Un cambio en el feed respaldado por obligaciones de seguridad más amplias
Los australianos mayores de 16 años podrían elegir entre las recomendaciones de las redes sociales y un feed con publicaciones de las cuentas que siguen, según un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes el 15 de octubre de 2026. Las plataformas tendrían que mantener esa elección cada vez que los usuarios vuelvan a abrir una aplicación, en lugar de dirigirlos reiteradamente a las recomendaciones.
Contenido
- Un cambio en el feed respaldado por obligaciones de seguridad más amplias
- ¿Qué cambiaría al abrir una aplicación?
- Las plataformas tendrían que buscar riesgos por iniciativa propia
- Nuevas protecciones contra el abuso sexual y la violencia
- El Parlamento decidiría qué nuevas categorías de daño se incluyen
- La protección de la libertad de expresión sigue siendo un punto de desacuerdo político
- Pruebas de las plataformas con cuentas de identidad supuesta
- Multas y un posible derecho a demandar
- Calendario de la consulta a la aplicación de la ley
- Puntos clave
El proyecto de ley de modificación de la seguridad en línea (deber de diligencia digital) de 2026 también exigiría a los servicios en línea identificar y reducir los daños previsibles antes de que los usuarios los sufran. Su alcance va más allá de las redes sociales e incluye sitios web, videojuegos, servicios de mensajería, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial. Las empresas que incumplan los requisitos propuestos podrían enfrentar multas de hasta 109,2 millones de dólares australianos.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, busca reemplazar un conjunto de códigos y normas en línea por una responsabilidad legal más amplia en materia de seguridad. La propuesta combina controles sobre el diseño de las plataformas, mayores protecciones para los niños, respuestas más rápidas a ciertos avisos de abuso y más facultades de aplicación para la comisionada de seguridad electrónica (eSafety Commissioner).
Wells, en un discurso ante el National Press Club, describió la responsabilidad que quería que asumieran las empresas:
«Si usted lo construye, es responsable de sus riesgos».
El proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento. El Partido Laborista espera lograr su aprobación antes de que termine 2026, pero la Coalición se opone y Los Verdes quieren multas más severas, medidas contra el diseño adictivo y el derecho de las personas a demandar a las empresas tecnológicas. Además, los controles del feed se están desarrollando mediante normas independientes, por lo que la votación parlamentaria es una parte del proceso y no la fecha en que los usuarios verían de inmediato un nuevo control.
¿Qué cambiaría al abrir una aplicación?
Un algoritmo de recomendación es un programa que elige y ordena publicaciones a partir de señales como lo que una persona ve, le gusta o comparte. En cambio, un feed basado en cuentas seguidas muestra contenido de personas y páginas que el usuario ha seleccionado deliberadamente.
La propuesta del gobierno «Mi feed, a mi manera» haría que esa elección fuera visible y se mantuviera. Las empresas tendrían que informar a los titulares de las cuentas sobre esta opción, mantener el control en un lugar fácil de encontrar y evitar que navegar por el feed resulte más difícil después de que alguien desactive las recomendaciones.
Las plataformas también tendrían que recordar la configuración cada vez que se abra la aplicación. Para quien quiera ver publicaciones de las cuentas que sigue en lugar de videos o publicaciones sugeridos, esto eliminaría la necesidad de cambiar la configuración repetidamente.
El proyecto de ley otorga facultades para exigir herramientas que permitan a los usuarios gestionar características del diseño de los servicios. La consulta sobre las normas específicas del feed avanza por separado. Por lo tanto, los requisitos prácticos aún deben pasar por ese proceso, aunque Wells ya describió los principios que se esperaría que cumplieran las empresas.
Chanel Contos, fundadora y directora ejecutiva de Teach Us Consent, acogió favorablemente la opción propuesta. Explicó cómo las recomendaciones podrían seguir disponibles para quienes las quieran:
«Nada de esto impide que personas, organizaciones o empresas lleguen a sus audiencias mediante feeds algorítmicos. Solo significa que las personas pueden elegir ese feed, en lugar de que se les imponga».
Las plataformas tendrían que buscar riesgos por iniciativa propia
La obligación propuesta modificaría la Ley de Seguridad en Línea y exigiría a los proveedores evaluar los riesgos, tomar medidas adecuadas para prevenirlos o reducirlos y documentar su respuesta. Las evaluaciones anuales de riesgos convertirían la seguridad en una responsabilidad permanente, en lugar de algo que solo se considera después de una queja.
Los adultos recibirían protección frente a material y conductas que causen daños graves. Los menores de 18 años contarían con protecciones más amplias, entre ellas contra el acoso, el material que promueve los trastornos alimentarios, los desafíos peligrosos, las conductas delictivas y la hostilidad hacia las mujeres y la igualdad de género. Algunas características dañinas del diseño algorítmico también quedarían comprendidas en las protecciones para los menores.
Los límites de edad cumplen distintas funciones. Las restricciones australianas al acceso de los menores a las redes sociales se aplican a quienes tienen menos de 16 años; la obligación propuesta también protegería a los adolescentes mayores que pueden usar esos servicios. Los videojuegos, las aplicaciones de mensajería y otros servicios incluidos en la norma tendrían sus propias obligaciones.
Wells también ha señalado las limitaciones de la legislación actual y afirmó que esta no podía impedir una controvertida transmisión en vivo propuesta de una ejecución en Estados Unidos. Sarah Hanson-Young, portavoz de comunicaciones de Los Verdes, tenía previsto pedir a Meta que no transmitiera el contenido. La controversia ilustra la presión para que las plataformas evalúen el material peligroso antes de que llegue a una audiencia, junto con la aplicación de medidas gubernamentales después de su publicación.
Nuevas protecciones contra el abuso sexual y la violencia
El proyecto de ley presentado amplía las categorías de daño grave para incluir la creación sin consentimiento de material falso de desnudos, la publicación o amenaza de publicar imágenes íntimas de otra persona sin su consentimiento y el fomento, la promoción o la incitación a la violencia por motivos de género.
El material falso de desnudos puede crearse mediante la alteración digital de una imagen o el uso de inteligencia artificial para mostrar a alguien desnudo. La propuesta otorgaría a la comisionada de eSafety facultades para actuar contra los servicios que producen ese material, a menudo llamados servicios de desnudos generados por inteligencia artificial.
El paquete de seguridad más amplio también aborda el material relacionado con el terrorismo, el suicidio, las autolesiones y los trastornos alimentarios. En el caso de conductas que constituyan delitos conforme a la legislación federal, la obligación se aplicaría cuando sea probable que causen daños graves. Ese umbral ayuda a determinar qué conductas delictivas quedan comprendidas en esta obligación específica de seguridad en línea.
John Hartman, director ejecutivo de la Fundación Minderoo, acogió favorablemente la ampliación de las protecciones contra el abuso de imágenes sexuales, las amenazas y la violencia. Dijo que las mujeres y los niños sufren daños desproporcionados en internet, incluidos la misoginia y el material inapropiado en las redes sociales y las aplicaciones de citas.
La propuesta también reduciría de 48 a 24 horas algunos plazos actuales para retirar contenido tras avisos relacionados con el ciberacoso y el abuso en línea. Esto reduciría a la mitad el plazo de respuesta para los avisos afectados y daría mayor importancia a la rapidez de actuación en el cumplimiento de las obligaciones de las plataformas.
El Parlamento decidiría qué nuevas categorías de daño se incluyen
El gobierno eliminó una facultad propuesta que habría permitido al ministro de Comunicaciones añadir categorías de material dañino. Para incorporar nuevas categorías, el Parlamento tendría que modificar la ley, de modo que esos cambios se someterían a debate y votación.
El Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deporte y Artes publicó el anteproyecto del gobierno para consulta. El aviso fijó el mediodía del martes 22 de septiembre como plazo para presentar comentarios por escrito. El anteproyecto se publicó el 8 de septiembre, con dos semanas para presentar observaciones; cuando se presentó el proyecto de ley, el gobierno aún no había publicado un resumen de esos comentarios.
La versión presentada excluye expresamente el periodismo profesional y cierto material de entretenimiento. Otras exclusiones abarcan contenido artístico y educativo sujeto a condiciones de interés público, investigación científica y académica, y material que promueva la salud pública, la seguridad o la reducción de daños.
El gobierno también eliminó una restricción propuesta al material que fomenta o explica cómo consumir drogas ilícitas. A defensores de la salud pública les preocupaba que esa formulación pudiera abarcar información educativa sobre drogas destinada a salvar vidas o reducir lesiones.
Esos cambios responden a un problema práctico: las plataformas usan sistemas de moderación para clasificar enormes cantidades de contenido, y la información educativa sobre salud puede incluir las mismas palabras o imágenes sensibles que el material que causa daños. Las exclusiones ofrecen a los proveedores fundamentos legales para conservar información útil al aplicar la nueva obligación.
La protección de la libertad de expresión sigue siendo un punto de desacuerdo político
La Coalición sostiene que las definiciones del proyecto de ley siguen siendo demasiado amplias y podrían permitir la censura política. Sarah Henderson, ministra de Comunicaciones en la oposición, confirmó que la oposición no negociará sobre la legislación y cuestionó el alcance de sus protecciones de interés público.
El líder de la oposición, Angus Taylor, también criticó la propuesta y sostuvo que el gobierno debería centrarse en hacer cumplir las restricciones para los menores de 16 años. Por lo tanto, la eliminación de las facultades ministeriales para añadir categorías de daño no ha resuelto el desacuerdo político.
Wells rechazó el argumento de la censura en el National Press Club. Dijo que la obligación se centraba en la conducta y la seguridad de las plataformas, no en los desacuerdos políticos:
«Esto no tiene que ver con lo que la gente dice en internet. Tiene que ver con lo que hacen las plataformas en internet, y su derecho a estar en desacuerdo conmigo o con el gobierno, o a creer lo que quieran, no se verá limitado por un deber de diligencia digital».
Wells también dijo que los adultos podrían seguir escuchando pódcast de la manosfera, criticando al gobierno, creando memes o expresando la creencia de que el alunizaje fue falso. Describió la obligación como algo distinto de la regulación de la información errónea y la desinformación.
Las organizaciones de salud y comunitarias enfrentan otra preocupación: que las plataformas eliminen material legal al aplicar las normas de seguridad de manera demasiado amplia. Repro Uncensored, una organización que documenta la censura digital y ayuda a los usuarios a impugnar restricciones en sus cuentas, afirma haber recibido más de 100 casos verificados en Australia, incluidos más de 30 desde agosto de 2026.
El Defensor del Consumidor de Telecomunicaciones afirma que desde 2023 miles de personas han pedido ayuda por problemas con proveedores de plataformas y ha solicitado un mecanismo independiente de resolución externa de disputas. Sigue sin resolverse la creación de mecanismos adicionales de apelación para las organizaciones de salud pública cuyo material sea bloqueado. Para estos usuarios, contar con un proceso eficaz de reclamación es tan importante como la redacción de las exclusiones de contenido.
Pruebas de las plataformas con cuentas de identidad supuesta
La comisionada de eSafety y los investigadores acreditados podrían usar cuentas con identidades supuestas, a veces llamadas cuentas señuelo, para observar y probar los servicios. Estas cuentas pueden ayudar a los investigadores a ver qué recomienda una plataforma a un tipo concreto de usuario.
La entidad reguladora tendría que elaborar políticas en consulta con la Policía Federal Australiana e informar cada año sobre el uso de estas cuentas. Los investigadores universitarios necesitarían aprobación ética. La interacción con otros usuarios se limitaría a lo necesario para evitar que se cierre una cuenta.
Henderson ha sostenido que las cuentas podrían utilizarse indebidamente. Wells rechazó las sugerencias de que se usarían para difundir propaganda gubernamental y dijo que su propósito sería la investigación y la aplicación de la ley, incluido el análisis de recomendaciones dañinas que llegan a los niños.
Las obligaciones de cumplimiento se aplicarían a los servicios extranjeros que operan en Australia. Wells confirmó que Truth Social, la plataforma asociada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría sujeta al régimen porque tiene presencia en Australia. La plataforma sería responsable de evaluar los riesgos y eSafety determinaría si cumple las normas.
La ministra de Pequeñas Empresas, Anne Aly, dijo que las obligaciones de las empresas comunes guardarían proporción con los riesgos que presentan:
«Los proveedores de servicios de bajo riesgo, como sitios web y aplicaciones gestionados por pequeñas empresas, tendrán obligaciones mínimas».
Ese enfoque también se aplicaría a otros servicios de bajo riesgo, incluidos los que comparten principalmente material exento. Los proveedores recibirían más orientación regulatoria sobre lo que deben hacer.
Multas y un posible derecho a demandar
La multa máxima propuesta, de 109,2 millones de dólares australianos, es una parte del marco de aplicación. Una sanción distinta, asociada a las instrucciones de cumplimiento de eSafety, se redujo de 21,8 millones de dólares australianos en el anteproyecto a 2,2 millones en la versión presentada. Esas cifras corresponden a disposiciones diferentes.
Hanson-Young quiere que las multas estén vinculadas a los ingresos globales de las plataformas y sostiene que las consecuencias deben ser lo bastante importantes como para influir en empresas que operan en todo el mundo. Los Verdes también quieren medidas más severas contra las funciones adictivas, incluido el desplazamiento infinito, que carga continuamente más contenido mientras el usuario recorre el feed.
La otra gran exigencia del partido es establecer el derecho de acción privada. Esto permitiría que las personas afectadas presentaran directamente una demanda contra una plataforma, posiblemente mediante una demanda colectiva en la que personas con reclamaciones similares se unan para demandar.
Wells ha dicho que el gobierno estudiará esa propuesta. El proyecto de ley presentado no incluye ese derecho, aunque antes de su presentación se había hablado de demandar a las plataformas como parte de un paquete más amplio de posibles protecciones. Su alcance, incluido quién podría reclamar una indemnización y por qué daños, no está definido.
Wells también está considerando si eSafety debería contar con varios comisionados para distribuir su creciente carga de trabajo. El segundo mandato de Julie Inman Grant como comisionada terminará en 2026. La reestructuración propuesta sería una decisión independiente sobre cómo la agencia gestiona la aplicación de las normas y la creciente demanda de asistencia.
Calendario de la consulta a la aplicación de la ley
La investigación del Senado dará a las partes la oportunidad de examinar las definiciones, las multas y los mecanismos de aplicación antes de la votación final. Se espera que el informe se presente el 20 de noviembre, antes de que el Parlamento suspenda sus sesiones a finales de noviembre.
Las principales fechas y etapas son:
- 8 de septiembre de 2026: el gobierno publicó el anteproyecto para recibir comentarios por escrito.
- 22 de septiembre de 2026: la consulta cerró al mediodía.
- 15 de octubre de 2026: el proyecto de ley se presentó en la Cámara de Representantes.
- 20 de noviembre de 2026: se espera que la investigación del Senado presente su informe.
- Antes de que termine 2026: el Partido Laborista espera lograr la aprobación parlamentaria.
- Después de la aprobación: habría un período de transición de 12 meses para que los servicios se preparen; si se mantiene ese calendario, se espera que las normas se empiecen a aplicar a finales de 2027.
El Partido Laborista necesita el apoyo de senadores que no pertenecen a su bancada. Como la Coalición se opone, las negociaciones con Los Verdes determinarán si se aprueba el proyecto de ley y hasta dónde llegarán sus requisitos definitivos.
Para los usuarios, el cambio prometido más inmediato es un mayor control sobre lo que aparece en el feed. Para las plataformas, el cambio más amplio es la responsabilidad permanente de examinar cómo sus servicios generan riesgos, dejar constancia de lo que encuentran y actuar antes de que lleguen las quejas.
Puntos clave
- Los australianos mayores de 16 años podrían elegir entre las recomendaciones algorítmicas y el contenido de las cuentas que siguen.
- La obligación propuesta abarcaría redes sociales, sitios web, videojuegos, servicios de mensajería, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial.
- Los menores de 18 años recibirían protecciones más amplias que los adultos, incluso frente a contenidos y características de diseño dañinos.
- El proyecto presentado elimina las facultades ministeriales para añadir categorías de daño y amplía las exclusiones para noticias, educación, investigación y material de salud pública.
- Los Verdes piden multas más severas, medidas contra el diseño adictivo y el derecho de las personas a demandar. La Coalición se opone al proyecto de ley.
- Se espera que la investigación del Senado presente su informe el 20 de noviembre. Si se aprueba el proyecto, habrá un período de transición de 12 meses.
