gana la vida y cómo se relaciona con las autoridades civiles.
Contenido
- Diecisiete años después de la guerra, persisten las restricciones sobre las tierras y los medios de vida
- Por qué los documentos de propiedad se han convertido en motivo de disputa
- La seguridad nacional y el alcance de los organismos estatales
- El papel de los militares se extiende a las granjas y los centros preescolares
- La vigilancia condiciona la búsqueda de justicia
- Las fosas comunes y el desplazamiento siguen sin resolverse
- Cómo llegó la comisión a sus conclusiones
- Una disputa que se prolonga desde hace décadas
- Puntos clave
El informe de la comisión, La situación de los derechos humanos en las provincias septentrional y oriental de Sri Lanka, identifica la persistencia de la apropiación de tierras, las restricciones a los medios de vida tradicionales y la intimidación. Insta al Gobierno a restablecer los derechos de propiedad y la capacidad de las personas para mantenerse, además de devolver las tierras ocupadas.
La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, el organismo nacional de derechos humanos, describe así las prácticas que afectan a las comunidades de la antigua zona de conflicto:
un patrón persistente de apropiación de tierras, denegación del acceso a los medios de vida tradicionales e intimidación de la población local
Estas conclusiones contrastan con la versión del Gobierno, que sostiene que se han logrado avances considerables. El brigadier Franklin Joseph, portavoz del Ministerio de Defensa, dijo que se había devuelto más del 90% de las tierras que antes controlaban los militares. Thurairasa Ravikaran, diputado tamil que representa a Mullaitivu por Ilankai Tamil Arasu Kadchi, dijo que importantes extensiones seguían bajo control de los militares y otros organismos estatales.
La discrepancia deja a los residentes ante un problema práctico: incluso después de amplias devoluciones, las familias cuyas propiedades siguen ocupadas necesitan una vía para recuperarlas. Las recomendaciones de la comisión se refieren tanto a las tierras como al papel más amplio de las instituciones de seguridad en la vida civil.
Por qué los documentos de propiedad se han convertido en motivo de disputa
El presidente Anura Kumara Dissanayake, que también ocupa el cargo de ministro de Defensa, ordenó en agosto de 2026 a las fuerzas de seguridad acelerar la devolución de las tierras ocupadas durante la guerra que ya no fueran necesarias por motivos de seguridad. Los residentes de habla tamil han expresado preocupación por el ritmo de aplicación de la medida.
Joseph dijo que algunos casos seguían en revisión porque no se había identificado a los propietarios o faltaban documentos que acreditaran la propiedad. Ravikaran objetó que era injusto exigir documentos de propiedad a familias que huyeron durante la guerra. El desplazamiento puede dejar a una familia separada tanto de su hogar como de los documentos necesarios para reclamarlo.
Las cifras citadas aquí no incluyen la superficie total que antes estaba en manos de los militares, la extensión que todavía ocupan ni un plazo para completar las devoluciones. El porcentaje de Joseph se refiere a las tierras que antes controlaban los militares, mientras que la objeción de Ravikaran también abarca propiedades controladas por otros organismos estatales, incluidos los departamentos de arqueología y conservación de la fauna silvestre.
La comisión pide restablecer plenamente los derechos de propiedad y los medios de vida. Para un hogar afectado, eso significa poder volver a utilizar sus tierras, en lugar de que su reclamación quede atascada entre las revisiones de seguridad y las exigencias de documentación.
La seguridad nacional y el alcance de los organismos estatales
La comisión recomienda que la seguridad nacional no se utilice como justificación general para apropiarse de tierras. Presta especial atención a los casos en que las comunidades minoritarias soportan una carga desproporcionada o en que las apropiaciones facilitan la expansión de actividades religiosas en tierras ajenas.
La adquisición de tierras significa que el Estado toma el control de una propiedad. En el norte y el este, las disputas pueden involucrar a varias autoridades, cada una con responsabilidades distintas. Por eso, un programa de devolución de tierras por parte de los militares aborda solo una parte de un problema más amplio cuando los residentes también afrontan restricciones impuestas por departamentos civiles.
El informe del Parlamento británico sobre los derechos humanos en Sri Lanka recoge inquietudes sobre este patrón más amplio. Registra una recomendación británica para que Sri Lanka aborde la expropiación de tierras por parte de departamentos gubernamentales en el norte y el este, incluido el Departamento de Arqueología, así como las restricciones relacionadas con el acceso.
El informe también reproduce una declaración emitida el 4 de marzo de 2024 por el Grupo Central sobre Sri Lanka, integrado por Reino Unido, Canadá, Malawi, Montenegro, Macedonia del Norte y Estados Unidos. El grupo acogió con satisfacción los compromisos de devolver tierras, pero expresó preocupación por la situación sobre el terreno:
«Acogemos con satisfacción los compromisos anunciados por el Gobierno para devolver tierras, pero observamos con preocupación las informaciones sobre el aumento de las tensiones en torno a las incautaciones de tierras en el norte y, en particular, en el este del país».
Los relatos de los acontecimientos de 2025 también describen la participación de organismos gubernamentales, militares y policías en la apropiación de templos hindúes y terrenos adyacentes. Para los fieles y los residentes de la zona, el control de estos lugares vincula los derechos de propiedad con la libertad de practicar su religión.
El papel de los militares se extiende a las granjas y los centros preescolares
La comisión pide medidas concretas para poner fin a la participación de los militares en sectores económicos civiles, como la agricultura y la educación. Identifica actividades realizadas a través del Departamento de Seguridad Civil y la participación en la administración del personal docente de centros preescolares.
Estas responsabilidades incorporan a las instituciones de seguridad en actividades cotidianas que van mucho más allá de la vigilancia de instalaciones militares. La agricultura implica el acceso a la tierra y a los ingresos. La administración de los centros preescolares concierne a quienes enseñan a los niños pequeños y a las autoridades que supervisan su trabajo.
La comisión afirma que Sri Lanka carece de un plan integral de reforma del sector de la seguridad que reduzca la presencia militar en el norte y el este y restablezca la administración civil. La reforma del sector de la seguridad consiste en cambiar las funciones, las normas y la supervisión de instituciones como las fuerzas armadas, de modo que sus responsabilidades estén definidas y sujetas al control público.
Por tanto, las recomendaciones del informe van más allá de la devolución de parcelas individuales. Buscan separar con mayor claridad las funciones militares de la administración de la vida cotidiana de las comunidades. La comisión considera que la participación de los militares en asuntos civiles, incluida la actividad económica, obstaculiza la reconciliación tras la guerra.
La vigilancia condiciona la búsqueda de justicia
La comisión analiza la vigilancia y la intimidación junto con las disputas por tierras. El estudio también aborda las desapariciones forzadas, las fosas comunes y la conmemoración, es decir, las formas en que las familias y las comunidades recuerdan a las personas que murieron o desaparecieron.
La evaluación anual de Sri Lanka de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas describió una estructura de vigilancia que seguía afectando al norte y el este. La oficina señaló:
el aparato de vigilancia, especialmente en el norte y el este, se ha mantenido en gran medida intacto, con una supervisión o dirección mínima por parte del Gobierno central
Durante 2025, las familias que reclamaban justicia, los defensores de los derechos humanos y los integrantes de la sociedad civil siguieron siendo objeto de vigilancia e intimidación. En agosto de ese año, la policía antiterrorista citó a declarar al periodista tamil y defensor de los derechos humanos Kanapathipillai Kumanan.
Una mujer de Trincomalee que había proporcionado información al Proyecto de Rendición de Cuentas de Sri Lanka de la ONU describió un interrogatorio policial de tres horas en su domicilio en junio de 2025. No se reveló su identidad. Así describió la presión sobre su familia:
«La vigilancia ahora es más estricta», dijo. «A veces [la policía] incluso se acerca a nuestros hijos para obtener información sobre nosotros. Eso es una forma de amenaza».
El proyecto recopila pruebas de abusos relacionados con el conflicto. La participación ofrece a las víctimas una vía para compartir información, mientras que el interrogatorio descrito por la mujer muestra la presión personal que puede acompañar a ese proceso.
Las fosas comunes y el desplazamiento siguen sin resolverse
Las investigaciones realizadas en 2025 volvieron a centrar la atención en las personas desaparecidas durante el conflicto. En Chemmani, cerca de Jaffna, una nueva investigación de una fosa común encontró los restos de más de 200 personas, entre ellas niños. Se cree que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército de Sri Lanka en la década de 1990.
En agosto de 2025, un tribunal ordenó excavar otra fosa común en Kurukkalmadam, en el distrito de Batticaloa. A lo largo de varios años se han descubierto al menos 20 fosas comunes en Sri Lanka, a menudo durante obras de construcción.
Las investigaciones afrontan una falta de capacidad técnica. Errores anteriores en la conservación de pruebas y la identificación de restos han dejado a muchas familias sin respuestas. La inclusión de las fosas comunes y las desapariciones forzadas en el informe de la comisión sitúa la búsqueda de familiares desaparecidos junto a las demandas de tierras, vivienda y protección frente a la intimidación.
El estudio también aborda el reasentamiento de los musulmanes del norte expulsados por los Tigres de Liberación del Eelam Tamil en 1990. Su desplazamiento constituye otro aspecto de las reclamaciones aún pendientes en la región sobre hogares, tierras y vida comunitaria. Al examinar su situación junto con las preocupaciones que afectan a las comunidades tamiles, la comisión aborda los derechos de distintos grupos perjudicados por el conflicto.
Cómo llegó la comisión a sus conclusiones
La Comisión de Derechos Humanos afirma que su estudio se basa en visitas sobre el terreno y consultas con funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y comunidades afectadas. También revisó informes e investigaciones pertinentes.
El estudio identifica obstáculos persistentes a la igualdad, el acceso a la justicia, los medios de vida seguros, la tierra, la vivienda y los servicios públicos. Su alcance incluye la libertad religiosa y los proyectos de desarrollo, así como la conducta de las instituciones de seguridad.
La comisión pide que se exijan responsabilidades y que las comunidades participen de forma significativa en las decisiones que afectan a la región. En la práctica, los residentes tendrían voz en las conversaciones sobre sus tierras, el reasentamiento y el desarrollo, en lugar de limitarse a recibir información sobre decisiones tomadas por organismos estatales.
Las recomendaciones vinculan la recuperación tras la guerra con las necesidades cotidianas: un hogar seguro, acceso al trabajo y a los servicios públicos, y una vía para impugnar el trato injusto. También atribuyen al Gobierno y a las autoridades competentes la responsabilidad de abordar las injusticias históricas y las desigualdades persistentes.
Una disputa que se prolonga desde hace décadas
Las conclusiones más recientes llegan tras años de desplazamientos, promesas gubernamentales y escrutinio internacional. Varias fechas muestran cómo las disputas actuales se relacionan con acontecimientos anteriores:
- 1990: Los LTTE expulsaron a los musulmanes del norte; su reasentamiento es uno de los asuntos que examina la comisión.
- 2009: Terminó la guerra civil de Sri Lanka, pero quedaron sin resolver las cuestiones sobre las tierras ocupadas, las personas desaparecidas y la administración civil.
- 2023: Declaraciones del Gobierno británico pidieron actuar frente a la expropiación de tierras y las restricciones en el norte y el este.
- 4 de marzo de 2024: El Grupo Central sobre Sri Lanka expresó preocupación por el aumento de las tensiones en torno a las incautaciones de tierras, especialmente en el este.
- 2025: Continuaron las investigaciones de fosas comunes, mientras las familias de las víctimas y los defensores de los derechos humanos fueron objeto de vigilancia e intimidación.
- Agosto de 2026: Dissanayake ordenó a las fuerzas de seguridad acelerar la devolución de las tierras que ya no fueran necesarias por motivos de seguridad.
La labor internacional para exigir responsabilidades ha continuado en paralelo a estas disputas internas. El informe parlamentario británico explica que la resolución 51/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la oficina de derechos humanos de la ONU para informar sobre Sri Lanka y preservar pruebas de abusos pasados para futuros procesos de rendición de cuentas. En octubre de 2025, el Consejo renovó por otros dos años el mandato del Proyecto de Rendición de Cuentas de Sri Lanka.
La principal exigencia de la comisión es que se actúe dentro de Sri Lanka: devolver las propiedades ocupadas, restablecer los medios de vida, reducir la participación militar en los asuntos civiles y dar a las comunidades afectadas una voz significativa. Para las familias que siguen esperando recuperar sus tierras, la próxima medida del progreso será poder acceder a sus propios hogares y medios de vida.
Puntos clave
- La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka afirma que la militarización persiste en el norte y el este, 17 años después del fin de la guerra civil.
- La comisión pide acelerar la devolución de tierras y poner fin a la participación de los militares en sectores civiles, como la agricultura y la educación.
- El Ministerio de Defensa afirma que se ha devuelto más del 90% de las tierras que antes controlaban los militares.
- El diputado Thurairasa Ravikaran cuestiona que se exijan documentos a las familias desplazadas y afirma que importantes extensiones siguen bajo control estatal.
- El estudio también aborda la vigilancia, las desapariciones, las fosas comunes, la libertad religiosa y el reasentamiento de los musulmanes del norte.
- La comisión pide que se exijan responsabilidades, se restablezca la administración civil y se garantice la participación significativa de las comunidades afectadas.
