Corea del Sur estudia el uso de tobilleras electrónicas para agresores domésticos tras fallos en la protección de las víctimas

Las advertencias reiteradas ponen bajo escrutinio las fallas en la protección

La policía surcoreana estudia el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia para agresores domésticos después de que una serie de asesinatos dejara al descubierto las brechas entre las órdenes de alejamiento, los dispositivos de emergencia y la respuesta que recibieron las víctimas. En una reunión interinstitucional celebrada en la Casa Azul el 15 de octubre de 2026, la policía presentó propuestas para ampliar el uso de tobilleras electrónicas, facilitar las solicitudes de detención preventiva y sustituir las sanciones administrativas por algunos incumplimientos de las órdenes de protección por sanciones penales.

Las propuestas se conocen tras varios ataques en Seúl, Jeju y Jeonju contra personas que ya habían solicitado protección policial. En Jeonju, una mujer denunció a su esposo, de quien estaba separada, ocho veces entre abril y septiembre. La policía lo clasificó como una persona de alto riesgo y verificó por teléfono su seguridad una vez a la semana; aun así, él la asesinó más tarde.

Una base de datos de la Agencia Nacional de Policía de Corea, entregada al legislador del Partido Demócrata Yang Bu-nam, registra 17 casos de asesinato de personas a quienes se habían entregado relojes inteligentes de protección entre 2022 y el 12 de octubre de 2026. Otro recuento citado en el debate cifra en unos 150 los asesinatos de una misma víctima por parte de alguien que ya había sido investigado por un delito relacionado con una relación sentimental, en un período de tres años y medio.

La policía y el Ministerio de Igualdad de Género y Familia quieren acercar las medidas de protección contra la violencia doméstica a las que se aplican en casos de acoso. Gran parte del paquete requiere cambios legislativos. No se anunció una fecha de aplicación ni el texto definitivo de las modificaciones propuestas.

Qué cambiaría con la vigilancia electrónica

Los tribunales ya pueden ordenar la vigilancia electrónica como medida provisional en casos de acoso. La policía revisa modificaciones a la Ley sobre la Colocación de Dispositivos Electrónicos para crear una base jurídica comparable en casos de violencia doméstica, incluida la protección antes de que haya una resolución judicial definitiva.

Una tobillera electrónica rastrea a quien la lleva puesta. Un reloj inteligente de protección cumple otra función: permite que la víctima envíe a la policía una alerta de emergencia y su ubicación. Según el enfoque propuesto, las autoridades trasladarían una mayor parte de la carga de vigilancia a la persona que representa la amenaza, en vez de depender principalmente de que la víctima pida ayuda.

El Ministerio de Justicia administra las tobilleras electrónicas, mientras que la policía gestiona los relojes inteligentes de protección. Las autoridades estudian si los sistemas podrían medir la distancia entre un agresor y una víctima y enviar alertas a medida que cualquiera de los dos se desplaza. Para llevarlo a la práctica, las dos instituciones tendrían que coordinar la gestión de los dispositivos y compartir información sobre la ubicación.

Oh Yoon-sung, profesor de Administración Policial en la Universidad Soonchunhyang, describió un posible sistema de alerta automática:

Por ejemplo, cuando se acerque a menos de 100 metros de la víctima, el sistema puede alertar automáticamente a la comisaría correspondiente y a la víctima...

Su ejemplo aborda una debilidad práctica de la vigilancia limitada al domicilio o al lugar de trabajo: las víctimas también se desplazan, hacen compras y visitan otros lugares. Una alerta basada en la distancia entre dos personas podría seguir esos movimientos. La policía tendría entonces que convertir la alerta en una separación física antes de que se produzca un ataque.

Detención anticipada y sanciones penales

La policía también quiere flexibilizar los requisitos para solicitar la Medida Provisional n.º 5 prevista en la Ley de Sanción de la Violencia Doméstica. Esta medida permite mantener a un presunto agresor en una celda policial o en un centro de detención mientras avanza el caso.

Según los requisitos actuales descritos por la policía, la solicitud depende de que se incumpla una medida provisional vigente, como una orden de abandonar el domicilio o mantenerse alejado, y de que exista riesgo de nuevos actos de violencia. El cambio propuesto permitiría presentar la solicitud ante el peligro de violencia reiterada, incluso antes de que se incumpla una medida de ese tipo.

Las medidas provisionales de emergencia abarcan otra situación urgente. La policía puede ordenar que una persona abandone una vivienda o se mantenga alejada cuando exista riesgo de que la violencia se repita y esperar una decisión judicial llevaría demasiado tiempo. El incumplimiento de estas medidas contra la violencia doméstica conlleva actualmente una sanción administrativa de hasta 3 millones de wones.

En comparación, el incumplimiento de una medida de emergencia en un caso de acoso puede castigarse con hasta un año de prisión o una multa penal de hasta 10 millones de wones. La policía estudia imponer también sanciones penales por incumplir medidas contra la violencia doméstica. El límite de la multa por acoso supera en más de tres veces la sanción administrativa actual por violencia doméstica, y los incumplimientos en casos de acoso también pueden dar lugar a penas de prisión.

El peligroso intervalo entre las órdenes

El ataque del 11 de octubre en el distrito Songpa de Seúl ilustra cómo la protección puede interrumpirse durante el proceso de renovación de una orden. Un hombre de unos 20 años presuntamente asesinó a su suegra y secuestró a su esposa, que buscaba divorciarse.

La orden de alejamiento contra él venció el 30 de septiembre. La policía volvió a solicitar medidas provisionales el 6 de octubre, seis días después, pero el ataque ocurrió antes de que el tribunal tomara una decisión. La policía no había tramitado de inmediato una prórroga porque durante el mes anterior no se había registrado ninguna conducta particularmente amenazante.

Las principales fechas muestran cómo se desarrolló el debate sobre la protección:

• 30 de septiembre de 2026: venció la orden de alejamiento contra el sospechoso de Songpa.
• 6 de octubre: la policía volvió a solicitar medidas provisionales.
• 11 de octubre: ocurrieron el asesinato y el secuestro en Songpa antes de que el tribunal tomara una decisión.
• 12 de octubre: una mujer de unos 40 años fue asesinada en Jeju después de haber denunciado anteriormente a su expareja.
• 13 de octubre: el presidente Lee Jae-myung pidió en una reunión del Consejo de Ministros modificar las condiciones que obligan a las víctimas a abandonar su vida cotidiana y esconderse.
• 15 de octubre: la policía presentó sus propuestas en una reunión interinstitucional sobre la respuesta a la delincuencia, y el Ministerio de Igualdad de Género y Familia abordó cambios legales durante una rueda de prensa.

El asesinato de Jeonju está fechado el 14 de octubre en el relato que detalla las propuestas policiales y el 13 de octubre en el que describe el historial de protección de la víctima. Ambos relatos señalan que una mujer fue asesinada por su esposo, de quien estaba separada, pese a las reiteradas denuncias y las restricciones de contacto impuestas a él.

Ocho denuncias y una llamada de seguridad sin respuesta

Las ocho denuncias de la víctima de Jeonju se referían a los contactos y visitas reiterados de su esposo. Él estaba sujeto a restricciones que le prohibían acercarse a ella y ponerse en contacto con ella, incluida la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros.

La policía dijo que recomendó entregarle un reloj inteligente de protección y trasladarla a otro lugar, pero ella se negó. También señaló que su deseo de que él no fuera sancionado influyó en la decisión de no aplicar medidas más estrictas, como la detención y la vigilancia electrónica, dadas las circunstancias de su caso. Su historial incluía denuncias tanto por violencia doméstica como por acoso, que tienen distintas vías legales de protección.

El día del asesinato, la policía no logró localizarla por teléfono. No fue a su domicilio para comprobar que estuviera bien. La policía dijo que no había un manual que indicara qué hacer cuando una persona protegida no contestaba y que los agentes pensaron que ella estaba trabajando y tenían previsto volver a contactarla el siguiente día laborable.

Park Hyun-ho, profesor de Administración Policial en la Universidad Yong In, pidió que se establezcan criterios para acudir al domicilio cuando no se puede localizar a las víctimas y que se prevean medidas de protección alternativas cuando alguien rechaza un reloj inteligente. El caso de Jeonju sitúa esas decisiones cotidianas junto a las reformas legales propuestas: quién hace la siguiente llamada, cuándo acuden los agentes a un domicilio y qué ocurre cuando falla el control de seguridad habitual.

Otros casos revelaron debilidades similares en distintas etapas. En marzo, en Bucheon, la policía separó a una mujer de su pareja tras una denuncia por violencia doméstica, dos días antes de que él la asesinara. La policía señaló que no hubo agresión física y que ella no quería solicitar sanciones. En julio, en Seongnam, una mujer asesinada por su exnovio había obtenido una orden de alejamiento, pero él no había sido clasificado como persona de alto riesgo para que se adoptaran medidas adicionales.

Qué revelan las cifras de los relojes inteligentes

La base de datos de la Agencia Nacional de Policía, titulada Situación de los casos de asesinato e intento de asesinato tras la entrega de relojes inteligentes, fue remitida a Yang Bu-nam para la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional. Registra cinco asesinatos en 2022, uno en 2023, uno en 2024, cinco en 2025 y cinco desde principios de 2026 hasta el 12 de octubre.

La misma base de datos registra 10 intentos de asesinato: dos en 2022, cuatro en 2024 y cuatro en 2025. Entre los motivos de protección figuran 14 casos de violencia doméstica, 10 de acoso, ocho de violencia en relaciones sentimentales y uno de violencia sexual. Las categorías se superponen porque una persona puede sufrir más de un tipo de abuso.

Los 17 asesinatos y los 10 intentos de asesinato suman 27 casos registrados tras la entrega de relojes inteligentes. No se indicó el número total de personas que recibieron estos dispositivos, por lo que con estas cifras no se puede calcular la proporción de casos entre todos los destinatarios.

La víctima de Jeju había presentado cuatro denuncias relacionadas con acoso y violencia sexual contra una expareja de unos 60 años. La policía dijo que algunas denuncias concluyeron con advertencias o se archivaron después de que ella rechazara la investigación y por falta de pruebas. Recibió un reloj inteligente, pero el agresor se lo arrancó durante el ataque.

En asesinatos anteriores también hubo varias medidas de protección. Una mujer asesinada en Ansan en junio de 2022 tenía un reloj inteligente, estaba inscrita en el sistema de emergencias 112 y contaba con patrullas adaptadas a sus circunstancias. También había medidas de protección vigentes para las víctimas de violencia doméstica asesinadas en Seúl en junio de 2023 y en Ilsan en abril de 2024. La cuestión práctica que se repite en estos casos es cómo conseguir que una alerta o una orden judicial se traduzca en una intervención lo bastante rápida para proteger a la víctima.

La fiscalía y la revisión de los casos mortales

El Ministerio de Igualdad de Género y Familia dijo en su rueda de prensa del 15 de octubre que existen desajustes entre las medidas de protección contra la violencia doméstica y las aplicadas contra el acoso. Tenía previsto instar a otros ministerios a abordar la vigilancia electrónica y las normas que regulan la persecución penal cuando la víctima no quiere que se sancione al agresor.

En los delitos sujetos a esa norma, la oposición expresa de la víctima puede impedir que se inicie un proceso penal. El ministerio señaló que mantener la aplicación de esa norma en casos de violencia doméstica es una cuestión que debe reformarse, en contraste con los casos de acoso. La orientación propuesta permitiría que el proceso penal siguiera adelante con independencia de esa oposición para los delitos contemplados en una modificación legal.

Kim Sang-kyun, profesor de la Universidad Baekseok, advirtió que endurecer las sanciones también podría hacer que algunas víctimas duden en denunciar los abusos. El dinero, los hijos y los vínculos familiares vigentes pueden influir en la decisión de pedir ayuda a la policía. Su preocupación pone el apoyo a las víctimas junto a las sanciones más estrictas, ya que la denuncia suele ser la primera vía para acceder a la protección.

El ministerio también prepara un sistema para examinar caso por caso las muertes relacionadas con la violencia en relaciones íntimas. Está en marcha un estudio piloto cuyos resultados servirán para diseñar el sistema. Estas revisiones se centrarían en los antecedentes que condujeron a una muerte y en los cambios necesarios para evitar que se repita.

Una advertencia de un experimento anterior de vigilancia

Las alertas electrónicas contra el maltrato doméstico tienen una larga historia. Un informe de investigación legislativa de Connecticut del 4 de febrero de 1994 examinó pequeños programas piloto en el condado de Arapahoe, Dover, San Diego y el condado de Norfolk. La Oficina de Investigación Legislativa de la Asamblea General de Connecticut describió dispositivos que alertaban a un centro de vigilancia cuando un agresor se acercaba a un equipo instalado en el domicilio de la víctima.

En Dover, Nuevo Hampshire, las órdenes de protección generalmente exigían que los agresores se mantuvieran a 500 pies de la vivienda, mientras que las alarmas se activaban a 125 pies. En aquel momento, el programa costaba unos 12 dólares al día y había contado con 10 participantes y dos incumplimientos. La policía no detuvo a ninguno de los dos infractores en el domicilio, pero ambos fueron detenidos y condenados posteriormente por desacato.

George Wattendorf, fiscal de la policía de Dover, señaló como ventaja la posibilidad de documentar los incumplimientos. También describió sus limitaciones: el equipo protegía únicamente la zona alrededor de la vivienda y la pulsera podía manipularse. El programa de San Diego, utilizado después de una condena, costaba 15 dólares al día y exigía participantes dispuestos a pagar la vigilancia y el asesoramiento. Solo una persona lo había completado.

Denver decidió no seguir adelante por varios motivos, entre ellos las dudas sobre la nueva tecnología, la posibilidad de manipularla y la selección de participantes adecuados. Un comité asesor de Minnesota también recomendó no establecer normas para la tecnología disponible en ese momento, debido a problemas con las conexiones telefónicas, las alertas limitadas al domicilio y los dispositivos vulnerables a interferencias.

Esas conclusiones se refieren a la tecnología de 1994. El debate en Corea del Sur se centra en el rastreo de ubicaciones y en posibles alertas basadas en la distancia entre personas en movimiento. Las tareas operativas siguen siendo concretas: detectar un acercamiento, enviar una alerta útil y hacer llegar ayuda a la víctima.

Los planes policiales más amplios exigen coordinación

El paquete del 15 de octubre también abordó la violencia en lugares públicos. La policía prevé identificar los lugares y horarios con mayor concentración de denuncias por posesión de armas, desplegar agentes según esos datos y aumentar la presencia visible de las patrullas en instalaciones concurridas. También estudia realizar controles más frecuentes a personas consideradas de alto riesgo, incluidas algunas que hayan salido de prisión tras una condena por delitos violentos.

Un ataque con arma blanca ocurrido el 13 de octubre en un gran complejo comercial de Incheon dejó 10 personas heridas. El sospechoso había recibido anteriormente una condena de cuatro años de prisión por intento de asesinato y llevaba una tobillera electrónica durante el ataque. Su caso sitúa los procedimientos de supervisión y respuesta rápida en el centro del debate más amplio sobre la vigilancia.

Kim Sang-kyun dijo que las patrullas concentradas en zonas con frecuentes delitos violentos podrían tener un efecto preventivo a corto plazo, pero cuestionó que el despliegue se base exclusivamente en las denuncias por posesión de armas. Bae Sang-hoon, profesor de la Universidad Woosuk, dijo que el refuerzo de las patrullas fijas tras los ataques de 2023 en las estaciones de Sillim y Seohyeon había desplazado la delincuencia a otros lugares. También señaló que las personas pueden desplazarse fuera del distrito policial encargado de vigilarlas.

Bae pidió que la policía y los agentes de libertad vigilada respondan conjuntamente a los riesgos identificados mientras se elaboran las leyes. El presidente Lee también solicitó la creación de un organismo gubernamental que coordine la respuesta y supervise los equipos de protección y la gestión de las personas consideradas de alto riesgo.

Por separado, la policía pidió a los ministerios pertinentes que ampliaran la hospitalización administrativa de personas con enfermedades mentales, establecieran un servicio de transporte público para quienes necesitan esa atención y reforzaran los servicios de salud mental de emergencia. El Ministerio de Salud y Bienestar presentó planes relativos a la atención de la salud mental y la respuesta de emergencia. Estos fueron aspectos separados de los debates más amplios sobre la respuesta a la delincuencia.

Puntos clave

• La policía propuso ampliar a los casos de violencia doméstica la vigilancia electrónica ordenada por los tribunales, en una reunión interinstitucional celebrada el 15 de octubre de 2026.
• Otras propuestas buscan facilitar las solicitudes de detención preventiva e introducir sanciones penales por incumplir órdenes de emergencia contra la violencia doméstica.
• La orden contra el sospechoso de Songpa venció el 30 de septiembre; la policía volvió a solicitar medidas el 6 de octubre, pero el ataque del 11 de octubre ocurrió antes de que el tribunal tomara una decisión.
• Una víctima de Jeonju había presentado ocho denuncias, y la policía no fue a verla después de que no respondiera a una llamada de seguridad el día en que fue asesinada.
• Los datos policiales registran 17 asesinatos y 10 intentos de asesinato tras la entrega de relojes inteligentes de protección entre 2022 y el 12 de octubre de 2026.
• El Ministerio de Igualdad de Género y Familia promueve cambios en las normas de persecución penal y prepara revisiones de muertes relacionadas con la violencia en relaciones íntimas.
• Las reformas principales requieren cambios legislativos, mientras que la coordinación entre la policía y los agentes de libertad vigilada y procedimientos más claros para los controles de seguridad son prioridades inmediatas señaladas por especialistas citados.