Un marco único para los fondos públicos, con nuevos controles de resultados
La propuesta de Vietnam de fusionar su Ley de Presupuesto Estatal y su Ley de Inversión Pública integraría en un solo marco la planificación de inversiones, la asignación presupuestaria y la supervisión del gasto, a la vez que endurecería las reglas sobre los fondos no utilizados y exigiría evaluar los proyectos desde su preparación hasta su puesta en funcionamiento.
Contenido
- Un marco único para los fondos públicos, con nuevos controles de resultados
- Por qué se combinan dos leyes recientes
- Cómo llegó la propuesta a la revisión de octubre
- Los planes de inversión pasarían a formar parte del presupuesto
- Aprobaciones más sencillas, pero se mantiene la preparación de proyectos
- La autonomía local debe ir acompañada de recursos
- Los proyectos se evaluarían más allá del desembolso
- Más margen para emergencias, menos fondos sin utilizar
- Categorías de gasto, plazos y límites legales
- Financiación tecnológica y decisiones pendientes
- Puntos clave
El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, presentó la propuesta al Comité Permanente de la Asamblea Nacional la mañana del 12 de octubre de 2026, durante su séptima sesión. El Gobierno quiere que el proyecto de ley se incluya en el programa legislativo de 2026 para que sea examinado y aprobado en la segunda sesión de la Asamblea Nacional. La vicepresidenta Nguyen Thi Hong, quien presidió el debate, pidió al Gobierno que completara el borrador, aclarara las responsabilidades y preservara los controles financieros.
La versión presentada en octubre consta de 10 capítulos y 103 artículos, supuestamente 79 menos que las dos leyes vigentes en conjunto. Esto supone una reducción de 182 a 103 artículos, es decir, de alrededor del 43%. Sin embargo, una publicación gubernamental del 15 de septiembre describe un borrador con 10 capítulos y 102 artículos. Las informaciones no explican la diferencia.
La propuesta va más allá de reducir el número de disposiciones legales. Integraría los planes anuales de inversión en las previsiones presupuestarias, permitiría un uso más rápido de los ingresos recaudados por encima de lo previsto, transferiría algunas decisiones a las autoridades ejecutivas provinciales y restringiría los fondos que pueden trasladarse al año siguiente.
Los legisladores apoyan en general la consolidación, pero su revisión pone de relieve una tensión central: dar más margen de actuación a las autoridades sin debilitar la preparación de los proyectos, permitir que queden fondos sin asignar ni autorizar ajustes del gasto que excedan sus atribuciones legales.
Por qué se combinan dos leyes recientes
La explicación del proyecto de ley del Gobierno, publicada el 15 de septiembre, detalla los ámbitos que se superponen. La Ley de Presupuesto Estatal n.º 89/2025/QH15 fue aprobada el 25 de junio de 2025 y entró en vigor para el ejercicio presupuestario de 2026. La Ley de Inversión Pública n.º 58/2024/QH15 entró en vigor el 1 de enero de 2025 y fue modificada por la Ley n.º 90/2025/QH15 el 25 de junio de 2025.
La Ley de Presupuesto Estatal regula la preparación, asignación, ejecución, auditoría, liquidación, divulgación y supervisión del presupuesto, incluidos los gastos de inversión pública. La Ley de Inversión Pública regula el proceso de inversión, desde la propuesta y aprobación de proyectos hasta la asignación de capital, la realización de obras u otras actividades, la entrega de los proyectos terminados y la liquidación de sus cuentas.
Por tanto, una inversión financiada con el presupuesto estatal pasa por ambos sistemas. El Ministerio de Finanzas señala que hay duplicaciones de competencias, documentación, procedimientos, plazos y responsabilidades, entre ellas las relativas a la asignación presupuestaria, la planificación de capital, los pagos y la supervisión.
El borrador conserva la estructura básica de la Ley de Presupuesto Estatal. Las disposiciones sobre inversión pública se integrarían en los capítulos y artículos pertinentes, con un capítulo aparte para las normas específicas sobre programas, tareas y proyectos de inversión. El ministerio afirma que se conservarán las disposiciones que sigan vigentes, en lugar de descartarlas por el simple hecho de combinar las leyes.
La consolidación también se produce tras la fusión del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación e Inversión. Durante un debate parlamentario el 19 de agosto, el primer ministro Le Minh Hung dijo que las recientes modificaciones habían abordado las orientaciones estratégicas y las dificultades derivadas del modelo de administración provincial y comunal, pero que persistían las superposiciones.
Cómo llegó la propuesta a la revisión de octubre
La fusión pasó del debate parlamentario sobre su orientación a un borrador ministerial y, después, a un examen legislativo preliminar. La secuencia permite distinguir el apoyo a la idea de la aprobación de una ley definitiva:
- 1 de enero de 2025: entró en vigor la Ley de Inversión Pública n.º 58/2024/QH15.
- 25 de junio de 2025: la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Presupuesto Estatal n.º 89/2025/QH15 y modificó la Ley de Inversión Pública mediante la Ley n.º 90/2025/QH15.
- Ejercicio presupuestario de 2026: entró en vigor la nueva Ley de Presupuesto Estatal.
- 19 de agosto: los diputados apoyaron la consolidación durante el primer período extraordinario de sesiones de la XVI Asamblea Nacional.
- 15 de septiembre de 2026: el Gobierno publicó una explicación del borrador del Ministerio de Finanzas, que describía 102 artículos y una consulta pública.
- 12 de octubre de 2026: el Comité Permanente examinó una versión descrita como integrada por 103 artículos.
El anuncio del Ministerio de Finanzas de septiembre indicó que el borrador estaba abierto a comentarios en su portal en línea. No especificó una fecha límite para la consulta. El siguiente objetivo legislativo es la segunda sesión de la Asamblea Nacional, pero el debate no permite afirmar que la aprobación esté garantizada.
Los planes de inversión pasarían a formar parte del presupuesto
El principal cambio estructural consiste en integrar el plan quinquenal de inversión pública en el plan financiero quinquenal. Las listas de programas, tareas y proyectos de inversión, junto con sus niveles de gasto, pasarían a formar parte de una evaluación más amplia de los recursos financieros disponibles y los riesgos fiscales.
Del mismo modo, los planes anuales de inversión pública pasarían a ser previsiones anuales de gasto en inversión pública. En vez de mantener vías de planificación paralelas para el capital de inversión y el presupuesto, las autoridades utilizarían un proceso común de preparación, asignación, ejecución, liquidación, divulgación y supervisión.
El Ministerio de Finanzas describe el plan financiero quinquenal como ajustable, en lugar de mantenerlo fijo pese a los cambios en las circunstancias. Podría revisarse para reflejar la evolución económica, el equilibrio de recursos o las necesidades de ejecución, mientras que la inversión pública conservaría reglas específicas para los ajustes.
Un mecanismo propuesto permitiría al ministerio informar al primer ministro sobre cambios en las listas de inversiones y los niveles de gasto cuando los proyectos no estén listos para avanzar o no puedan desembolsar sus asignaciones anuales. Podrían añadirse proyectos que hayan completado los procedimientos necesarios y puedan utilizar los fondos. El objetivo es evitar que el capital quede inmovilizado en proyectos que no pueden gastarlo.
En agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pidió vincular más estrechamente los presupuestos anuales con la planificación financiera y de inversiones. Defendió una asignación basada en indicadores clave de desempeño, o KPI, y en resultados concretos, en vez de depender únicamente de la documentación de los insumos.
Al explicar su postura sobre el marco de planificación, Man dijo:
«Es necesario completar el marco de gasto a mediano plazo, vinculando el plan financiero quinquenal y el plan de inversión pública a mediano plazo con las previsiones presupuestarias anuales, para limitar una planificación presupuestaria fragmentada y poco práctica».
Aprobaciones más sencillas, pero se mantiene la preparación de proyectos
El borrador asignaría al Gobierno la responsabilidad de establecer criterios detallados para clasificar los proyectos en los grupos A, B y C, así como los procedimientos y documentos para aprobar o modificar las políticas de inversión y adoptar decisiones de inversión. Estas clasificaciones determinan el proceso de aprobación aplicable a cada proyecto.
Los procedimientos se simplificarían en función de la escala del proyecto. Nguyen Huu Toan, vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, dijo que su órgano permanente estaba de acuerdo, en términos generales, con muchas de las revisiones, pero advirtió que no debían eliminarse los pasos de preparación necesarios para los proyectos del grupo C.
La comisión encargada de la revisión también propuso estudiar si se podrían abreviar e integrar la aprobación de la política de inversión y la decisión de inversión. La primera determina si un proyecto debe avanzar en principio; la segunda aprueba la inversión propiamente dicha. La combinación de procedimientos tendría que preservar los controles que cumple cada uno en la actualidad.
Hong apoyó la clarificación de las reglas para los proyectos del grupo C, pero dijo que la ley debería establecer expresamente los criterios y procedimientos para los programas nacionales prioritarios y los proyectos de importancia nacional que competen a la Asamblea Nacional. Por tanto, la delegación al Gobierno de la elaboración de normas detalladas no eliminaría el papel del Parlamento en esas decisiones.
La autonomía local debe ir acompañada de recursos
El borrador transferiría de los Consejos Populares provinciales a los Comités Populares provinciales la autoridad para trasladar al siguiente ejercicio el gasto de inversión pública financiado con el presupuesto central. Los consejos son órganos representativos a nivel provincial; los comités son las autoridades ejecutivas responsables de la administración.
Este cambio se acompaña de nuevos principios para asignar las responsabilidades de ingresos y gastos entre los presupuestos provinciales y comunales, de conformidad con la Conclusión n.º 76 del Comité Central. La explicación de septiembre pide acuerdos estables de reparto de ingresos que doten a las comunas de recursos para cumplir las funciones que tienen asignadas, con mecanismos de ajuste cuando cambien las circunstancias.
Hong dijo que las responsabilidades transferidas a las comunas deben ir acompañadas de recursos, y que debe preservarse la función del presupuesto provincial de equilibrar y respaldar las finanzas locales. La comisión revisora también pidió examinar cuidadosamente las competencias de las comunas para evitar duplicaciones o vacíos de responsabilidades.
La explicación del borrador de septiembre añade disposiciones específicas para las insuficiencias temporales de fondos en los presupuestos comunales y propone reembolsar los anticipos correspondientes en un plazo de 12 meses. Estos detalles muestran que la autonomía local se aborda tanto mediante las competencias de gasto como mediante reglas para gestionar la liquidez cuando los ingresos y los pagos no coinciden.
Los proyectos se evaluarían más allá del desembolso
Los programas, tareas y proyectos de inversión pública tendrían que someterse a evaluaciones de eficacia durante todas las etapas: preparación, evaluación, aprobación, ejecución y funcionamiento una vez terminados. El Gobierno orientaría el proceso, mientras que los ministerios y otros organismos responsables elaborarían criterios para sus sectores y evaluarían las inversiones que gestionan.
El Ministerio de Finanzas señala varios criterios de evaluación: desarrollo económico y social, defensa y seguridad nacionales, capacidad de la infraestructura, mejora de las condiciones de vida y bienestar social. Este enfoque reconoce que un proyecto puede cumplir un propósito público que no se mide únicamente por su rentabilidad financiera.
Durante el debate de agosto, el primer ministro Hung estableció una distinción similar al referirse a proyectos relacionados con la defensa, la seguridad, los asuntos étnicos y los asuntos religiosos. El objetivo de la política es evaluar los resultados concretos, en vez de basarse únicamente en cuánto dinero se ha gastado.
Hong pidió vincular los resultados de las evaluaciones con las decisiones de inversión, la asignación y los ajustes de capital. El borrador también aclara las bases para las estimaciones preliminares de la inversión total, de modo que la evaluación del costo de los proyectos forme parte de su preparación y no quede enteramente para las etapas posteriores de aprobación.
Se daría prioridad a la inversión para el desarrollo, los sectores estratégicos, las políticas étnicas y las zonas con condiciones económicas y sociales especialmente difíciles. La explicación del borrador también asigna a los responsables de los proyectos obligaciones relativas a objetivos, plazos, calidad, uso del presupuesto, desembolsos e informes, además de las funciones de los organismos de gestión de proyectos, los consultores y las organizaciones evaluadoras.
Más margen para emergencias, menos fondos sin utilizar
La propuesta ampliaría el uso de las reservas presupuestarias, los fondos de reserva financiera, los ingresos adicionales y las previsiones de gasto restantes para responder a emergencias que afecten los intereses nacionales y la estabilidad económica. También permitiría utilizar durante la ejecución presupuestaria los ingresos recaudados por encima de las previsiones aprobadas por la Asamblea Nacional o los Consejos Populares.
Los préstamos del presupuesto estatal se gestionarían dentro del fondo común del presupuesto estatal destinado a la inversión para el desarrollo, con sujeción a los principios legales de endeudamiento. La incorporación de los recursos prestados a ese fondo es un cambio de gestión propuesto, no una exención explícita de los controles de deuda.
La mayor flexibilidad iría acompañada de restricciones a los remanentes, es decir, las partidas que se trasladan de un ejercicio presupuestario al siguiente. La explicación de septiembre propone reducir las categorías que pueden trasladarse, entre ellas la inversión pública y el gasto en bienestar social, y exigir, en general, que los fondos trasladados se gasten antes del 31 de diciembre del año siguiente.
Habría excepciones para los fondos destinados a salarios, asignaciones, prestaciones y pagos calculados en función de los salarios. La explicación también propone fijar el 31 de diciembre como fecha límite para los gastos y anticipos, además de establecer reglas para gestionar las previsiones no utilizadas y los anticipos pendientes al cierre del año.
La comisión revisora pide disposiciones más estrictas sobre las previsiones que aún no se han asignado en detalle, los plazos de asignación y los remanentes. Su preocupación es que una gestión flexible de los recursos no deje fondos al margen de una supervisión efectiva ni permita que las demoras en la asignación se vuelvan habituales.
Categorías de gasto, plazos y límites legales
El borrador define el gasto de inversión para el desarrollo como aquel que incluye la inversión pública y otras inversiones para el desarrollo. La presentación de octubre señala que se eliminan tres casos en los que una misma tarea presupuestaria podía recibir fondos tanto del gasto corriente como del gasto de inversión. El gasto corriente suele cubrir las operaciones continuas, mientras que el gasto de inversión financia activos y proyectos de desarrollo.
Man había instado a los legisladores a eliminar las barreras rígidas entre esas categorías, incluidas las restricciones que afectan a las reparaciones menores, la renovación de activos públicos y la preparación de proyectos de inversión. Por tanto, la propuesta busca tanto una clasificación más clara como vías de financiación funcionales, en lugar de tratar todos los gastos de la misma manera.
El Gobierno tendría autoridad en todo el país para emitir regímenes, estándares y normas de gasto presupuestario. Los ministerios y organismos centrales seguirían siendo responsables de las normas técnicas y económicas sectoriales, pero las reglas que afecten al gasto presupuestario requerirían el acuerdo del Ministerio de Finanzas sobre la capacidad de financiación antes de su adopción.
La explicación de septiembre también propone retrasar del 20 al 30 de noviembre el plazo para que el primer ministro asigne las previsiones presupuestarias. En cuanto a las liquidaciones presupuestarias finales, trasladaría del 5 al 10 de julio el plazo para que los organismos presupuestarios de nivel superior y los Comités Populares provinciales presenten sus informes, y del 15 al 20 de agosto la fecha límite para que el Ministerio de Finanzas presente el suyo.
Las disposiciones sobre el ámbito de aplicación distinguen el capital de inversión pública de las inversiones financiadas con ingresos legales de organismos estatales y unidades de servicios públicos. El ministerio afirma que esos ingresos se regirían por normas del Gobierno y otras leyes pertinentes. El capital estatal invertido en empresas y la financiación presupuestaria de proyectos de colaboración público-privada también seguirían sujetos a las leyes especializadas correspondientes.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, pidió coherencia con las leyes que regulan la deuda pública, las colaboraciones público-privadas y la construcción. Sostuvo que la consolidación debía crear un marco de gestión funcional, en lugar de limitarse a reunir dos leyes en un mismo documento.
Financiación tecnológica y decisiones pendientes
El Ministerio de Ciencia y Tecnología propondría las prioridades y los niveles de gasto quinquenales de inversión pública para ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Entre sus responsabilidades también figurarían las propuestas relacionadas con previsiones del presupuesto central aún no asignadas en detalle, las reservas, los ingresos adicionales y las partidas restantes.
La explicación de septiembre vincula estas responsabilidades y el uso de tecnología digital en la gestión presupuestaria con la Resolución n.º 57/NQ-TW. La propuesta también prevé un sistema nacional de información y una base de datos sobre el presupuesto estatal.
Hong pidió delimitar con más claridad la coordinación y combinación de fuentes de financiación, y advirtió específicamente contra los mecanismos que permitan ajustar el capital más allá de las facultades autorizadas en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. También pidió que un organismo principal se encargue de orientar y consolidar las propuestas presupuestarias.
Estas cuestiones siguen siendo parte del trabajo de redacción previo a la presentación del proyecto a la Asamblea Nacional. La cifra definitiva de artículos, los procedimientos detallados del Gobierno, los criterios sectoriales de evaluación y las garantías para reasignar capital no se han definido en las informaciones sobre la revisión. Tampoco se ofreció una estimación numérica del ahorro administrativo ni de la mejora en los desembolsos.
La tarea inmediata es convertir el acuerdo general sobre la consolidación en reglas precisas: quién puede asignar o transferir dinero, cuándo deben asignarse y gastarse los fondos, y cómo influyen los resultados de los proyectos en la siguiente decisión de financiación.
Puntos clave
- El Gobierno busca que la ley consolidada sea examinada y aprobada en la segunda sesión de la Asamblea Nacional.
- La versión de octubre tiene 10 capítulos y 103 artículos; la explicación gubernamental de septiembre describe 102 artículos.
- La planificación quinquenal y anual de la inversión pública se integraría en los planes financieros y las previsiones presupuestarias.
- Las evaluaciones de los proyectos abarcarían su preparación, ejecución y funcionamiento, incluidos sus beneficios sociales y de seguridad.
- Las autoridades locales tendrían más flexibilidad, y se espera que los recursos correspondan a las responsabilidades asignadas.
- Se ampliarían las opciones de financiación para emergencias, mientras que se limitarían las categorías de remanentes y los plazos para gastar esos fondos.
- Los legisladores piden controles más estrictos sobre las asignaciones tardías, la preparación de proyectos y los ajustes de capital no autorizados.
