Un complejo urbano de US$790 millones toma forma en el atolón Noonu
Maldivas está creando una nueva vía para que extranjeros adinerados vivan en el país mediante el Proyecto Ayla, una iniciativa valorada en más de US$790 millones que combina islas artificiales, viviendas de lujo y un programa previsto de residencia por inversión. El presidente Mohamed Muizzu presidió el inicio de las obras el 29 de enero de 2026 en el atolón Noonu, a unos 188 kilómetros al norte de la capital, Malé. Se espera que el complejo comience a funcionar parcialmente hacia finales de 2028.
Contenido
- Un complejo urbano de US$790 millones toma forma en el atolón Noonu
- De una propuesta turística a un lugar para vivir
- ¿Qué recibirían los inversores?
- Por qué el gobierno quiere atraer a residentes adinerados
- ¿Quién controla el dinero y las propiedades?
- ¿Cómo se evaluarían las solicitudes?
- El papel de Henley y las preguntas pendientes sobre los contratos
- Qué muestran los controles de los arrecifes
- Un cambio más amplio en el uso del territorio en Maldivas
- Puntos clave
El proyecto integra las lagunas de Dhekenanfaru y Dhigufaru y la isla de Kuramaadhoo en una zona económica especial. Se trata de un área donde el gobierno ofrece normas comerciales e incentivos fiscales diferentes para atraer inversiones. En este caso, los extranjeros podrían adquirir arrendamientos por 99 años, lo que les daría acceso a largo plazo a propiedades, aunque la Constitución sigue prohibiendo la propiedad extranjera de tierras.
El anuncio del inicio de las obras del gobierno identifica a Crystal Holdings Pvt Ltd y BluRock Group como los principales inversores y promotores. El proyecto promete más de 1.200 puestos de trabajo, servicios de salud, formación profesional y agricultura moderna, y prevé cubrir más del 60 % de sus necesidades energéticas con fuentes renovables.
El desarrollo avanza más rápido que las normas de residencia vinculadas a él. Henley & Partners, socio de la empresa en el diseño del programa Pearl Residence de Maldivas, ahora prevé su lanzamiento para el segundo semestre de 2026. No se han publicado los umbrales de inversión, mientras que los críticos piden controles más estrictos de los solicitantes, registros de propiedad más claros y respuestas sobre los daños a los arrecifes de los alrededores.
Ayla reúne varias decisiones nacionales: cómo atraer capital sin aumentar la deuda pública, cuánto control conceder a residentes extranjeros sobre tierras escasas y cómo proteger el entorno marino que atrae a los visitantes a Maldivas.
De una propuesta turística a un lugar para vivir
La laguna de Dhigufaru y Dhekenanfaru se arrendaron a un inversor suizo a finales de 2022 para construir un complejo turístico en 11 islas ganadas al mar. Más adelante, el proyecto se transformó en un complejo urbano destinado a personas que se establezcan allí, en lugar de limitarse a visitarlo. Las primeras descripciones contemplaban 25 islas e islotes artificiales y más de 70 viviendas de lujo; la promoción más reciente, bajo el nombre de The Laurel, presenta 96 propiedades en 13 islas.
La laguna abarca unas 745 hectáreas, de las cuales 152 se destinarán a terrenos ganados al mar, aproximadamente una quinta parte de la superficie. Las obras implican dragar más de seis millones de metros cúbicos de arena del lecho marino. Trasladar tal cantidad de material modifica tanto la superficie disponible para el desarrollo como el hábitat submarino de los alrededores.
El anuncio del acuerdo de inversión del gobierno registra que el permiso de zona económica especial se concedió el 9 de diciembre de 2025, seguido del acuerdo con Crystal Holdings el 31 de diciembre. El ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Mohamed Saeed, firmó en nombre del gobierno, mientras que el director ejecutivo del Proyecto Ayla, Petar Krstic, lo hizo por la empresa. El acuerdo estableció el marco contractual para la ejecución del proyecto.
El comunicado del ministerio sobre el acuerdo de diciembre lo describe como la última etapa formal antes de la ejecución práctica. Ambos comunicados vinculan Ayla con la Visión 2040 de Muizzu, el programa gubernamental de diversificación económica y desarrollo a largo plazo.
Los principales hitos muestran cómo el proyecto de construcción y el programa de residencia han avanzado en paralelo:
- Finales de 2022: La laguna y la isla se arrendaron para una propuesta inicial de complejo turístico.
- Julio de 2025: El gobierno firmó en Singapur un acuerdo de asociación con Henley & Partners para Pearl Residence.
- 9 de diciembre de 2025: Ayla recibió el permiso de zona económica especial.
- 31 de diciembre de 2025: El gobierno y Crystal Holdings firmaron el acuerdo de inversión.
- 29 de enero de 2026: Muizzu presidió el inicio de las obras.
- Segundo semestre de 2026: Henley prevé ahora el lanzamiento de Pearl Residence.
- Finales de 2028: Se espera que Ayla comience a funcionar parcialmente.
¿Qué recibirían los inversores?
Pearl Residence otorgaría a los inversores que cumplan los requisitos el derecho a vivir en Maldivas. La página del programa de Henley lo describe como el primer programa de residencia por inversión del país y sitúa su lanzamiento en el segundo semestre de 2026. Saeed había anunciado que se lanzaría en abril de 2026 durante una conferencia celebrada en Londres los días 3 y 4 de noviembre de 2025.
Aún se están definiendo la inversión mínima definitiva, las categorías de inversión admisibles, la duración de la residencia, las condiciones de renovación y otros requisitos. Estos detalles son importantes porque determinan qué debe adquirir el solicitante, cuánto dura el derecho a permanecer en el país y qué obligaciones se mantienen tras la aprobación.
Desde al menos 2010, los extranjeros pueden comprar villas en complejos turísticos mediante arrendamientos. En ese sistema, los compradores siguen siendo visitantes, el arrendamiento no puede durar más que el contrato del complejo turístico y la administración de este se encarga de la villa cuando sus propietarios están ausentes. El modelo residencial de Ayla establecería una relación diferente con el país, al combinar una vivienda con una vía para residir allí durante más tiempo.
Kristin Surak, autora de The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires, explicó por qué la residencia confiere derechos distintos de la ciudadanía:
«Los visados pueden revocarse, no se transmiten a los familiares y ofrecen un abanico más limitado de posibilidades».
Por tanto, el arrendamiento de una propiedad y el permiso para vivir en el país son dos acuerdos distintos. El arrendamiento regula el uso de la vivienda; las normas migratorias determinan la posibilidad de permanecer en el país. Los compradores necesitarán condiciones claras para ambos.
Por qué el gobierno quiere atraer a residentes adinerados
Maldivas afronta una fuerte presión por el endeudamiento público. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la deuda bruta rondará el 130 % del producto interno bruto. El PIB mide el valor de los bienes y servicios que produce una economía en un año. Con esa proporción, la deuda pública equivaldría a unos US$130 por cada US$100 de producción económica anual.
Saeed ha citado estimaciones según las cuales Pearl Residence podría generar más de US$1.000 millones en entradas directas e indirectas. El ministerio afirma que la cifra procede de modelos preliminares, que no especifican el período al que corresponden esas entradas. Las entradas directas podrían incluir inversiones que cumplan los requisitos; las indirectas podrían derivarse del gasto de los residentes y de las empresas que les presten servicios.
El valor de la inversión de Ayla, las entradas vinculadas a la residencia y los ingresos del gobierno son conceptos distintos. El capital de construcción financia el desarrollo, mientras que los impuestos y las tasas contribuyen a las finanzas públicas. El gasto que llega a trabajadores y proveedores locales es otro beneficio, cuya magnitud dependerá de la contratación, las compras y las condiciones de la zona.
El gobierno promete más de 1.200 puestos de trabajo, con énfasis en el empleo local y el desarrollo de habilidades. El permiso inicial también exigía que Crystal Holdings presentara, en un plazo de 180 días, estudios de viabilidad, infraestructura, ingeniería y medioambiente, junto con propuestas empresariales sobre bienes raíces, salud, energías renovables y bienestar del personal.
Los residentes de Fodhdhoo esperan beneficios concretos. Abdulla Abbas, administrador de una casa de huéspedes en la isla vecina, describió lo que habían oído sobre el proyecto:
«Lo que hemos oído es que algunas de las personas más adineradas del mundo están invirtiendo en este lugar».
La distribución más amplia de los beneficios es importante en un país donde, según estimaciones del Banco Mundial, el 20 % más rico recibe el 38,5 % de los ingresos nacionales y el 20 % más pobre, el 8,9 %. La proporción del grupo más rico es más de cuatro veces la del más pobre. El empleo local, el acceso a la formación y las oportunidades empresariales ayudarán a determinar quiénes se benefician de las nuevas inversiones.
¿Quién controla el dinero y las propiedades?
Crystal Holdings tiene el permiso de zona económica especial, y BluRock Group, con sede en Dubái, es otro de los principales promotores. No se han hecho públicos los inversores subyacentes, los socios accionistas ni los beneficiarios finales de ambas empresas. Ninguna respondió a las solicitudes de comentarios sobre esas estructuras de propiedad.
Un beneficiario final es la persona que en última instancia posee o controla un activo o una empresa, aunque en los documentos figure otra compañía. La Ley de Sociedades de Maldivas identifica a los beneficiarios finales a partir de un umbral de al menos el 25 % de las acciones, los derechos de voto o los dividendos. No existe un registro de consulta pública en línea.
La Ley de Zonas Económicas Especiales otorga prioridad al marco de estas zonas frente a otras 15 leyes en asuntos relacionados con ellas, en virtud de su artículo 79. El marco también permite exenciones o reducciones fiscales, incluso sobre las ganancias de capital y los derechos de importación, y autoriza a bancos extraterritoriales a prestar servicios a fideicomisos. Un fideicomiso es un acuerdo por el que alguien mantiene y administra activos en beneficio de otras personas.
Las normas que rigen los bancos extraterritoriales limitan la divulgación de información sobre los beneficiarios finales de sus clientes y de los propios bancos sin una orden judicial o el consentimiento del titular. Ahmed Ahid Rasheed, excomisionado de información de Maldivas, pidió que se crearan registros públicos y consultables de beneficiarios finales y de propiedad de tierras en las zonas:
«No hay ninguna razón de principio para que esta información no sea de acceso público. Los ciudadanos tenemos derecho a saber quién compra propiedades en nuestro país».
Los registros públicos permitirían a la ciudadanía vincular el nombre de una empresa con las personas que están detrás de ella. Para las autoridades reguladoras, unos registros precisos de propiedad también facilitan rastrear el origen del dinero invertido e identificar vínculos entre solicitantes, empresas y funcionarios públicos.
¿Cómo se evaluarían las solicitudes?
El Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales ha expresado preocupación por la falta de claridad de las normas sobre fideicomisos en Maldivas. También cita la evaluación de riesgos del gobierno, que describe el sector inmobiliario como muy vulnerable al blanqueo de capitales, el proceso de hacer que el dinero procedente de delitos parezca legítimo.
Los programas de residencia por inversión pueden atraer capital lícito, pero también solicitantes que buscan ocultar activos, eludir a las autoridades o trasladar fondos ilícitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha advertido sobre esos riesgos. Un portavoz de su secretaría explicó cómo influyen las salvaguardias en el resultado:
«El equilibrio depende en última instancia del diseño y la supervisión del programa, así como de la solidez del marco jurídico, regulatorio e institucional general de la jurisdicción».
El Ministerio de Desarrollo Económico afirma que Pearl Residence aplicará controles internacionales, evaluaciones financieras y de reputación, y verificaciones a cargo de organismos nacionales de seguridad y regulación. Henley describe un proceso similar que también incluye informes independientes de verificación de antecedentes. El ministerio señala que Ayla seguirá sujeta a las leyes aplicables, incluidos los requisitos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Fayyaz Ismail, exministro de Economía y político opositor, expresó su preocupación directamente:
«Lo que me preocupa es si existen o no las salvaguardias».
El diputado opositor Ahmed Shamheed pidió la suspensión inmediata de Pearl Residence y la divulgación de los acuerdos relacionados mediante una resolución parlamentaria presentada en julio y rechazada en agosto. También ha advertido que el país dispone de recursos limitados para supervisar las actividades financieras vinculadas a residentes adinerados y bancos extraterritoriales.
Azza Mohamed, responsable de gobernanza de la sección de Transparencia Internacional en Maldivas, señala el escándalo de corrupción relacionado con arrendamientos irregulares de islas a promotores turísticos en 2014 y 2015. Altos cargos políticos se apropiaron de decenas de millones de dólares procedentes de esas operaciones. Según Mohamed, prevenir abusos similares requiere transparencia sobre la propiedad, supervisión independiente de las contrataciones y las aprobaciones, y capacidad para rastrear, congelar y recuperar fondos ilícitos a través de las fronteras.
El papel de Henley y las preguntas pendientes sobre los contratos
Henley & Partners propuso Pearl Residence al gobierno, que lo formalizó como una iniciativa del sector privado. El ministerio se negó a entregar el acuerdo de asociación al amparo de una excepción al derecho de acceso a la información para datos comercialmente confidenciales cuya divulgación perjudicaría los intereses empresariales de un tercero.
Henley afirma que su función abarcará la tramitación de solicitudes, la administración y la preparación de recomendaciones. El gobierno maldivo decidirá sobre las solicitudes. La empresa también señala que no recibirá honorarios ni remuneración con cargo a fondos públicos por diseñar, comercializar u operar el programa, aunque puede cobrar a los clientes por separado por ayudarles con las solicitudes.
El ministerio afirma que las tasas de los solicitantes podrían financiar la Oficina del Programa, incluido el pago a los proveedores de servicios que participen en su ejecución y administración. Este acuerdo hace especialmente importante contar con una supervisión clara de quién tramita las solicitudes, quién recibe las tasas y quién toma las decisiones finales.
El Parlamento Europeo ha advertido sobre posibles conflictos de intereses cuando una empresa privada asesora a gobiernos en programas de migración por inversión y también prepara solicitudes. Henley ha sido objeto de escrutinio por su trabajo en otras jurisdicciones, incluidas solicitudes en San Cristóbal y Nieves relacionadas con políticos prominentes y presuntos delincuentes o fugitivos. La empresa rechaza acusaciones anteriores y afirma que se toma muy en serio la diligencia debida.
Christian Kälin, presidente de Henley, dijo en diciembre de 2025 que esperaba que muchos israelíes compraran viviendas en Maldivas. Desde abril de 2025 se prohíbe la entrada al país a quienes tienen pasaporte israelí, lo que crea un conflicto práctico entre esa aspiración comercial y las normas de entrada del país.
Qué muestran los controles de los arrecifes
Los efectos ambientales de Ayla ya se pueden medir. Los controles realizados entre julio y septiembre de 2024 detectaron que el 74 % de las mediciones de sedimentos superaba el límite diario de 15 miligramos por centímetro cuadrado. En octubre de 2025, el estado de los arrecifes seguía siendo de malo a regular.
Los sedimentos son partículas que se remueven en el agua durante las operaciones de dragado y construcción. Al depositarse, pueden cubrir los corales y otras formas de vida marina. La turbidez también reduce la luz que llega a los organismos bajo la superficie. En el área del proyecto hay hábitats de peces loro y tiburones nodriza, ambas especies protegidas.
Humaida Abdul Ghafoor, activista medioambiental de Save Maldives, explicó que la recuperación de tierras afecta no solo al lecho marino del que se extrae la arena:
«También cambia las corrientes, el movimiento del agua y la hidrología. Además, genera sedimentos, que se convierten en un factor letal».
Muizzu afirma que el objetivo del gobierno es reducir al mínimo los efectos de las obras esenciales de recuperación de tierras y equilibrar el desarrollo con programas medioambientales, como la reproducción y la plantación de corales. En un pódcast producido por la oficina del presidente, expuso esa postura:
«Queremos llevar a cabo un desarrollo integrado con el medioambiente. Estamos dando forma al futuro de nuestra nación y, al hacerlo, queremos proteger nuestro entorno y convertirnos en un ejemplo para otras naciones».
El objetivo de Ayla en materia de energías renovables se refiere al funcionamiento del complejo una vez terminado. El control de los sedimentos y la supervisión de los arrecifes se ocupan de los efectos de su construcción. Ambos aspectos serán importantes para evaluar la descripción del proyecto por parte del gobierno como un complejo urbano sostenible.
Un cambio más amplio en el uso del territorio en Maldivas
Maldivas tiene casi 1.200 islas, cerca del 80 % de ellas a menos de un metro sobre el nivel del mar. Casi la mitad de su población, de poco más de medio millón de personas, vive en Malé, una isla de unos dos kilómetros cuadrados. La recuperación de tierras se ha convertido tanto en una respuesta al hacinamiento como en una forma de ampliar la inversión turística y residencial.
Rasmalé, un proyecto mucho más grande de isla artificial cerca de la capital, muestra la magnitud de este cambio. El gobierno se ha fijado como objetivo que allí residan 35.000 extranjeros, mientras que Eagle Hills, de Abu Dabi, proyecta construir 8.800 propiedades en casi la mitad del terreno ganado al mar. Las propuestas de arrendamientos que se renovarían tras una venta o herencia han suscitado un debate sobre cuánto control efectivo podrían obtener los extranjeros.
El ministro de Infraestructura, Abdulla Muththalib, afirma que comprar una propiedad en Rasmalé nunca daría lugar a la residencia permanente ni a la ciudadanía, aunque los compradores podrían solicitar la visa de residencia corporativa introducida en 2015. Por tanto, Rasmalé y Pearl Residence implican regímenes migratorios distintos.
La especialista en gobernanza Salma Fikry ha advertido que los arrendamientos de varias décadas pueden conceder posesión exclusiva, derechos de transferencia y herencia, así como un amplio control económico. Las próximas pruebas para Ayla serán concretas: la publicación de las normas de Pearl Residence, el lanzamiento previsto del programa en el segundo semestre de 2026, la concreción de beneficios locales y los avances hacia el inicio parcial de las operaciones a finales de 2028.
Puntos clave
- El Proyecto Ayla es una iniciativa valorada en más de US$790 millones en el atolón Noonu; se espera que comience a funcionar parcialmente a finales de 2028.
- Pearl Residence tiene previsto lanzarse en el segundo semestre de 2026, más tarde de lo anunciado inicialmente, en abril.
- No se han publicado los requisitos de inversión mínima ni las condiciones definitivas de residencia.
- El gobierno promete más de 1.200 puestos de trabajo y que las energías renovables cubrirán más del 60 % de las necesidades del complejo.
- Los críticos piden registros públicos de propiedad, una supervisión financiera más estricta y la divulgación de los acuerdos del programa.
- Los controles detectaron que el 74 % de las mediciones de sedimentos superaba el límite diario entre julio y septiembre de 2024.
- El gobierno afirma que se aplicarán controles a los solicitantes y las leyes vigentes contra las finanzas ilícitas.
