Trabajadores indios denuncian trata y trabajo no remunerado en Malasia, mientras persisten las deficiencias de protección

Un salario prometido, un pasaporte desaparecido y ninguna forma de volver a casa

Tres hombres de Muzaffarnagar, en el estado indio de Uttar Pradesh, afirman que fueron contratados para trabajar en Malasia por un salario mensual de 2.127,33 ringgits malasios (RM), pero luego los trasladaron entre empresas, les negaron el pago y les quitaron el control de sus pasaportes. Sus testimonios describen trabajos que exigían levantar cargas pesadas, jornadas de hasta 17 horas y documentos de identidad falsificados para colocar a trabajadores indios en empleos bajo otra nacionalidad.

Ramjaan, de 37 años, afirma que una reclutadora india llamada Isha le confiscó el pasaporte el 23 de enero de 2026, la noche en que llegó a Malasia. Tras escapar de presunta explotación en una empresa de logística en Johor, se ocultó. No habla inglés ni malayo y teme que, si acude a las autoridades sin documentos, lo arresten en lugar de protegerlo.

Ramjaan explicó que su incapacidad para explicar su situación le impide buscar ayuda con confianza:

Me da miedo que me arresten como migrante en situación irregular. ¿Cómo explicaré mi situación en hindi?

Danis, de 29 años, y Babbar, de 37, describen experiencias similares relacionadas con la misma reclutadora. El trabajo prometido consistía en empacar frutos secos, con permisos de trabajo, residencia en Malasia y un salario mensual equivalente a unos 50.000 rupias indias. Afirman que, en realidad, trabajaron sin recibir pago en empresas de logística, agricultura y otros sectores.

Las denuncias no han sido acreditadas por una sentencia judicial identificada en la información publicada. Una empresa negó haber cometido irregularidades. Sin embargo, los testimonios describen varios riesgos documentados por separado por organismos oficiales: confiscación de pasaportes, contratación engañosa, traslados sin consentimiento, deudas por contratación y temor a las autoridades migratorias.

El problema de fondo va más allá de si los trabajadores pueden abandonar un lugar de trabajo abusivo. Se trata de saber si, al hacerlo, pueden ponerse a salvo, recuperar sus salarios y regresar a casa sin ser tratados primero como infractores de las normas migratorias.

Los trabajadores describen cargas pesadas y traslados reiterados

Danis afirma que los hombres cargaban cajas de entre 30 y 50 kilogramos sin equipo de protección. Sus testimonios describen dolor crónico de espalda, alimentación insuficiente y traslados entre empleadores después de que reclamaran sus salarios o pidieran que les devolvieran los pasaportes.

Danis, quien afirma que llegó a Kuala Lumpur el 23 de enero de 2026, describió las condiciones laborales:

«Sufríamos dolor crónico de espalda y sobrevivíamos con una comida al día, mientras trabajábamos en turnos de hasta 17 horas. Nunca recibimos salario alguno, pese a reclamarlo, y en lugar de eso nos trasladaron entre empleadores sin nuestro consentimiento».

Afirma que fue su segunda experiencia de trabajo en condiciones de servidumbre, después de ser explotado en un horno de ladrillos en India durante la pandemia de COVID-19. Hay trabajo en condiciones de servidumbre cuando se utiliza una deuda para obligar a alguien a trabajar en condiciones que no puede abandonar libremente. Los préstamos para pagar la contratación pueden generar esa presión incluso antes de que el trabajador llegue al país de destino.

Babbar afirma que lo trasladaron tres veces durante los cinco meses que estuvo en Malasia. Trabajó en una empresa de mensajería urgente que prestaba servicios a importantes plataformas de compras en línea, una empresa mayorista de frutas y una compañía dedicada al montaje y mantenimiento de vehículos comerciales. En conjunto, los tres hombres describen traslados entre tres y cinco empresas.

Los presuntos traslados son importantes porque puede resultar difícil determinar quién es responsable cuando el reclutador, el operador del lugar de trabajo y el supuesto empleador son partes distintas. Establecer quién controlaba a los trabajadores, retenía sus documentos y les debía el salario sería fundamental para cualquier investigación.

Pasaportes falsificados y grabaciones presentadas como prueba de consentimiento

Babbar afirma que un reclutador del almacén de frutas le entregó un pasaporte nepalí falsificado antes de asignarlo a la instalación de vehículos comerciales. Danis afirma que también recibió un pasaporte nepalí falsificado antes de que lo asignaran al mismo lugar de trabajo.

Babbar describió la explicación que le dio el reclutador:

«Me dijo que los indios tienen prohibido trabajar allí, por eso se necesita un pasaporte falso».

Se trata de la explicación que presuntamente dio el reclutador, no de una confirmación de que exista una restricción legal. Los testimonios de los trabajadores no permiten determinar quién produjo los documentos ni si alguien en la empresa que los recibió sabía que eran falsos.

Babbar también denuncia que unos intermediarios obligaron a los trabajadores a grabar videos con declaraciones preparadas, en los que afirmaban que sus lugares de trabajo y alojamientos eran seguros, después de que contactaran a sus familiares o a las autoridades para pedir ayuda. Esas grabaciones podrían dar a los funcionarios la impresión de que los trabajadores consienten, mientras ocultan amenazas o abusos.

Nirmal Gorana, coordinador de la Campaña Nacional de India para Erradicar el Trabajo en Condiciones de Servidumbre, afirma que estas grabaciones pueden obstaculizar las investigaciones:

porque las autoridades pueden creer que los trabajadores están a salvo cuando no lo están

Una empresa consultada sobre las denuncias dijo que no tenía constancia de haber empleado a ciudadanos extranjeros y que había cooperado con la Alta Comisión de India y la Oficina de Trabajo. Rechazó las acusaciones de empleo ilegal, robo de salarios, confiscación de pasaportes y prácticas de trata dirigidas contra ella.

La empresa también afirmó que los organismos gubernamentales quedaron satisfechos con sus explicaciones y documentos. Esa es la versión de la empresa sobre la respuesta oficial, no una conclusión documentada de manera independiente que descarte todas las denuncias. Las acusaciones de los trabajadores y la negativa de la empresa dejan sin resolver cuestiones sobre los registros laborales, los acuerdos de contratación y el manejo de los documentos.

Cronología de las advertencias y la presunta explotación

Los testimonios de los trabajadores se enmarcan en varios años de investigación institucional y advertencias oficiales sobre fallas en la contratación y la protección en Malasia. Las fechas también muestran que la respuesta gubernamental propuesta se estaba desarrollando antes de las llegadas de Ramjaan y Danis que se han denunciado.

• De marzo a agosto de 2022: investigadores entrevistaron a 40 trabajadores migrantes indocumentados para un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones sobre cómo los trabajadores pierden su condición legal en Malasia.
• 17 de octubre de 2024: ODI publicó una investigación de Pilar Domingo y Andika Wahab basada en trabajo de campo en Kuala Lumpur, Selangor y Sabah.
• 20 y 21 de noviembre de 2025: el Ministerio de Recursos Humanos de Malasia organizó un taller para revisar el borrador de su Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso para 2026-2030.
• 21 de noviembre de 2025: expertos independientes de derechos humanos de la ONU alertaron sobre la explotación persistente de trabajadores migrantes bangladesíes.
• 23 de enero de 2026: Ramjaan y Danis afirman que llegaron a Malasia. Ramjaan dice que le quitaron el pasaporte esa noche.
• Marzo de 2026: Babbar afirma que lo llevaron a Malasia.
• 1 de septiembre: según la información publicada, Babbar regresó a India después de pasar unos cinco meses en Malasia. El relato sitúa el regreso después de su llegada en marzo de 2026, pero no especifica por separado el año de esa fecha.

Babbar regresó con una deuda de 6.124 RM, equivalente, según el relato, a 150.000 rupias indias, y un pasaporte nepalí falsificado. Según la información publicada, solo uno de los tres hombres volvió a casa. No se indica ninguna fecha para una audiencia, un plazo para el rescate ni un plan de regreso confirmado para los otros dos.

Cómo la explotación puede llevar a una situación migratoria irregular

Un estudio de la OIM sobre Malasia examinó a 40 trabajadores indocumentados, entre ellos ocho mujeres, mediante entrevistas realizadas entre marzo y agosto de 2022. Participaron 14 personas de Bangladesh, siete de Indonesia y 19 de Nepal. Los investigadores también realizaron 10 entrevistas con actores relevantes y dos debates en grupos focales.

Los 40 participantes habían entrado en Malasia por vías regulares antes de quedar en situación irregular. Entrar por una vía regular no significaba necesariamente tener permiso para trabajar: entre las modalidades de entrada había visas vinculadas al trabajo, visas de turista y visas de estudiante. Aun así, este hallazgo cuestiona la idea de que una situación migratoria irregular siempre comienza con un cruce fronterizo irregular.

El desglose detallado del estudio atribuye 24 casos a trabajadores que se fueron por explotación, prácticas de contratación poco éticas u otras violaciones de derechos. Eso representa el 60 % de la muestra total y 24 de las 26 personas que quedaron en situación irregular después de dejar a un empleador. Dos de esas 26 personas señalaron que el motivo principal para irse era buscar otro empleo.

Un pasaje indica una cifra más amplia de 26 trabajadores que huyeron de la explotación, mientras que la tabla y la explicación más detallada distinguen 24 casos de salida por explotación y dos por búsqueda de otro empleo. El desglose detallado es la base más precisa para hacer comparaciones.

El informe describe permisos de trabajo y visas vinculados a un empleador y un sector específicos; por lo general, cambiar de empleo invalida la autorización migratoria, salvo en excepciones aprobadas. Esto crea una trampa: quedarse puede significar seguir sufriendo abusos, mientras que irse puede implicar perder la situación regular.

También describe sanciones en virtud del artículo 15(4) de la Ley de Inmigración por exceder el tiempo de estancia autorizado, incluida una multa máxima de 10.000 RM, hasta cinco años de prisión o ambas sanciones. Estas penas corresponden a infracciones migratorias; no suponen una determinación automática de que alguien que busca ayuda haya cometido una.

Pasaportes, deudas y obstáculos para pedir ayuda

Todos los trabajadores de la muestra de la OIM dijeron que un empleador o una agencia de contratación retenía sus pasaportes. Treinta y seis de los 40 afirmaron que no tenían una vía para denunciar problemas o conseguir ayuda porque temían perder el empleo, ser arrestados o quedar detenidos. Las dificultades lingüísticas y la situación migratoria hacían más difícil acudir a personas ajenas a su entorno.

La mitad de la muestra, 20 trabajadores, afirmó que no podía mantener los pagos mensuales de sus deudas debido a salarios insuficientes, deducciones o interrupciones laborales durante la pandemia. Los costos de contratación y migración llegaron a 5.000 dólares estadounidenses. El estudio relaciona esa deuda con la presión para permanecer en Malasia pese a la explotación.

Estos hallazgos no pueden considerarse estimaciones de prevalencia a nivel nacional, porque el estudio examinó a un grupo pequeño de trabajadores indocumentados. Sin embargo, ayudan a explicar mecanismos que se parecen mucho a las denuncias de los trabajadores indios: la retención de pasaportes reduce la libertad para irse, la falta de pago impide saldar deudas y el temor al arresto desalienta las denuncias.

Otro estudio de ODI sobre Malasia, publicado el 17 de octubre de 2024, llegó a conclusiones relacionadas mediante entrevistas y debates con 78 actores relevantes. Sus autores, Pilar Domingo y Andika Wahab, realizaron trabajo de campo en Kuala Lumpur, Selangor y Sabah.

Concluyeron que, en la práctica, los intereses económicos y políticos de grupos poderosos debilitaban las leyes de protección. Los migrantes a menudo evitaban recurrir a los mecanismos formales de protección porque desconfiaban de las instituciones o temían las consecuencias. El estudio recomendó políticas coordinadas, más capacidad de los organismos y cooperación con organizaciones no gubernamentales y empresas, así como una mayor participación de los trabajadores en las decisiones que les afectan.

Qué registra la evaluación oficial sobre la trata

La evaluación sobre la trata de 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Malasia en el nivel 2. Esa clasificación significa que el Gobierno no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata, pero realiza esfuerzos sustanciales para hacerlo. No significa que se haya determinado que todos los empleadores o agencias de contratación participan en la trata.

La evaluación registra 160 víctimas de trata confirmadas entre 635 posibles víctimas identificadas. De las víctimas confirmadas, 126 fueron sometidas a trabajo forzoso, alrededor del 79 % del total. Las autoridades iniciaron 122 investigaciones y procesos judiciales por trata con fines de explotación laboral contra 64 presuntos responsables.

La comparación con el período de evaluación anterior arroja resultados mixtos. El total de investigaciones por trata aumentó de 157 a 188, mientras que los procesos judiciales bajaron de 117 a 72 y las condenas, de 40 a 26. Los procesos por trata con fines de explotación laboral se redujeron de 77 a 64, aunque las condenas por trabajo forzoso aumentaron de 13 a 16. Esas cifras corresponden a grupos distintos de casos, por lo que no representan una tasa de condenas.

La evaluación señala que la corrupción, la aplicación desigual de los procedimientos para identificar a las víctimas, la falta de intérpretes y la coordinación insuficiente siguen siendo deficiencias. Afirma que algunas víctimas fueron sancionadas por actos ilícitos que derivaban directamente de la trata porque los funcionarios no las identificaron correctamente.

Otro informe señala que ninguna agencia de empleo fue procesada en virtud de la Ley de Agencias Privadas de Empleo de 1981 durante un período de evaluación que sitúa entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Ese período va más allá del año indicado en la evaluación oficial de 2025 enlazada y no puede conciliarse con el texto oficial presentado aquí. Por tanto, la afirmación sobre procesos contra agencias debe tratarse como un hallazgo publicado por separado, no incluirse en las estadísticas de 2025.

Expertos de la ONU detectan prácticas similares que afectan a trabajadores bangladesíes

En una declaración de noviembre de 2025, expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijeron que miles de trabajadores contratados a través de Bangladesh Overseas Employment and Services seguían varados en Bangladesh o afrontaban riesgos de explotación en Malasia.

Entre los expertos estaban Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; Gehad Madi, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; y miembros del Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos. Citaron información sobre tarifas de contratación que superaban en más de cinco veces los cargos oficiales, confiscación de pasaportes, falsas promesas de empleo y reasignaciones sin consentimiento.

También describieron denuncias según las cuales se presionaba a los trabajadores para que firmaran o grabaran declaraciones falsas en las que afirmaban haber pagado únicamente las tarifas oficiales de contratación. Esas declaraciones se referían a las tarifas, no a la seguridad en el lugar de trabajo, pero el mecanismo se parece a lo que denuncia Babbar: una declaración presentada como voluntaria podría haberse obtenido mediante presión.

Los expertos pidieron investigaciones independientes, reparación, alivio de la deuda e inspecciones más estrictas. También propusieron separar los servicios de derechos laborales de la aplicación de las normas migratorias, para que los trabajadores puedan denunciar abusos sin exponerse a arrestos arbitrarios, detenciones o deportaciones.

Otro caso publicado ilustra el posible costo humano. Shofiqul Islam, un agricultor bangladesí, pidió prestados 4.400 dólares estadounidenses para trabajar en la construcción en Malasia, pero presuntamente Petrazehra Bhd lo abandonó tras su llegada. Según la información publicada, la empresa estaba autorizada a contratar a 1.500 bangladesíes pese a no haber tenido ingresos durante dos años. Islam, sin empleo y agobiado por las deudas, enfermó y murió a principios de 2024.

Un nuevo plan, pero sin soluciones inmediatas confirmadas

La actualización del plan contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo describe la elaboración por parte de Malasia de un Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso para 2026-2030. El plan da continuidad al primero, que abarcó de 2021 a 2025, y tiene como objetivo eliminar el trabajo forzoso para 2030.

En el taller del Ministerio de Recursos Humanos celebrado los días 20 y 21 de noviembre de 2025 se revisaron propuestas para mejorar la regulación de la contratación, la aplicación de la ley, la protección de las víctimas y el acceso a mecanismos de reparación, con coordinación entre Malasia peninsular, Sabah y Sarawak.

Rafea'ah Binti Nahar, subsecretaria de la División de Políticas del ministerio, explicó el estándar que se busca alcanzar con el plan:

«El plan de acción que se elaborará para 2026-2030 debe ser proactivo y eficaz, y comprometerse con el objetivo nacional de eliminar el trabajo forzoso para 2030».

La OIT vinculó esas iniciativas con las obligaciones de Malasia en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y su Protocolo de 2014. En la etapa descrita, el borrador revisado todavía debía distribuirse entre los ministerios y organismos antes de presentarse al Consejo de Ministros. La actualización no establece una fecha definitiva para su aprobación.

En el caso de los trabajadores indios, las necesidades inmediatas son más concretas: poder comunicarse de forma segura con las autoridades, contar con interpretación y documentos de identidad, recibir los salarios adeudados y acordar su regreso. Gorana y la familia de Babbar afirman que les negaron ayuda para pagar un boleto de regreso, pese a que se les había asegurado que la recibirían después de pedir ayuda a través del portal de apoyo consular MADAD de India.

Según la información publicada, en Meerut y Muzaffarnagar se presentaron denuncias policiales, incluida una Primera Información de Denuncia (FIR), contra Isha y sus asociados Nadeem, Talib, Tayyab y Dilshad. Una FIR registra formalmente información sobre un presunto delito; no demuestra la culpabilidad. Según lo publicado, los hombres mencionados en las denuncias seguían prófugos.

Gorana afirma que su organización está en contacto con más de 20 trabajadores indios presuntamente sometidos a trabajo en condiciones de servidumbre en Malasia por Isha y otros reclutadores. No se ha establecido un calendario confirmado para su rescate o indemnización, ni para la resolución de las denuncias. Las propuestas de políticas abordan muchos de los riesgos descritos por los trabajadores, pero sus testimonios no demuestran que esas protecciones hayan llegado hasta ellos.

Puntos clave

• Tres trabajadores indios denuncian trabajo sin remuneración, confiscación de pasaportes y traslados entre empresas malasias sin su consentimiento.
• Babbar y Danis afirman que recibieron pasaportes nepalíes falsificados. Una empresa negó haber cometido irregularidades.
• Un estudio de la OIM concluyó que los 40 participantes entraron por vías regulares antes de quedar en situación irregular; 24 dejaron a sus empleadores por explotación o violaciones de derechos.
• La evaluación de Estados Unidos de 2025 mantuvo a Malasia en el nivel 2 y registró 126 víctimas confirmadas de trabajo forzoso.
• Expertos independientes de la ONU pidieron investigaciones, alivio de la deuda y protección frente a sanciones migratorias cuando los trabajadores denuncien abusos.
• El plan contra el trabajo forzoso de Malasia propuesto para 2026-2030 busca reforzar los controles de contratación y las medidas de reparación para las víctimas, mientras siguen sin resolverse los planes de regreso y las consecuencias legales para los trabajadores.